Atlas Folium N°1 — versión final para publicación

Entre mayo de 2024 y mayo de 2026, la Corte Suprema dictó veinte sentencias sobre responsabilidad médica: siete en sede de responsabilidad civil entre privados y trece bajo régimen de falta de servicio. El paciente obtuvo sentencia favorable en cuatro de los siete casos privados y en seis de los trece públicos. La diferencia material es modesta. La asimetría procesal, no.

El estándar técnico de la lex artis se invoca en proporciones equivalentes en ambas salas del universo analizado: aparece como referente doctrinal en la mitad de los fallos de la Primera Sala y en la mitad de los de la Tercera. La discusión sobre el cuidado debido del facultativo no varía sustancialmente según el demandado sea un prestador privado o un órgano público. La asimetría que distingue ambos regímenes opera, según se verá, en un plano distinto: el de la prueba.

La regla del art. 1547 inciso 3 CC opera en plenitud: acreditado el contrato y el daño, la culpa del prestador se presume. La defensa del demandado intentó asimilar la culpa grave al dolo para invertir esa carga; la Corte lo descarta. La presunción cubre incluso la culpa leve —el estándar del «hombre juicioso» del art. 44 CC— y no requiere acreditar dolo ni culpa grave para condenar.

La Tercera Sala confirma que la regla del art. 1698 CC opera en sentido inverso al de la Primera Sala: tratándose de responsabilidad del Estado por falta de servicio bajo los arts. 4 y 42 de la Ley 18.575, corresponde al actor acreditar el funcionamiento defectuoso, tardío o ausente del órgano, junto con el daño y el nexo causal. El silencio probatorio de la administración no traslada la carga.

Una paciente demandó al Servicio de Salud Valparaíso y al médico tratante por responsabilidad civil contractual tras una esterilización fallida. La Tercera Sala rechazó la vía: contra el médico, porque no se acreditó la existencia de una relación contractual; contra el servicio, porque corresponde aplicar el estatuto especial de responsabilidad sanitaria de la Ley 19.966. Su art. 40 fija la prescripción en cuatro años desde la acción u omisión, y se cumplió.

Un paciente falleció por hemorragia postoperatoria no diagnosticada a tiempo. Las instancias inferiores condenaron al médico tratante pero absolvieron a la Clínica Regional La Portada. La Primera Sala acogió la casación de los actores: invertir la carga probatoria contra la víctima vulnera el art. 1698 CC, porque era la clínica quien debía acreditar haber prestado los medios adecuados. Condena extendida al recinto por el régimen de responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno.

En el caso Meroctane, que versó sobre dispositivos médicos defectuosos que provocaron pérdida visual a seis pacientes operados en el Hospital Regional de Rancagua, el voto disidente de la Ministra Ravanales reconoce explícitamente lo que el resto del Atlas muestra por inducción: que el régimen sustentado en la culpa del demandado probada por la víctima resulta estructuralmente desventajoso para quien sufre el daño.