Infracciones aduaneras: artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas

1 “SÁNCHEZ ACUÑA con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA” RIT N°: IA-15-00010-2014 RUC N°: 14-9-0000133-K Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. VISTOS: Uno. Que, a fojas uno y siguientes comparece don LUIS MONDACA MUÑOZ, cédula de identidad número 11.621.438-5, Abogado, en representación judicial de doña CAROLINA SANCHÉZ ACUÑA, Agente de Aduana, deduciendo cuatro reclamaciones en contra de las “denuncias” que a continuación se detallan: i) N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012; ii) N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012; iii) N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012; y, iv) N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, todas emitidas por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas, a través de la cual, se sancionó a su representada por la conducta infraccional dispuesta en el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, fundando las mencionadas reclamaciones en las consideraciones de hecho y de derecho que expuso en su libelo, los cuales se expondrán, resumidamente, a continuación: LOS HECHOS Respecto a los actos reclamados: Indica que, dirige su acción en contra de las denuncias: i) N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012; ii) N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012; iii) N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012; y, iv) N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, todas emitidas por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas. Que, en cuanto al detalle de cada denuncia infraccional, podemos verificar que la administración aduanera ha señalado lo siguiente: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 2 i) Denuncia N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012: "Se formula infracción reglam. conforme a Of. Ord. N° 1506/26.09.2012, que notifica Duda Razonable a los ítems 1 y 2 de la DIN y solicita anteced. que desvirtúen duda planteada. En virtud que dichos antecedentes se han considerado insuficientes para establecer la exactitud de los valores pagados, prescinde del valor declarado en la DIN. Se utilizó el 2do método de valoración de mercancías idénticas del Acuerdo GA TT/OMC. Diferencia Valor CIF US$45.529,43." Indica que, como fundamento normativo se invoca el Artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Además, hace mención que, salvo lo expuesto, la denuncia no contempla ningún otro fundamento. ii) Denuncia N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012: "En rev. Doc. Ex post se formula infracción reglam. conforme a Of. Ord. N°1778/09.11.2012, que notifica Duda Razonable a ítem 1de la DIN y solicita antecedo que desvirtúen duda planteada. En virtud que dichos antecedentes se han considerado insufle. para establecer la exactitud de los valores pagados, prescinde del valor declarado en la DIN. Se utilizó el 3er método de valorac. de mercancías similares del Acuerdo GATT/OMC. Dif. Valor CIF US$296.261,11." Indica que, como fundamento normativo se invoca el Artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Además, hace mención que, salvo lo expuesto, la denuncia no contempla ningún otro fundamento. iii) Denuncia N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012: "Se formula infracción reglamentaria conforme a Of. Ord. N° 1173/20.07.2012, que notifica Duda Razonable a los ítems 1 y 2 de la DIN y solicita antecedentes que desvirtúen duda planteada.". Como fundamento normativo se invoca el Capítulo numerales 4 (4.1.4.2) Y 5 del C.N.A. y Art. 69 de la Ordenanza de Aduanas. Además, indica que, salvo lo expuesto, la denuncia no contempla ningún otro fundamento. iv) Denuncia N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012: "Se formula infracción reglamentaria conforme a Of. Ord. N° 1505/26.09.2012, que notifica Duda Razonable a los ítems 1, 2, 3 y 4 de la DIN y solicita antecedentes que desvirtúen duda planteada, en virtud que dichos antecedentes se han considerado insuficientes para establecer la exactitud de los valores pagados, prescinde del valor declarado en la DIN. Se utilizó el 2do método de valoración de mercancías idénticas del Acuerdo GATT/OMC. Diferencia Valor CIF US$132.198,09.". Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 3 Indica que, como fundamento normativo se invoca el Artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Además, hace mención que, salvo lo expuesto, la denuncia no contempla ningún otro fundamento. Que, para cada una de las reclamaciones ya descritas, la reclamante ha reiterado sus fundamentos, señalando al efecto que: Insuficiente fundamentación de la denuncia: Señala que, de conformidad con lo que establece el Manual de Pagos fijado mediante Resolución N° 347/09.01.2013 (D.O. 17.01.2013), del Director Nacional de Aduanas, el formulario de denuncia debe señalar en forma clara -entre otros datos- "la descripción precisa de los hechos que constituyen la infracción indicando si a consecuencia de aquellos, se han producido diferencias de derechos a favor o en contra del Fisco y el monto al que ascienden y la o las normas infringidas”. Prosigue que, al observar el fundamento de las denuncias reclamadas y ya singularizadas, queda en evidencia el incumplimiento de la obligación referida, toda vez la denuncia no describe con la precisión exigida, la conducta que se califica como infractora por parte de su representada, sino que, a su juicio, lo único que se observa es una descripción de actuaciones ejecutadas por el Servicio de Aduanas, esto es, calificación de insuficientes de los documentos que aportó el importador, mas no una actividad desplegada por su representada que pueda encuadrarse en la hipótesis infraccional contemplada en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Por otra parte, señala que las referidas denuncias se emitieron sin haberse determinado, previamente, la existencia de diferencias de derechos, requisito que sólo podía cumplirse una vez concluida la tramitación de los “cargos” asociados a los hechos denunciados, acto que hasta la fecha del presente reclamo no habría sido notificado a Samsung Electronics Chile Ltda. Inobservancia del Manual de Pagos en la tramitación de la Denuncia: Que, como otra línea de argumento de su defensa, la reclamante señala que, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III, numeral 2.3.1.4 inciso segundo del Manual de Pagos (Res. 347/09.01.20131 D.O. 17.01.203), ha dispuesto que "para el caso de las denuncias que dicen relación con la infracción al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, la primera notificación no deberá incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, la que sólo se deberá fijar, si ha sido reclamada, cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia que resuelve la reclamación y, si si no lo ha sido, una vez transcurrido el plazo de 90 días contados desde la notificación del acto reclamable”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 4 Prosigue la reclamante, señalando que, en este caso, las denuncias se encuentran, expresamente, emitidas de conformidad con lo que dispone el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, lo que puede verificarse en el texto mismo de éstas. Sobre el particular, nos señala la actora que, en los textos de cada una de las denuncias, consta, conjuntamente, información relativa a los formularios cargos que habría emitido la autoridad aduanera. Al respecto, nos señala que, en la etapa administrativa, su defensa solicitó, oportunamente, al Director Regional de Aduana Metropolitana le informará respecto al estado del señalado documento de cobro. Que, en respuesta a su petición, el jefe del Departamento de Técnicas Aduaneras de Aduana Metropolitana, les indicó que los formularios de cargo asociados a cada una de las denuncias no habrían sido formulados. Lo anterior consta en los Oficios N° 253, de fecha 20.08.2013, documentos que pide tener por acompañados al presente juicio, para acreditar sus dichos. En este orden de ideas, la actora indica que, por estricta aplicación de lo establecido en el Manual de Pagos, la citación a audiencia para cada una de las denuncias formuladas y la aplicación de las multas asociadas por los hechos denunciados, conlleva a un evidente incumplimiento de esa norma reglamentaria, toda vez que la práctica del procedimiento infraccional en el caso de las contravenciones al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas supone el agotamiento previo del procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 122 de la Ordenanza de Aduanas, o la expiración del plazo de 90 días que esa norma establece sin que haya sido interpuesta la reclamación. En consecuencia, señala la actora, faltando un requisito esencial para la práctica del procedimiento infraccional, no resulta procedente haber ejecutado ese procedimiento ni menos haber impuesto una multa por una supuesta contravención, conducta infractora que hasta hoy no ha sido confirmada. Respecto de esto último, le parece a su juicio, particularmente, grave que el Servicio de Aduanas aplique una sanción pecuniaria sin haberle dado oportunidad al afectado para que éste demuestre que en la tramitación de la declaración no se incurrió en infracción de ninguna especie, toda vez que sostiene que para el caso del artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, resulta fundamental establecer que efectivamente se haya incurrido en un error en la conformación del valor aduanero para aplicar la sanción respectiva. Luego, si no se ha logrado establecer con exactitud la existencia de ese error ni menos su cuantía, no resulta posible concluir la ocurrencia de la infracción. