Vulneración de derechos: artículo 19 N° 21 de la Constitución

1 “CBG INTERNACIONAL SPA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO ORIENTE” RIT: VD-15-00054-2025 RUC: 25-9-0000305-K Cuantía Neta UTM No Aplica Multa UTM No Aplica Reajuste UTM No Aplica Intereses UTM No Aplica Cuantía Bruta UTM No Aplica Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco. VISTOS: Que, a folios 1-5vta, con fecha 21 de marzo de 2025, comparece don DIEGO MESSEN GAETE, abogado, cédula de identidad N° 13.036.292-3, en representación de en favor de la sociedad CBG INTERNACIONAL SpA, empresa del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 77.223.611-5, ambos domiciliados en El Golf N° 40, piso 7, oficina 701, comuna de Las Condes, Santiago, quien, de conformidad a lo dispuesto en el en virtud de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, vengo en deducir RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE en favor de CBG INTERNACIONAL SpA -en adelante CBG o Contribuyente- por los actos realizados por la DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE DEL SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS -en adelante Servicio o SII- a fin de que el tribunal adopte, con la debida urgencia, todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la reclamante, los que han vulnerado las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (CPE), en relación con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 8 bis y artículo 8 ter del Código Tributario; y con lo señalado en los artículos noveno transitorio y decimocuarto transitorio, ambos de la ley Nº 21.210, complementado por el mediante el Decreto Supremo N° 420 de 30 de marzo de 2020 (Art. 1º Nº 6) y Decreto Supremo Nº 1156 de 07 de agosto de 2020; todo ello fundado en los antecedentes de hecho y derecho que pasa a exponer: A) Reclamo I LOS HECHOS 1. Señala que CBG INTERNACIONAL SpA, (en adelante CBG) es una empresa especializada en la búsqueda, diseño, creación y desarrollo de productos promocionales, packaging y material de marketing que cuenta con oficinas en Chile y en Perú. Sostiene que en su ejercicio comercial y ante la diferencia de impuestos determinada por el Servicio de Impuestos Internos se generó una deuda que fue devengada en los años 2022, 2023 y 2024, tal como consta en el Certificado de Deuda emitido por misma Tesorería General de la República. Deuda, que se generó principalmente por tratarse de un rubro que fue muy sensible en la época de pandemia (Covid-19), donde las actividades de promoción y marketing prácticamente se paralizaron. 2 2.- Indica que precisamente para los contribuyentes que se vieron expuestos a este período de alta complejidad, fue que se dictó la Ley 21.713, con el objeto de instar al cumplimiento tributario que había dejado pendencias importantes y situaciones de irregularidad impositiva en nuestro país. Dentro de estas medidas, se estableció un beneficio tributario para los contribuyentes que tuvieran deudas tributarias que hubieran vencido hasta el 31 de diciembre de 2023. En efecto, el artículo décimo tercero transitorio de la Ley 21.713 estableció que “(…) el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago…”. 3.- Agrega, que de este modo y ante la existencia de deudas vencidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 que tenía la recurrente, es que se solicitó al Servicio de Tesorería acogerse a dicho beneficio, cuestión que incomprensiblemente dicho organismo negó. La razón: supuestamente la CBG INTERNACIONAL SpA tenía una “anotación” (Anotación Tipo 5) que según la TGR no le permitiría realizar la condonación de las multas e intereses como el pago en las cuotas referidas en la norma. 4.- Aduce, que ante dicha circunstancia y la incomprensión de la recurrente, es que procedimos a enviar una solicitud escrita a misma TGR ya que pensábamos a que sólo se trataba de una imposibilidad técnica del sistema computacional. Por lo que con fecha 17 de marzo se envió a don Diego Lazen Jofré (Jefe Unidad de Cobro, Provincia Las Condes) una carta vía correo electrónico1 Correo donde se solicitaba que se dispusieran las medidas necesarias para poder acogerse a estos beneficios establecidas en la norma. Se hizo con la debida premura, ya que la propia normativa establece un plazo perentorio para hacer uso de este beneficio que huelga señalar, es el 21 de marzo del presente año. 5.- Manifiesta que uno de los principales fundamentos que se incoaron para esta petición fue las características propias de la normativa de excepción que fue dictada al alero de la ley de cumplimiento tributario. A diferencia de las normas y reglas de condonación existentes hasta esa fecha, el legislador estableció en el articulado la obligatoriedad de otorgar este beneficio y no una mera facultad como lo establece el artículo 192 del Código Tributario. De este modo, cualquier requerimiento, anotación, bloqueo u otra circunstancia asimilable, no podían ser óbice para el otorgamiento en cuestión, ya que la otrora potestad había sido regulada como una necesidad jurídica, sin considerar las condiciones o circunstancias del contribuyente. 1 Correo de fecha 17 de marzo de 2025, 18:22 enviado de la casilla [email protected] 3 6.- Sin embargo y pese a que la norma es inequívoca sobre dicho respecto, alega que la TGR insistió incomprensiblemente en su negativa. En efecto, luego de ser remitida la presentación escrita a que hemos aludido, el Sr. Lazen solicitó a la abogada doña María Paz Valdivia, funcionaria de la misma Tesorería, que emitiera una opinión sobre este respecto ante el sustento fáctico y jurídico que habíamos postulado. La Sra. Valdivia señaló, en lo sustantivo, que la negativa o exclusión del beneficio correspondía “al tipo 5 del SII. Por lo tanto, es el propio ente girador quien tiene la facultad de levantar dichas marcas, ya sea de forma temporal (para efectos del convenio) o definitiva. TGR carece de facultades para intervenir en este asunto”. En vista de lo anterior, sugiero que la solicitud sea dirigida directamente al Servicio de Impuestos Internos” 7.- Dice que de esta forma es que CBG INTERNACIONAL SpA se dirigió al SII con el objeto de obtener que esta “anotación” fuese liberada para que “el sistema” de Tesorería pudiera otorgar el beneficio obligatorio en referencia. 8.- Expone que, en una primera instancia, el consultor y auditor de CBG, Camilo Bravo acudió al SII mediante lo dispuesto el en Art. 8 bis del Código Tributario (Recurso de Resguardo) solicitando, precisamente que se autorizara el levantamiento de la anotación, pidiendo, a su turno, que se diera respuesta en el plazo sumarísimo que la misma norma establece, en consideración a que el plazo para acogerse al beneficio cada vez se acercaba. Doña Karen Reyes Venegas, Jefa Grupo N° 6 del Departamento de Fiscalización N° 2 del XV D.R.M. Oriente, adoptando una postura similar a la de Tesorería, señaló: “Junto con saludar, le comento que no será posible anular la anotación que registra el contribuyente de acuerdo a su solicitud, pues bien, es necesario continuar con la revisión de antecedentes requeridos y subsanar en lo posible las observaciones y situaciones pendientes de la sociedad…”2 Nunca se señaló en forma precisa o explícita en qué consistía dicha anotación o cuál era el “proceso de fiscalización” que debía “continuarse” o el escenario cierto que había servido de fundamento para adoptar una decisión como la que se adoptó. 9.