Reclamo tributario: giro

1 “BATHICH ROSSAK con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO ORIENTE” RIT: GR-15-00104-2025 RUC: 25-9-0000657-1 Cuantía Neta UTM 216,99 Multa UTM 0 Reajuste UTM 0 Intereses UTM 0 Cuantía Bruta UTM 216,99 Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis. VISTOS: Que, a folios 1 y siguientes del expediente electrónico, comparece don MICHEL ALEJANDRO AGUILERA REBOLLEDO, abogado, C.I. N°17.922.851-2, domiciliado en Av. Alonso de Córdova N°5900, oficina 301, Las Condes, Santiago; en representación convencional de MARIA CONSTANZA BATHICH ROSSAK, rentista, C.I. N°16.366.332-5, domiciliada en Avenida Los Leones N°666, Depto. 91, comuna de Providencia, ciudad de Santiago; al Señor(a) Juez(a) Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana quien, dentro de plazo, y en representación que inviste y en conformidad a lo dispuesto en el N°8 del artículo 1° de la Ley N°20.322 y a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario (“CT”); deduce reclamo tributario en contra de la Notificación contenida en la Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del artículo 9° de la Ley N°21.420, emitidos con fecha 7 de abril de 2025 por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (en adelante “SII” o el “Servicio”), notificada por correo electrónico con fecha 17 de abril de 2025, solicitando que se dejen sin efecto los actos reclamados, con expresa condena en costas. Lo anterior, en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación pasa a exponer: A) Reclamo I. ANTECEDENTES: A. DEL CONTRIBUYENTE Y SUS ACTIVIDADES. La reclamante señala que: 1. Con fecha 23 de mayo de 2022, la reclamante inició actividades en la Primera Categoría del Impuesto a la Renta, explotando el giro de “alquiler de equipos de transporte sin operario, excepto vehículos automotores”, código 773001, constituyéndose así en un contribuyente catalogado como Empresario Unipersonal (“EU”). 2 2. Es del caso señalar que, de acuerdo con el SII, el EU es “una entidad integrada por el capital, dedicada a actividades industriales, mercantiles, y no está organizada como una persona jurídica, si no que se encuentra formada por una sola persona natural, es decir, se trata de una empresa individual, empresa unipersonal”1. B. DEL PATRIMONIO AFECTO AL EU. 1. A fin de desarrollar la actividad, la reclamante afectó al patrimonio del EU el helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, número de serie 4628, inscrito en el Registro Nacional de Aeronaves, libro 30 a fojas 199 del año 2021. El bien singularizado se afectó a costo tributario ascendente a $535.698.836, no constituyendo aquella asignación enajenación ni transferencia en dominio alguna, manteniendo jurídicamente el pleno dominio sobre él. 2. Lo anterior se acredita no solamente por medio de la contabilidad fehaciente llevada por el EU, sino también con instrucciones expresas que la reclamante dio a su contador a fin de que se asignara el activo al EU. 3. Adicionalmente, es del todo pertinente señalar que, atendida la actividad económica desarrollada por el EU, el bien era totalmente indispensable para la explotación de dicho giro, el cual, como se expuso, consistía en el alquiler de equipos de transporte sin operario. Esto se acredita con el contrato de arrendamiento de la aeronave que celebró la reclamante, en calidad de EU, el 1 de junio de 2022 con la Sociedad Comercial Black Helicopters SpA. C. DEL ARRENDAMIENTO DEL HELICÓPTERO. 1. En el contrato de arrendamiento antes referido, se estableció que la Sociedad Comercial Black Helicopters SpA, en su calidad de arrendataria, se obligó a pagar una renta de arrendamiento equivalente a 16 Unidades de Fomento (UF) por hora de operación del helicóptero. Además, en el mismo acto, se determinó que la vigencia del arrendamiento sería de carácter indefinida, salvo que alguna de las partes señalara lo contrario. 1 Véase: https://www.sii.cl/destacados/educacion/siieduca/aprende-con-nosotros/docs/empresario_individual.pdf 3 2. En cumplimiento de lo pactado, el helicóptero se puso a disposición de la parte arrendataria, en los términos acordados. Sin embargo, la aeronave presentó fallas en su funcionamiento, lo que obligó a la arrendadora a efectuar reparaciones para cumplir con las obligaciones que impone el contrato de arrendamiento, consistentes en mantener el bien arrendado en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, lo cual implicó que el helicóptero no pudiera ser usado durante el 2022. Al respecto, la Sociedad Comercial Black Helicopters SpA emitió, con fecha 29 de noviembre de 2023, una declaración jurada por medio de la que se dejó constancia expresa de que el helicóptero no pudo ser utilizado para el destino que fue arrendado durante dicho periodo, por encontrarse éste averiado, no registrando horas de vuelo. Una vez reparado, el helicóptero se puso a disposición de la arrendataria, siendo usada por esta conforme a lo pactado. 3. De lo expuesto, resulta evidente que el helicóptero formaba parte del activo fijo del EU, encontrándose efectivamente destinado al desarrollo de las actividades que forman 4. En el mes de febrero de 2025 las partes suscribieron el término del contrato de arrendamiento antes descrito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes del Código Aeronáutico. Las firmas del término referido se autorizaron en la Notaría de Lo Barnechea de don Claudio Andrés Salvador Cabezas y fue protocolizado con fecha 28 de febrero de 2025 en la Notaría de Vitacura de doña Mónica Figueroa Carvajal. Adicionalmente, con fecha 11 de marzo de 2025 el acto de término mencionado en el párrafo precedente fue rectificado y complementado por las partes, por medio de instrumento privado cuyas firmas fueron autorizadas con igual fecha en la Notaría de Lo Barnechea de don Claudio Andrés Salvador Cabezas, y protocolizado el 12 de marzo de 2025 en la misma Notaria. D. DE LA VENTA DEL HELICÓPTERO OCURRIDA EL AÑO 2025. 1. Sin perjuicio de lo anterior, por medio de escritura pública de fecha 14 de febrero de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, la contribuyente vendió, cedió y transfirió el helicóptero a la sociedad Inmobiliaria Yatay Limitada, RUT N°76.963.345-6. 2. De acuerdo consta en el acto señalado, el precio establecido por las partes fue la suma de 700.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD), el que, conforme al dólar observado a la fecha del acto ($949,52) correspondía a la cantidad de $664.664.000. E. EL ACTO RECLAMADO. 1. Con fecha 7 de abril de 2024, el Servicio emite la Notificación Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del Artículo 9° de la Ley N°21.420 para el AT 2025 (en adelante el “acto reclamado”), en virtud del cual se le comunicó y ordenó pagar a la reclamante un impuesto anual del artículo 9° de la Ley N°21.420 ascendente a $14.896.000, el cual habría sido determinado sobre el precio corriente en plaza del Helicóptero, que correspondería a $744.800.000. 4 2. Sin embargo, como se explicará en detalle en el siguiente apartado, el acto reclamado debe ser dejado sin efecto en su totalidad, pues adolece de vicios y errores manifiestos que entrañan infracciones al principio de legalidad que deben observar y respetar los órganos administrativos: (i) La determinación de la base imponible del impuesto realizada por el SII no se encuentra fundamentada suficientemente y/o adolece de irracionalidad o falta de lógica, deviniendo en un acto arbitrario o carente de razón. (ii) Se determina un impuesto que es improcedente en la especie, puesto que en el caso en concreto se cumplen plenamente todos los requisitos para que opere la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley N°21.420. (iii) Se vulnera la confianza legítima del contribuyente, pues se desatendieron las instrucciones emitidas por el propio órgano fiscalizador, las cuales se encuentran contenidas en la Circular N°50 de 28 de noviembre de 2024. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: A. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 1. Los actos administrativos deben ser el resultado de un procedimiento correctamente tramitado conforme a las normas legales que regulan su dictación, y que el emisor del acto debe observar, dado que, en tanto órgano de la Administración del Estado, su actuación se encuentra regida por el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República (“CPR”), que prescriben lo siguiente: - Artículo 6° de la CPR: - Artículo 7° de la CPR: En consonancia con estos preceptos, la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (“LOCBGAE), en su artículo 2°, dispone que: 5 2. En cumplimiento de lo señalado, los organismos públicos deben observar las normas especiales y generales que regulan la dictación de los actos administrativos que procedan. En el caso del Servicio, la normativa especial se encuentra contenida principalmente en el CT, y la general y supletoria, en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos (“LBPA”), la cual es aplicable a todos los ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos, así como a la Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, gobiernos regionales y municipalidades. En efecto, el artículo 2° de la LBPA establece: 3. Así las cosas, en caso de que el Servicio no ajustare su actuar a la normativa legal, incurriendo en infracciones o vicios de procedimiento, el acto debe ser dejado sin efecto, esto es, debe ser declarado nulo, o bien, al menos, se tratará de un acto anulable, de conformidad con las normas antes citadas. Tal como se expondrá a continuación, en el presente caso se ha incurrido en infracciones al principio de legalidad que hacen que el acto reclamado deba ser dejado sin efecto. B. PRIMERA INFRACCIÓN: FALTA EN EL DEBER DE MOTIVACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY N°21.420. B.1 SOBRE EL DEBER DE FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 1. Uno de los requisitos formales de los actos administrativos terminales es que éstos deben estar fundados o motivados. En efecto, la motivación o fundamentación se erige como uno de los elementos esenciales de este tipo de actos, atendidos los privilegios de los que gozan por constituir un acto de autoridad, como lo son la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad. De esta forma, la doctrina ha señalado que “(…) la exigencia de motivación para los actos administrativos funciona como la contracara perfecta para las “potestades exorbitantes” de las que esta investida la autoridad administrativa para imponer sus decisiones a los administrados, incluso coactivamente en caso de resistencia de los mismos. En este sentido, el acto administrativo goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, conforme lo establece el artículo 3°, inciso final, de la Ley N° 19.880, siempre y cuando esté debidamente motivado, ya que, de lo contrario, los efectos jurídicos producidos por el acto se pueden presentar ante el interesado como carentes de fundamento y razón, es decir: como arbitrarios”2. 