El recurso de queja contra el árbitro

Entre 2000 y 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió más de mil seiscientos recursos de queja deducidos contra árbitros. La mitad fue rechazada; uno de cada cinco terminó por desistimiento; uno de cada siete se declaró inadmisible. La queja contra el árbitro es un embudo que casi no deja pasar.

El recurso de queja es la potestad disciplinaria del tribunal superior para corregir las faltas o abusos graves del juez —no una instancia que revise el fondo—. Aunque las partes renuncien a los recursos al pactar arbitraje, no pueden renunciar a la queja ni a la casación en la forma por incompetencia y ultra petita: son de orden público. Frente al laudo del arbitrador, dictado en única instancia, son las únicas puertas que quedan.

La queja tiene una sola causal: la falta o abuso grave (art. 545 COT). Lo que cambia es el motivo sobre el que se la denuncia —y ahí está la asimetría—. Los motivos procesales (cosa juzgada, debido proceso, incompetencia) prosperan; los de fondo —la valoración de la prueba, la fundamentación—, los más alegados, casi no se mueven.

La parte vencida, sin apelación, suele pedir a la Corte que revise el mérito presentando su desacuerdo como una falta o abuso grave. La Corte lo rechaza con una fórmula constante: la queja no abre una segunda instancia sobre lo que se falló en única. Ni ella ni la casación en la forma tocan el fondo —una corrige el abuso grave; la otra, los vicios formales—; lo decidido en equidad queda fuera de alcance.

Si la queja no revisa el fondo, ¿qué revisa? La Corte lo ha fijado con precisión: el respeto al procedimiento y al debido proceso, los límites del cometido del árbitro y la existencia de fundamentación. Controla que el laudo esté fundado, no que lo esté de manera acertada.

El motivo más repetido entre las acogidas es disciplinario: el árbitro que produce prueba por su cuenta y falla con ella sin que las partes la controviertan. Aquí, el tribunal decretó de oficio una inspección personal —una medida para mejor resolver— sin notificarla a las partes, y usó sus resultados en la sentencia. La Corte anuló el laudo y ordenó que otro árbitro volviera a fallar.

Si el capítulo anterior mostró al árbitro produciendo prueba a espaldas de las partes, este es el reverso: el árbitro que la suprime. La jueza arbitral desechó por "ilegible" una prueba documental que no lo era —la única que se había producido sobre el punto—. La Corte anuló el laudo y dispuso que lo dictara un nuevo árbitro no inhabilitado.

El arbitrador debería fallar solo en prudencia y equidad, no con arreglo a la ley (art. 223 COT). Pero en la práctica falla igual acudiendo al derecho positivo —y es lícito: la equidad chilena no excluye la ley—. La distinción con el árbitro de derecho se difumina en el fondo; la frontera de verdad indisponible no es la ley, sino el orden público.

Cuando el conflicto nace de una concesión de obra pública, el control cambia de intensidad. Regida la materia por la Ley de Concesiones, la Corte no se limitó a anular: acogió la queja contra la Comisión Arbitral y fijó ella misma las indemnizaciones debidas por el Fisco, en UF. Donde hay fondos públicos y un marco legal denso, el control llega hasta el fondo.

En casi todo el mundo —y en el propio Chile, para el arbitraje internacional— el laudo se impugna por una acción de nulidad que ataca la sentencia, con causales tasadas y sin revisar el fondo. El arbitraje interno chileno conserva, en cambio, una vía que ataca al árbitro mediante la potestad disciplinaria del tribunal. La deferencia que produce es la misma que la de las sedes más pro-arbitraje del mundo; lo singular es la forma.

Que el arbitraje interno se controle por un recurso disciplinario no ha pasado inadvertido. La doctrina lo describe como un anacronismo: una herramienta del siglo XIX que sobrevive sin actualizarse, mientras el arbitraje internacional ya migró a la acción de nulidad. Un anteproyecto de reforma, de 2013, nunca llegó al Congreso.