- Alega que sin perjuicio de aquello, de todas formas se intentó nuevamente e insistió mediante una petición por correo electrónico a la Sra. Reyes, pero hasta la fecha de la presente interposición, no hemos tenido respuesta y el plazo perentorio para acogernos al beneficio, está a sólo un día de expirar. 10.- En definitiva, declara que el contribuyente pese a cumplir con los requisitos de la norma transitoria en análisis, no le ha sido otorgado un beneficio legal para el pago de su obligación tributaria; negativa que además de haber sido contrario al texto mismo de la normativa precitada ha sido motivada por una “Anotación” por parte del Servicio de Impuestos Internos el que no ha sido eliminado para poder acceder al sistema de condonación de la TGR, sin una justa causa o razón que al menos hubiere permitido al contribuyente conocer el porqué de aquella o cómo pudiera solucionarla. II. EL DERECHO 2 Correo electrónico de fecha 17 mar 2025 a las 3:29 p.m. enviado por [email protected] 4 11.- Indica que el reclamo por vulneración de derechos del contribuyente establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo, incurridos por parte del Servicio de Impuestos Internos. A. DEL PLAZO PARA CONCURRIR POR ESTE RECLAMO 12.- Tal como lo señaló la recurrente, la petición que hiciera el contribuyente con el objeto que fuera eliminada la anotación que impide acceder al beneficio materia de este reclamo, fue el 18 de marzo del presente año, donde en una primera etapa a sido respondida negativamente sin ningún fundamento para luego omitir un pronunciamiento ante la insistencia que se hiciera sobre aquello. En especial, teniendo en contemplación la urgencia y necesidad por el cual se solicitó. B. EL ACTO QUE SE RECURRE ES ILEGAL 13.- Tal como lo ha expuesto en el capítulo I del presente Recurso, el beneficio establecido en el artículo 13° transitorio de la Ley 21.713 es obligatorio para la TGR y no puede condicionarse al cumplimiento tributario del contribuyente; a sus circunstancias o características a diferencia de lo que ocurre con otros cuerpos legales o lo establecido en el propio Código Tributario apropósito del otorgamiento de condonaciones por obligaciones tributarias vencidas. En efecto, tal como se ha mencionado supra, el legislador no enmarcó el otorgamiento de estos beneficios en la necesidad jurídica ineludible en su otorgamiento. Basta el mero análisis de la redacción de la norma para poder concluir dicha circunstancia: “el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades”. 14.- Ahora bien, señala que tal como ha sucedido en la especie, ha sido el Servicio de Impuestos Internos la que ha originado la causa o argumento que ha tenido la Tesorería para no haber accedido al beneficio. Anotación, que claramente se ha transformado en una suerte de sanción, fuera de los supuestos e hipótesis establecido en el Código Tributario, lo que redunda en el desconocimiento de lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución de la República, en el sentido que los ´órganos de la administración deben someter su actuar a la constitución y las leyes, por lo que en el caso que sea una norma de rango legal la que instituye una obligatoriedad de actuación, su desconocimiento, por cierto, acarrea la ineficacia de dicha circunstancia. Por lo que el órgano no podía desconocer dicho imperativo ya que en su seno consecuencia en un quebrantamiento al principio de legalidad que precisamente estas normas de rango construccional establecen. 15.- Agrega que debe considerarse, a lo sumo, que la actuación que ha desplegado el SII, incluso tampoco encuentra amparo en las normas de fiscalización que tiene dicho organismo, el cual sólo puede recurrir a los establecido en los artículos 59 y siguientes donde en ningún caso está regulado o incluido como una facultad del Servicio establecer “anotaciones”, “bloqueos” o “impedimentos de hecho” que invadan el actuar del contribuyente o inhiban otro órgano de la administración -en 5 este caso TGR- de cumplir con su cometido u otorgar un beneficio obligatorio como es el establecido en el artículo 13 transitorio de la Ley en estudio. 16.- Por lo tanto, indica que al existir una solicitud de una contribuyente, cumpliendo con la exigencia normativa, esto es, que la obligación tributaria se hubiere vencido antes del 31 de diciembre de 2023, la Tesorería no podía negar el pago de la deuda debidamente reajustada, condonando los intereses y sanciones y otorgando las cuotas periódicas que la propia normativa establece. Y el Servicio tampoco podía desconocer la legítima posibilidad de alzar o eliminar dicha anotación lo que ha obstaculizado -o al menos, servido de argumento- para que dicha institución no otorgue el beneficio obligatorio. 17. En definitiva, manifiesta que una actuación realizada por un órgano de la administración que tiene un rango inferior a la ley, ha servido como herramienta derogativa del beneficio que ha pretendido la reclamante. C. EL ACTO QUE SE RECURRE ES ARBITRARIO. 18.- Indica que el requerimiento realizado por la recurrente, además de no encontrar un asidero en nuestro Ordenamiento Jurídico, es, a su turno, arbitrario, por encontrar su fundamento único en el mero capricho de la recurrida, en el sentido a querer forzar una situación basado en sostener una relación jurídica inexistente y no vinculante. 19.- En efecto, señala que se vislumbra una actitud displicente y arrogante del Servicio que buscan, mediante el empleo de consecuencias inadecuadas e irreflexivas, la privación de beneficios normativos como son los establecidos en el artículo 13° transitorio en estudio, sin una razón suficiente que permita haber negado aquél. Es más, incluso el SII pudo explicar o detallar cuál era la razón de esta negativa o a qué se debía esta denominada “anotación 5” que han aducido como razón suficiente para haber negado al contribuyente el acceso a los beneficios en referencia. No ha habido una exposición, de los fundamentos fácticos o jurídicos en que el solicitante pueda, al menos, comprender una razón como la incoada: sólo se ha limitado a señalar que se debe seguir los procesos de fiscalización. 20.- Sostiene que es de comprender que incluso habiendo tenido la facultad de negar el otorgamiento de este beneficio por parte de la TGR -cuestión que ya se dijo la norma no permitió tal discrecionalidad- por tratarse de un acto emanado de la Administración debía cumplir con los requisitos de motivación y oportunidad. En la especie, la motivación, que dice relación con el fundamento preciso que debe servir de motivo plausible para justificar el Acto Administrativo, ni siquiera fue explicado, detallado o justificado por Tesorería y mucho menos por el SII, donde sólo se dieron atisbos pero no un motivo razonable o racional que permitieran ser el sustento de la negativa que se produjo. Finalmente, la única motivación de esta “anotación” no tiene un arraigo conocido: las razones de su existencia; sus circunstancias, o características no tienen un mínimo asidero. Pero lo que es más grave aún, el contribuyente ni siquiera tuvo la oportunidad para poder solicitar su alzamiento o cuáles eran sus requisitos o condiciones para liberar dicha anotación, convirtiéndose, finalmente, en una sanción fáctica que se engendra en la sola voluntad de los recurridos. 6 21.- Asegura, que a todas luces, la pretensión de un órgano administrativo de querer o intentar derogar o modificar la exigencia normativa de rango legal, mediante un acto de carácter meramente administrativo, además de conculcar el principio de legalidad y la jerarquía de sus normas, se constituye en un acto caprichoso y irracional por no haber una condescendencia normativa y presuntuosa, tal como ha ocurrido en la especie. 