Infracciones aduaneras: artículo 173 de la Ordenanza de Aduanas

1 “CEVALLOS MURILLO con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA” RIT N°: IA-15-00113-2016 RUC N°: 16-9-0001109-5 Santiago, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. VISTOS: Uno. Que, a fojas uno y siguientes comparece don LUIS COMTE NARANJO, Abogado, en representación judicial de don JHON MAXIMILIANO CEVALLOS MURILLO, DNI 45779086, de nacionalidad peruano, agente de viajes, deduciendo reclamo, según lo dispuesto en el numeral 1° y 2° del artículo 161 del Código Tributario, en contra de la “Denuncia” N° 863882, de fecha 31 de agosto de 2016, emitida por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas, a través de la cual, se sancionó a su representada por la conducta infraccional dispuesta en el artículo 4° de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que expone en su libelo, los cuales se expondrán, resumidamente, a continuación: Los hechos: En primer lugar, indica que, el denunciado, señor CEVALLOS MURILLO, ingresó al país el 31 de agosto de 2016, proveniente desde Argentina y que, al momento de ser entrevistado por el personal de Aduanas, para ser revisado, expuso al personal de aduanas que en sus bolsillos portaba US$10.000.- y en el bolso de mano otros US$30.000.-, ambas cifras en dinero en efectivo, dando un total de US$40.000. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 2 Que, por error involuntario, no declaró que portaba ese dinero, toda vez que venía en representación de la empresa RICO PERU TRAVEL, domiciliada en Argentina, con objeto de pagar facturas a su proveedor en Chile, TURISMO VUELA CLUB AMALIA PORRAS CHAVEZ E.I.R.L., RUT 76.515.616-5, por prestaciones realizadas a la primera, durante el 23 al 29 de agosto del año 2016, por un monto de $30.592.236, en pesos chilenos, equivalentes a US$45.254,78, por un total de 58 facturas del mismo proveedor. En efecto, sostiene que, pensaba que no debía declarar el dinero para pagar facturas. Además, invoca que era su primer ingreso a nuestro país para este tipo de trámite, por lo cual, nunca fue su interés ingresar dinero en forma ilícita o fraudulenta. Sostiene que, explicó dicha situación al personal de Aduanas, quienes procedieron a cursar la denuncia N° 863882 y, acto seguido, impusieron una retención de US$12.000.- entregando la boleta de retención N° 175018, quedando citado para el día 13 de septiembre de 2016, a la audiencia donde se cursó la multa que se reclama, la que ascendió al total de lo retenido, esto es, US$12.000.- equivalente, en moneda nacional, a $7.979.280. Que, a juicio de la reclamante, la multa cursada resultaría ser excesiva, habida consideración de que su representado habría errado al omitir realizar su declaración jurada respecto a los dineros que ingresaba al país. El derecho: Que, para sostener su acción, el reclamante invoca en su líbelo el artículo 161, N° 1y 2 del Código Tributario, que prescribe las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias, que no consistan en las penas privativas de libertad. Por otra parte, invoca, de manera genérica, la ley N° 19.913 y la ley N° 18.120, sin señalar las disposiciones aplicables a la presente controversia; solicitando, así, tener por interpuesto el reclamo en contra de la multa aplicada por el Servicio Nacional de Aduanas y, en definitiva, sea esta dejada sin efecto, o bien, para que el Tribunal rebaje la cuantía de dicha sanción pecuniaria. Dos. A fojas 68, consta el testimonio que da cuenta de la notificación en el sitio de internet del Tribunal, de la resolución que tuvo por interpuesto el reclamo en los términos señalados, de fecha 04 de octubre de 2016. Tres. A fojas 18 y siguientes, comparece el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, representado, para estos efectos, por doña MARÍA JAZMÍN RODRÍGUEZ CALLEJAS, evacuando el traslado conferido respecto del reclamo interpuesto en su contra, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que desarrolla en su presentación, los cuales se resumen a continuación: Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 3 Antecedentes de hecho: En primer lugar, señala que, el Servicio Nacional de Aduanas procedió a cursar la denuncia y multa de autos, al pasajero, de nacionalidad peruana, señor CEVALLOS MURILLO, por portar entre sus pertenencias dinero en efectivo por más de US$10.000, sin haberlo declarado oportunamente. Añade que, el denunciado arribó a Chile en el vuelo LATAM N° 480, proveniente desde Argentina, el 28 de agosto de 2016, junto a la sra. BRIGGITT PORRAS CHÁVEZ, también, de nacionalidad peruana. Que, respecto a la fiscalización de la cual fue objeto el señor CEVALLOS MURILLO, esta se efectuó, por la advertencia que habría hecho personal de la Policía de Investigaciones de Chile, por lo cual, se realizó una revisión corporal a los pasajeros antes individualizados, encontrándose una cantidad indeterminada de dólares americanos adosados a su cuerpo. Precisa que, los funcionarios de la Aduana Metropolitana, señores Mauricio Cueto Silva y Juan Melendez Bustos, al dar inicio al procedimiento de fiscalización a los pasajeros, se les solicitó su Declaración ADUANA-SAG. En efecto, se detectó el señor Cevallos Murillo había declarado, expresamente, que “NO” traía al país más de US$10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas en efectivo o instrumentos negociables al portador y que doña Briggitt Porras Chávez, no había hecho su declaración. Es en este contexto, agrega la reclamada que, a la sra. Porras se le separó de su acompañante y se le instó para que realizara su declaración. Es así que, en el formulario correspondiente, ella señaló que “SÍ” portaba una suma de dinero superior a US$10.000. Al ser revisada, se encontró que traía consigo dinero en efectivo, que ascendía a la cantidad de $49.100 dólares americanos y $563 pesos argentinos, que equivalen a $40 dólares americanos. Así, en cumplimiento de la ley 19.913, esta información se remitió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Por su parte, agrega, se procedió a la revisión del señor Cevallos, detectándose en un bolso, parte del dinero alertado por la Policía de Investigaciones. Así, los fiscalizadores de Aduanas, detectaron la suma sin declarar de US$40.000. En razón de lo anterior y en cumplimiento de la ley y la normativa reglamentaria, se le retuvo el 30% del dinero que ingresaba al país, equivalente a la suma de US$12.000.