2 ROCHA FAJARDO, E., 2018. Estudio sobre la motivación del acto administrativo. Cuadernos del Tribunal Constitucional N° 65, p. 73-74 (Obra distinguida por el Premio Tribunal Constitucional 2017) Disponible en: https://www2.tribunalconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/03/3832.pdf 6 2. Lo anterior se manifiesta a través de la exigencia legal de que el acto administrativo terminal deba estar motivado o fundamentado, según lo establecen diversos preceptos de la LBPA, como lo son los artículos 11, 16 y 41 que, en su parte pertinente, señalan: - Artículo 11, inciso 2°: - Artículo 16: - Artículo 41, incisos 4° y 6°: De acuerdo con estas normas, es indudable que existe una obligación de motivar o fundamentar los actos administrativos terminales por parte de los órganos de la Administración del Estado. En ese sentido, lo ha manifestado la Contraloría General de la República razonando lo siguiente: “Al efecto, prescribe el inciso cuarto del artículo 41, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 16 inciso primero, todos de la ley 19.880, […] en lo que importa, que los actos administrativos terminales deberán ser fundados, debiendo por tanto la autoridad que los dicta expresar los razonamientos y antecedentes conforme a los cuales ha adoptado su decisión.”3. Asimismo, nuestra Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N°5.313-2008 señaló: 3 Dictamen CGR N°52.317/2013. Así también anteriormente, en Dictámenes CGR N°3.539/2013; N°33.479/2008; N°62.113/2006. 7 Así también, entre otras, en las causas Roles N°2012-2008, N°1.764-2010, N°4.275-2010, N°338-2017, N°3598-2017, N°20.783-2018. En particular, en la causa Rol N°3598-2017, el Supremo Tribunal, de forma prístina, indicó: En causa Rol N°134.562-2023, con fecha 15 de febrero de 2024 la Excma. Corte Suprema reiteró la necesidad de que los actos administrativos estén debidamente fundados y motivados, según se aprecia a continuación: Conforme lo que se ha expuesto, no cabe duda de que existe una obligación legal expresa de motivar o fundamentar el acto administrativo terminal. De esta forma, si el órgano emisor no conformara su actuar y, por lo tanto, no fundamentara o motivara debidamente el acto que dicta, incurre en una infracción manifiesta a la normativa legal y al principio de legalidad que informa su actuación, lo que, en consecuencia, acarrea que el acto administrativo no merezca ser tenido como válido, debiendo ser dejado sin efecto. Lo anterior es reconocido expresamente por nuestro CT, en su artículo 8 bis N°4, el cual establece expresamente que: 8 3. Un acto administrativo terminal se encuentra motivado cuando es autosuficiente, es decir, debe bastarse a sí mismo, de manera que el acto deba dar razón y dar cuenta del iter o camino lógico/racional que lleva al autor del decreto o resolución a adoptar la decisión, la cual significa dar solución efectiva y concreta a una necesidad pública específica que el legislador ha puesto a su cargo ningún otro y que la cabal comprensión y entendimiento emane de él mismo.4. Esto implica que el acto no pueda ser complementado por Adicionalmente, para que los derechos y garantías que nuestro ordenamiento jurídico consagra a las personas sean respetados, es necesario que los argumentos expuestos en el acto administrativo terminal deban guardar coherencia y razonabilidad. Esto importa que la decisión que se tome y se encuentre plasmada en el acto sea el resultado de un proceso lógico, y lo que en él se exprese sea concordante no sólo con los antecedentes que se encuentren en el expediente, sino también con la misma realidad fáctica en la cual se inscribe el acto administrativo5. 4. De acuerdo con lo anterior, el acto administrativo no cumple con la exigencia legal de motivación o fundamentación cuando en ella se incurre en vicios que pueden darse por su ausencia total, por su insuficiencia o por la incongruencia de su contenido6. (i) En efecto, la ausencia total de fundamentación vicia el acto administrativo desde que “la autoridad no fundamenta el acto administrativo terminal, es decir, no se acompaña ningún discurso justificativo sobre las razones de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta al momento de emitir el determinado acto”.7 Así, en estos casos, el órgano administrativo emisor contraviene expresamente el mandato legal de fundamentación. (ii) Asimismo, la insuficiencia es una irregularidad o vicio que recae sobre el contenido de los motivos o fundamentos del acto administrativo. A diferencia de la ausencia total, la motivación existe indiciariamente, pero carece de la suficiencia que le exige el ordenamiento jurídico. En estos casos, la motivación es vaga, genérica, incompleta e insuficiente para dar a los administrados una correcta valoración intelectual sobre los fundamentos de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta al momento de emitir el acto administrativo8. Así lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal, en las causas Roles N°58.971- 2016 y N°27.467-2014, entre otros. En particular, en causa Rol N°27.467-2014, la Corte Suprema indica: (iii) Por último, la incongruencia o irrazonabilidad es un vicio de motivación del acto administrativo que se genera por no guardar relación la motivación con el mundo real, o por no seguirse de la parte considerativa del acto, la parte resolutiva. En ese sentido, nuestra 4 SOTO KLOSS, E., 2009. Derecho Administrativo. Temas Fundamentales. Santiago, Editorial Legal Publishing. P. 352. 5 ROCHA FAJARDO, E., 2018. Ob. Cit. P. 219. 6 Ibid. P. 215. 7 ROCHA FAJARDO, E., 2018. Ob. Cit. P. 215. 8 Ibid. P. 218. 9 Excelentísima Corte Suprema ha señalado, en causa Rol N°3598-2017, que la congruencia o razonabilidad del acto importa: B.2 INSUFIENCIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL DE MERCADO DE LOS AVIONES Y HELICÓPTEROS. 1. En el caso de marras, el acto reclamado adolece de insuficiencia en su fundamentación, toda vez que los criterios objetivos considerados por el SII para llevar a cabo la determinación de la tasación del helicóptero resultan insuficientes para respaldar la valorización atendida la naturaleza del bien que se afecta con el impuesto. Esto es de capital importancia teniendo en cuenta que la tasación o valorización del bien constituye la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto y, además, considerando que la naturaleza del impuesto en comento no es de autodeterminación como la mayoría de los tributos que integran el sistema tributario chileno, sino que, en este caso, como sabe perfectamente, tanto el acertamiento tributario como la emisión del giro mismo se realiza por el propio ente fiscalizador. 2. Para entender la insuficiencia alegada, es necesario tener en cuenta que, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 9° de la Ley N°21.420, el denominado “Impuesto al Lujo” corresponde al 2% sobre el “valor normal de mercado” del bien afecto, de propiedad de una persona natural o jurídica al 31 de diciembre de cada año. Dicho valor normal de mercado, de acuerdo con el inciso octavo del citado artículo, deberá ser determinado anualmente por el Servicio. Al efecto, la disposición citada señala que: La aplicación de la norma precitada ha sido instruida por la Circular N°50 de 28 de noviembre de 2024, mediante la cual el SII determinó la forma en que debe estimarse el valor normal de marcado de los respectivos bienes gravados. De esta forma, la entidad fiscalizadora ha señalado que: 10 (Extracto Circular N°50 de fecha 28 de noviembre de 2024, emitida por el SII) Adicionalmente, en la misma Circular se indica: Señala que como es posible advertir, el SII simplemente se remite a reiterar lo establecido en el inciso octavo del artículo 9 de la Ley N°21.420 citado, pero sin explicitar el procedimiento y los criterios específicos utilizados en la determinación del “valor normal de mercado”, incluso no señala si el precio de adquisición de los bienes considerado es el del mercado nacional o internacional. La labor de explicitar el enfoque metodológico que se utilizará para determinar el valor normal de mercado, de acuerdo con lo señalado por la citada Circular, será de cargo de una resolución que se dicte al efecto. 