22.- Sostiene, que a lo sumo de lo expuesto precedentemente, considerando que la ley otorgó un plazo perentorio para hacer uso de este beneficio, por lo que no es baladí el momento o la oportunidad para impedido u obstaculizado esta petición, ya que transcurrido el 21 de la normativa en análisis de marzo de 2025, la petición es estéril para los efectos de acogerse a los términos de la normativa en análisis. III. PRIVACIÓN, PERTURBACIÓN O AMENAZA EN EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. 1. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. (Artículo 19 N° 21 Constitución Política de la República) 23.- Tal como lo señaló, el acto arbitrario e ilegal, también ha vulnerando la garantía del artículo 19 Nº 21 de la Constitución, en cuanto a la alteración de las circunstancias económicas de manera forzada y arbitraria, como es el aspecto impositivo de una empresa, claramente repercuten en el normal y libre desarrollo de su actividad económica sin perturbación alguna. 24.- Agrega que la doctrina ha estimado este derecho como la facultad de toda persona de poder realizar y explotar cualquier actividad económica, salvo aquellas que fuesen contrarias a la moral, al orden público y la seguridad nacional. Básicamente, nos encontramos ante un derecho económico esencial que asegura la libertad de emprendimiento y de poder realizar negocios sin ningún tipo de obstáculo o entorpecimiento sin perjuicio de los límites impuestos por la ley3. Y, entre ello, sin duda se encuentra la libre elección del sistema tributario o el acceso a beneficios establecidos por ley, cuando se cumplan los requisitos que la propia normativa ha establecido al efecto. El privar de esta circunstancia que, por lo demás, en el caso de marras trasunta en el tener que enfrentar un pago superior de impuestos, claramente afecta a la situación patrimonial y económica de un individuo de carácter mercantil. 25.- Asimismo, relata que la misma jurisprudencia ha señalado en varias ocasiones que al realizar acciones que dificultan, entorpecen o derechamente alteran el buen funcionar de una empresa, ello atenta derechamente al desarrollo de cualquier actividad económica lícita. 2. El derecho de propiedad (Artículo 19 N° 24 Constitución Política de la República). 3 VERDUGO M, MARIO. PFEFFER U., EMILIO., y NOGUEIRA A., HUMBERTO. “Derecho Constitucional”. Ibid. P. 297. 7 26.- Señala que en el caso en cuestión, y con el objeto de no reiterar las circunstancias expuestas, es evidente que el no poder acceder a un beneficio de estas características que redunda en la condonación de multas e intereses de una obligación tributaria, máxime considerando que en general es sabido que por su naturaleza y devengamiento mensual (1,5%) se trasforma en la principal obligación del contribuyente a lo largo del tiempo, lo que redunda en un menoscabo de manera irremediable al patrimonio de aquél, por tener que hacer un desembolso sustancialmente más elevado que si se hubiera acogido a dicho beneficio. 27.- Expresa que para entender la pérdida económica que esta negativa implica, según da cuenta el Certificado de Deudas emitido por la propia TGR, sólo el perjuicio de no poder obtener la condonación de los intereses y multas de las deudas al 31 de diciembre de 2023 es de $45.458.184. Monto evidentemente que sería suprimido si se accediera a la condonación que se ha solicitado. Lo anterior, sin consideración a la legítima posibilidad que tendría de pagar la obligación neta reajustada, en cuotas de 48 meses, que también implica un alivio patrimonial invaluable. 28.- Por lo tanto, manifiesta que la concurrencia de una actuación ilegal y arbitraria de esta naturaleza, en el sentido de privar injustificadamente el acceso a un beneficio de estas características que se traduce en una liberación de una carga tributaria, es liberar al patrimonio de una deuda más abultada y por ende, precaver una menor disminución dineraria, que no se condice con la negativa de las instituciones recurridas. 29.- Finaliza señalando que el derecho de propiedad, por cierto, encuentra una clara identificación en un aspecto económico del contribuyente, por tener que desembolsar una suma bastante superior que hubiera sido si es que se SII no hubiera realizado esta “anotación” ceñido a la obligatoriedad normativa y no haber pretendido caprichosamente negar un derecho que se encuentra incorporado al conjunto de derechos del mismo solicitante. PETICIONES CONCRETAS DE LA RECLAMANTE Finalmente, la reclamante solicita tener por interpuesto el presente reclamo por vulneración del Derecho del Contribuyente, por los actos realizado por la DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE DEL SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS, en virtud de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, a fin de que el Tribunal adopte, con la debida urgencia, todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de CBG INTERNACIONAL SpA que principalmente consisten en haber sido objeto de una “anotación” que ha impedido acceder a un beneficio que la ley ha establecido en favor de los contribuyentes que tenían deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, cuestión que precisamente es el caso de mi representada. En todo caso, agrega tener presente que con el objeto de restablecer el imperio del derecho del recurrente no basta simplemente con acoger y declarar los supuestos concurrentes de la acción cautelar, sino que es necesario propender a que el Contribuyente pueda hacer uso del beneficio establecido en la norma, sin importar la época en que se resuelva la presente acción incoada, ya que existiría una evidente contradicción si es que el tribunal acogiera esta reclamación, pero solicitada a TGR, ésta pueda señalar que el 8 plazo para acceder a dicho beneficio se encuentra vencido. Considerando, por cierto, que el referido término vence con fecha 21 de marzo del presente año. Por ello, declara que la satisfacción del derecho amagado y por ende su restablecimiento, se constituye sólo si este Tribunal ordena que la franquicia sea aplicada por haberse incoado esta acción constitucional al momento de encontrarse vigente y habilitada la posibilidad de conceder el beneficio en estudio que, finalmente, es la petición por la cual concurro ante esta judicatura. B) Contestación al reclamo Que a folios 48-54vta, con fecha 09 de mayo de 2025 comparece don Miguel Fernández Guerra, abogado, por la parte reclamada, quien, estando dentro del plazo legal, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 156 del Código Tributario, contesta el traslado conferido, a fin de que en definitiva el reclamo por vulneración de derechos deducido por el contribuyente sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, confirmando las actuaciones de este Servicio, en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación pasa a exponer: I.- ANTECEDENTES El Servicio de Impuestos Internos señala que: 1.- Con fecha 03 de enero de 2025, el Departamento de Fiscalización N°2 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (D.R.M.S.O), registró dos anotaciones causal 52, las que dicen relación con proveedores irregulares y formulario 29 no declarado del período julio 2024, el que habría sido declarado y pagado recién el 07 de enero de 2025, fecha en que la sociedad contribuyente ingresa petición administrativa folio N°77325388199, solicitando levantamiento de anotación causal 52. 