-, lo cual quedo consignado en el comprobante de retención N°175018, de fecha 31 de agosto de 2016. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 4 Adunas, añade que, los pasajeros manifestaron, en el acto de la fiscalización que, los US$ 89.140, que portaban entre ambos, pertenecían a la empresa Rico Perú Travel, con domicilio en Argentina. Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, se formuló la denuncia N° 863882 y el señor Cevallos fue citado a la audiencia del día 13 de septiembre 2016, a la que compareció señalando que por error no respondió en la Declaración Jurada ADUANA - SAG que portaba consigo más de US$10.000. Que, no obstante, la explicación que dio el señor Cevallos, Adunas procedió a aplicar una multa sin allanamiento, por el monto de $7.979.280. El derecho: La acción intentada es improcedente: En primer término, Aduanas señala que, este reclamo debe ser rechazado, atendido que el demandante yerra en la acción que ejerce. En efecto, el libelo del reclamante se funda en el artículo 161 N°1y 2 del Código Tributario, citando textualmente dicha disposición, la cual, a su entender, resulta totalmente inaplicable para iniciar un procedimiento infraccional aduanero. Adicionalmente, nos señala que, la propia ley N°19.913, en virtud de la cual se cursó la denuncia notificada al reclamante, establece en su artículo 39 inciso 4° que: "La imposición de la multa definitiva o la reclamación de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero de la Ordenanza de Aduanas, salvo lo que dispone el inciso cuarto del artículo 185 del mencionado cuerpo legal." Por lo cual, en base a estas disposiciones, Aduanas nos señala que, no es aceptable que se inicie un reclamo en contra de una multa impuesta como consecuencia de una denuncia aduanera, invocando normas del Código Tributario, máxime cuando existe la Ordenanza de Aduanas, cuerpo legal que regula las materias y procedimientos administrativos y judiciales aduaneros. En efecto, pone de manifiesto al Tribunal que, no se trata de un simple error en la norma, sino del ejercicio de una acción improcedente para el caso. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 5 Forma cómo se configura la infracción objeto de la denuncia N° 863882: Que, sin perjuicio de la alegación expuesta en los párrafos anteriores, la administración aduanera señala que la Ley N°19.913, establece en su artículo 4° la obligación de informar a todo aquél que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Además, esta norma, dispone que dicha información debe ser recabada directamente por el Servicio Nacional de Aduanas y remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero. A su turno, añade que, el artículo 39 del mismo texto legal -modificado por la Ley N° 20.818 (D.O. 18.02.2015)- prescribe que la infracción de lo dispuesto en el artículo 4° estará sujeta al control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, el cual podrá aplicar a la persona que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador y que no los hubiere declarado, una multa a beneficio fiscal de hasta el 30% de la moneda en efectivo o del valor de dichas monedas o instrumentos no declarados. Adicionalmente, agrega que esta misma norma dispone que para los efectos anteriores, la Aduana puede retener el 30% de la moneda en efectivo o el 100% de los instrumentos negociables al portador no declarados. Así, en este contexto, nos indica, el Servicio Nacional de Aduanas tiene el deber de fiscalizar que las personas informen si portan o transportan moneda sobre US$10,000. -, cada vez que ingresan o salen del país y, luego, está obligado a transmitir tal información a la Unidad de Análisis Financiero, a fin de que dicha institución de cumplimiento a las funciones que le encomienda la ley. Ahora bien, nos indica que, de la lectura del reclamo se advierte que la actora reconoce que efectivamente traía entre sus pertenencias sumas de dinero en efectivo y que superaban los US$40.000.-; sin embargo, omitió, según a su entender, deliberadamente, declarar que ingresaba al país tal cantidad de efectivo, toda vez que en la Declaración Jurada ADUANAS-SAG y que suscribió, señaló que: "NO traigo al país (Chile) más de US$10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas en efectivo, o instrumentos negociables al portador por montos superiores al señalado.". Que, a juicio de Aduanas, con la concurrencia de estos hechos se configura la infracción prevista en los artículos 4° y 39 de la Ley N°19.913, toda vez que la reclamante no informó que traía consigo más de US$10,000. - en dinero efectivo y, en estricto rigor, faltó a la verdad, negando tal situación al momento de su declaración. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 6 Ahora bien, nos indica Aduanas que, en este punto debemos hacer presente que la norma impone la obligación de informar “a quien importe o transporte” moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador por sobre el monto señalado. En consecuencia, añade que, del propio tenor de la ley se evidencia que es irrelevante determinar de quien es la propiedad del dinero que se transporta. Así, a su entender, el legislador no exige a la administración aduanera que investigue quien es el dueño del dinero que ingresa o sale del país. Ese antecedente es considerado por otras instituciones que pueden eventualmente intervenir en forma posterior a la denuncia realizada por Aduanas. De esta forma, agrega que, la actora se equivoca cuando alega que producto de un “error” no declaró. Asegura al Tribunal que, dicho argumento es, absolutamente, irrelevante para estos efectos. Lo que importa y debe considerarse es que el señor Cevallos “portaba” una suma equivalente a los US$40,000.