3. Revisando las resoluciones que el SII ha dictado sobre la materia durante el año 2024, sólo existen la Resolución Ex. N°118 de 12 de diciembre de 2024, mediante la que el ente fiscalizador instruye la forma y oportunidad en que las entidades señaladas en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley N°21.420 deben informar los bienes afectos al impuesto; y la Resolución Ex. N°127 de fecha 23 de diciembre de 2024, mediante la que se fijó la nómina de bienes afectos, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley N°21.420, modificado por el Artículo 5° de la Ley N°21.713. Sobre esta última resolución, es necesario señalar que en ella se encuentra instruido lo siguiente: Advierte que el SII utiliza una fórmula referencial o ejemplar para describir los criterios considerados y la metodología o procedimiento que se emplea para realizar la determinación del valor normal de mercado de los bienes afectos, sin dar certeza alguna de cuales fueron los criterios que efectivamente se tuvieron en cuenta al momento de realizar la valorización. La utilización de la expresión “tales como” y de la conjunción “o” son un fiel reflejo de ello. 4. En la especie, cobra relevancia lo señalado en la Resolución referida para efectos de la determinación del valor normal de mercado de aeronaves y helicópteros. Sobre esta materia, si bien el SII explicita que el valor normal de mercado para este tipo de bienes se define mediante el método de enfoque de comparación de mercado, señala de modo 11 ejemplar que sus fuentes provienen del “Aircraft Bluebook” o “VREF”, ambos catálogos elaborados en Estados Unidos. Al respecto, señalar que la definición de la acepción “valor normal de mercado” no se encuentra en el artículo 9° de la Ley N°21.420, sino que simplemente el inciso octavo se remite a señalar la forma en que se determinará por el ente fiscalizador, debiendo recurrir para ello en primer lugar a las disposiciones de la Ley sobre Rentas Municipales (DL 3.063 de 1979, contenido en el DS N°2.385 de 1996 del Ministerio del Interior) y, de no existir dicha determinación allí, lo estimará el SII según una serie de elementos referenciales o ejemplares, como el precio de adquisición de un determinado bien en el mercado nacional o internacional, considerando sus características generales, tales como marca, modelo y año de fabricación. Es necesario poner en relieve que la Ley sobre Rentas Municipales tampoco define lo que ha de entenderse por “valor normal de mercado”, pero el inciso séptimo del artículo 46 C de dicha ley sostiene lo siguiente: En virtud de esto, el valor normal de mercado no es otro sino que el definido por el artículo 64 del CT, el cual es definido por este precepto como aquel: De lo anterior, se deduce que el SII debe necesariamente explicitar cuales fueron las características de la industria, sector o segmento, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes o contratos, u operaciones, analizadas para efectos de realizar la tasación correspondiente, sobre todo considerando que las fuentes utilizadas como “Aircraft Bluebook” y/o “VREF” corresponden a un mercado completamente distinto al chileno, como lo es el norteamericano. 5. La disponibilidad de dicha información es fundamental atendida la naturaleza del impuesto en comento, toda vez que, a diferencia de la normalidad de los impuestos que integran el sistema tributario chileno, este tributo no es de autodeterminación, sino que es el ente fiscal el encargado de realizar el acertamiento tributario y la emisión del giro. De esta forma, se vuelve relevante que la determinación del valor normal de mercado del bien afecto se encuentre respaldada con fundamentos suficientes que se encuentren disponibles para la consulta del contribuyente, de manera que este pueda realizar una auditoría o fiscalización sobre la correcta tasación y, con ello, posibilitar la impugnación del acto administrativo. No obstante, lo cierto es que no ha existido la comunicación de dicha información, deviniendo la tasación realizada por el SII en carente de fundamentos suficientes para determinar el valor normal de mercado del helicóptero del contribuyente, lo que, como se ha mencionado, constituye la base imponible del tributo en cuestión y, por lo tanto, conlleva una infracción al principio de legalidad que acarrea la nulidad del acto reclamado. 12 B.3 IRRACIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL DE MERCADO DEL HELICÓPTERO. 1. A la insuficiencia señalada anteriormente, se suma la irracionalidad en la determinación del valor normal de mercado del helicóptero de la reclamante, que se presenta al no guardar relación el valor determinado por el SII con la realidad, deviniendo en un acto arbitrario o carente de razón. 2. Como se ha señalado con anterioridad, en la especie, el bien afectado con el impuesto corresponde al helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, del año 2007. Atendida la naturaleza del bien, es de toda lógica que a medida que transcurre el tiempo este pierda valor por el normal uso del mismo. En efecto, la tendencia natural de las aeronaves es a la depreciación progresiva, en función del paso del tiempo, el uso acumulado y la obsolescencia técnica. Así, por ejemplo, la Federal Aviation Administration (FAA) -organismo encargado de la regulación aeronáutica civil en los Estados Unidos- ha reconocido expresamente que la depreciación constituye uno de los componentes fijos fundamentales en el análisis económico y operativo de las aeronaves, junto con el seguro y los arriendos9. Del mismo modo, clasifica los costos fijos de operación de las aeronaves como aquellos que comprenden la depreciación, los arriendos, los seguros y otros conceptos estructurales que no dependen del uso directo del bien10. Esta misma lógica es reconocible en la práctica administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile, la cual clasifica las aeronaves en función de su antigüedad para efectos de la aplicación de la Tasa Operacional Anual (TOA), cobro periódico que grava a las aeronaves de matrícula nacional. De hecho, el tarifario vigente para el primer trimestre de 2025 distingue tramos de antigüedad y asigna una tasa decreciente conforme aumenta la edad de la aeronave, lo que refleja implícitamente una asociación entre envejecimiento y pérdida de valor económico11. 3. No obstante, la determinación del valor realizada por el SII para el helicóptero en cuestión revela una evidente contradicción con la lógica técnica que rige el mercado de aeronaves, al presentar dicha tasación un incremento significativo respecto de la fijada el año anterior, sin que exista justificación alguna en los antecedentes disponibles. En efecto, el valor normal de mercado asignado al helicóptero matrícula CC-PKK para el año 2023 ascendía a $680.800.000, mientras que en el ejercicio 2024 fue determinado en $744.800.000, lo que representa un incremento de $64.000.000 en un solo año calendario. 9 Federal Aviation Administration (FAA), Economic Values for FAA Investment and Regulatory Decisions, Section 4.1: Aircraft Operating Costs, p. 4-1 (correspondiente a la primera página de la Sección 4 del documento), Disponible en: https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/policy_guidance/benefit_cost/econ-value-section-4- op-costs.pdf 10 Ibid., p. 4-5. 11 Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Resolución Tarifario Nacional – Primer Trimestre 2025, disponible en: https://www.dgac.gob.cl/wp-content/uploads/2025/01/Resolucion-Tarifario-1er-trimestre- 2025.pdf. 13 Lo anterior se desprende de la comparación entre el Giro Folio N°11720478, correspondiente al periodo tributario 2024, y el Giro Folio N°12020559 que se reclama en este acto correspondiente al periodo tributario 2025: (Extracto y valorización Giro Folio N°11720478) (Extracto y valorización Giro Folio N°12020559) Como es posible advertir, ha existido un importante incremento en el valor del bien afecto. Tal variación resulta objetivamente contraria a la lógica económica que rige la valorización de aeronaves usadas, especialmente tratándose de una unidad del año 2007, cuya antigüedad, uso acumulado, horas de vuelo, desperfectos, reparaciones y desgaste técnico natural deberían traducirse en una depreciación progresiva del valor, salvo que existan antecedentes concretos que justifiquen lo contrario, los cuales no constan en el acto impugnado. En este contexto, el incremento interanual de $64.000.000 en el valor asignado al helicóptero matrícula CC-PKK no solo carece de sustento técnico en los antecedentes del expediente, sino que contradice abiertamente el comportamiento económico habitual de este tipo de bienes. 4. A mayor abundamiento, se debe tener presente que, como se señaló anteriormente, el helicóptero fue vendido por la contribuyente a una persona no relacionada, a un precio de mercado equivalente a USD 700.000 (a la fecha del acto, equivalente a $664.664.000), el cual es inferior a la tasación realizada por el SII. 5. Conforme lo anterior, en evidente que ha existido una falta en la lógica empleada en la determinación de la base imponible del impuesto. Esta anomalía constituye una señal inequívoca de que el acto adolece de un vicio de irracionalidad, trasgrediendo, de este modo, el principio de legalidad al no acompañar, además, razones suficientes que permitan comprender el fundamento de tal aumento, lo que deviene en una arbitrariedad manifiesta. En tales circunstancias, el acto impugnado debe ser dejado sin efecto en virtud de haber sido dictado con infracción al deber de motivación que rige la actuación del Servicio al momento de valorizar el bien afecto. C. SEGUNDA INFRACCIÓN: OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 9° DE LA LEY N°21.420. 1. Sin perjuicio de lo anterior y como se ha señalado precedentemente, al igual que el impuesto territorial y la sobretasa, el “Impuesto al Lujo” es de los pocos tributos en que no rige el principio de autodeterminación y autodeclaración, sino que es la autoridad fiscal quien es la encargada de aplicar la tasa correspondiente al hecho gravado respectivo. En efecto, la determinación del impuesto se realiza mediante una carta de notificación (acto de determinación o acertamiento) que a su vez incluye el giro correspondiente. Como se puede apreciar, la mecánica del impuesto difiere de la lógica 14 general en que existe una liquidación (acertamiento) y posteriormente un giro (orden de pago), pues en este caso ambos se confunden en un solo acto. 2. En cumplimiento de su función, durante el procedimiento de determinación del impuesto, el Servicio debe aplicar la ley considerando para ello no solamente las circunstancias que hacen procedente la aplicación del impuesto, sino también aquellas eximentes. Por consiguiente, al momento de emitir el giro correspondiente, el órgano fiscalizador debe tener presente la exención establecida en el inciso cuarto del mismo artículo 9° de la Ley N°21.420, el cual dispone que no se afectarán los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades de los números 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”), siempre que: (i) los bienes respectivos se encuentren efectivamente destinados al giro de la empresa; y (ii) sean indispensables para el desarrollo de dichas actividades. 