2.- A través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2025, la fiscalizadora del Grupo N°6 del Departamento de Fiscalización N°2, de la D.R.M.S.O., doña Susana Carrasco Flores, solicita antecedentes a la sociedad contribuyente, en relación a períodos con observaciones vinculadas a proveedores irregulares (anotación W39) y un Formulario 29 no declarado, enero de 2025. 3.- Actuando en representación de CBG INTERNACIONAL SPA, RUT N°77.223.611-5, con fecha 07 de marzo de 2025, don Cristóbal José Abud Cáceres, RUT N°13.923.517-7, a través del Sistema de Peticiones Administrativas (“SISPAD”), folio N°77325512791, interpone recurso de resguardo, solicitando se declare la improcedencia de las observaciones efectuadas sobre los Formularios F29 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2021, reconociendo la aplicación de la prescripción extintiva conforme a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario, ordenando su eliminación, dejando sin efecto anotación causal 52. 4.- Con fecha 12 de marzo de 2025, mediante Notificación N°177, notificada vía correo electrónico de igual fecha, se le requieren una serie de antecedentes, informando a la sociedad contribuyente, que se encuentra disponible el expediente electrónico N°9227793 para el aporte de la pertinente documentación. 5.- Mediante Resolución EX. N°888, de fecha 14 de marzo de 2025, firmada por la Directora Regional de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente de este Servicio, 9 notificada por correo electrónico en igual fecha, se resolvió no dar lugar a las pretensiones de la sociedad contribuyente. 6.- La reclamante presenta reclamo por vulneración de derechos, con fecha 24 de marzo de 2025, por: “los actos realizado por la DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE DEL SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS, en virtud de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, a fin de que este Tribunal adopte, con la debida urgencia, todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de CBG INTERNACIONAL SpA que principalmente consisten en haber sido objeto de una “anotación” que ha impedido acceder a un beneficio que la ley ha establecido en favor de los contribuyentes que tenían deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, cuestión que precisamente es el caso de mi representada.” 7.- El Tribunal Tributario confiere traslado a este Servicio, con fecha 28 de abril de 2025 en los siguientes términos: “A LO PRINCIPAL: Téngase por interpuesto reclamo bajo el Procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, contra la “anotación” (Anotación Tipo 5) aplicada a la sociedad contribuyente CBG INTERNACIONAL SpA, Rol Único Tributario número 77.223.611-5 por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos que le impide acceder al beneficio contemplado en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley 21.713 sobre cumplimiento tributario, confiérase TRASLADO por el término de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Tributario al Servicio de Impuestos Internos.” II.- FUNDAMENTOS DEL RECLAMO Indica que la reclamante afirma, sin indicar fecha cierta, que habría solicitado ante el Servicio de Tesorerías acogerse al beneficio establecido artículo decimotercero transitorio de la Ley 21.713, solicitud que habría sido rechazada por dicho Servicio - según expone la reclamante - en razón de una “anotación” (Anotación Tipo 5) registrada por el Servicio ya mencionado. Luego, señala que la exclusión registrada por el Servicio de Tesorerías en razón de la Anotación Tipo 5, tendría su origen en otra “anotación” efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, sin precisar a que anotación se refiere. Agrega que sobre la base de lo anterior, reprocha el accionar del Servicio de Tesorerías, a quien acusa de querer o intentar derogar o modificar la exigencia normativa de rango legal, mediante un acto de carácter meramente administrativo, que además de conculcar el principio de legalidad y la jerarquía de sus normas, se constituiría en un acto caprichoso y irracional. Hace extensivo el referido reproche al Servicio de Impuestos Internos, en consideración a las circunstancias descritas. Finalmente, alega la existencia privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente, aquellos consagrados en los Artículo 19 N°21 y N°24, en virtud de los fundamentos que se enuncian a continuación: - Artículo 19 Nº21 de la Constitución: Denuncia la supuesta ejecución de un acto arbitrario e ilegal, en cuanto a la alteración de las circunstancias económicas de manera forzada y 10 arbitraria, como es el aspecto impositivo de una empresa, claramente repercuten en el normal y libre desarrollo de su actividad económica sin perturbación alguna. - Artículo 19 Nº24 de la Constitución: Acusa que, al verse impedido de acceder al beneficio establecido en el artículo decimotercero transitorio de la Ley 21.713, beneficio que se traduce en la condonación de multas e intereses de una obligación tributaria, se produciría un menoscabo al patrimonio del contribuyente, al tener que efectuar un desembolso sustancialmente más elevado que si se hubiera acogido al beneficio en comento. Se hace presente que al comienzo de su escrito enuncia se habrían vulnerado las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (CPE), “en relación con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 8 bis y artículo 8 ter del Código Tributario; y con lo señalado en los artículos noveno transitorio y decimocuarto transitorio, ambos de la ley Nº 21.210, complementado por el mediante el Decreto Supremo N° 420 de 30 de marzo de 2020 (Art. 1º Nº 6) y Decreto Supremo Nº 1156 de 07 de agosto de 2020.” Sin embargo, más allá de lo señalado respecto de la normativa constitucional, no presenta fundamento alguno referente las demás normas que citadas. III.- FUNDAMENTOS CONTRA EL RECLAMO A.- RESPECTO DEL BENEFICIO DEL ARTÍCULO DECIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY N°21.713: Señala que de conformidad a la norma en comento, “excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.” Luego, finaliza el artículo estableciendo: “El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.” Declara que, a la luz de la propia norma, se verifica que será el “Servicio de Tesorerías”, el llamado a regular, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo decimotercero transitorio de la Ley 21.713. En este contexto, la imposibilidad de acceder al beneficio descrito, es el resultado de una determinación de dicho Servicio, y no del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, la “Anotación Tipo 5”, corresponde a una anotación registrada por el Servicio de Tesorerías, en virtud de la nomenclatura utilizada en la Circular N°119 de 2024, dictada por el propio Servicio de Tesorerías, no correspondiendo a una nomenclatura utilizada por el 11 Servicio de Impuestos Internos, Servicio que no tiene injerencia en los alcances de las instrucciones internas del Servicio de Tesorerías y que, al tenor del párrafo final del artículo decimotercero de la Ley N°21.713, no es el llamado a elaborar reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en el artículo en comento. Dicho lo anterior, dice que no resulta posible atribuir una vulneración de derechos al Servicio de Impuestos Internos, a consecuencia de la negativa del Servicio de Tesorerías para acceder al otorgamiento de un beneficio, el que se rechaza sobre la base de la regulación contenida en las instrucciones internas del propio Servicio de Tesorerías, en concordancia con el párrafo final del artículo decimotercero de la Ley N°21.713. B.