- en dinero en efectivo, sin haberlo declarado al momento de su ingreso al país. Ese sólo hecho constituye la hipótesis de la norma y provoca que se configure la infracción descrita. Legalidad en la imposición de la multa reclamada: Dentro de todo este contexto, Aduanas nos manifiesta que, la actuación administrativa desplegada por los fiscalizadores se llevó adelante con estricta sujeción a la ley al momento de imponer la multa reclamada. Al respecto, nos indica que, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley N°19.913, modificado por la Ley N° 20.818 (D.O. 18.02.2015), la imposición de la multa definitiva se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero de la Ordenanza de Aduanas, que corresponde al procedimiento administrativo infraccional. De esta forma y cumpliendo con el procedimiento legal contemplado en el artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas, se citó a la denunciada a una audiencia, que se llevó a efecto el día 13 de septiembre de 2016, en las dependencias de la Dirección Regional de Aduana Metropolitana. En ese acto, el señor CEVALLOS, asistido por su abogado, señor LUIS COMTE, presentó descargos, argumentando, solo que "por error no indicó en la Declaración Jurada Aduana-Sag que portaba más de US$10.000 americanos '', según se aprecia, nos dice Aduanas, en el Acta N° 037, suscrita por la reclamante. Que, a la luz de dicha defensa, Aduanas consideró que tales argumentos eran insuficientes para absolver, conforme se ha explicado anteriormente, por lo que se procedió a aplicar la multa. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 7 En este punto, agrega Aduanas, es necesario precisar que el mismo inciso final del artículo 39 de la Ley N°19.913, establece que, para efectos de imponer la multa definitiva, se excluye lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas. En lo pertinente, el inciso 4° del artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas, preceptúa: "Si acepta la existencia de la infracción, se aplicará una multa no superior al 10% de la máxima legal y se emitirá el giro comprobante de pago o el documento que haga sus veces.”. Es decir, con la exclusión expresa de la aplicación de dicho inciso, el legislador de la Ley N° 19.913, impide la figura del "allanamiento", que permite la rebaja de la multa. De allí entonces, que el Administrador de audiencias carece, en estos casos especiales de tal facultad. Por esta razón, nos señala, se aplicó la multa procedente conforme a la ley y normativa reglamentaria y que es aquella que corresponde a las denuncias sin allanamiento, esto es, sin rebajas. Así las cosas, Aduanas plantea que, la formulación de la denuncia como la imposición de la multa se ha ajustado a la normativa legal y reglamentaria, aplicándose correctamente la multa cursada. Conforme a todo lo anterior, solicita se rechace el reclamo de autos, con costas. Cuatro. A fojas 86, ante la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre las partes, el Tribunal recibió la causa aprueba, resolución que fue recurrida por Aduanas, según da cuenta el recurso de reposición y apelación en subsidio, deducido a fojas 89 y siguientes. Quinto. A fojas 113 se citó a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a fojas uno y siguientes comparece don LUIS COMTE NARANJO, Abogado, en representación judicial de don JHON MAXIMILIANO CEVALLOS MURILLO, deduciendo reclamo, según lo dispuesto en el numeral 1° y 2° del artículo 161 del Código Tributario, en contra de la “Denuncia” N° 863882, de fecha 31 de agosto de 2016, emitida por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas, a través de la cual, se sancionó a su representada por la conducta infraccional dispuesta en el artículo 4° de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho, los cuales se han expuesto en la primera parte de esta resolución. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 8 SEGUNDO: Que, en su escrito de reclamo, la actora acompañó los siguientes antecedentes probatorios: 1. Acta N° 037, la cual se reclama. 2. Copias de 29 facturas desde el correlativo número 163 al número 191 del proveedor TURISMO VUELA CLUB AMALIA PORRAS CHAVEZ E.I.R.L. RUT 76.515.616-5 3. Copias de 29 facturas desde el correlativo numero 261 al número 289 del proveedor TURISMO VUELA CLUB AMALIA PORRAS CHAVEZ E.I.R.L. RUT 76.515.616-5 Que, ninguno de estos documentos fue objetado por la parte contra la cual se presentó. TERCERO: A fojas 69 y siguientes, comparece el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, representada por su abogada, evacuando el traslado conferido respecto del reclamo interpuesto en su contra, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, en virtud de los presupuestos de hecho y de derecho que desarrolla en su presentación, los cuales hemos reproducido en la primera parte de la presente resolución. CUARTO: Que, en escrito de fecha 19 de mayo de 2017, la reclamada acompañó los siguientes antecedentes como parte de su prueba: 1. Copia simple de la “Declaración Jurada Aduana- SAG” de Jhon Cevallo Murillo, de fecha 30.08.2016, donde declara "NO" traigo al país (Chile) más de US$10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas en efectivo o instrumentos negociables al portador por montos superiores al señalado. 