3. En el caso de marras, es necesario que el SII considere las circunstancias que hacen procedente la exención antes referida de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito. De lo contrario, se omitiría la aplicación de la norma y, por lo tanto, se infringiría el principio de legalidad. En efecto, en el procedimiento de acertamiento tributario, se debió tener presente que el helicóptero se encontraba destinado al giro del EU y, atendidas las actividades que desarrolla, dicho bien es indispensable para el desarrollo de ellas, tal y como se expuso en el acápite de antecedentes del presente libelo, lo que se acredita mediante los documentos que se allegarán al juicio en la etapa procesal correspondiente. Adicionalmente, es del todo pertinente señalar que dichas actividades, según su naturaleza, se encuentran comprendidas en los numerales 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20 de la LIR12. De todas formas, es necesario hacer presente lo dispuesto en el inciso final del numeral 2°, del artículo 20 de la LIR, que al efecto sostiene: Considerando estos elementos, no cabe duda alguna que la exención es totalmente procedente en este caso y, por ende, no corresponde que el Servicio aplique el impuesto mencionado respecto del bien afectado al EU. 4. En suma, las circunstancias que se han expuesto deben ser consideradas en el procedimiento de acertamiento tributario y giro respectivo, determinando la procedencia de la exención que legalmente corresponde en favor de la reclamante. Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario dejar sin efecto el acto administrativo que se reclama por medio del presente libelo. D. TERCERA INFRACCIÓN: VULNERACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE DEL ARTÍCULO 26 DEL CT. 12 En este mismo sentido, se pronunció el Servicio de Impuestos Internos en Oficio N°1726 de 15.06.2023. 15 1. En relación a lo expuesto precedentemente, la aplicación de la exención del inciso cuarto del artículo 9 de la Ley N°21.420 ha sido instruida por el Servicio a través de la Circular N°50 de 28 de noviembre de 202413, en la cual se ordena, de manera expresa, que los funcionarios del ente fiscalizador deben observar las siguientes instrucciones durante el procedimiento de acertamiento tributario: 2. No obstante, en el acto administrativo reclamado, no fueron atendidas dichas instrucciones y se aplicó el impuesto referido, sin consideración alguna de las circunstancias que se han explicado, las cuales hacen plenamente procedente la exención. De conformidad con lo precedente, de no considerarse la exención que legalmente corresponde y cuya aplicación ha sido instruida expresamente por el propio fiscalizador, aquello implicaría infringir el principio de legalidad desde que la ley ordena expresamente que la autoridad fiscalizadora no puede cobrar impuestos cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada en circulares, dictámenes, informes u otros documentos emitidos por el SII. En efecto, el artículo 26 del CT señala expresamente: 3. A mayor abundamiento, con fecha 15 de junio de 2023, por medio de Oficio N°1726, el SII se ha pronunciado respecto de la procedencia de esta exención señalando expresamente que la misma procede aun cuando el contribuyente no se encuentre afecto al Impuesto de Primera Categoría, siempre que desarrolle actividades que puedan entenderse comprendidas en los numerales 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20 de la LIR, cualidad que sería compartida por las empresas que adquieren bienes para darlos en arrendamiento: 13 Antes de la modificación introducida por la Ley N°21.713 el inciso cuarto actual era, en ese entonces, el inciso segundo, y su aplicación se encontraba instruida en la Circular N°57 de 26 de diciembre de 2022. 16 4. Así las cosas, en caso de no aplicarse la exención referida, se estaría contraviniendo las propias instrucciones o pronunciamientos emitidos por el SII, infringiendo así el artículo 26 del CT y, asimismo, el principio de confianza legítima del contribuyente. III. CONCLUSIONES: En conformidad con lo expuesto, la reclamante señala que es posible arribar a las siguientes conclusiones: 1) En la dictación de los actos administrativos el Servicio, en tanto órgano de la Administración del Estado, está sujeto a la observancia del principio de legalidad, consagrado constitucional y legalmente. De esta forma, cualquier acto dictado en contravención a la ley, es susceptible de ser corregido o dejado sin efecto. 2) El acto administrativo que por este acto se reclama, adolece de vicios o errores manifiestos, los cuales entrañan infracciones al principio de legalidad que deben observar y respetar los órganos administrativos: (i) Se ha determinado la base imponible del impuesto contenido en el artículo 9° de la Ley N°21.420 sin observar los requisitos mínimos de motivación exigidos por la ley, siendo insuficientes los fundamentos entregados por el SII para determinar el valor asignado a la aeronave, lo que constituye una infracción directa al deber de motivación que rige los actos administrativos terminales. (ii) El monto determinado por el SII para el año 2024 ($744.800.000) implica un incremento sustantivo respecto del año anterior ($680.800.000), sin justificación técnica alguna que lo respalde, lo que constituye una falta en la racionalidad de la fundamentación del acto, deviniendo en arbitrario. (iii) Se determina un impuesto que es improcedente en la especie, puesto que en el caso en concreto se cumplen plenamente todos los requisitos para que opere la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley N°21.420. (iv) Se vulnera la confianza legítima del contribuyente, pues se desatendieron las instrucciones emitidas por el propio órgano fiscalizador, las cuales se encuentran contenidas en la Circular N°50 de 28 de noviembre de 2024. 17 3) En conclusión, considerando los argumentos antes señalados, el acto reclamado debe ser dejado sin efecto, dado que adolece de vicios y errores manifiestos constitutivos de infracciones al principio de legalidad. PETICIONES CONCRETAS DE LA PARTE RECLAMANTE Finalmente y en definitiva, en virtud de lo expuesto y dispuesto en los artículos 123 y siguientes del CT, artículo 9° de la Ley N°21.420 modificado por la Ley N°21.713, y demás normas pertinentes, la parte reclamante solicita tener por interpuesta reclamación tributaria en contra de la Notificación contenida en la Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del Artículo 9° de la Ley N°21.420 del AT 2025, emitido por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos; acogerla a trámite y, en definitiva, dar ha lugar el reclamo tributario ordenando dejar el acto reclamado sin efecto, con expresa condena en costas. ARGUMENTOS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Que habiendo expuesto el reclamante sus argumentos a folios 1 y siguientes, comparece don MARCELO MOYA CUEVAS, abogado del Área de Litigación del Departamento Jurídico de la XV Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, en autos sobre Procedimiento General de Reclamación, caratulados “BATHICH ROSSAK con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO ORIENTE” RUC 25-9-0000657-1, RIT GR-15-00104-2025, quien estando dentro del plazo previsto en el artículo 132 del Código Tributario, vengo en contestar el traslado conferido a esta parte mediante resolución de fecha 27 de agosto de 2024, a objeto que se rechace íntegramente el reclamo presentado por don Michel Alejandro Aguilera Rebolledo, en representación de MARIA CONSTANZA BATHICH ROSSAK, C.I. N°16.366.332-5, solicitando, que se confirme Carta N°N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del artículo 9° de la Ley N°21.420, emitidos con fecha 7 de abril de 2025, con expresa condena en costas, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación pasa exponer: B) Contestación al reclamo. I. ANTECEDENTES GENERALES DEL ACTO RECLAMADO. Señala que en el Diario Oficial de 4 de febrero de 2022 se publicó la Ley N°21.420 (en adelante, “Ley”) cuyo artículo 9° establece un nuevo impuesto anual a beneficio fiscal sobre el precio corriente en plaza de los bienes que indica, siempre que concurran los requisitos que dispone la Ley. Indica que dado que se trata de un impuesto a beneficio fiscal cuyo control no se ha encomendado por la ley a una autoridad diferente, corresponde al Servicio la aplicación y fiscalización de este impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, del Ministerio de Hacienda. Agrega que la misma disposición legal señala en su inciso 4° que el impuesto se devengará anualmente al 1 de enero, considerando los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior y, en su inciso 6°, que el giro y pago de este impuesto se realizará durante el mes de abril de cada año en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. 18 Así es como el Director del Servicio de Impuesto Internos con fecha 26 de Diciembre de 2022 emitió la Resolución Exenta N° 125, que instruye el giro y pago del impuesto establecido en el artículo 9 de la Ley 21.420. En vista de lo indicado precedentemente, el Servicio emitió Notificación y Giro Impuesto Artículo 9° de la Ley 21.420, emitido al reclamante con fecha 02 de abril de 2024 giro Folio N° 9633533. II. FUNDAMENTOS DEL RECLAMO. El Servicio de Impuestos Internos señala que: El reclamante en su escrito de reclamo se refiere a los antecedentes de hecho de este, expresando que, mediante el Giro FOLIO N° 12020559 de fecha 07 de abril de 2025, se busca el cobro del Impuesto consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 21.420. Que el contribuyente es propietario del bien mueble (helicóptero), que a continuación se individualiza: Reseña que el giro ya individualizado es contrario a Derecho, toda vez que a la fecha no se ha dictado el Reglamento que permita al Servicio de Impuestos Internos verificar qué bienes se encuentran efectivamente afectos al pago del impuesto consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 21.420. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el inciso final de la norma citada, la que encomienda al Ministerio de Hacienda la dictación de dicho cuerpo normativa; circunstancia que a la fecha no se ha verificado. Adicionalmente, indica que respecto del contribuyente se determina un impuesto que es improcedente en la especie, puesto que en el caso en concreto se cumplen plenamente todos los requisitos para que opere la exención establecida en el inciso 2° del artículo 9° de la Ley N°21.420. Lo anterior, atendida la actividad económica desarrollada explotando el giro de “alquiler de equipos de transporte sin operario, excepto vehículos automotores”, constituyéndose así en un contribuyente catalogado como Empresario Unipersonal, el bien es totalmente indispensable para la explotación de dicho giro. Finalmente, esgrime que con el actuar del Servicio se vulnera la confianza legítima del contribuyente, pues se desatendieron las instrucciones emitidas por el propio órgano fiscalizador, las cuales se encuentran contenidas en la Circular N°57 de 26 de diciembre de 2022. III. ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECHAZO DEL RECLAMO. A) LEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y FACULTADES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Manifiesta que sobre este punto es necesario señalar, que el Servicio de Impuestos Internos, según lo establecido en el Artículo 1° del Código Tributario y del D.F.L. N° 7 Ley Orgánica del SII, es el Órgano Administrativo competente para la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. 19 Por su parte, la Ley N° 21.420 en su artículo 9° establece un nuevo impuesto anual a beneficio fiscal sobre el precio corriente en plaza de los bienes que indica, siempre que concurran los requisitos que dispone la Ley, por lo tanto, la facultad del Servicio de Impuestos Internos en esta materia emana del referido artículo 9°, que dispone lo siguiente: “Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2% sobre el precio corriente en plaza de los siguientes bienes ubicados en territorio nacional, de propiedad de un contribuyente, persona natural o jurídica, al 31 de diciembre de cada año: 1. Helicópteros, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de ésta a diciembre del año respectivo. 2. Aviones, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de ésta a diciembre del año respectivo. 3. Yates, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de ésta a diciembre del año respectivo y cuyo registro corresponda a esta calificación según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento de este artículo, establecido en el inciso final. 4. Automóviles, station wagons y vehículos similares, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 62 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de ésta a diciembre del año respectivo. No se afectarán con este impuesto los bienes de propiedad del Fisco ni de las municipalidades. Tampoco se afectarán los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades de los números 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siempre que los bienes respectivos se encuentren efectivamente destinados y sean indispensables para el desarrollo de dichas actividades. Para los fines de este artículo se entenderá como "precio corriente en plaza" de los respectivos bienes el que determine anualmente el Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a las disposiciones del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior. En los casos en que no exista tal determinación, se aplicarán para estos efectos las normas de valoración de bienes del Capítulo VI de la ley N° 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. El impuesto se devengará anualmente al 1 de enero, considerando los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior. Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva no podrán deducir este impuesto en la determinación de su renta líquida. No obstante, las referidas partidas no se afectarán con la tributación dispuesta por el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 20 El giro y pago de este impuesto se realizará durante el mes de abril de cada año en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Un reglamento, aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en este artículo. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos elaborará un registro del precio corriente en plaza de los bienes señalados en los numerales 1, 2 y 3 del inciso primero de este artículo, en base a la información que requiera a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil u otros organismos competentes, sin perjuicio de la información que otro servicio pueda adicionar. Este registro será actualizado anualmente, dentro del mes de diciembre de cada año, y publicado en el Diario Oficial. Los bienes consignados en esta nómina corresponderán a bienes en buen estado de conservación y uso, tomando en consideración su año de fabricación. En los casos en que un bien no estuviese indicado en la nómina, se considerará que su precio corriente en plaza vigente es aquel establecido en dicha lista para el bien que reúna similares características, tales como marca, modelo, año de fabricación, capacidad de pasajeros u otras.” Señala que de esta manera el precio corriente en plaza deberá constar en un registro actualizado anualmente, que, para el caso del año comercial 2023, se contiene en la Resolución Exenta N°145, de 21 de diciembre de 2023, de la Subdirección de Avaluaciones de esta Institución, confeccionado según las características principales de fabricación del bien, tales como la marca, el modelo y año, incorporándose en dicho registro los bienes que estén en buen estado de conservación y uso, según su año de fabricación. En caso de no constar en dicho registro, se considerará que su precio corriente en plaza, vigente al 31 de diciembre del año anterior al del devengo del impuesto, es aquel establecido en dicho registro para el bien que reúna similares características, tales como marca, modelo, año de fabricación, capacidad de pasajeros u otras. Finalmente, manifiesta que es del caso hacer presente que, con fecha 26.12.2022, el Servicio dicto la Circular N°57, en virtud de la cual se imparten instrucciones sobre dicho impuesto, referidas a su aplicación y fiscalización, e igualmente la Resolución Ex. SII N°125 de 2022, en la que se instruye sobre el giro y pago de este impuesto, además de la Resolución 145, antes referida. B) LEGALIDAD DEL GIRO EMITIDO. Que, el reclamante de autos plantea como punto de análisis la supuesta ilegalidad del giro reclamado debido a la inexistencia del reglamento que consigna el inciso final del artículo 9° de la Ley N° 21.420, lo cual se encuentra refrendado por el Servicio de Impuestos Internos en la propia Circular N° 57 que regula la aplicación del tributo contenido en el artículo 9° de la Ley N° 21.420. Así, el capítulo 8 denominado “Reglamento”, indica lo siguiente: “De acuerdo con la Ley, un reglamento aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes referidos en el apartado 2 precedente con este impuesto y las normas para dar cumplimiento a los requisitos de la exención referida en la letra d) del apartado 5”. Que dicho lo anterior, conviene señalar que la Ley Nº 21.420, en su artículo 9º, se refiere en dos oportunidades a la existencia de un reglamento: 21 a) A propósito de los bienes respecto de los cuales se aplica el impuesto, el N° 3 del inciso primero incluye los “yates” “… cuyo registro corresponda a esta calificación según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento de este artículo, establecido en el inciso final.” b) La primera parte del inciso final del artículo 9 dispone que “un reglamento, aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en dicho artículo”. A la fecha, el referido reglamento se encuentra en la Contraloría General de la República, pendiente de toma de razón. Debido a su inexistencia, el contribuyente ha sostenido que los actos emitidos por el Servicio, en esta materia, son ilegales. En efecto, el hecho gravado, conforme se observa del tenor de la norma y lo desarrollado en el punto anterior, se encuentra completamente definido en la ley, y no se precisa del Reglamento para verificar la existencia de todos sus elementos. Frente a las alegaciones relativas a la ilegalidad del giro, como consecuencia de no haberse dictado el reglamento previsto en el inciso final, del artículo 9 de la Ley 21.420, es posible señalar lo siguiente: La vigencia y aplicación del impuesto establecido en el artículo 9 de la Ley N° 21.420 no se encuentra, tácita ni expresamente, supeditada a la dictación de decreto alguno. En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley N° 21.420, y a falta de norma especial de vigencia, este impuesto entró a regir a partir del 1° de abril de 2022, devengándose por primera vez el 1° de enero de 2023, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 9, del citado cuerpo legal. La aplicación de este impuesto no está “supeditada” a la existencia de un reglamento, en virtud de alguna norma transitoria establecida en la ley. No existe afectación al principio de reserva legal en materia tributaria, toda vez que, en el presente caso el artículo 9 de la Ley N° 21.420, fija todos los elementos esenciales del impuesto de manera clara y precisa, en resumen: a) hecho gravado (los bienes sobre los cuales recaerá el impuesto y sus requisitos), b) base imponible (precio corriente en plaza de esos bienes), c) tasa (2%), d) sujeto pasivo (persona natural o jurídica, propietaria al 31 de diciembre), entre otros, elementos que se bastarían así mismos para determinar el contenido de la obligación. La existencia de un reglamento no dice relación con la existencia del hecho gravado, si no que se refiere a dos situaciones precisas (i) La relativa a la aplicación de exención