- EN LO QUE RESPECTA A LA ANOTACIÓN CAUSAL 52 REGISTRADA EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Sostiene que sin perjuicio de que el reclamo de vulneración de derechos interpuesto en autos, no hace referencia alguna a la anotación causal 52, atendido el relato de la reclamante, y en relación los hechos enunciados en el primer apartado de la presente contestación, es posible entender - con certeza razonable - que el reproche hacia este Servicio apunta hacia dicha anotación. A este respecto, dice que es necesario establecer, con fecha 03 de enero de 2025, el Departamento de Fiscalización N°2 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (D.R.M.S.O), registró dos anotaciones causal 52, las que dicen relación con proveedores irregulares y formulario 29 no declarado del período julio 2024, el que habría sido declarado y pagado recién el 07 de enero de 2025, fecha en que la sociedad contribuyente ingresa petición administrativa folio N°77325388199, solicitando levantamiento de anotación causal 52. Posteriormente, alega que con fecha 07 de marzo de 2025, don Cristóbal José Abud Cáceres, RUT N°13.923.517-7, a través del Sistema de Peticiones Administrativas (“SISPAD”), folio N°77325512791, interpone recurso de resguardo, solicitando se declare la improcedencia de las observaciones efectuadas sobre los Formularios F29 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2021, reconociendo la aplicación de la prescripción extintiva conforme a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario, ordenando su eliminación, dejando sin efecto anotación causal 52. Aduce que mediante Resolución EX. N°888, de fecha 14 de marzo de 2025, firmada por la Directora Regional de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente de este Servicio, notificada por correo electrónico en igual fecha, se resolvió no dar lugar a las pretensiones de la sociedad contribuyente, en los términos que a continuación se reproducen: 12 13 Tal y como lo ha señalado, declara que la anotación causal 52 en el presente caso se relaciona con proveedores irregulares en 2024, la falta de declaración de IVA (Formulario 29) en el período enero de 2025 y en el incumplimiento de los requerimientos de antecedentes efectuados. Dichas circunstancias motivan las actuaciones de fiscalización y las anotaciones correspondientes, las cuales constituyen herramientas legítimas de control, conforme a las facultades que la ley otorga al Servicio de Impuestos Internos, y no suponen, por sí solas, una afectación arbitraria o ilegal de los derechos del contribuyente. A la fecha, este Servicio se encuentra a la espera de los antecedentes requeridos para, eventualmente, subsanar las observaciones que subsisten, y alzar la anotación causal 52, antecedentes que no han sido aportados por la sociedad contribuyente. 14 C.- LA RECLAMACIÓN DE AUTOS NO SE PRESENTA EN CONTRA DE LO RESUELTO POR LA DIRECTORA REGIONAL MEDIANTE RESOLUCIÓN EX. N°888, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025: Señala que al tenor del numeral 19° del artículo 8 bis del Código Tributario: “El contribuyente podrá presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de un acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse fundadamente. De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código. El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos del contribuyente.” Manifiesta que habida cuenta que la reclamante no ha deducido recurso en contra de lo resuelto mediante Resolución EX. N°888, de fecha 14 de marzo de 2025, se colige que ha optado por la alternativa de reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este Código. Sostiene que en el caso de marras, ello implicaría que el acto u omisión corresponde al registro de anotación causal 52, efectuado con fecha 03 de enero de 2025, le que se traduce en el plazo de 15 días establecido en el artículo 155 del Código Tributario ha transcurrido en forma íntegra, deduciéndose reclamo de forma manifiestamente extemporánea. En ese sentido, la reclamante indica: 15 Dice que al parecer se referiría a la solicitud efectuada ante el Servicio de Tesorerías, respecto de la anotación tipo 5, anotación que como ya se ha expuesto, no corresponde al Servicio de Impuestos Internos. D.- EL ACCIONAR DE ESTE SERVICIO NO VULNERA LOS NUMERALES 21 Y 24 DEL ARTÍCULO 19 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN: El Servicio de Impuestos Internos señala que: 1.- No existe acto ilegal y arbitrario realizado por este Servicio, en relación a la solicitud de acceder al beneficio del artículo decimotercero de la Ley N°21.713, puesto que la decisión emana de un Servicio distinto al Servicio de Impuestos Internos. Además, la decisión se alcanza de conformidad a las instrucciones internas del Servicio de Tesorerías en concordancia a lo dispuesto en el párrafo final del artículo decimotercero de la Ley N°21.713. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que la anotación causal 52 registrada por el Servicio de Impuestos Internos dice relación con la existencia de proveedores irregulares en 2024, la falta de declaración de IVA (Formulario 29) en el período enero de 2025 y en el incumplimiento de los requerimientos de antecedentes efectuados. Dichas circunstancias motivan las actuaciones de fiscalización y las anotaciones correspondientes, las cuales constituyen herramientas legítimas de control, conforme a las facultades que la ley otorga al Servicio de Impuestos Internos, y no suponen, por sí solas, una afectación arbitraria o ilegal de los derechos del contribuyente. 2.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, contenido en el numeral 21 del artículo 19 de nuestra Constitución, no se ve afectado en el caso de marras, en razón de que lo que se pretende es acceder a un beneficio excepcional, cuya aplicación es entregada al Servicio de Tesorerías, quien era el encargado de implementar la regulación, en los términos del párrafo final del artículo decimotercero transitorio de la Ley 21.713. Si dicha regulación es considerada arbitraria por el contribuyente, ello carece de relación con el Servicio de Impuestos Internos. 3.- No existe afectación del derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución, puesto que el otorgamiento de un beneficio excepcional, depende del cumplimiento cabal de los presupuestos establecidos por la ley, así como por las exclusiones que determine el Servicio de Tesorerías en el caso sub júdice, en 16 consonancia con el párrafo final del artículo decimotercero de la Ley N°21.713. Esto implica que ni la condonación ni el convenio de pago, son parte del patrimonio de la contribuyente, siendo sólo una mera expectativa, en tanto no se acepte por el Servicio de Tesorerías. En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 5 de agosto de 2010, Rol Nº1.452-09, ha señalado: “TRIGESIMOSEGUNDO: Que, así y a juicio de esta Magistratura, no puede sostenerse la existencia de un derecho de propiedad sobre beneficios tributarios, como el conferido por el inciso tercero del artículo 18 de la Ley N°19.578. En efecto, su concesión por la ley sólo da derecho a exigir que se materialice, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones que la misma ley ha señalado para su concreción. De allí que pueda sostenerse, válidamente, que el beneficio tributario involucrado en estos autos corresponde a una mera expectativa de derecho, cuya irrevocabilidad sería, por lo demás, incompatible con el ejercicio de la potestad tributaria del Estado en los términos ya explicados;” E.