2. Declaración Jurada Aduana - SAG de doña Briggitt Porras Chávez, de fecha 30.08 .2016, donde declara "Sí" traigo al país (Chile) más de US$10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas en efectivo o instrumentos negociables al portador por montos superiores al señalado. 3. Declaración de ingreso de porte y transporte de efectivo N°242661, formulario de la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas , firmado por el infraccionado Sr. Cevallos. 4. Declaración de ingreso de porte y transporte de efectivo N°242660, formulario de la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas, firmado por la declarante Sra. Porras. 5. Comprobante de retención N°175018, de fecha 31.08.2016, firmado por el infraccionado. 6. Formulario de denuncia N° 863882. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 9 7. Copia cédula de identidad del Sr. Jhon Cevallos. 8. Copia de Acta N° 037, de 13 de septiembre de 2016. Que, ninguno de estos documentos fue objetado por la parte contra la cual se presentó. QUINTO: Que, conforme aparece de los escritos de reclamo, fojas 1 a 5, como de la correspondiente contestación por parte del Servicio Nacional de Aduana, de fojas 69 a 78, podemos establecer que no ha sido objeto de controversia en el período de discusión: a) Que, el Servicio Nacional de Aduanas, Dirección Regional Metropolitana, emitió la Denuncia N° 863882, de fecha 31.08.2016, en contra de la reclamante, por infracción a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.913, fundado en que éste ingresó al país, el día 30.08.2016, por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, portando dinero en efectivo que excedía los US$10,000. -, según el siguiente detalle: $40.000 dólares americanos, los cuales no declaró. b) Que, conforme a lo anterior, según consta a fojas 100, el Servicio de Aduanas retuvo la suma de USD$12.000, correspondientes al 30% del total del dinero no declarado, informando de lo anterior a la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. c) Que, con fecha 31 de agosto de 2016, se realizó la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas, con la comparecencia del reclamante de autos, quien rechazó la multa impuesta. Con todo, consta en el acta que, Aduanas aplicó, en definitiva, la multa, sin allanamiento, de $12.000, o su equivalente a pesos chilenos, $7.979.280. SEXTO: Que, conforme a las alegaciones de las partes en la etapa de discusión del proceso, a fojas 37, se fijó el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido: “Efectividad que los hechos denunciados tipifican la infracción descrita en los artículos 4 y 39 de la ley N° 19.913, a la época de acaecimiento de los hechos que han dado curso a la denuncia reclamada. Hechos y circunstancias que lo acreditan”. Sin embargo, a propósito del recurso de reposición de Aduanas, que rola a fojas 89, en resolución que resolvió dicha impugnación, rolante a fojas 91, el Tribunal acogió la modificación propuesta por la administración aduanera, quedando el punto de prueba del siguiente modo: “Efectividad que los hechos denunciados tipifican la infracción descrita en los artículos 4 y 39 de la ley N° 19.913, a la época de acaecimiento de los hechos que han dado curso a la denuncia y multa reclamada. Hechos y circunstancias que lo acreditan”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 10 NORMATIVA APLICABLE: SÉPTIMO: Que, el artículo 4° de la Ley 19.913 dispone que: “El deber de informar previsto en el artículo precedente será también exigible a todo aquél que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas”. Agregando en su inciso 2° que: “En estos casos, la información será recabada directamente por el Servicio Nacional de Aduanas y remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero”. OCTAVO: Que, por su parte, el artículo 39 de la misma ley prescribe lo que se indica a continuación: “La infracción de lo dispuesto en el artículo 4° estará sujeta al control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, el cual podrá aplicar a la persona que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador y que no los hubiere declarado, una multa a beneficio fiscal de hasta el 30% de la moneda en efectivo o del valor de dichas monedas o instrumentos no declarados, y tomará en especial consideración, el monto de los valores no declarados. Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, el Servicio Nacional de Aduanas podrá retener el treinta por ciento de la moneda en efectivo o el cien por ciento de los instrumentos no negociables al portador no declarados. En caso de oposición a la retención, los funcionarios del Servicio podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y en el Título VI, ambo de la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas. La retención establecida en este artículo deberá ser notificada a la persona en el mismo acto, haciendo mención expresa y por escrito de los hechos que la constituyen, de las normas infringidas, la identificación de la persona a la que se ha efectuado la retención, la sanción que podría ser impuesta y los demás hechos fundantes que dieron lugar a la retención. La imposición de la multa definitiva o la reclamación de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero de la Ordenanza de Aduanas, salvo lo que dispone el inciso cuarto del artículo 185 del mencionado cuerpo legal”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 11 NOVENO: Que, a mayor abundamiento, podemos advertir que en uso de las facultades interpretativas que entrega la ley al Director Nacional de Aduanas, dicha autoridad ha regulado a través del Oficio Circular N° 561, de 21.11.2006, la “declaración de moneda ante la Aduana”, en donde se establece en su artículo 2.1, justamente, la obligación de “informar al ingreso al país”, para toda persona, aquellas sumas de dinero en efectivo que sobrepase