de actividades deportivas: “con [la] excepción de aquellos [yates] cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento de este artículo”. En otras palabras, la referencia al reglamento no influye en la determinación y vigencia (aplicación) del impuesto, sino simplemente con una eventual excepción al mismo en determinado tipo de bienes (yates). (ii) La relativa a “la forma” de “verificar” la afectación de los bienes; respecto de lo cual cabe señalar de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la 22 Lengua, “forma” corresponde a la “configuración externa de algo”, al “modo o manera en que se hace o en que ocurre algo”. Por su parte, “verificar” conforme se encuentra definido en la RAE, corresponde meramente a “comprobar o examinar la verdad de algo”. En otras palabras, ni la “forma” ni “verificar” se vinculan con la sustancia del impuesto o la vigencia del mismo, sino solo a sus modalidades externas o accesorias. En efecto, señala que en relación con los yates, a propósito de los bienes respecto de los cuales se aplica el impuesto, el N°3, del inciso primero, del artículo 9° citado, incluye a los “yates”. Se refiere la norma que el impuesto aplica a los bienes cuyo registro corresponda a esta calificación, según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con excepción “de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento de este artículo, establecido en el inciso final.” Alega que respecto a la precisión de algunas situaciones excepcionales, alertadas por los parlamentarios, la primera parte, del inciso final, del artículo 9°, dispone que, “un reglamento, aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en dicho artículo”. Conforme a la redacción del texto legal es tan amplia que “parece ordenar que sea regulado mediante dicho reglamento (…)”. Sin embargo, y como se observa, del análisis de la Historia de la Ley se aprecia que la indicación hecha por el gobierno respecto de la incorporación de este Reglamento fue aprobada en la Comisión de Hacienda, “luego que se estableciera que se dictaría un Reglamento que establecería la forma de afectar los bienes indicados en el artículo 9°, y así considerar las situaciones planteadas por los senadores. Entre ellas se encontraba: i) la aplicación del impuesto a aeronaves que prestan servicios a la comunidad, como en el combate de incendios; ii) la indeterminación del concepto yate; iii) la manera de determinar el precio corriente en plaza de bienes que no se transan regularmente en plaza; y, iv) la situación de los yates de competición.”, a partir de lo cual, y del análisis de las materias alertadas por los parlamentarios, queda en evidencia que, no existe una falta de deferencia a la discusión parlamentaria, por cuanto esta misma señala y precisa los casos para los cuales se estima necesario el referido Reglamento, entendiendo que, para los demás casos aplica la regla general establecida y regulada completamente en la ley y para los cuales, como se señalará, no requiere la precisión o la referencia del Reglamento. Ahora bien, sostiene que de una correcta interpretación de la Historia fidedigna del establecimiento de la ley14, así como el propio tenor del artículo 9° de la Ley N°21.420 y las reglas de interpretación que deben guiar a los sentenciadores en el ejercicio de la función jurisdiccional que les está encomendada, contenidas en los artículos 19 al 24, del Código Civil, a juicio de esta parte, resulta plenamente ajustado a la legalidad, la aplicación y consecuente emisión del Giro FOLIO N° 12020559 de fecha 07 de abril de 2025, efectuadas, en base a las facultades legales que detenta este órgano y aquellas que el propio artículo 9° otorga, por cuanto al Servicio no sólo se encuentra facultado para 14 Historia de la Ley Nº 21.420. Reduce o elimina exenciones tributarias que indica. https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista- expandida/7964/ 23 fiscalizar y aplicar el impuesto, sino que corresponde a una obligación legal que no puede desatender. Lo anteriormente expuesto se confirma, considerando que, desde un punto de vista estrictamente formal, conforme lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley N°21.420, y a falta de norma especial de vigencia, este impuesto entró a regir a partir del 1° de abril de 2022, devengándose por primera vez el 1° de enero de 2023, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 9°. En consecuencia, atendido que la vigencia y aplicación del impuesto materia de autos, no se encuentra, tácita ni expresamente, supeditada a la dictación de decreto alguno y que, por otra parte, la regulación del impuesto contenida en el señalado artículo 9° cumple el estándar constitucional de la reserva legal (elementos esenciales del hecho gravado), fijándose en él todos los elementos esenciales del impuesto de manera clara y precisa, en resumen: hecho gravado (los bienes sobre los cuales recaerá el impuesto y sus requisitos), base imponible (precio corriente en plaza de esos bienes), tasa (2%), sujeto pasivo (persona natural o jurídica, propietaria al 31 de diciembre), entre otros, elementos que se bastarían así mismos. Por de pronto, señala que es evidente entonces que la dictación del reglamento no está vinculada a la determinación del hecho gravado sino, de ser el caso, “con [la] excepción de aquellos [yates] cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades deportivas, de acuerdo con las normas que determine el reglamento de este artículo”. Dado lo anterior y en relación con el contexto y efectos para los cuales la ley se remite al reglamento, de acuerdo con el principio de reserva legal en materia tributaria, se puede efectuar las siguientes consideraciones: a) En términos generales, a la luz del principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de la obligación tributaria deben encontrarse suficientemente señalados y precisados en la ley. Esto es: el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el procedimiento para determinar la base imponible, la tasa, las situaciones de exención y las infracciones. b) En consecuencia, solo se infringe este principio cuando, por ejemplo, las disposiciones de la ley “son cláusulas abiertas o generales”, en cambio no se infringe dicho principio cuando los elementos de la obligación tributaria están suficientemente fijados y determinados en la ley, de suerte que a la administración le corresponde un rol de aplicación de la ley sujeta a los parámetros prefijados por ésta. c) Con todo, es importante señalar que este principio de reserva legal no es absoluto y admite un ámbito de regulación por parte de la administración mediante el ejercicio de la denominada potestad reglamentaria (de ejecución), limitándose la ley a fijar solamente los parámetros o criterios generales, como cuando la Constitución Política de la República (en adelante indistintamente “CPR”) emplea las expresiones: “con arreglo a la ley”, “de acuerdo con las leyes”, “con sujeción a la ley”, “de acuerdo a lo que determine la ley” o “en conformidad a la ley”, v.g. en los arts. 10, N° 4; 24, inciso segundo; 32, N° 2; 87 y 94 de la CPR. Lo anterior ha sido reconocido expresamente el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 05 de abril de 2018, recaída en causa Rol 718 de 2017del Tribunal Constitucional, al resolver que “los elementos esenciales de la obligación tributaria deben quedar fijados suficientemente en la ley, no pudiendo efectuarse remisiones vagas y 24 genéricas a la potestad reglamentaria de ejecución”, agregando que aquello se desprendería de los artículos 6, 7, 19 N° 20, 63 y 65 de la CPR. d) En consecuencia, el principio de reserva legal en materia tributaria, que no es absoluto y reconoce límites, también debe entenderse como un reflejo del denominado dominio legal máximo. Esto es, el principio de reserva legal también constituye un “límite” al ejercicio de la potestad legislativa, una innovación de la CPR de 1980, al disponer en su artículo 63 que “sólo son” materias de ley, las que enumera (cerrando el N°20 con la referencia a “toda norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”). El propósito es que la ley se limite a resolver los problemas más importantes, sin interferir el ámbito de la potestad reglamentaria. Por lo tanto, como regla de clausura, si la materia no se encuentra expresamente señalada como de ley, corresponde a la potestad reglamentaria. En otras palabras, excluir al Congreso (del resto de las materias que no son de dominio legal) y fortalecer su carácter de normas generales, abstractas y permanentes. Así, aún bajo el estándar más exigente del principio de reserva legal, la referencia al reglamento no influye en la determinación y vigencia (aplicación) del impuesto, sino simplemente con una eventual excepción al mismo en determinado tipo de bienes (yates). En ese caso, es pertinente considerar que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, el principio de legalidad es más intenso si se trata de la regulación del tributo y menos intenso si se trata de una exención. Esto es, no se vulnera el principio de reserva legal si la regulación de la exención queda entregada a reglamento y en ningún caso afecta la vigencia del impuesto. La aplicación de este impuesto dice relación con el ejercicio de las facultades del Servicio conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, del Ministerio de Hacienda. En concordancia con lo anterior, corresponde al Director del Servicio de Impuestos Internos, en el ejercicio de las facultades contendidas en el N° 1 de la letra A del artículo 6° del Código Tributario, y conforme con lo dispuesto en el artículo 1° del mismo cuerpo legal, interpretar e impartir las instrucciones en materias de índole tributaria interna. En cuanto a la potestad reglamentaria, es importante tener presente que ella permite al poder ejecutivo, y/o a la administración en general, dictar normas de carácter general que no son de dominio legal, o bien, disponer de aquellas reglas que sean pertinentes y necesarias a la ejecución de una ley, es decir, emitir aquellas normas que permitan