- ORDEN DE NO INNOVAR Y PETICIONES CONCRETAS DE LA RECLAMANTE: 1.- Con fecha 21 de marzo de 2025, último día último día para acceder al beneficio tributario contenido en el artículo decimotercero transitorio de la Ley N°21.713, se presenta reclamo de autos sin acompañar mandato judicial. 2.- La reclamante aporta copia de escritura pública de constitución de la sociedad reclamante, con fecha 24 de marzo de 2025, solicitando en igual fecha, ratificación de patrocinio y poder por videoconferencia. 3.- Con fecha 25 de abril de 2025, se autoriza patrocinio y poder. 4.- El Tribunal provee el escrito de reclamación el 28 de abril de 2025, resolviendo respecto de la orden de no innovar “AL SEGUNDO OTROSÍ: No ha lugar por ahora.” Es decir, encontrándose vencido el plazo para acceder al beneficio contenido en el artículo decimotercero transitorio de la Ley N°21.713. 17 5.- Sin perjuicio de lo anterior, señala que dentro de las peticiones de la reclamante, solicita que el Tribunal ordene la aplicación del beneficio fuera del plazo legal. 6.- En este contexto, hace necesario establecer que el fundamento constitucional de los beneficios tributarios, como el solicitado en autos, se encuentra en lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, N°1° de la Constitución Política que contempla, entre las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, las de “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión” En virtud de la dicha atribución exclusiva, se presenta proyecto concluye en la dictación de la Ley N°21.713, la que establece en su artículo decimotercero transitorio: “Artículo decimotercero.- Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta noventa días desde la publicación de la ley que modifica la ley N°21.713, en relación al concepto de abuso en materia tributaria y a la vigencia de algunas de sus disposiciones, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial. El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.” De esta forma, la recurrida sostiene que se verifica que nos encontramos frente a un plazo legal, motivo por el que, es posible afirmar que no es posible acceder a su petición, por cuanto excede las atribuciones del Tribunal, el llegar a modificar o prorrogar un plazo de esta naturaleza. Bajo la misma lógica, y agregando el hecho de que el plazo se encuentra vencido, la solicitud de la orden de no innovar carece de todo sentido y lógica. IV.- PETICIONES CONCRETAS 1.- Se tenga por evacuado el traslado conferido a este Servicio en autos. 2.- Se rechace íntegramente el reclamo por vulneración de derechos, confirmando que el actuar de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Interno se ajusta a derecho. 3.- Se condene en costas al reclamante. Finalmente, en mérito de los antecedentes de hecho y en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 del Código Tributario y demás disposiciones legales citadas, el Servicio de Impuestos Internos solicita tener por contestado el traslado conferido en autos, a fin de que en definitiva se rechace íntegramente el recurso intentado ser manifiestamente extemporáneo, y por 18 inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad e inexistencia de vulneración de derechos, con expresa condenación en costas. CONTENIDO Y DILIGENCIAS DEL PROCESO: Uno. A folios 1 y siguientes del expediente electrónico, consta escrito de reclamo interpuesto con fecha 24 de marzo de 2025. Dos. A folios 13 del expediente electrónico, rola resolución de fecha 23 de abril de 202, que decreta “previo a proveer, cúmplase con los requisitos de la ley 18.120, en el plazo establecido, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el reclamo/descargos. Tres. A folios 35 del expediente electrónico, mediante resolución de fecha 28 de abril de 2025, se tiene por interpuesto reclamo tributario por vulneración de derechos. Se confiere traslado al Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Santiago Oriente por el término de 10 días. Cuatro. A folios 48 a 54vta del expediente electrónico, rola escrito de 12 de mayo de 2025 presentado por el Servicio de Impuestos Internos quien evacúa el Traslado conferido respecto del reclamo interpuesto en su contra, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. Cinco. A folios 58, rola resolución de fecha 13 de mayo de 2025, que tiene por evacuado el traslado del reclamo en tiempo y forma por el Servicio Seis. A folios 70 del expediente de autos, rola acta audiencia de conciliación que se celebró con fecha 11 de junio de 2025, la que no se produce. Siete. A folios 75 del expediente electrónico, por medio de la resolución de fecha 26 de junio de 2025, se recibe la causa prueba Ocho. A folios 79 a 79vta del expediente electrónico, rola escrito de 03 de julio de 2025 presentado por la parte reclamante quien presenta lista de testigos y Oficio TGR de 03.07.2025. Nueve. A folios 81 del expediente electrónico, rola resolución de fecha 07 de junio de 2025, que resolvió tener por acompañada la lista de testigos señalada a folios 79 a 79vta. Diez. A folios 96 a 96vta del expediente electrónico, rola escrito de 11 de junio de 2025 presentado por la parte reclamante quien solicita reiterar documentos y acompaña documentos con citación. Once. A folios 127 del expediente electrónico, rola resolución de 11 de julio de 2025 que tiene por acompañados los documentos presentados por la parte reclamante en escrito de folios 96 a 96vta. Doce. A folios 149 del expediente electrónico, rola escrito de fecha 14 de julio de 2025, presentado por el SII en que acompaña documentos con citación. Trece. A folios 156 a 256vta del expediente electrónico, rola escrito de fecha 15 de julio de 2025, presentado por la parte reclamante quien repone en contra de la resolución de folios 127. Catorce. A folios 162 del expediente electrónico, rola resolución de 17 de julio de 2025 que decreta “No ha lugar” al escrito presentado por la reclamante de fecha 14 de julio de 2025, en folio 156-156vta. Quince. A folios163 expediente electrónico, rola resolución de fecha 17 de julio de 2025, que resolvió dar traslado al SII, de acuerdo a la presentación de la reclamante de folios 158 a 158vta. Dieciséis. Diecisiete. A folios 188, con fecha 06 de agosto de 2025, se cita a las partes a oír sentencia. 