los $10.000 dólares de los Estados Unidos de América. A su vez, el artículo 2.3, que instruye respecto a las sanciones a dicha obligación, dispone: “La omisión de la obligación de informar al ingreso o salida del país, se considera como una infracción menos grave, pudiendo ser sancionada con amonestación y multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento. Se tomará en especial consideración para la aplicación de la sanción el monto de lo no declarado, no pudiendo la multa, en caso alguno, superar el 30% de dicho monto. Corresponde a la UAF aplicar las sanciones por concepto de omisión del deber de informar, tanto al ingreso como a la salida del país. Para lo anterior, la Aduana deberá exigir que se complete el formulario y, cuando lo remita a la UAF, deberá hacer presente que se trata de una declaración no voluntaria”. Asimismo, mismas instrucciones fueron confirmadas en el Oficio Circular N° 376, de 21 de noviembre de 2008. DÉCIMO: Que, respecto a la instancia de imposición de la multa, el artículo 185 de la Ordenanza de Aduanas prescribe que: “Los funcionarios de Aduana que, en el ejercicio de su labor fiscalizadora, detectaren una contravención, la harán constar por escrito, señalando de manera precisa los hechos que la constituyen, la individualización de la persona a quien se le impute, la norma infringida, la sanción asignada por la ley y los demás datos necesarios para la aplicación de la multa a que diere lugar. En esta actuación los funcionarios tendrán la calidad de ministros de fe. El infractor será citado a una audiencia para día y hora determinados, dentro de los diez días siguientes a su notificación, la que podrá hacerse personalmente, por carta certificada o de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de esta Ordenanza. La notificación por carta certificada se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente de aquél en que sea expedida. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 12 Si la persona citada concurriere a la audiencia representada, el mandato deberá constar por escrito, salvo que se tratare de auxiliares debidamente reconocidos de despachadores, los cuales se entenderán autorizados para comparecer en representación de éstos, conforme al inciso segundo del artículo 204. La audiencia se llevará a cabo ante un funcionario especialmente designado para estos efectos, mediante resolución de carácter general, por el Director o Administrador de la Aduana respectiva. El citado podrá efectuar sus alegaciones verbalmente o por escrito. Si acepta la existencia de la infracción, se aplicará una multa no superior al 10% de la máxima legal y se emitirá el giro comprobante de pago o el documento que haga sus veces. De lo obrado se levantará acta en la que se hará constar el allanamiento, la multa aplicada y la declaración de que el infractor renuncia a todo recurso o reclamo posterior. El acta será firmada por el funcionario y el afectado, a quien se entregará copia de la misma”. DÉCIMO PRIMERO: Que, en este contexto, el artículo 186 de la Ordenanza de Aduanas establece que: “Si el citado no concurriere a la referida audiencia o en ella rechazare la existencia de la infracción o su responsabilidad en la misma, se resolverá discrecionalmente si se aplicará la multa, con el mérito de los antecedentes que existan. En caso de aplicarse la multa, no podrá imponerse un monto inferior al 10% de la máxima legal. En el acta se dejará constancia de la falta de comparecencia o, en su caso, del rechazo formulado por la persona citada, de lo resuelto, de los hechos fundantes de tal decisión, y de la circunstancia de haberse informado al infractor que haya concurrido sobre su derecho a reclamar de la multa de conformidad a los incisos siguientes. El afectado por la multa que se hubiere aplicado podrá reclamar, fundadamente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de realización de la audiencia respectiva, ante la el Tribunal Tributario y Aduanero, el que conocerá de acuerdo al procedimiento contenido en el artículo siguiente. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior sin que se reclame, se procederá a emitir el giro comprobante de pago correspondiente”. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 13 DÉCIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, y respecto a la multa cursada, el artículo 70 de la Ordenanza de Aduanas, dispone en su inciso segundo que: “La equivalencia entre esta moneda y otras monedas extranjeras será la que para tal efecto fije el Banco Central de Chile, vigente al momento de aceptación de la respectiva declaración”. A su vez, el artículo 95 del mismo cuerpo legal, prescribe que: “Las sumas que deban pagarse se determinarán con el tipo de cambio vigente a la fecha del pago que, para este efecto, con carácter general, fije el Banco Central de Chile (…)”. En este contexto, el Decreto N° 309, de 1990, del Ministerio de Hacienda, que establece la equivalencia entre el dólar y de los Estados Unidos de América y otras monedas extranjeras para efectos de lo dispuesto en la Ordenanza de Aduanas, dispone en su artículo 1, que la equivalencia “será aquella que hubiere publicado el Banco Central de Chile, el penúltimo día hábil bancario del mes anterior a la fecha de aceptación a trámite de la correspondiente declaración de importación”. EN CUANTO AL FONDO: DERECHO A LA ACCIÓN: DÉCIMO TERCERO: Que, respecto a la primera línea de defensa de la reclamada, nos dice que la acción intentada por la actora es “improcedente”, toda vez que el líbelo se funda en los dispuesto en los numerales 1° y 2° del Código Tributario, y que regula el Procedimiento General de Aplicación de Sanciones, el cual, no se relacionaría con la materia debatida en estos autos. En efecto, debemos indicar que lo afirmado por la administración aduanera es correcto. En