dar aplicación en ciertos aspectos a una ley, en este sentido se trata de normas de ejecución, de carácter funcionales en torno a hacer operativa un cuerpo legal propiamente tal. Artículo 32 N° 6 en relación al 65 N° 1 de la Carta Política. En efecto y tal como se ha señalado precedentemente la ley 21.420 en lo pertinente, en su artículo 9, dispone lo que sigue: “Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2% sobre el precio corriente en plaza de los siguientes bienes ubicados en territorio nacional, de propiedad de un contribuyente, persona natural o jurídica, al 31 de diciembre de cada año:…N° 2. Aviones, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de ésta a diciembre del año respectivo..” misma disposición que en su inciso 3°, reza: “Para los fines 25 de este artículo se entenderá como "precio corriente en plaza" de los respectivos bienes el que determine anualmente el Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a las disposiciones del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior. En los casos en que no exista tal determinación, se aplicarán para estos efectos las normas de valoración de bienes del Capítulo VI de la ley N° 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.” Consecuentemente con ello y tal como lo ha expuesto en párrafos anteriores la ley es suficiente en lo que concierne a su eficacia, y por lo mismo autoejecutable en cuanto establece con toda claridad y precisión el hecho gravado, el sujeto pasivo, los bienes objeto del gravamen y la tasa del impuesto, situación que corresponda reconozca el tribunal, por lo que tal cuerpo normativo, satisface debidamente el principio de reserva legal que rige en materia tributaria, por lo que la norma en comento, permite su implementación y cumplimiento por parte del Servicio de Impuesto Internos como un deber legal ineludible, conforme al artículo 7 de la Carta Fundamental, por lo que no se puede entender que en lo particular invada aquellas cuestiones encomendadas al ejecutivo en torno al mencionado reglamento cuya dilación por lo demás, podría impedir el cobro de los tributos que se establecen con el consiguiente perjuicio al interés fiscal. De tal modo, si bien el inciso séptimo de la norma en análisis dispone la dictación de un reglamento, su emisión no es la condición ni requisito de eficacia de la misma y por lo tanto ello no impide la determinación y giro del impuesto en cuestión, que es justamente lo que a llevado a cabo el servicio de Impuestos internos, mediante el acto reclamado. A mayor abundamiento, declara que de los últimos dos inciso del artículo 9 de la Ley 21.420 se puede concluir que el reglamento que debe ser emitido, se establece únicamente como un mecanismo de verificación, más no como requisito de ejecución, esto es, de determinación, giro y consiguiente cobro del impuesto, sin que por lo demás, quede suficientemente claro cuál es el aspecto al que mira o atiende dicha “verificación”, dado que el N° 3 del artículo 9 de manera precisa señala los bienes objeto del gravamen, su tasa y cómo se determinará la base imponible del mismo, encomendando al propio servicio la determinación de este proporcionando al efecto los elementos o criterios a considerar y a ponderar a dichos efectos, especialmente aquellos referidos a la determinación del precio en plaza de los bienes gravados. Confirmándose de esta forma que el Servicio de Impuesto Internos, ha actuado dentro del ámbito de su competencia y del deber ineludible de cumplir la ley en lo que se refiere a la tributación interna, por lo que no pudo actuar de otra forma y en orden a ello, resulta correcta la emisión del giro de los impuestos respectivos, tal cual lo ha hecho. C) EXENCIÓN DEL IMPUESTO. En cuanto a la argumentación que se declare judicialmente la exención del impuesto previsto en el artículo 9 de la Ley No. 21.420, cabe recordar que el actor sustenta esta afirmación en base a tres premisas o hipótesis, esto es, el dedicarse a una actividad prevista en el artículo 20 de la Ley de la Renta, utilizar el helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, número de serie 4628, para la realización de actividades propias del giro del contribuyente (alquiler de equipos de transporte sin operario) y la indispensabilidad del helicóptero singularizado los servicios con los que el contribuyente genera renta. Dice que respecto de lo anterior es dable señalar que – en este estadio procesal -, no existe consenso en cuanto la concurrencia de estas premisas para el caso en cuestión y dudas 26 razonables sobre estas, sin perjuicio, de que acreditadas que fueran no se discute la suficiencia, aceptabilidad y relevancia de estas para el consecuente buscado. Así las cosas, cabe tener presente que del texto del inciso 2° del artículo 9° de la Ley Nº 21.420, para la aplicación de la exención, el cuerpo normativo exige de probanzas o garantías. Destinación del bien a la actividad del numeral anterior. Esta premisa a probar fue complementada mediante Circular No. 57/2022 y Circular No. 38 de 6 de septiembre de 2023, indicando que lo anterior “supone que formen parte del activo fijo o realizable de estas últimas.” El contribuyente no presentó antecedente alguno tendiente a justificar la tenencia y utilización del helicóptero, ni antecedente que de cuenta de que el bien en cuestión es parte de su activo fijo o realizable. En este sentido, será necesario que el actor presente al juicio contabilidad completa y particularmente balance y libros auxiliares en que conste el registro del helicóptero como activo en los términos exigidos por las Circulares. Finalmente, es evidente la necesidad de presentación de documentación y una descripción por parte del actor para tomar conocimiento y comprender la actividad económica que realiza, la condición de indispensabilidad del bien en cuestión para el desarrollo de su actividad económica, el cómo genera las rentas a través de su explotación. Lo anterior, máxime, considerando que el reclamante únicamente ha presentado al juicio contrato de arrendamiento. Por tanto, manifiesta que de todo lo expuesto se estima una falta de garantías en las premisas ofrecidas que constituyen esta argumentación, cuestión a la que se verá indefectiblemente enfrentada la contraria en la etapa probatoria para permitir el análisis de la exención propuesta. C) VULNERACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE DEL ARTÍCULO 26 DEL CT. La confianza legitima como concepto “es el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”15. En efecto, en nuestro medio jurídico, desde una perspectiva doctrinaria, su existencia se intenta construir y fundamentar sobre la base de reglas, principios, instituciones y constructos teóricos ya existentes y ampliamente desarrollados, tales como los principios constitucionales del Estado de Derecho, la seguridad o certeza jurídica, la buena fe, la doctrina de los actos propios, el principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad y del exceso de poder. Los deberes que se deprenderían del principio de la confianza legítima para el actuar administrativo serían: a) Deber de actuación coherente; b) Vinculatoriedad del precedente administrativo; c) Deber de anticipación o anuncio del cambio de conducta; d) Deber de otorgar un plazo para el conocimiento o plazo de transitoriedad; e) Deber de actuación legal en la nueva actuación. En cuanto al deber de actuación coherente, emana específicamente, del artículo 19 N° 2 y 19 N° 26 de la Carta Fundamental (principio de igualdad ante la ley; de interdicción de la 15 Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, p. 110 27 arbitrariedad y de seguridad jurídica); el artículo 53 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado –en adelante, Ley N° 18.575- (principio de probidad administrativa y de razonabilidad); y en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 (principio de imparcialidad, a partir del cual se refiere a la motivación de los actos administrativos). Así, si bien es cierto las normas constitucionales y legales permanentemente dejan importantes espacios de discrecionalidad para la actuación administrativa, nos parece que ese margen de libre elección conferido al Administrador, puede ser perfectamente controlado actualmente con los principios, instituciones y categorías existentes, sin necesidad de recurrir a una supuesta protección de una legítima confianza. Por su parte, en cuanto a la supuesta vinculatoriedad del precedente administrativo que derivaría de la confianza legítima, entiende que, en virtud del deber de actuación coherente impuesto por el ordenamiento jurídico positivo a la Administración del Estado, la regla general, debe ser el respeto y apego a la actuación o decisión anterior, no obstante lo cual, no puede traducirse en una regla pétrea que genere inercia en la actividad administrativa, sino que bastará para generar una alteración el fundamentar acerca del por qué no se resuelve o actúa como se había hecho anteriormente, quedando ello sujeto al control respectivo para descartar la existencia de arbitrariedad o desproporcionalidad. Solo de esa manera se resguarda debidamente el interés público, los intereses generales por sobre los intereses particulares, que si bien son conceptos jurídicos indeterminados y, desde dicha perspectiva mutables, deben ser colmados de contenido en cada momento histórico por los órganos competentes con la colaboración de la doctrina. Nuevamente nos parece difícil vislumbrar el aporte que el principio de confianza legítima podría generar en este análisis. En relación al deber de anticipación o anuncio del cambio de conducta, si bien resulta un estándar deseable, lo cierto es que ello no siempre será posible –y conveniente-. En definitiva, todo dependerá de los extremos fácticos del caso concreto lo que deberá ser ponderado por los órganos de control correspondientes. En nuestra opinión, lo relevante será que esa eventual modificación se encuentre dentro de la finalidad legal respectiva de la norma que atribuye la potestad administrativa, descartando siempre la existencia de desviación de poder. Lo anterior, está estrechamente ligado al supuesto deber de otorgar un plazo para el conocimiento o plazo de transitoriedad, lo que no es más que una forma de concretizar el supuesto deber de anticipación o anuncio del cambio de conducta. Nuevamente nos parece que ello es un estándar deseable, pero que no siempre será posible de materializar. Indica que fuere como fuere, los dos deberes anteriormente analizados, pueden encontrar sustento en el principio de buena fe y en la interdicción de la arbitrariedad, más no necesariamente en el confuso principio de la confianza legítima. Finalmente, en cuanto al deber de actuación legal en la nueva actuación, entiende que ello deriva del principio de juridicidad –artículos 6 y 7 de la Constitución Política y artículo 2 de la Ley N° 18.575-, más no de un supuesto principio de protección de la confianza legítima. De lo anterior, y conforme a desarrolla en el presente acápite, declara que es dable preguntarse ¿El Servicio modificó su actuar respecto del contribuyente en relación al impuesto en debate o existe una superposición de principios que pudieran estar vinculados pero que en caso alguno pudieran entenderse vulnerados?. 