19 VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a folios 1 y siguientes del expediente electrónico comparece don DIEGO MESSEN GAETE, abogado, cédula de identidad N° 13.036.292-3, en representación de en favor de la sociedad CBG INTERNACIONAL SpA, Rol Único Tributario número 77.223.611- 5, ambos domiciliados en El Golf N° 40, piso 7, oficina 701, comuna de Las Condes, Santiago, quien de conformidad a lo dispuesto en el en virtud de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, deduce RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE en favor de CBG INTERNACIONAL SpA, por los actos realizados por la DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE DEL SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS -solicitando, con la debida urgencia, adoptar todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del contribuyente, de quien asegura que se han vulnerado las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (CPE), en relación con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 8 bis y artículo 8 ter del Código Tributario; y con lo señalado en los artículos noveno transitorio y decimocuarto transitorio, ambos de la ley Nº 21.210, complementado por el mediante el Decreto Supremo N° 420 de 30 de marzo de 2020 (Art. 1º Nº 6) y Decreto Supremo Nº 1156 de 07 de agosto de 2020. Todo lo anterior, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se dieron por reproducidos en la parte expositiva de este reclamo. SEGUNDO: Que el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, dentro del plazo legal, y de conformidad con lo previsto en el artículo 156, inciso segundo, del Código Tributario, a folios 48 y siguientes, evacuó el traslado conferido respecto del reclamo tributario por vulneración de derechos interpuesto por la contribuyente, solicitando el rechazo del mismo en todas sus partes, con expresa condena en costas y confirmando en todas sus partes, de conformidad con los antecedentes de hecho y de derecho que se dieron por reproducidos en la parte expositiva de su contestación al reclamo interpuesto. TERCERO: Que, a folios 75 del expediente de autos, rola resolución de fecha 26 de junio de 2025, por medio de la cual se recibe la causa prueba, fijándose como puntos de prueba los siguientes: 1.- ACREDITESE si CBG INTERNACIONAL SpA mantiene a la fecha de su solicitud una deuda tributaria vencida al 31 de diciembre de 2023, susceptible de ser acogida al beneficio establecido en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley N° 21.713. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. 2.- ACREDITESE si existió por parte del Servicio de Impuestos Internos una anotación de tipo 5, y en qué consisten sus efectos sobre la habilitación del contribuyente para acogerse a los beneficios legales aludidos. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. 3.- ACREDITESE si dicha anotación fue comunicada formalmente al contribuyente, señalando los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. 20 4.- ACREDITESE si la negativa del Servicio de Impuestos Internos a levantar dicha anotación fue debidamente fundada, y si existió una instancia administrativa efectiva para su revisión o eliminación oportuna. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. 5.- ACREDITESE si la anotación o la negativa administrativa impidieron el otorgamiento del beneficio por parte de la Tesorería General de la República, en los términos exigidos por la ley. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. Cabe señalar que dichos puntos de prueba propuestos por esta judicatura NO fueron objeto de impugnaciones por los intervinientes en la presente causa. I. RESPECTO A LA PRUEBA RENDIDA. CUARTO: Que, con el fin de acreditar la efectividad de sus afirmaciones, la parte reclamante rindió la prueba que se detalla a continuación: Instrumental: A. Documentos acompañados en el reclamo tributario. En Etapa de Discusión del Reclamante: Los documentos acompañados en el tercer otrosí del escrito de reclamo de fecha 23 de marzo de 2025 que rolan a folio 6 a 10. 1. Correo de fecha 17 de marzo de 2025, 18:22 enviado de la casilla [email protected] a TGR 2. Carta enviada el 17 de marzo a don Diego Lazen Jofré (Jefe Unidad de Cobro, Provincia Las Condes) donde se solicitó se dispusieran las medidas necesarias para poder acogerse a estos beneficios establecidas en la norma. 3. Correo electrónico de fecha martes 18 de marzo de 2025, Asunto: Re: [Externo TGR] Solicitud Aplicación Beneficio art. 13 Transitorio - Marzo 2025 CBG INTERNACIONAL SPA, enviado por la abogado de TGR Paz Valdivia Álvarez. 4. Correo electrónico de fecha martes 18 de marzo de 2025, enviado por Karen Reyes a Camilo Bravo. Los documentos acompañados en el segundo otrosí del escrito de fecha 25 de marzo de 2025 que rolan a folio 15 a 15vta. 1. Tarjeta de Embarque de Aerolínea Jetsmart del pasajero Cristóbal Abud, correspondiente al viaje de ida desde Santiago hacia Buenos Aires con fecha 23 de abril de 2025. 2. Confirmación de viaje de Sky Airlines del pasajero Cristóbal Abud, correspondiente al viaje de ida desde Buenos Aires hacia Santiago con fecha 25 de abril de 2025. 3. Copia de correo electrónico enviado a don Felipe Muñoz [email protected] con fecha 24 de abril de 2025, solicitando autorización para ratificar el mandato por videoconferencia. 21 A folios 20 del expediente electrónico: 1.- Escritura pública de Constitución de Sociedad CBR Internacional SpA, suscrita con fecha 20 de agosto de 2020 ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Laso, Repertorio N°2954-2020, en cuyo artículo segundo transitorio consta la personería de don Cristóbal José Abud Cáceres para representar a CGR Internacional SpA. A folios 97 a 125 del expediente electrónico: 1. Certificado de Deuda de CBG INTERNACIONAL SPA, emitido por la TGR de fecha 13 de marzo de 2025, con citación. 2. Cadena de tres correos electrónicos entre Jairo Opazo y Sandra Guerra del SII del 10 de marzo de 2025, Asunto: Solicitud de Audiencia, bajo apercibimiento legal del art. 346 N°3 del CPC. 3. Correo electrónico enviado por Camilo Braco a Karen Reyes de fecha 18 de marzo de 2025, asunto: Fwd: [Externo TGR] Solicitud Aplicación Beneficio art. 13 Transitorio - Marzo 2025 CBG INTERNACIONAL SPA”, con cadena de seis correos electrónicos entre Cristóbal Abud, Diego Lazen y Paz Valdivia, ambos de la TGR y Álvaro Moraga, entre el 17 y 18 de marzo de 2025, con citación. 4. Cadena de veintidós correos electrónicos entre Cristóbal Abud, Diego Lazen y Paz Valdivia, ambos de la TGR y Álvaro Moraga, entre el 16 de mayo y X de junio de 2025, Asunto: Re: [Externo TGR] Re: SOLICITUD CONVENIO ESPECIAL CBG INTERNACIONAL SPA RUT: 77.223.611-5 (E71487/2025), con citación. Custodia: No hay. B. Testimonial: No hay. C. Audiencia de percepción documental: No hay. D. Oficios: No hay E. Informe Pericial: No hay. QUINTO: Que, por su parte, el Servicio de Impuestos Internos rindió la siguiente prueba en autos: Prueba Instrumental: A. En Etapa de Discusión de la Reclamada: Documentos acompañados en el escrito de contestación del reclamo a folios 48 a 54vta del expediente electrónico: No hay En etapa probatoria: A folios 149 a 154. 22 1.- Resolución EX. N°888, de fecha 14 de marzo de 2025, firmada por la Directora Regional de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 2.- Notificación N°177, de fecha 12 de marzo de 2025. 3.- Copia de Correo de Notificación N°177, de fecha 12 de marzo de 2025. Custodia: No hay. B. Testimonial: No hay. C. Audiencia de percepción documental: No hay. D. Oficios: No hay E. Informe Pericial: No hay. Se hace presente que los antecedentes acompañados en la presente causa no fueron objetados por las partes. II. RESPECTO DE LAS ALEGACIONES SEXTO: Que, corresponde a este Tribunal en aplicación del artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República, pronunciarse sobre las vulneraciones denunciadas por la parte reclamante, debiendo para ello interpretar y aplicar las normas legales pertinentes, apreciando su mérito, atendiendo a la procedencia y valoración de los medios de prueba aportados en autos, teniendo en particular presente lo dispuesto en el artículo 132 del Código Tributario. en relación con el artículo 157 del mismo cuerpo normativo, que establece que en los juicios tributarios “se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe” y que la prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. SÉPTIMO: Que, el procedimiento por vulneración de derechos contemplado en el artículo 155 del Código Tributario, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías consagrados en la CPR y en el Código