este sentido, la actora comete un “error procesal”, al equivocar el medio a través del cual dirige su pretensión ante este Tribunal. Sobre el particular, debemos mencionar que el legislador, ha regulado, expresamente, la acción y la vía procesal a través del cual debe reclamarse las multas que se generan a propósito del procedimiento administrativo sancionatorio que contempla el artículo 4°, en relación, al artículo 39 de la Ley N° 19.913, cuyas normas se remiten, claramente, al artículo 186 de la Ordenanza de Aduanas. DÉCIMO CUARTO: Que, ante la presencia de este “error procesal” por parte de la reclamante, este Tribunal debe recordar que el derecho a la acción –junto a la controversia jurídica y la jurisdicción- constituye un requisito de existencia, validez y eficacia del proceso judicial, sin los cuales, el proceso no existe y su veredicto no adquiere vida jurídica. A mayor abundamiento, ante la falta de “acción”, como ocurre en la especie, la actora carece del derecho a impulsar la jurisdicción y, así, obtener la decisión del órgano jurisdiccional. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 14 Más aún, el derecho de accionar es por naturaleza concebida como una potestad amplia en lo que se refiere a los hechos o conflictos que se han de poner en conocimiento del órgano jurisdiccional, mas ello no justifica presentaciones carentes de fundamento jurídico o relevancia idónea para que sea conocida por el tribunal. DÉCIMO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior y sin que resulte contradictorio, éste órgano jurisdiccional, en razón de su mandato constitucional y legal, pasará a pronunciarse respecto a la alegación y pretensión de la reclamante, en razón de la regla de inexcusabilidad contenida en nuestra legislación. EN CUANTO AL FONDO: IMPOSICIÓN DE LA MULTA RECLAMADA. DÉCIMO SEXTO: Que, atendida la naturaleza de la infracción materia de autos es preciso señalar que la sanción pecuniaria perseguida en este proceso pertenece al ámbito del ius puniendi del Estado, siendo aplicables los principios del Derecho Penal pero de forma matizada pues no se está ante una norma penal propiamente tal, de forma que sus exigencias han de ser atenuadas ya que éstas han sido dispuestas en resguardo de la libertad personal, que constitucionalmente se cautela más rigurosamente que las demás garantías, (Tribunal Constitucional, Rol Nº480-2006; 27/07/2006), en virtud de lo cual el estándar de convicción exigible en materia penal, en el cual el Tribunal sólo puede dictar sentencia condenatoria si adquiere convicción más allá de toda duda razonable, no es asimilable a aquel aplicable en estas materias sancionatorias administrativas en que dichos principios permiten ser aminorados considerando la sanción y los bienes jurídicos cautelados. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en el presente caso, conforme consta en el libelo de fojas 1 Y siguientes, la actora no controvierte que al ingresar a Chile portaba una suma superior $10.0000 dólares de los Estados Unidos de América, en la especie, según el formulario de declaración, rolante a fojas 99, señala que declaró que portaba USD$40.000, los cuales no declaró, en primera instancia, en el formulario SAG/ADUANAS, rolante a fojas 97, hecho que constituye el elemento base de la infracción que se le imputa, y solo funda su reclamo en señalar que no declaró en razón de entender que dicha obligación no la cumplió, ya que a su entender, el monto ingresado debe ser dividido entre ella y su marido. En efecto, de acuerdo al documento presentado por la reclamada, esto es, la “declaración de ingreso de porte y transporte de efectivo N° 242661”, que rola a fojas 99, la reclamante acepta y reconoce, a través de su firma ante el fiscalizador de Aduanas, que portaba la suma de dinero, que a continuación se detalla: $40.000 dólares americanos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 15 DÉCIMO OCTAVO: Que, en este contexto, podemos verificar la conducta infraccional de la denunciada, el cual es, justamente la conducta tipificada en el artículo 4° de la Ley N° 19.913, esto es, “la no declaración de portar más de USD$10.000”.- no fue declarado debido a que, según sus dichos, “por un error involuntario no declaró”, siendo ésta acción u omisión, en consecuencia, el elemento esencial para determinar si procede o no la sanción asociada a dicha conducta tipificada por el legislador. DÉCIMO NOVENO: Que, en este sentido, es importante tener en consideración que la presente infracción se encuentra contemplada en la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, por lo que dentro del marco de creación de una institución especializada y con funciones apropiadas para la prevención y control del lavado o blanqueo de activos se establece esta figura infraccional que sanciona a quienes no declaren a su ingreso o salida del país los dineros que porten consigo, obligación que sólo resulta aplicable cuando el monto del dinero que porta el viajero excede la suma de US$10.000, estableciéndose la tarea de fiscalización al Servicio de Aduanas, a través de un procedimiento de detección ante la infracción, denuncia y aplicación de la conducta y sanción respectiva, como, asimismo, de comunicación de las declaraciones que efectúen los particulares en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4° de la citada Ley 19.913. VIGÉSIMO: Que, la actora, en su defensa y para alegar su inocencia respecto a los hechos que Aduanas considera ha infringido, nos ha señalado, para desvirtuar la conducta infraccional que: 1) Su viaje era para “pagar facturas”, por tal motivo, los dineros encontrados bajo su posesión al ingresar al país “no fueron declarados”, por lo cual, a su entender, no se cumplen los requisitos que configura el tipo infraccional que describe el artículo 4 de la Ley 19.913; 2) Que, en el proceso administrativo de imposición de multas, habría vulnerado lo dispuesto en los numerales 1° y 2° del artículo 161 del Código Tributario, al considerar la multa “excesiva”, a pesar de que solo cometió un error por ignorancia de la normativa que le obligaba a declarar los dineros; y, 3) Que, el proceso de infracción de estos autos y la multa cursada conculcan sus derechos, por lo cual, pide sea dejada sin efecto, o bien sea rebajada. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, respecto a la defensa de la actora, este Tribunal ha revisado y analizado las probanzas aportadas y producidas por la autoridad aduanera para desvirtuar la inocencia de la actora, en especial, la Declaración conjunta SAG/Aduanas y la declaración posterior que hiciera la denunciada, ambas ratificadas por su firma. También, ha considerado el testimonio aportado por don MAURICIO ANDRÉS CUETO SILVA, en audiencia testimonial celebrada el día 19.05.2017, con la sola concurrencia de Aduanas. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 16 En este contexto, el señor CUETO SILVA, declaró, bajo juramento, que: “Soy funcionario de Aduanas desde el mes de octubre del año 2012, comenzando a desempeñarme en el subdepartamento posta...El 31 de agosto de 2016, en jornada de turno, el subdepartamento de viajeros se acerca personal de investigaciones con dos personas, de nacionalidad peruana, ambas, sexo masculino y femenino, respecto a las cuales nos comentan, que se le ha realizado control de identidad y revisión corporal, encontrándoseles una cantidad de dinero indeterminada, y es así cuando tomo el proceso de fiscalización, junto a mi colega, Juan Meléndez, solicitando a los pasajeros su pasaporte y su declaración jurada, la cual debe ser llenada por toda persona que ingrese al país (sic)”. Continua su relato, a la luz del punto de prueba, señalando que “…En relación al anterior procedimiento que describí, le solicite los pasaportes y declaraciones juradas, la cual la mujer no había confeccionado, por lo cual, se le solicité que confeccionara el formulario, en el cual ella declara el dinero que traía consigo, solicitado el mismo documento, a don John Murilllo Cevallos, se verifica que él no declaraba el dinero que portaba, explicándole que independiente de la cantidad de dinero que porte al ingreso del país, la ley establece que “toda persona que ingresé con más de USD$10,000.- o su moneda equivalente a la moneda americana, debe ser declarado”; por lo que se le explicó que, del total de la cantidad que traía se iba a proceder a retener el 30% del dinero, a lo cual el alude y nos solicita confeccionar, nuevamente, el documento, esto es, la declaración jurada, la cual, por ningún motivo puede ser confeccionada en segunda instancia luego de iniciado un procedimiento de fiscalización. Posterior a eso, se realizó el conteo del dinero, que eran USD$40,000, de los cuales se retuvo el 30%. Posterior a eso, levantamos el acta de citación para que él señor Cevallos realice todos los descargos que él estimase pertinentes, culminando con el proceso de fiscalización. Interrogada la testigo por la abogada del Servicio: 1. Para que la testigo diga, dónde o cómo traía el dinero el señor Cevallos Respuesta: Una vez que personal de policía de investigaciones nos informa que el dinero venía oculto u adosado en el cuerpo de ambas personas y debido a la gran cantidad de dinero, este fue guardado en un bolso pequeño, el cual fue el que se fiscalizó, ya que las personas no podían traer dicho dinero ni en sus manos ni en sus bolsillos, debido a la gran cantidad, ya que el total del dinero que ambos portaban eran USD$80,000. –“. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 17 VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, respecto a los documentos acompañados por Aduanas, como parte de su prueba, podemos apreciar en aquellos que rolan a fojas 97 a 65, respectivamente, en particular, la Declaración Jurada Aduana-SAG, que la denunciada habría “completado”, la sección II, acápite b), referente a “Monedas / Instrumentos Negociables al Portador””, con la respuesta “NO”, esto es, declarando, juradamente, que no ingresaba al país más de USD$10.000 o su equivalente en otras monedas en efectivo, cuestión que, a todas luces, resultó ser contradictoria al momento de efectuarse la fiscalización de la cual fue objeto, como nos ha relatado el funcionario y testigo directo de los hechos que se le han imputado a la actora. Así, en base a la declaración del testigo directo y funcionario a cargo de la fiscalización, como de la declaración jurada que completó la actora al momento de arribar al país, podemos inferir y concluir que su intención era de “burlar” y “engañar” la acción fiscalizadora de Aduanas, pretendiendo ocultar altas sumas de dinero y, así evitar, la obligación legal de “declarar” conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.913, a pesar de haber tenido en consideración la infracción y, consecuentemente, la multa a la cual se exponía con su actuar, ya que como podemos verificar, al reverso de dicha declaración se encontraban las “instrucciones” de llenado de ese formulario, las cuales en su primera parte, esto es, en la letra b), detalla y explica, expresamente, la obligación de declarar sumas de dinero superior a los USD$10.000 o su equivalente, so pena de verse sometido a una pena de hasta el 30% de lo no declarado. De este modo, verificado el formulario y acta N° 242661, rolante a fojas 99, este Tribunal verifica que la denunciada reconoció que portaba un alta suma de dinero en moneda extranjera, superior a los USD$10.000.