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 5 En la situación descrita en las denuncias reclamadas, lo único que encontramos, nos indica la actora, es que se ejerció el procedimiento de la Duda Razonable establecido en el artículo 69 de la Ordenanza de Aduanas y que los antecedentes aportados se calificaron como insuficientes. Sin embargo, nada se dice acerca de haberse confirmado un Cargo a través de una sentencia ejecutoriada o de haber transcurrido el plazo de 90 días contemplado en el artículo 122 de la Ordenanza sin que se haya interpuesto el reclamo respectivo. Precisa que, la notificación legal de un “cargo”, y el agotamiento previo de los plazos para reclamar o del procedimiento contencioso jurisdiccional que se establece en el Título VI del Libro II de la Ordenanza de Aduanas, habrían permitido establecer la efectividad de haberse declarado un menor valor aduanero. En consecuencia, afirma la reclamante, si el propio Servicio de Aduanas informa que no se han formulado los cargos asociados en contra de las operaciones que fueron objeto de fiscalización, no es posible que esa misma institución esté sancionando la conducta sin antes haber establecido un hecho previo: La existencia de un error en la conformación del valor aduanero y la consecuente determinación de los gravámenes adeudados, a través del procedimiento idóneo. De este modo, prosigue la reclamante, tanto el procedimiento infraccional, así como la aplicación de la multa, constituyen actuaciones que se apartan de lo que expresamente instruyó el Director Nacional de Aduanas, justificando la anulación de la denuncia reclamada y la consecuente condena en costas. Falta de ponderación de los antecedentes aportados en la audiencia infraccional: Según lo señalado previamente, nos indica la reclamante que, el día 28 de enero de 2014 tuvo lugar la audiencia establecida en el artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas para cada una de las denuncias reclamadas. En esa oportunidad, por parte de la administración aduanera, se invocaron iguales fundamentos a los que expone en el presente reclamo. Adicionalmente, en dicha etapa administrativa, sostuvo que, que los cargos citados en cada una de las denuncias, no se encontraba notificado, faltando de ese modo un requisito esencial para la tramitación del procedimiento infraccional. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 6 Sobre el particular, sostiene que, junto con no aceptar la presentación de argumentos por escrito, la Administradora de Audiencias sostuvo que las Denuncias se encontrarían "confirmadas" mediante el Oficio N° 1089, de 09.09.2013, del Director Regional de Aduana Metropolitana. Sin embargo, al verificar el contenido del señalado Oficio, no se observa una conclusión como la que manifestó la funcionaria, sino que lo o único que se observa es una respuesta del Director Regional en la que se informa que no procede la anulación de las denuncias reclamadas en este juicio, por encontrarse formuladas dentro de plazo. En consecuencia, según lo afirma la reclamante en su líbelo, habría una evidente falta o errónea ponderación de los antecedentes que aporto su defensa en la audiencia en sede administrativa, así como de lo informado en el referido Oficio 1089, texto que en ninguna de sus partes "confirma" las denuncias. Agregando más información sobre este punto, agrega la reclamante que, el Oficio N° 1089 da respuesta a una solicitud de nulidad que interpuso en sede administrativa, antes de la audiencia que realizó el día 28 de enero de 2014, y que tuvo por objeto hacer presente al Director Regional la improcedencia legal de haber emitido denuncias respecto de cuatro importaciones cuyos cargos no fueron notificados al importador. De ahí que la respuesta contenida en ese oficio sostenga que la razón para no haber emitido los cargos haya sido que éstos se encontraban fuera del plazo de prescripción que fija el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas. A propósito de la referida prescripción para formular los cargos asociados a las denuncias reclamadas, la actora señala que, la prescripción produce el efecto de dejar a firme los datos contenidos en la declaración aduanera. Luego, si tales datos adquirieron el carácter de firmes, no se produce ninguna diferencia de derechos. Por tanto, si no hay diferencia de derechos, no puede haber infracción reglamentaria ni tampoco base de cálculo para establecer la cuantía de la multa. Por tanto, a su entender, resulta paradójico que por una parte se admita que respecto de las declaraciones de importación asociadas a las denuncias formuladas operó la prescripción -justificándose la no emisión de cargos por diferencias de derechos- y, simultáneamente, se esté sancionando a su representada por un supuesto error en la conformación del valor aduanero. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 7 Es así, a su entender, entiende que, es evidente que la Administradora de Audiencias no ponderó los antecedentes aportados, o lo hizo de manera errónea, resolviendo de un modo que no resulta ajustado a derecho ni menos conforme a los hechos que ha referido en su defensa. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Inobservancia de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas: En este acápite, la actora comienza su fundamentación señalando que, esta norma-artículo 174 de la Ordenanza- establece que "las personas que en los documentos de destinación aduanera a que se refiere el título V del Libro II hagan declaraciones que representen menores derechos o impuestos que los que corresponda aplicar, serán sancionados con multa de hasta el doble de la diferencia resultante entre dichos tributos que causen las mercancías y los que se habrían adeudado según la declaración”. Nos señala que, para este caso, el Servicio de Aduanas no ha determinado la existencia de una declaración que represente menores tributos. Por el contrario, según consta en el Oficio N° 1089, de fecha 09.09.2013, el Servicio de Aduanas renunció de manera tácita a la facultad que le asigna la ley para establecer la existencia de menores derechos. En consecuencia, al aplicar la multa contenida en el Acta de Audiencia N° 28/28.01.2014, para las cuatro denuncias reclamadas, se incurre en contravención al artículo 174 al haber impuesto dicha sanción sin antes haber determinado la existencia del error en la conformación del valor aduanero, ni tampoco la cuantía de las supuestas diferencias de tributos. Inobservancia de lo dispuesto en el Manual de Pagos: Prosigue, señalando que, el Capítulo III, numeral 2.3.1.4, inciso segundo del Manual de Pagos, dispone: "Para el caso de las denuncias que dicen relación con la infracción al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, la primera notificación no deberá incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, la gue sólo se deberá fijar, si ha sido reclamada, cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia que resuelve la reclamación y, si no lo ha sido, una vez transcurrido el plazo de 90 días contados desde la notificación del acto reclamable”. En este caso, nos indica, al aplicar las multas por parte de Aduanas, se contraviene abiertamente la disposición normativa recién citada, toda vez que lo pertinente era esperar la notificación del cargo y el transcurso de los plazos referidos en ese numeral, antes de citar a la audiencia infracciona. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 8 No obstante, nos señala que, para el caso de marras, se citó a la audiencia infraccional a sabiendas que los cargos asociados a cada una de las denuncias no se encontraba notificado, y a sabiendas que no habían transcurrido los plazos fijados en el Manual de Pagos, vale decir, se ejecutó la actuación reclamada con pleno conocimiento de la irregularidad normativa en que se incurría. Incumplimiento de lo previsto en el artículo 4° de la Ordenanza de Aduanas y de lo dispuesto en el Capítulo III, numeral 2.3.1.1 del Manual de Pagos: En esta línea argumental, la reclamante nos señala que, ¡la primera norma obliga a los funcionarios de! Servicio a fundamentar sus actuaciones; en tanto que, la segunda, obliga a los funcionarios a describir con precisión los hechos que constituyen la infracción. Así, en este caso, para la actora, las denuncias incumplen, notoriamente, las obligaciones referidas, lo que se constata al observar que el fundamento de las denuncias, ya que su parecer, no contienen ningún hecho que pueda ser calificado o encuadrado en la contravención aduanera tipificada en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. De este modo, añade, las denuncias incurren en una manifiesta ilegalidad al sancionarse a su patrocinada en base a un fundamento que no se ajusta ni al tipo infraccional ni al estándar mínimo exigido en las normas legales y reglamentarias referidas. Reitera que, la notificación del ejercicio de la duda razonable o la calificación de insuficientes de los antecedentes aportados no son "hechos" que puedan calificarse como infracciones o contravenciones aduaneras. Por otra parte, nos indica que, tales "hechos" tampoco son encuadrables en la hipótesis prevista en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Inobservancia del principio de tipicidad: Por otra parte, pero continuando con el análisis legal de la normativa que habría infringido la autoridad aduanera, en cuanto a la emisión de las denuncias reclamadas, nos señala que, artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas sanciona a las personas que en los documentos de destinación aduanera incurran en errores que representen menores derechos e impuestos que los que corresponda aplicar. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 9 En este caso, expresa en su líbelo que, las denuncias no describen en ninguna de sus partes una conducta como la descrita en el artículo 174 recién citado. Luego, teniendo esa norma legal el carácter de una sanción, es decir, una manifestación del "ius puniendi" del Estado, el ejercicio de tal facultad sólo cabe en los casos expresamente previstos por el legislador, evitando su aplicación analógica o extensiva. En este caso, según la reclamante, la descripción de la conducta que se hace en las denuncias, no guarda ninguna relación con el tipo infraccional descrito en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. En efecto, las denuncias no describen ni le atribuyen a la denunciada ningún error en la declaración aduanera; más aún, omiten un elemento base del tipo infraccional que invoca la administración, infracción que vicia de ilegalidad la actuación reclamada. De este modo, la imposición de las multas en las respectivas denunciadas reclamadas, contienen una manifestación clara de haberse aplicado el artículo 174 de manera analógica o extensiva, en cada caso, infracción que justifica su anulación y la condena en costas que solicita en contra de la administración aduanera. Ausencia de responsabilidad de la agente de aduanas en los hechos denunciados: Como conclusión de la fundamentación, la reclamante, nos señala que, estima necesaria hacer presente que en las actuaciones reclamadas tampoco hay una ponderación de la supuesta responsabilidad que le correspondería a la agente de aduanas sancionada en las denuncias que se reclaman en este juicio. Al respecto, y más allá de la falta de fundamento de la denuncia, nos indica la actora, conviene precisar que su obligación como Agente de Aduanas es confeccionar la declaración con estricta sujeción a los documentos de base, cuestión que así lo establecen los artículos 76 y 78 de la Ordenanza de Aduanas. En efecto, sostiene que, dicha obligación la cumplió cabalmente. Prueba de ello es que la denuncia en ninguna de sus partes le atribuye error en la confección de las declaraciones objeto del acto de fiscalización que generaron las denuncias reclamadas u otro acto que pueda encuadrarse en el tipo infraccional contemplado en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. 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En tal sentido, el Agente de Aduana no tiene dentro de sus atribuciones u obligaciones, el deber de auditar a su mandante o de exigirle la acreditación de la veracidad o exactitud de los precios que declara. Esa es una atribución privativa del Servicio de Aduanas, por expresa disposición legal. A mayor abundamiento, sostiene la actora que, si la ley le atribuye al Agente de Aduanas la obligación de confeccionar la declaración con estricta sujeción a los documentos de base, y si en la fiscalización no se detectó una infracción a esa obligación, no es razonable sancionar a ese profesional por el establecimiento de un hecho que está fuera de su ámbito de atribuciones u obligaciones. Si el Servicio de Aduanas, en base a su criterio o información concluye que el valor de una mercancía es más alto que el declarado, no puede atribuirle al despachador responsabilidad, precisamente, porque la diferencia de valores no emana de los documentos de base del despacho, sino de antecedentes ajenos a la nómina contenida en el Capítulo III, numeral 3.10 del Compendio de Normas Aduaneras (Resolución 1.300/2006). Además, agrega, la ley aduanera tampoco establece la responsabilidad objetiva del despachador cuando se detectan diferencias de valores producto del ejercicio de la duda razonable. Por el contrario, de establecerse tales diferencias, la sanción debe recaer sobre el infractor efectivo, sobre el responsable, carácter que no tiene su representada. Finalmente, la reclamante, concluye su argumentación reiterando los errores e infracciones que se advierten en las denuncias reclamadas, evidenciando uno de los elementos esenciales para la imposición de una multa, esto es, la determinación de la responsabilidad efectiva de su representada en los hechos denunciados. Concluyendo que, faltando ese requisito, no se le puede ni se le debe sancionar a su representada. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 11 En razón de estas consideraciones, el reclamante pide tener por reclamadas las denuncias ya individualizadas, con la petición expresa de dejarlas sin efecto y se condene en costas a la administración aduanera por haber ejecutado el procedimiento administrativo que dio origen a las denuncias con grave inobservacncia de las normas legales y reglamentarias ya referidas. Dos. A fojas 19, 68, 115 y 162, consta el testimonio que da cuenta de la notificación en el sitio de internet del Tribunal de la resolución que tuvo por interpuesto el reclamo en los términos señalados, otorgándose traslado a la reclamada para contestar los reclamos de autos. Tres. A fojas 20, 69, 116 y 163, comparece el Servicio Nacional de Aduanas, evacuando el traslado conferido respecto de los reclamos interpuesto en su contra, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, en virtud de los presupuestos de hecho y de derecho que desarrolla en su presentación individual para cada reclamo, los cuales se resumen, de forma conjunta, en razón de la acumulación efectuada en autos, como sigue a continuación: ANTECEDENTES DE HECHO. En primer lugar, como antecedentes previos, detalla las operaciones que dieron lugar a las denuncias cursadas en contra la actora, como sigue a continuación: i) Respecto a la denuncia N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012, se debe relacionar con la importación de 1440 (mil cuatrocientos) teléfonos celulares, marca Samsung, modelo GTS5230LKLCHL, con accesorios, con un valor declarado por unidad de US$72.933661, amparada bajo la Declaración de Ingreso (DIN) N° 4100764149-2, de fecha 03.11.2011, y que fue suscrita por la agente sancionada, en su calidad de mandatario del importador, empresa Samsung Electronics Chile Ltda. Prosigue, señalan que, como consecuencia de un proceso de fiscalización realizado por el Servicio de Aduanas, y en virtud de la potestad fiscalizadora que la ley le otorga, se detectaron inconsistencias en el valor declarado en dicha importación, iniciándose el procedimiento denominado "Duda Razonable", establecido en el artículo 69 de la Ordenanza de Aduanas, en virtud del cual se le comunicó al interesado que se habrían revisado los documentos de base correspondientes a la DIN, a fin de que éste efectúe los correspondientes descargos y justifique el valor declarado en la referida importación. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. 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Agrega que, al prescindir del valor declarado, el Servicio procedió a determinar el valor aduanero de la mercancía, aplicando la normativa vigente sobre la materia, atendido que, con la nueva valoración efectuada por el Servicio de Aduanas, resultó un mayor valor de la mercancía importada y se procedió a formular el Cargo N° 612671, de fecha 22.11.2012, por la diferencia de derechos, impuestos y demás gravámenes detectados, las cuales ascendieron a la suma de US$ 8,650.59 (ocho mil seiscientos cincuenta coma cincuenta y nueve dólares). Sin embargo, señala que, se procedió a anular, administrativamente, el Cargo, mediante Resolución Exenta N° 1114, de fecha 29.01.2013, por haberse emitido éste de manera extemporánea. Ahora bien, continúa señalando Aduanas que, el día 22 de noviembre del año 2012, el fiscalizador Sr. Henry Domingo, formuló la Denuncia N° 612671 en contra de la reclamante, por haber infringido el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, la que fue notificada mediante su inclusión en el Estado Diario del día 29 de julio de 2013. Finalmente, con fecha 14 de enero de 2014, se citó a la Agente de Aduanas Sra. Carolina Sánchez a una audiencia a celebrarse el día 28 de enero de 2014. Indica que, a la audiencia fijada, compareció el Sr. Claudio Guajardo Garrido, Jefe Sucursal Aeropuerto, actuando a través de poder conferido por don Manuel Marín Galaz, apoderado de la Agente de Aduanas, Sra. Carolina Sánchez Acuña. Se levantó el Acta N° 28, dejando constancia de todo lo obrado. Ante la solicitud de dejar sin efecto la denuncia, la Encargada de la Unidad de Administración de Audiencias tuvo en consideración lo resuelto por el Director Regional de la Aduana Metropolitana, mediante Oficio Ord. N° 1089 de fecha 09.09.2013, que rechazó la petición de anulación de la denuncia. Finalmente, se dejó constancia en el acta que la denunciada no se allanó, aplicándose una multa de $ 215.057 (doscientos quince mil cincuenta y siete pesos). Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 13 Bajo este contexto, Aduanas plantea en su defensa que la aplicación de la sanción que pretende impugnar la actora en el presente reclamo, obedeció al ejercicio de las potestades que le confiere la ley y, por tanto, son consecuencia de un procedimiento conforme a derecho. Así, plantea las siguientes observaciones: a) El acto administrativo reclamado corresponde a la denuncia N°612671 notificada a través de su inclusión en el estado diario, del día 29 de julio de 2013, donde se informaban los valores de las eventuales multas a aplicar. Así, la multa máxima, ascendía a $ 1.792.140; la multa con allanamiento, se fijaría en $ 53.764.-, y la multa sin allanamiento, en la suma de $ 215.057. b) Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2014, se notificó a través de la misma vía, la citación audiencia para el día 28 de enero de 2014. c) La infracción denunciada es la consecuencia de un comportamiento por parte del Agente de Aduana que se enmarca en lo previsto en el Artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas. En efecto, sostiene Aduanas, a propósito de una Revisión Documental a posteriori practicada a los documentos de base de la respectiva Declaración de Ingreso, el Servicio de Aduanas procedió a estudiar los valores contenidos en esta DIN, estimándose necesario ejercer el procedimiento de Duda Razonable respecto de dicho valor y se procedió a notificar al Importador a través del Despachador de Aduana, Sra. Carolina Sánchez Acuña, solicitándole antecedentes que permitieran desvirtuar la Duda sobre el valor declarado en la DIN ya referida. No obstante, todo lo anterior, sostiene Aduanas, ni el Importador ni el Despachador acompañaron antecedentes suficientes en la etapa administrativa para modificar o suprimir la duda planteada, quedando confirmada y procediéndose a emitir el Cargo N° 510532, de fecha 23 de noviembre de 2012, el que, posteriormente, fue dejado sin efecto únicamente por haber transcurrido el plazo de un año, de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas. ii) Respecto a la denuncia N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012, sostiene que, el día 12 de enero del año 2012, la Sra. Carolina Sánchez Acuña, en su calidad de Agente de Aduanas, realizó la importación de 1.900 (mil novecientos) teléfonos celulares, marca Samsung, modelo GT-I9003MKFCHE, con accesorios, con un valor declarado por unidad de US$ 233,193100, asociada a la Declaración de Ingreso N° 4100788767-K, de fecha 12.01.2012, y que fue suscrita por dicho Agente, en su calidad de mandatario del importador, empresa Samsung Electronics Chile Ltda. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 14 Respecto a la secuencia de hechos y elementos fácticos que rodearon el procedimiento de imposición de la referida denuncia, nos damos por reproducido lo señala en el acápite anterior, en post del principio de economía procesal. iii) Respecto a la denuncia N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012, sostiene que, el día 27 de enero del año 2011, la Agente de Aduanas, realizó la importación de 15 (quince) teléfonos celulares, marca Samsung, modelo S5670L, con accesorios, con un valor declarado por unidad de US$ 39.552091, asociada a la Declaración de Ingreso (DIN) N° 4100673356-3, de fecha 27.01.2011, fue suscrita por dicho Agente, en su calidad de mandatario del importador, empresa Samsung Electronics Chile Ltda. Respecto a la secuencia de hechos y elementos fácticos que rodearon el procedimiento de imposición de la referida denuncia, nos damos por reproducido lo señala en el acápite anterior, en post del principio de economía procesal. iv) Respecto a la denuncia N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, el día 03 de noviembre del año 2011, la Sra. Carolina Sánchez Acuña, en su calidad de Agente de Aduanas, realizó la importación de 1680 (mil seiscientos ochenta) teléfonos celulares, marca Samsung, modelo GTC3300CWICHE, con accesorios, con un valor declarado por unidad de US$53,865375, asociada a la Declaración de Ingreso N° 4100764136-0, de fecha 03.11.2011, y que fue suscrita por dicho Agente, en su calidad de mandatario del importador, empresa Samsung Electronics Chile Ltda. Luego, la administración aduanera realiza la exposición de su defensa contra las alegaciones sostenidas por la actora en su líbelo, señalando, en primer lugar, aquella asociada a la “falta de fundamentación de las denuncias cursadas”, sosteniendo, al efecto que, tal como se ha expresado, anteriormente, a propósito del ejercicio de la potestad fiscalizadora, el Servicio de Aduanas detectó en el documento de destinación aduanera que las declaraciones impugnadas (y que dieron origen a las denuncias formuladas) representaba menores derechos o impuestos que los que correspondía aplicar. Ante una situación como ésta, sostiene Aduanas, el artículo 174 de la Ordenanza de Aduana, faculta a la autoridad aduanera a sancionar con multa hasta el doble de la diferencia resultante entre dichos tributos que causen las mercancías y los que se habrían adeudado según las declaraciones correspondientes. Por tanto, asevera la administración aduanera, las denuncias y, consecuentemente, las multas cursadas habrían sido emitidas con estricta sujeción a lo dispuesto en el manual de pagos, todo ello de conformidad a las normas legales y reglamentarias vigentes a la época de su ocurrencia. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 15 En este sentido, sostiene Aduanas que, la aplicación de la multa se ha ajustado plenamente a la norma legal, por cuanto el actor, al formular descargos insuficientes para contrarrestar el motivo de las denuncias, se resolvió aplicar el monto inferior que correspondía conforme a la hipótesis y exigencias legales. Prosigue que, en cuanto a lo sostenido por el actor respecto a la práctica del procedimiento infraccional en el caso de las contravenciones al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, que supone el agotamiento previo del procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 122 de la Ordenanza de Aduanas, o el plazo de 90 días que esa norma establece sin que haya sido interpuesta la reclamación, es necesario indicar gue es perfectamente plausible que de los mismos hechos puedan generarse dos tipos de consecuencias. independientes. por las diferencias detectadas en una DIN, a saber: a) Por una parte, como Cargo, en los que se expresa la diferencia por la determinación del valor conforme una "duda razonable" y para ello es el plazo que consagra el artículo 122 inciso 2° de la Ordenanza de Aduanas; y b) Por otra parte, como Contravención Aduanera, al sancionarse al Agente de Aduana por haber hecho una declaración en una Destinación Aduanera que representa o significa menores derechos o impuestos que los que corresponde aplicar. Para ello se consagra el procedimiento de los artículos 186 y siguientes de la Ordenanza de Aduana, que significa, en definitiva, imponer una Multa como sanción al Despachador, esto es, una infracción o contravención conforme al artículo 174 de la Ordenanza de Aduana. Es así, que concluye en este sentido que, la multa cursada se ajusta plenamente a derecho desde una doble perspectiva o faz: Primero, porque se detectó en los documentos de destinación aduanera ya señalados, que las declaraciones representaban menores derechos o impuestos que los que correspondía aplicar; ante una situación como ésta, el artículo 174 de la Ordenanza de Aduana faculta a la autoridad a sancionar con multa hasta el doble de la diferencia resultante entre dichos tributos que causen las mercancías y los que se habrían adeudado según la declaración. En el caso concreto, y producto del menor valor detectado en sus cuatro declaraciones de ingreso, se citó al reclamante a la audiencia respectiva, de acuerdo con el artículo 185 (inciso segundo) del mismo cuerpo legal para el día 28 de enero de 2015, a la cual concurrió la parte interesada, manifestando su intención de no allanarse a la denuncia, produciéndose, por tanto, la consecuencia que el propio legislador establece en el artículo Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 16 186 de la Ordenanza, el cual establece: "Si el citado no concurriere a la referida audiencia o en ella rechazare la existencia de la infracción o su responsabilidad en la misma, se resolverá discrecionalmente si se aplicará la multa, con el mérito de los antecedentes que existan. En caso de aplicarse la multa, no podrá imponerse un monto inferior all0% de la máxima legal.”. Por lo cual, la administración vuelve a sostener que, la multa se ha ajustado a la normativa legal, por cuanto al actor, a su entender, al haber rechazado la existencia de la infracción en la audiencia, se le ha aplicado el monto inferior que correspondía conforme a las hipótesis y exigencias legales. En este orden de ideas, prosigue señalando en segundo lugar que, el artículo 199 del mismo cuerpo legal hace responsable al Agente de Aduana por el total del valor de las multas, pudiendo repetir contra su mandante por el pago que el primero efectúe. En efecto, sostiene, dicha norma prescribe: "El Agente de Aduana responderá por el total del valor de las multas que deriven de las contravenciones cometidas en un despacho de cargo. Con todo, siempre que el error que causa la multa no sea imputable a su agencia, tendrá derecho a repetir en contra de su mandante con intereses corrientes". A la luz de los hechos y normas citadas, es perfectamente aplicable, según sostiene Aduanas, la multa al Agente que reclama en autos, quien necesariamente debe responder, no obstante contar con la posibilidad de repetir en contra de su mandante. Aduanas, prosigue su línea de defensa, contraviniendo la alegación expresada por el reclamante en su líbelo, esto es, aquella que dice relación con la supuesta “inobservancia de lo dispuesto en el numeral 2.3.1.4 inciso segundo del Manual de Pagos”, ya que, a juicio del actor, se habría citado a audiencia infraccional sin esperar la notificación de los cargos y el transcurso de los plazos establecidos en la norma. En este caso, sostiene la administración aduanera, debemos atender a lo dispuesto en el inciso segundo de dicho numeral, que dispone: "para el caso de las denuncias que dicen relación con la infracción al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, la primera notificación no deberá incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, la que sólo se deberá fijar, si ha sido reclamada, cuando encuentre ejecutoriada la sentencia que resuelve la reclamación y, si no lo ha sido, una vez transcurrido el plazo de 90 días contados desde la notificación del acto reclamable"; norma que, a su entender, se refiere, exclusivamente, al supuesto que la denuncia se encuentre asociada a un cargo notificado, haya sido éste reclamado o no, pero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 17 no contempla una situación como la de autos, en que los cargos existieron, pero no fueron notificados, únicamente, por haber transcurrido el plazo de un año, que contempla el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas, a la fecha de emisión de éstos. Lo anterior no obsta a que se haya establecido una subvaloración, a través de un procedimiento legal denominado Duda Razonable. En este sentido, expresa Aduanas que, existen fallos del Director Nacional de Aduanas que han dejado sin efecto el cargo por encontrarse extemporáneo y, a su vez, han confirmado la denuncia, en base al artículo 170 de la Ordenanza, que establece la "responsabilidad por los actos u omisiones penados por esta Ordenanza, prescriben en el plazo de tres años." Por otra parte, y haciéndose parte en contestar aquella parte del reclamo que acusa que, “las denuncias reclamadas habrían sido cursadas en ausencia de responsabilidad de la agente de aduanas”, la administración aduanera sostiene que, existe norma expresa que corrobora lo contrario. Es así que, el inciso segundo del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas, hace responsable al Agente de Aduana por el total del valor de las multas, pudiendo repetir contra su mandante por el pago que el primero efectúe. Prosigue, señalando que, si el despachador de aduanas considera que en definitiva no debía pagar la multa, según lo ha manifestado en el punto N° 10 del escrito de reclamación, por cuanto se trataría de una infracción que no debía ser soportada por él, la propia ley aduanera le otorga la posibilidad de discutir el tema de la responsabilidad ante la presente judicatura, pero en un procedimiento distinto, en el cual debe escucharse también a su mandante (importador). Este procedimiento, según manifiesta la reclamada, no tiene forma de juicio, pues así lo ordena expresamente la parte final del último inciso del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas. Si en dicho procedimiento, en definitiva, el juez determina que la responsabilidad de la infracción corresponde al importador, al mandante, y no al agente de aduanas, este último tendrá un título ejecutivo para dirigirse en su contra, a fin de obtener el reembolso de los valores que por concepto de multa debió pagar, aplicándose lo contemplado en el inciso final del artículo 199 antes citado. En consecuencia, corresponde discutir la responsabilidad del agente de aduana o del importador en el procedimiento especial gue al efecto ha contemplado el legislador, sin forma de juicio, oyendo a las partes y no en el procedimiento contemplado en los artículos 186 y 186 bis de la Ordenanza, cuyo objeto procesal es distinto del que erróneamente pretende el reclamante. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 18 Por tal consideración, estima la administración aduanera que, en este punto, esta judicatura carecería de competencia para pronunciarse respecto de la inocencia que alega el actor. Prosigue que, se podría aceptar que en definitiva se deje sin efecto la multa a través de un reclamo al amparo del procedimiento establecido en los artículos 186 y 186 bis cuando, por ejemplo, se haya resuelto aplicar una multa en la que no se haya seguido el procedimiento establecido en el artículo 185 de la Ordenanza, o bien, cuando se haya aplicado una multa a un agente de aduanas que en definitiva no haya intervenido en el despacho aduanero asociado a una determinada DIN, o cuando se aplique una multa que sea superior al 10% de la máxima legal (lo que se determina para el caso en que el citado acepte la infracción). Sin embargo, dicho procedimiento no puede ser aplicado para discutir la inocencia del despachador de aduanas, pues para ello debe regirse por aquel que se contempla, expresamente, en el inciso final del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas. Esto, a su entender, también incide en el problema de la carga probatoria. Que, mayor abundamiento, en opinión de Aduanas, una interpretación armónica de los incisos segundo y final del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas, que permita la eficacia de ambos preceptos, lleva necesariamente a sostener que en el procedimiento infraccional, cuando se trata de denuncias referidas a operaciones en que intervino un despachador, Aduanas establece la existencia del hecho objetivo constitutivo de la contravención y luego, está facultada por la propia ley (art. 199, inciso segundo) para aplicar la sanción, tanto al titular de la operación como a su Agente de Aduanas. Si la multa es pagada por el Agente de Aduanas, corresponderá en una etapa posterior, al juez tributario y aduanero determinar si era o no responsable. Al respecto, sostiene que, esta interpretación se funda en la historia de la ley 20.322, que precisamente, modificó el inciso final del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas, otorgando la competencia referida al juez tributario y aduanero. De esa forma, Aduanas, concluye esta línea argumental, señalando que, a la luz de los hechos y normas citadas, es perfecta y legalmente aplicable la multa al Agente de Aduanas, quien necesariamente debe responder, no obstante poder repetir en contra de su mandante. Ahora bien, sostiene que, si el error en las Declaraciones de Ingreso tuvo su origen en la información que le entregó su mandante, el Agente de Aduana igualmente debe responder de acuerdo con el tenor literal del inciso segundo del artículo 199 de la Ordenanza de Aduana; por eso es que la normativa lo faculta para repetir. Adicionalmente, la administración aduanera prosigue con su contestación, señalando al efecto diversas normas que regulan los deberes de los agentes de aduanas en relación con el despacho aduanero. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 19 Finalmente, concluye su exposición, señalando que, sobre la base de los hechos y normativa invocada, estima que el presente reclamo (al cual se le acumularon otros tres reclamos de idéntica naturaleza) deben ser rechazados en todas sus partes y con expresa condena en costas, conforme a los argumentos y fundamentos expuestos precedentemente, en especial, por la responsabilidad que el legislador ha impuesto al agente de aduanas respecto del pago total del valor de las multas, en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas, todo ello con costas. Cuatro. A fojas 48 y siguientes, encontrándose la presente causa y las individualizadas bajo RUC N°: 13-9-0000134-8, RIT: IA-15-00011-2014; RUC N°: 13-9-0000135-6, RIT: IA- 15-00012-2014; y RUC N°: 13-9-0000136-4, RIT: IA-15-00013-2014, en las cuales intervienen las mismas partes, constatando que las acciones entabladas por la reclamante en la presente causa y en los demás procesos su mismo origen, el Tribunal procedió a la acumulación de autos. Quinto. A fojas 194, ante la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre las partes, el Tribunal recibió la causa aprueba, resolución que fue recurrida de reposición por la reclamada, con apelación en subsidio; siendo este último, otorgado, el cual fue resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, según da cuenta la resolución escrita a fojas 223 del cuaderno de compulsas, ordenando la revocación del punto de prueba fijado y, en su reemplazo, fijando un nuevo punto de prueba. Sexto. A fojas 407 se citó a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a fojas 1 y siguientes; 50 y siguientes; 97 y siguientes; y, a fojas 144 y siguientes, comparece don LUIS MONDACA MUÑOZ, Abogado, en representación judicial de doña CAROLINA SANCHÉZ ACUÑA, Agente de Aduana, deduciendo cuatro reclamaciones en contra de las “denuncias” que a continuación se detallan: i) N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012; ii) N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012; iii) N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012; y, iv) N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, todas emitidas por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas, a través de las cuales, se sancionó a su representada por la conducta infraccional dispuesta en el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que expone en su libelo, los cuales se han expuesto en la primera parte de esta resolución. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 20 SEGUNDO: Que, en sus escritos de reclamación, la actora acompañó los siguientes antecedentes probatorios: 1. Copia simple del Acta N° 28, de fecha 28.01.2014, suscrita por doña Angélica Tobar Pineda, Administradora de Audiencias de la Dirección Regional de Aduana Metropolitana. 2. Copia simple de la Denuncia N° 612671, de fecha 22.11.2012. 3. Copia simple de solicitud de anulación administrativa de la denuncia, ingresada a Oficina de Partes de Aduana Metropolitana el día 23.08.2013. 4. Copia del Oficio Ordinario N° 1089, de fecha 09.09.2013, suscrito por el Director Regional de Aduana Metropolitana, que da respuesta a la solicitud de fecha 23.08.2013 acompañada bajo el número anterior. 5. Copia simple del Oficio N° 253, de 20.08.2013, suscrito por don Hernán Martini, Jefe del Departamento de Técnicas Aduaneras de la Dirección Regional de Aduana Metropolitana. TERCERO: A fojas 20 y siguientes; 69 y siguientes; 116 y siguientes; y, a fojas 163 y siguientes, comparece el Servicio Nacional de Aduanas, representada por la abogada doña LINA MENESES ESPINOZA, evacuando los traslados conferidos respecto de los reclamos interpuestos en su contra, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por no ser efectivos los planteamientos en que se funda estos mismos, en virtud de los presupuestos de hecho y de derecho que desarrolla en sus presentaciones y ya referidos en la primera parte de la presente resolución, a los cuales nos damos por remitidos en aras del principio de economía procesal. CUARTO: Que, a fojas 48, se procedió a la acumulación de autos, radicando en la presente causa los autos tramitados entre las mismas partes y, mismo objeto y causa de pedir, singularizados bajo el RUC N°: 13-9-0000134-8, RIT: IA-15-00011-2014; RUC N°: 13-9- 0000135-6, RIT: IA-15-00012-2014; y RUC N°: 13-9-0000136-4, RIT: IA-15-00013-2014. Que, a fojas 197, Aduanas promovió un incidente especial referido a “abandono del procedimiento”, el cual en resolución rolante a fojas 210 fue rechazado, por las motivaciones ahí señaladas. Posteriormente, la administración aduanera, con fecha 10 de abril de 2015, recurrió de reposición la resolución que rechazo el incidente antes referido, recurso que fue rechazado por este Tribunal. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 21 QUINTO: Que, conforme aparece de los escritos de reclamo, como de las correspondientes contestaciones por parte del Servicio Nacional de Aduana, podemos establecer que no ha sido objeto de controversia en el período de discusión: a) Que, el Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional Metropolitana, curso las denuncias: i) N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012; ii) N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012; iii) N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012; y, iv) N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, en contra de doña CAROLINA SÁNCHEZ ACUÑA, por la infracción contemplada en el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, por los fundamentos que allí se indican. b) Que, mediante la Declaración de Ingreso (DIN) N° 4100764149-2, de fecha 03.11.2011; N° 4100788767-K, de fecha 12.01.2012; N° 4100673356-3, de fecha 27.01.2011; y, N° 4100764136-0, de fecha 03.11.2011, se importaron las mercancías descritas en cada una de ellas, y que fueron suscritas y tramitadas por dicha Agente, en su calidad de mandataria del importador, empresa Samsung Electronics Chile Ltda. c) Que, respecto a dichas operaciones de importación, se realizó un procedimiento de fiscalización a posteriori, ejecutado, por el Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional Metropolitana, llevado adelante, principalmente, bajo las facultades que le concede la ley en el artículo 69 de la Ordenanza de Aduanas, norma vigente a la época de notificación, denominado, “ejercicio de la duda razonable”, actuación administrativa que concluyó con la emisión de “cargos” por derechos e impuestos dejados de percibir, los cuales, posteriormente, fueron dejados sin efecto por la misma autoridad, por haberse “confeccionado” fuera de plazo conforme a lo estipulado en el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas, vigente a la época del acaecimiento de los hechos. SEXTO: Que, en este contexto y conforme a las alegaciones de las partes en la etapa de discusión del presente proceso, a fojas 194, se fijó el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido: “Acredítese a través de los medios de prueba legales, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que hagan procedente la aplicación de las multas reclamadas, impuestas a la reclamante. Hechos, antecedentes, y circunstancias que lo acreditan”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 22 Sin embargo, dicha resolución fue recurrida de reposición, con apelación en subsidio, por la reclamada; siendo este último, otorgado, el cual fue resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, según da cuenta la resolución escrita a fojas 223 del cuaderno de compulsas, ordenando la revocación del punto de prueba fijado y, en su reemplazo, fijando un nuevo punto de prueba, como sigue a continuación: “ACREDÍTESE a través de los medios de prueba legales, la efectividad de haberse impuesto las multas reclamadas con infracción a los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la especie. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten.”. Que, a propósito de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se decretó en estos autos un período especial de prueba, según da cuenta la resolución de 24 de abril de 2017. NORMATIVA APLICABLE: SÉPTIMO: Que, respecto a la infracción reglamentaria que Aduanas habría aplicado al denunciado, debemos estar a lo prevenido en el artículo 173 de la Ordenanza de Aduanas, que señala: “Las personas que presenten con declaraciones erróneas los manifiestos y demás documentos a que se refiere el párrafo primero del título II del Libro II, serán castigadas con una multa hasta del valor de los derechos e impuestos de la mercancía entregada en exceso o en defecto”. Norma que debemos comprenderla en conjunto a lo dispuesto en el artículo 174 del mismo cuerpo legal, la cual nos dice: “Las personas que, en los documentos de destinación aduanera a que se refiere el Título V del Libro II, hagan declaraciones que representen menores derechos o impuestos que los que corresponda aplicar, serán sancionadas con multa hasta el doble de la diferencia resultante entre dichos tributos que causen las mercancías y los que se habrían adeudado según la declaración. Si los tributos que se originen de la declaración errónea son mayores o iguales que los que proceda aplicar, o si la mercancía fuere extranjera libre de derechos o impuestos, la multa será hasta de 2% del valor de la mercancía, salvo que el despachador, con frecuencia y sin razones justificadas, o habitualmente, haga alzadas declaraciones de valores o indique partidas arancelarias equivocadas con derechos iguales o mayores, casos en que el máximo de la multa aplicable será equivalente a la tasa establecida para las verificaciones de aforo por examen, en el artículo 85 o en el 86, según corresponda. Si la mercancía fuere nacional o nacionalizada, la multa será hasta del 1% de su valor.” (…). Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 23 A su turno, el artículo 187 de la Ordenanza de Aduanas señala: “Cuando el monto máximo de la liquidación de las multas por contravenciones aduaneras no exceda de 6 Unidades Tributarias Mensuales, el Administrador de la Aduana respectiva podrá aplicarlas directamente, en el mismo documento que la origine o en la denuncia, con el sólo mérito de los antecedentes que existan; pero el afectado tendrá derecho a reclamo, caso en el cual se substanciará el proceso correspondiente en conformidad a las reglas establecidas en el Título II del Libro III de la Ordenanza.”. Por otra parte, el Que el artículo 186 inciso tercero y cuarto de la Ordenanza de Aduanas establece que: “El afectado por la multa que se hubiere aplicado podrá reclamar, fundadamente, dentro de los quince días hábiles siguientes (…), ante el Tribunal Tributario y Aduanero, el que conocerá de acuerdo al procedimiento contenido en el artículo siguiente. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior sin que se reclame, se procederá a emitir el giro comprobante de pago correspondiente”. OCTAVO: Que, en este contexto, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ordenanza de Aduanas, el cual señala que, “El Director Nacional de Aduanas señalará los documentos, visaciones o exigencias que se requieran para la tramitación de las destinaciones aduaneras de acuerdo a las normas legales y reglamentarias. Asimismo, podrá establecer trámites simplificados y formularios comunes para todas o algunas de las declaraciones de destinación aduanera”. A su turno, el artículo 78 de la Ordenanza de Aduanas señala que: “Será responsabilidad de los despachadores de Aduana confeccionar las declaraciones con estricta sujeción a los documentos mencionados en el artículo precedente, debiendo requerir la presentación de éstos a sus mandantes. Por lo tanto, el llenado de las declaraciones deberá corresponder al contenido de los documentos que le sirvan de base. Responderán también del cumplimiento de las exigencias de visación, control y, en general, de la observancia de las normas de comercio exterior que emanen del Servicio de Aduanas o de otros organismos que tengan participación en el control sobre el comercio exterior del país. (…)”. NOVENO: Por otra parte, y en razón de los hechos facticos que rodean a las denuncias reclamadas en autos, debemos atender a las facultades de fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas y los correspondientes plazos de prescripción para ejecutar dicha potestad. En primer lugar, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ordenanza, norma que dispone: “Cuando haya sido aceptada a trámite una declaración de Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 24 destinación y la Aduana tenga motivos fundados para dudar de la veracidad y exactitud del valor declarado o de los documentos presentados que le sirven de antecedente, podrá, por una vez, exigir al importador que proporcione otros documentos o pruebas que acrediten que el monto declarado representa efectivamente el valor de transacción de las mercancías. Para estos efectos, la Aduana le concederá al importador un plazo prudencial para entregar la información requerida. Con la respuesta del importador o a falta de ella, se adoptará una decisión que se le comunicará por escrito en un plazo no mayor de doce días hábiles, señalándose sus fundamentos. Este procedimiento no impedirá el ejercicio de la potestad aduanera en revisiones, investigaciones o auditorías a posteriori”. Que, de la facultad referida en la norma anterior, debe entenderse en concordancia con el plazo de prescripción que ha establecido el legislador en el artículo 92 de la Ordenanza, el cual prescribe en sus incisos segundo, tercero y cuarto lo siguiente: “Una vez legalizadas las declaraciones sólo podrán ser modificadas o dejadas sin efecto por el Director Nacional de Aduanas cuando contravengan las leyes o reglamentos que regulan el comercio de importación o exportación; cuando ellas no correspondan a la naturaleza de la operación a que se refieren; cuando se hayan aplicado erróneamente los derechos, impuestos, tasas o demás gravámenes o cuando el fallo de la reclamación interpuesta así lo disponga. Si como consecuencia de las resoluciones que se expidan en conformidad al inciso anterior resultaren mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados, se formulará un cargo por la diferencia, el cual tendrá mérito ejecutivo y su cobro se sujetará a las normas procesales establecidas por el Código Tributario, aprobado por el decreto ley N 830, de 1974, y sus modificaciones. El Servicio podrá formular estos cargos dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la legalización. Igual plazo tendrá el interesado para solicitar la devolución del exceso de derechos de aduana, si los pagados resultan ser mayores que los que corresponden. No obstante lo señalado, en el caso que se constatare la existencia de dolo o uso de documentación maliciosamente falsa en las declaraciones presentadas al Servicio, el plazo de un año se ampliará a tres”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 25 DÉCIMO: Que, adicional a lo anterior, debemos estar al plazo de prescripción que ha establecido el legislador en materia de infracciones o contravenciones aduaneras, lo cual ha quedado plasmado en el artículo 170 de la Ordenanza, texto que señala: “La responsabilidad por los actos u omisiones penados por esta Ordenanza, prescribe en el plazo de tres años, con excepción de la de los funcionarios o empleados de Aduana que prescribirá en cinco años”. EN CUANTO A LA DISCUSIÓN DE FONDO: APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA. DÉCIMO PRIMERO: Que, previamente es preciso establecer que, en este ámbito, siendo el Órgano Administrativo (Servicio Nacional de Aduanas) quien pretende la aplicación de la sanción en contra del denunciado, la carga probatoria para acreditar los hechos que configuran la existencia de la respectiva infracción correspondía al Servicio Fiscalizador, estableciéndose así una presunción de inocencia, pero atemperada, a favor