Tributario, mediante el restablecimiento del imperio del derecho ante un acto arbitrario o ilegal del Servicio de Impuestos Internos. OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, corresponderá a este Tribunal pronunciarse respecto a existencia de la vulneración de derechos en los términos planteados por la parte Reclamante. Para estos efectos, este Tribunal se pronunciará en primer término respecto a los derechos fundamentales de la reclamante, que se alegan vulnerados, en específico respecto de las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (CPE), en relación con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 8 bis y artículo 8 ter del Código Tributario. En ese contexto, se señala que la reclamante es una empresa especializada en la búsqueda, diseño, creación y desarrollo de productos promocionales, packaging y material de marketing que cuenta con oficinas en Chile y Perú. Agrega, que en su ejercicio comercial y ante la diferencia de impuestos determinada por el Servicio de Impuestos Internos se generó una deuda que fue devengada en los años 2022, 2023 y 2024, asegurando la recurrente que tal como consta en el Certificado de Deuda emitido por misma Tesorería 23 General de la República (rolante a folios 102 del expediente electrónico). Deuda, que se generó principalmente por tratarse de un rubro que fue muy sensible en la época de pandemia (Covid-19), donde las actividades de promoción y marketing prácticamente se paralizaron. Ahora bien, la reclamante sostiene que dichas circunstancias de alta complejidad, en que se vieron envueltos los contribuyentes, se dictó la ley 21.713, normativa en la cual, estableció un beneficio tributario para contribuyentes que tuvieran deudas tributarias que hubieran vencido hasta el 31 de diciembre de 2023. NOVENO: Que, de ese modo, indica que ante la existencia de deudas vencidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2023, manifiesta que la recurrente solicitó al Servicio de Tesorería acogerse a dicho beneficio establecido por ley, donde alega que dicho organismo negó en atención a que la recurrente, supuestamente en su origen, tenía una “anotación tipo 5” la cual, en razón de la TGR esto no le permitiría realizar la condonación de las multas e intereses, tales como el pago en cuotas referidas en la norma en comento y que corresponde a esta judicatura en base a los antecedentes que obran en autos, referirse a la “anotación tipo 5” y a la “normativa vigente” aplicada en la época en que ocurrieron los hechos que principalmente dan origen a la discusión medular del presente juicio. DÉCIMO: Que, en cuanto a la oportunidad de ejercicio de la acción cautelar interpuesta, esto ya fue resuelto, razón por la cual, no existiendo cuestionamiento por esta materia no se dará lugar a esta alegación. considerándose oportuno el ejercicio de la acción. El Artículo decimotercero transitorio de la ley 21.713 dispone: “ Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta noventa días desde la publicación de la ley que modifica la ley N° 21.713, en relación al concepto de abuso en materia tributaria y a la vigencia de algunas de sus disposiciones, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial. El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.” UNDÉCIMO: Que, en relación a lo establecido en la ley 21.713 se hace presente que no distingue en cuanto a las tantas veces mencionadas anotaciones administrativas que el SII realiza. No siendo estas lícitas o aptas para impedir que un contribuyente que cumple con el resto de los requisitos legales, No se le permita acceder a convenios de pago al tenor de lo dispuesto en el artículo 192 del Código Tributario. En condiciones más beneficiosas o mejoradas. Encontrándose dentro de plazo para acceder a los beneficios a la fecha de interposición de la acción por vulneración de derechos que dio inicio a este proceso. 24 De los antecedentes se desprende que las anotaciones tienen su origen en el Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, la acción se dirige en contra de dichas actuaciones administrativas. En este caso causal 52 según consta de lo señalado en el proceso. Por otra parte, fluye de lo aportado a esta reclamación que existe una fiscalización en curso, la que es posible de realizar, pero que esta no impide la concesión de los beneficios de la ley 21.713 alegados. DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, entiende este sentenciador, que existe vulneración de derechos por cuanto anotaciones de índole administrativa no pueden limitar válidamente el actuar en materia económica de un contribuyente. NO existiendo texto legal que valide este actuar ilegal en concepto de este tribunal. Existe una conculcación vinculada con el derecho a desarrollar su actividad económica lícita, por impedírsele acceder a convenios de pago en condiciones más beneficiosas que en el régimen normal. Asimismo, existe una discriminación arbitraria, no justificada válidamente en cuanto al trato que el Estado y sus organismos (en este caso el Servicio de Impuestos Internos) en materia económica, al No permitirse la suscripción de los convenios de pago de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.713. Convenios de pago que la ley le permite por cumplir íntegramente con el resto de los requisitos legales. Y finalmente se conculca además el derecho de propiedad de la reclamante. En este sentido, debe la administración tributaria alzar la o las anotaciones vigentes que impiden e impidieron que el contribuyente recurrente pueda tener derecho a los convenios de pago con los beneficios que la ley 21.713 sobre cumplimiento tributario le han concedido. Entendiéndose por parte de este juzgador que le asiste al contribuyente, el derecho a los convenios de acuerdo a la ley 21.713, tantas veces comentada. Derecho que debe respetarse y cumplirse en forma estricta. En consecuencia, en mérito de los antecedentes de hecho invocados, lo señalado y argumentados por los intervinientes, lo dispuesto en los artículos 2, 132, 132 bis, 155 y siguientes del Código Tributario, Arts. 19 Nro. 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, Ley 21.713, artículo décimo tercero transitorio de la Ley 21.713, apreciada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. SE RESUELVE: 1.- HA LUGAR a la vulneración de derechos interpuesta por la sociedad reclamante. Debiendo restablecerse el imperio del derecho, y prestando la debida protección a la sociedad afectada (ofendida), en el sentido de permitirse la suscripción de convenios de pago de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.713. Alzándose la o las anotaciones que impiden o restringen dicha suscripción válida, al menos para estos efectos. Debiendo respetarse íntegramente los beneficios que la antes señalada ley establece. Debiendo darse cumplimiento por parte del Servicio de Impuestos Internos, notificando a quienes deben hacer efectivo lo resuelto. 2.- NO SE CONDENARÁ EN COSTAS AL SII, por haber tenido motivo plausible para litigar. Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 25 Notifíquese la presente resolución por carta certificada a la parte reclamante y por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal a la parte reclamada. Dese aviso a los correos electrónicos registrados por las partes. Déjese testimonio en el expediente. Pronunciada por don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don FELIPE MUÑOZ ALBÓNICO, Secretario Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero 2025-08-19T16:01:06-0400 FEA