-, y acto seguido, procedió a firmar el comprobante de retención N° 175018, ante la autoridad aduanera, por un monto de USD$12.000, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 19.913. VIGÉSIMO TERCERO: Que, atendido lo anterior, podemos advertir que la actora pretendió evitar el deber y obligación de informar ante la autoridad aduanera, imposición exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Y, por lo tanto, la conducta de no informar descrita en la denuncia del Servicio de Aduanas, se encuentra sancionada con una multa a beneficio fiscal de hasta el 30% de la moneda en efectivo o del valor de dichas monedas o instrumentos no declarados, y tomará en especial consideración, el monto de los valores no declarados. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 18 VIGÉSIMO CUARTO: Que, respecto a esto último, la cuantía de la multa reclamada, se enmarca dentro de los límites establecidos en el inciso primero del artículo 39 de la Ley 19.913; ello, en razón a la propia declaración que firmó la declarante al momento de efectuarse su fiscalización, no aportando, la reclamante antecedente alguno que permita concluir la desproporcionalidad de ésta en relación con la infracción cometida. De este modo, este Tribunal llega a la convicción que, acreditada la infracción denunciada por el organismo fiscalizador, corresponde, de forma consecuente, confirmar la multa cursada. VIGÉSIMO QUINTO: Que, de la actividad probatoria desplegada por la parte reclamante, quien goza de una presunción de inocencia, conforme a lo ya indicado en el considerando décimo sexto, ha quedado demostrado en juicio -con las probanzas aportadas y reproducidas en juicio por la administración aduanera- el incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a que se encuentra sometido al momento de su ingreso al país, como lo es en el caso de marras. Que conforme lo anterior y del examen de los antecedentes allegados al proceso, este sentenciador se encuentra convencido de la verdad o efectividad de la concurrencia de los presupuestos del tipo infraccional contemplados en el artículo 4° y 39 de la Ley N° 19.913, ya que resulta evidente que el señor CEVALLOS MURILLO ha infringido la normativa legal y reglamentaria aplicable para el caso de autos. VIGÉSIMO SEXTO: Que, respecto a la actividad probatoria del presente juicio, cabe hacer presente que las probanzas ofrecidas por la reclamante carecieron de la pertinencia y verosimilitud para convencer al Tribunal respecto a su inocencia, a objeto de desechar la conducta imputada por Aduanas. Más aún, resulta improcedente la defensa e invocación de normas de orden civil y mercantil al caso de marras – supuesto pago de facturas-, dado que estamos en presencia de un tipo infraccional especial, de aquellos que la doctrina denomina “policía de frontera” que no guarda relación con la defensa esgrimida, menos aún, cuando ha intentado evitar, flagrantemente –como ha quedado demostrado en juicio-, la acción fiscalizadora de la administración aduanera. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por estas consideraciones, este Sentenciador, deberá confirmar la actuación administrativa sancionatoria llevada a cabo por Aduanas en contra de la denunciada de autos, por cuanto conforme lo establecido en el precedente décimo sexto considerando y del examen de los antecedentes del proceso y la prueba rendida por la reclamada, fundamentalmente, la documental de fojas 97 a 105, y el acta de audiencia testimonial, nos da cuenta de la conducta desplegada por el señor CEVALLOS MURILLO, concuerda con el tipo infraccional dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.913. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 19 VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en virtud de todo lo anteriormente desarrollado, examinadas las actuaciones de autos según lo ya establecido, apreciando los antecedentes del proceso de acuerdo a las reglas de la “sana crítica”, conforme lo dispuesto en el artículo 128 de la Ordenanza de Aduanas, de la aplicación del razonamiento jurídico y reglas de la lógica, como también por la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de los antecedentes de autos, es forzoso concluir que las actuación reclamada ha sido cursada bajo las normas legales y reglamentarias ya citadas; constatando, como consecuencia, que la reclamante es autora de la conducta imputada, resultando forzoso para este Tribunal, rechazar la defensa del señor CEVALLOS MURILLO, por lo que así se declarará y, por lo cual, se acogerá la petición de ADUANAS, en orden, de confirmar la denuncia y multa reclamada. Por tanto, en atención a lo anteriormente expuesto, fundamentos de hecho y de derecho, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4° y 39 de la Ley N° 19.913; artículos 70, 120, 128, 185, 186, 186 bis, 187 y 195 de la Ordenanza de Aduanas; artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y el Autoacordado sobre la forma de las sentencias y demás normas pertinentes; SE RESUELVE: I. NO HA LUGAR AL RECLAMO de fojas 1 y siguientes. En consecuencia, SE CONFIRMA la MULTA reclamada. II. SE CONDENA EN COSTAS a la reclamante, por no haber tenido motivos plausibles para litigar. Notifíquese la presente sentencia por carta certificada a la parte reclamante, y publíquese en forma íntegra en el sitio de Internet de este Tribunal. Dese aviso a los correos electrónicos registrados por las partes. Déjese testimonio en el expediente. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 20 Pronunciada por don JAVIER ALARCÓN ROJAS, Juez (S) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don CLAUDIO ALBORNOZ VENEGAS, Secretario Abogado (S) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Javier Eduardo Alarcón Rojas Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez(S) Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Javier Eduardo Alarcón Rojas, el 16-02-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación bf53777e-4825-44b5-8215-55ecc4c9ac07 Timbre Electrónico 2018-02-16T09:53:45-0300 FEA