del inculpado. Del mismo modo, la sanción pecuniaria perseguida en este proceso pertenece al ámbito del ius puniendi del Estado, siendo aplicables los principios del Derecho Penal pero de forma matizada, pues no se está en presencia de una norma penal, propiamente tal, de forma que sus exigencias han de ser atenuadas, ya que éstas han sido dispuestas en resguardo de la libertad personal, que constitucionalmente se cautela más rigurosamente que las demás garantías (Tribunal Constitucional, Rol Nº480-2006; 27/07/2006); en virtud de lo cual, el estándar de convicción exigible en materia penal, el Tribunal sólo puede dictar sentencia condenatoria si adquiere convicción más allá de toda duda razonable, principio, que no es asimilable ni aplicable en estas materias sancionatorias administrativas, en que dichos principios permiten ser aminorados considerando la sanción y los bienes jurídicos cautelados. DÉCIMO SEGUNDO: Que, en este orden de ideas, ante esta judicatura se ha controvertido por las partes la existencia de los hechos que habrían gatillado las denuncias reclamadas, que se originaron en diversas importaciones tramitadas y gestionadas por la denunciada, quien habría incurrido en supuestas omisiones y/o errores en su labor de despachador de las mercancías descritas en las DIN ya referidas con anterioridad, obligaciones que no observó de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza de Aduanas como en su estatuto reglamentario, contenido en el Compendio de Normas Aduaneras, Resolución DNA N°1.300/30.03.2016. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 26 De este modo, la controversia quedó circunscrita a determinar si las normas sancionatorias contempladas en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas eran aplicables a las omisiones y conductas en que incurrió la Agente de Aduanas inculpada. DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la efectividad de haber incurrido el reclamante en la infracción contenida en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, de la lectura de la conducta sancionada en dicha norma aparece que su alcance tipifica, fundamentalmente, aquellas “declaraciones que representen menores derechos o impuestos que los que corresponda aplicar”, como, precisamente, pretende imputar la administración aduanera a la agente de aduanas sancionada, incurriendo de este modo la inculpada en la infracción perseguida por la autoridad fiscalizadora. DÉCIMO CUARTO: Que, precisamente, en este punto es importante detenerse, ya que a juicio de este sentenciador es en donde el Tribunal debe adquirir la convicción necesaria para confirmar o desestimar que la conducta desplegada por la denunciada es susceptible o no de la sanción reclamada. Para estos efectos, debemos atender a las probanzas rendidas en juicio, las cuales se traducen en los siguientes medios probatorios acompañados y hechos valer, en primer lugar, por la reclamante: Probanzas de la reclamante: a. Prueba documental acompañada por la reclamante en su primera presentación, las cuales han quedado singularizadas en el considerando segundo de esta sentencia, la cual fue ratificada durante la prosecución del proceso. b. Prueba documental ofrecida por el reclamante en presentación de fecha 10 de abril de 2015, consistente en: i. Copia de la Resolución N° 347, de fecha 09.01.2013, del Director Nacional de Aduanas, denominada Manual de Pagos, en su versión vigente a la fecha de formulación de las denuncias materia de esta controversia. Este documento, publicado en el Diario Oficial de fecha 17.01.2013, regula en su Capítulo III-10, numeral 2.3, el procedimiento de emisión de Denuncias, especificando en su numeral 2.3.1.4 la oportunidad en que se notifican aquellas denuncias que se emiten de conformidad con el artículo 174. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 27 ii. Copia de Sentencia de Segunda Instancia N° 896, de fecha 04.09.2013, pronunciada por el Juez Director Nacional de Aduanas, fallo que confirma la sentencia de primera instancia N° 42, de fecha 08.04.2013 emitida por el juez de primer grado. La sentencia de primera instancia, cuya copia también se incluye, se pronuncia derechamente sobre un caso idéntico al de estos autos. c. Oficios que solicito la reclamante, despachándose en su oportunidad a la institución en que era requerida la información, la cual consta en el oficio 59/2015, de este Tribunal, en el cual se requirió al Director de la Aduana Metropolitana la información que ahí se indica. Luego, dicha autoridad, entregó la información solicitada, conforme lo indica el Oficio Ord. N° 0430, de fecha 30 de abril de 2015, según se da cuenta a fojas 340 y siguientes. Que, la información recibida dice relación con el expediente administrativo llevado adelante en contra de doña Carolina Sánchez Acuña por la Aduana Metropolitana, en donde se formularon las denuncias reclamadas en estos autos y, como consecuencia, la aplicación de las respectivas multas. d. Con fecha 03 de mayo de 2017, la reclamante ratificó los documentos acompañados a fojas 228-265 de autos. Además, estando dentro del probatorio especial, el cual se originó a propósito de la sentencia del Tribunal de Alzada y que revocó el punto de prueba de estos autos, solicitó despachar un oficio al Director Nacional de Aduanas, para que remitiera la información ahí señalada. Dicha petición fue conducida a través del Oficio N° 126, de 28.06.2017; la cual fue respondida por el Director Nacional de Aduanas, en oficio ord. 8381, de 27.07.2017, a la cual adjunto las DIN que fueron tramitadas por la agente de aduanas denunciada. Por su parte, el Servicio Nacional de Aduanas, ofreció la siguiente prueba documental: a. Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Causa Rol 2232-2013), que rola a fojas 375 y siguientes, a través de la cual la administración aduanera pretende acreditar la legalidad de la procedencia de las denuncias de autos y, además, contra argumentar la supuesta falta de responsabilidad de la reclamante en las denuncias formuladas. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 28 DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, la controversia quedó circunscrita a determinar si las normas contenidas en el estatuto reglamentario a que se encuentra sujeta la autoridad para la formulación de las denuncias que en esta sede se pretenden impugnar, esto es, el Manual de Pagos, Resolución DNA N°347/09.01.2013, específicamente, lo señalado en su Capítulo III, numeral 2.3.14, en relación a la sanción contemplada en el artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, sería aplicable a la supuesta conducta infraccional que se trata de imputar a la agente de aduanas. Es así que, podemos verificar que el Manual de Pagos señala que, “para el caso de las denuncias que dicen relación con la infracción al artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, la primera notificación no deberá incluir la fecha, hora y lugar de la audiencia, la que sólo se deberá fijar, si ha sido reclamada, cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia que resuelve la reclamación y, si no lo ha sido, una vez transcurrido el plazo de 90 días contados desde la notificación del acto reclamable.”. DÉCIMO SEXTO: Ahora bien, lo anterior debe ser analizado en conjunto con la principal alegación de la reclamante, esto es, aquella que se refiere que los hechos que describen la infracción, según dan cuenta los formularios de denuncia emitidos por Aduanas y acompañados por la reclamante a fojas 11, 60, 107 y 154, que nos confirman que la conducta infraccional que pretendía imputar la administración aduanera a la agente de aduanas se encontraban, en ese momento, como elemento esencial, directamente asociada a la formulación de los cargos N°s. 570756, de 11.12.2012; 510531, de 23.11.2012; 510532, de 23.11.2012; y, 510861, de 26.12.2012, los cuales, NO fueron formulados, única y exclusivamente, por haberse confeccionado fuera de plazo, conforme lo estipulado en el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas (texto vigente a aquella época), según da cuenta el Oficio N° 1089, de 09.09.2013, emanado del Director Regional de la Aduana Metropolitana, rolante a fojas 14. A mayor abundamiento, misma respuesta podemos observar en el Oficio Ord. N° 8381, de 27.07.2017, emanado por el Director Nacional de Aduanas, en donde manifiesta que, las destinaciones aduaneras que fueron fiscalizadas por la administración aduanera y, por ende, sirvieron de sustento fáctico a la hora de formular las denuncias en contra de la agente de aduanas, declara que, “no se han presentado o aceptado a trámite, solicitudes de modificación a los documentos aduaneros referidos, que hayan cambiado sus valores declarados o el monto de los gravámenes pagados.”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 29 Por lo tanto, de estas dos probanzas, las cuales fueron aportadas y solicitadas por la reclamante, respectivamente, dan cuenta que los cargos asociados a las DIN fiscalizadas por la autoridad aduanera “no fueron formulados”; consecuentemente, las DIN tramitadas y despachadas por doña CAROLINA SÁNCHEZ ACUÑA -que dicho cargo pretendía objetar - se encuentran totalmente legalizadas y sus valores allí declarados “a firme”, por lo cual la infracción del artículo 174°, inciso primero de la Ordenanza, que sanciona a las personas que hacen “declaraciones que representen menores derechos o impuestos que los que corresponda aplicar” queda sin sustento legal. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por otra parte, ratificaría la tesis y defensa de la actora, la cual comparte este Sentenciador, la petición realizada por el despachador ABRAHAM TOME BICHARA, de fecha 20 de julio del 2012, por el cual pide al Juez Aduanero de San Antonio dejar sin efecto el denuncio N° 569534, de 7 de julio del 2012 y la sentencia de dicho juez aduanero, contenida en la Res. Ex. 42, de 8 de abril del 2013, corriente a fs. 376, en cuyo considerando 11° se señala expresamente que, “no corresponde para este caso la emisión de una denuncia sin haber dado cumplimiento previamente a la formulación del respectivo cargo por derechos e impuestos dejados de percibir”, sentencia ratificada por el Sr. Director Nacional de Aduanas en su Res. 896, de 4 de septiembre del 2013, acompañada a fojas 375 de estos autos. DÉCIMO OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado anteriormente, estimamos pertinente dar mayor abundamiento a la conclusión a que ha arribado este sentenciador, deteniéndonos en la defensa a que hace referencia ADUANAS en su contestación, en específico, respecto aquella en que la administración aduanera tiene dos cursos de acción: “El primero es generar el cargo aduanero, en los que se expresa la diferencia por la determinación del valor conforme una "duda razonable" y para ello es el plazo que consagra el artículo 122 inciso 2° de la Ordenanza de Aduanas”; y, segundo, “como Contravención Aduanera, al sancionarse al Agente de Aduana por haber hecho una declaración en una Destinación Aduanera que representa o significa menores derechos o impuestos que los que corresponde aplicar. Para ello se consagra el procedimiento de los artículos 186 y siguientes de la Ordenanza de Aduana, que significa, en definitiva, imponer una Multa como sanción al Despachador, esto es, una infracción o contravención conforme al artículo 174 de la Ordenanza de Aduana.”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 30 DÉCIMO NOVENO: A propósito de lo anterior, debemos entender que no existe controversia entre las partes sobre el carácter “a firme” de los valores, derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes declarados en las DIN que fueron tramitadas y despachadas por la agente de aduanas sancionada; sobre la ausencia de cargo alguno que cobre diferencias a su respecto; sobre lo resuelto por el juez Aduanero de San Antonio y su ratificación por el Director Nacional de Aduanas respecto de un caso -sino idéntico-, al menos muy similar y en cuanto al hecho que al despachador y reclamante de autos, ADUANAS le ha sancionado por la infracción contenida en el inciso primero, del artículo 174°, de la Ordenanza de Aduanas. Por lo tanto, como ya hemos dicho, la controversia gira solamente sobre la necesidad de cobrar diferencias de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes mediante la emisión del respectivo cargo, como “condición previa” para aplicar al despachador la sanción del artículo 174°, inciso primero de la ordenanza de Aduanas y sobre la “prueba” de dicha diferencia de derechos e impuestos. VIGÉSIMO: Que, en este contexto, debemos precisar que el bien jurídico protegido en el citado inciso primero del artículo 174° es lo que la doctrina y jurisprudencia ha denominado como “hacienda pública”, y exige como presupuesto que en la DIN respectiva se haya declarado un “menor derecho o impuesto que los que corresponda aplicar”, por lo cual corresponde determinar si dicho “menor derecho o impuesto” se encuentra debidamente acreditado en la presente causa. Así, la única manera válida de determinar los “derechos o impuestos que corresponda aplicar” es el “aforo”, definido en el artículo 84° y Res 1.300, que establece el Compendio de Normas Aduaneras. En la especie, la determinación primaria de los gravámenes la efectuó originalmente el despachador y reclamante conforme a las Declaraciones de Ingreso (DIN) ya referidas en los vistos de esta resolución y que son la base del despacho aduanero. Luego, ADUANAS practicó una fiscalización a posteriori, de conformidad a las facultades que le concede la ley, fundado en ciertos elementos y antecedentes que le permitirían establecer que se habría declarado “un menor derecho o impuesto” que los que corresponda aplicar. En el caso específico, los menores derechos declarados se establecieron en los cargos que se describen en cada uno de los formularios de denuncias ya referidos; sin embargo, -como se ha establecido precedentemente-, dichos cargos se tuvieron por “no formulados” por estar prescritos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 31 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de todo lo antes señalado se concluye que ADUANAS se encuentra imposibilitada de probar el elemento esencial del tipo infraccional; esto es, que el reclamante había “efectuado una declaración de Importación que representaba menores derechos o impuestos que los que correspondía aplicar”, toda vez que el “aforo” expresado en los “cargos” ya señalados, (única manera válida de determinar diferencias de derechos e impuestos aduaneros) quedaron, finalmente, “no formulados”, tal como lo ha expresado el Director Nacional y Regional de Aduanas, por estar prescritos. Consciente de esta situación ADUANAS señala entonces que la ausencia de los “cargos” no afecta la “denuncia” toda vez que ambos persiguen finalidades distintas. Sin embargo, dicho razonamiento “NO” es acogido por la normativa aduanera toda vez que el legislador vincula el tipo infraccional del inciso primeo del artículo 174° con la formulación de cargos. Así aparece de los artículo 84° y 187° antes citados, toda vez que éste último ordena suspender el “procedimiento infraccional” hasta que se resuelva el reclamo del cargo cuando los hechos constitutivos sean los mismos; ello es así porque ambos (cargo e infracción) descansan en el debido establecimiento de la pretensión fiscal, por lo cual al encontrarse el cargo en estado de “no formulado”, no se encuentra completamente acreditado el tipo infraccional aplicado por no poder establecerse la diferencia de derechos e impuestos surgida entre lo declarado en la DIN y lo establecido en el cargo respectivo. Ésta es la doctrina que –por lo demás-, establece la propia ADUANA en su sentencia de la administración San Antonio, ratificada por su Director Nacional, rolante a fojas 375 y 376, de la cual pretende posteriormente desdecirse en el presente juicio. La conclusión anterior tiene una innegable lógica: ¿Cómo podría ADUANAS imputar al despachador haber declarado menores derechos e impuestos que los que correspondía aplicar y sancionarle por ello si estos derechos e impuestos nunca pudieron ser determinados ni legalmente probados mediante el único procedimiento válido (aforo), por haber prescrito su acción fiscalizadora?. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, pero a mayor abundamiento, cabe agregar además que, si bien los presentes autos tratan de una causa sobre “infracción”, no por ello dejan de aplicarse los principios generales del “derecho penal”, como se ha dicho en los primeros considerandos de la presente resolución, contenidos en el artículo 340° del Código Procesal Penal que instruyen, respecto de la “convicción del tribunal”, que “Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 32 VIGÉSIMO TERCERO: Como se comprenderá, si la propia ADUANA acepta que los derechos e impuestos declarados en las DIN fiscalizadas, las cuales, de los propios dichos de su Director Nacional, se encuentran “a firme”. Asimismo, si los cargos que pretendían impugnarla se encuentra en estado de “no formulados” por estar prescritos; si no se ha acompañado “aforo” alguno que dé cuenta que en la Declaración de Ingreso se establecieron efectivamente menores derechos o impuestos (condición necesaria del tipo infraccional que pretende imputar a la denunciada), resulta imposible, “adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable” de que la infracción realmente se ha cometido y se encuentra legalmente acreditada, todo lo cual amerita, dejar sin efecto las denuncias de autos y las consecuentes multas asociadas. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en este orden de ideas y teniendo presente lo expuesto, junto con las motivaciones desarrolladas por este Sentenciador en esta resolución, de conformidad a las reglas de la “sana critica”, dispuesta en el artículo 128 de la Ordenanza de Aduanas, de la aplicación del razonamiento jurídico y reglas de la lógica, como también por la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de los antecedentes de autos, no resulta procedente pronunciarse sobre las demás alegaciones de fondo de la presente controversia, en especial aquellas formuladas por Aduanas, por ser incompatible con lo resuelto y no haber servido de fundamento al presente fallo. Por lo cual, resulta forzoso concluir que las actuaciones reclamadas NO han sido cursadas bajo las normas legales y reglamentarias ya citadas; constatando, como consecuencia, que la reclamante de autos no ha cometido el tipo infraccional contemplado y sancionado, en el artículo 174, inciso primero, de la Ordenanza de Aduanas, por lo que así se declarará y, en su lugar, se desestimarán las denuncias y, por ende, se ordenará dejarlas sin efecto. Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, fundamentos de hecho y de derecho, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 69, 77, 78, 120, 128, 174, 186, 186 bis y 187 de la Ordenanza de Aduanas; artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el Autoacordado sobre la forma de las sentencias y demás normas pertinentes; SE RESUELVE: I.- HA LUGAR AL RECLAMO de fojas 1. En consecuencia, DEJESE SIN EFECTO las denuncias i) N° 612771, de fecha 22 de noviembre de 2012; ii) N° 617771, de fecha 26 de diciembre de 2012; iii) N° 615959, de fecha 10 de diciembre de 2012; y, iv) N° 612664, de fecha 22 de noviembre de 2012, y su consecuente multa, todas emitidas por la Dirección Regional de la Aduana Metropolitana. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 33 II.- Atendido lo resuelto, SE CONDENA EN COSTAS a la reclamada. Notifíquese la presente sentencia por carta certificada a la parte reclamante, y publíquese en forma íntegra en el sitio de Internet de este Tribunal. Dese aviso a los correos electrónicos registrados por las partes. Déjese testimonio en el expediente. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. Pronunciada por don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don JAVIER ALARCÓN ROJAS, Secretario Abogado (s) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 27-12-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bb44256e-e9e7-45d6-ad3e-68832ad4c1b3 Timbre Electrónico 2017-12-27T10:13:17-0300 FEA