28 Cree que la respuesta a la pregunta es negativa, dado que el ente fiscal frente a la misma hipótesis planteada frente a otros contribuyentes a actuado de la misma forma, por lo que no existe vulneración al principio esgrimido por el contradictor. PETICIONES CONCRETAS DE LA PARTE RECLAMANTE. Finalmente, de acuerdo a los antecedentes de hecho y conforme lo establecido en el artículo 132 del Código Tributario, la parte reclamada solicita, tener por evacuado el traslado respecto del reclamo presentado por MARIA CONSTANZA BATHICH ROSSAK, RUT N°16.366.332-5, solicitando, además, se confirme el Giro FOLIO N° 12020559 de fecha 07 de abril de 2025, se busca el cobro del Impuesto consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 21.420, con expresa condena en costas. CONTENIDO Y DILIGENCIAS DEL PROCESO: Uno. A folios 1 y siguientes del expediente electrónico, consta escrito de reclamo interpuesto con fecha 29 de mayo de 2025. Dos. A folios 25 del expediente electrónico, mediante resolución de fecha 03 de junio de 2025, se tiene por interpuesto reclamo tributario y se confiere traslado al Servicio de Impuestos Internos por el término de 20 días, de conformidad al artículo 132 del Código Tributario. Tres. A folios 41 a 48 del expediente de autos, con fecha 27 de junio de 2025, el Servicio de Impuestos Internos evacúa el Traslado conferido respecto del reclamo interpuesto en su contra, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas. Cuatro. A fojas folios 54 del expediente de autos, rola resolución de fecha 02 de julio de 2025, que tiene por evacuado el traslado en tiempo y forma. Cinco. A folios 56 y 59 del expediente de autos, rola acta de audiencia de conciliación que se celebraron con fecha 21 de agosto y 28 de octubre de 2025, la que no se produce. Seis. A folios 60 del expediente de autos, por medio de la resolución de fecha 29 de octubre de 2025, se recibe la causa prueba. Siete. A folios 72-75 del expediente electrónico, rola resolución de 21 de noviembre de 2025, que resuelve: “HA LUGAR al recurso de reposición interpuesto por la parte reclamante en contra de la resolución que recibe la causa a prueba de folio 60, de fecha 29.10.2025, en aquello que solicita modificar dicha resolución en el punto N°1, agregando de ese modo, un nuevo punto de prueba a la discusión de autos presentado por el SII en que acompaña documentos con citación.” Ocho. A folios 82-82vta del expediente electrónico, rola escrito de 17 de diciembre de 2025, presentado por el reclamante en que acompaña documentos con citación. Nueve. A folios 194 del expediente electrónico, rola resolución de 12 enero de 2026, que decretó tener por acompañados los documentos señalados a folios 82-82vta de autos. Diez. A folios 196 del expediente electrónico, rola Oficio Ord. 22/2026 de 19.01.2026. Once. A folios 198 del expediente electrónico, rola escrito de 22 de enero de 2026, presentado por el reclamada en que acompaña documentos con citación. Doce. A folios 207-212 del expediente electrónico, rola escrito de 03 de febrero de 2026, presentado por la parte reclamante en que formula observaciones a la prueba rendida en autos. Trece. A folios 216, con fecha 17 de febrero de 2026, se cita a las partes a oír sentencia. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fojas folios 1 y siguientes del expediente, comparece don MICHEL ALEJANDRO AGUILERA REBOLLEDO, abogado, C.I. N°17.922.851-2, domiciliado en Av. Alonso de Córdova N°5900, oficina 301, Las Condes, Santiago; en representación convencional de MARIA CONSTANZA BATHICH ROSSAK, rentista, C.I. N°16.366.332-5, domiciliada en Avenida Los Leones N°666, Depto. 91, comuna de Providencia, ciudad de 29 Santiago, quien, estando dentro de plazo, y en conformidad a lo dispuesto en el N°8 del artículo 1° de la Ley N°20.322 y a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, interpone reclamo tributario en contra de la Notificación contenida en la Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del artículo 9° de la Ley N°21.420, emitidos con fecha 7 de abril de 2025 por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, notificada por correo electrónico con fecha 17 de abril de 2025, solicitando dejar sin efecto los actos reclamados, con expresa condena en costas. Lo anterior, en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se dieron por reproducidos en la parte expositiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Que, a folios 41 y siguientes, el Servicio de Impuestos Internos a través del Departamento Jurídico de la XV Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, evacuó el traslado conferido respecto del reclamo tributario interpuesto por la contribuyente solicitando el rechazo del mismo en todas sus partes, con expresa condena en costas al reclamante y confirmando en todas sus partes el Giro Folio N°12020559, emitido con fecha 7 de abril de 2025, de conformidad con los antecedentes de hecho y de derecho que se dieron por reproducidos en la parte expositiva de su contestación al reclamo interpuesto. TERCERO: Que, conforme a las alegaciones y defensas de ambas partes, como de sus respectivos antecedentes acompañados, SON HECHOS NO CONTROVERTIDOS en autos los siguientes: 1. Que, la reclamante indica que: […] “inició actividades en la Primera Categoría del Impuesto a la Renta con fecha 23.05.2023, explotando el giro de “alquiler de equipos de transporte sin operario, excepto vehículos automotores”, código 773001, constituyéndose así en un contribuyente catalogado como Empresario Unipersonal (“EU”).” […] CUARTO: Que, a folios 60 del expediente de autos, rola resolución de fecha 29 de octubre de 2025, por medio de la cual se recibe la causa prueba, fijándose como punto de prueba los siguientes: 1.- Acredítese la procedencia de la aplicación del precio “valor normal de mercado” del bien individualizado: “helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, número de serie 4628”, que dio origen al Giro Folio N°12020559, emitido con fecha 07.04.2025 por la Dirección Regional de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, reclamado en este proceso. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten. Que es dable señalar que dicho punto de prueba propuesto por esta Judicatura fue objeto de recurso de reposición por la parte reclamante. En efecto, con fecha 29 de octubre de 2025, a folios 60, este Primer Tribunal Tributario y Aduanero recibió la causa a prueba, fijando como único punto la -acreditación de la procedencia del “valor normal de mercado” aplicado al helicóptero matrícula CC-PKK (Bell 206B), que dio origen al Giro Folio N°12020559, emitido por el SII en virtud del artículo 9° de la Ley N°21.420 (“Impuesto al Lujo”)-. Posteriormente, con fecha 10 de noviembre de 2025, a folios 64-66vta la reclamante dedujo recurso de reposición con apelación subsidiaria, solicitando complementar la interlocutoria de prueba mediante la incorporación de un segundo punto, destinado a 30 acreditar los presupuestos fácticos de la exención contemplada en el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley N°21.420. En ese aspecto, la reclamante fundamentó su pretensión en que el conflicto no se circunscribe únicamente a la determinación del valor de mercado del bien, sino también a: (i) la procedencia de la exención legal; y (ii) la eventual vulneración del principio de confianza legítima, por desatención de instrucciones administrativas del propio Servicio. Sostuvo que el punto de prueba fijado era insuficiente, por cuanto no permitía acreditar los hechos sustanciales relativos a la destinación del helicóptero al giro, su carácter indispensable y su incorporación al activo, elementos esenciales para la aplicación de la exención. Por su parte, el SII defendió la legalidad de la tasación efectuada conforme a la metodología institucional y alegó que la contribuyente -no aportó antecedentes contables ni técnicos- que acreditaran el cumplimiento de los requisitos de la exención. No obstante, el Servicio no evacuó traslado respecto del recurso de reposición. Finalmente, esta Judicatura estimó que la controversia efectivamente abarca tanto la determinación del valor normal de mercado como la procedencia de la exención legal, particularmente en cuanto a la destinación e indispensabilidad del bien en el giro de la reclamante, siendo estos hechos sustanciales y controvertidos que deben ser objeto de prueba. En cambio, se sostuvo que por tratarse las alegaciones relativas a hechos y principios jurídicos -como legalidad y confianza legítima-, éstas serán resueltas en la presente sentencia, en estricta aplicación del “principio iura novit curia”. En consecuencia, esta Judicatura acogió el recurso de reposición y modificó la resolución que recibió la causa a prueba, fijando definitivamente dos puntos: Punto de Prueba N°1: “Acredítese la procedencia de la aplicación del precio “valor normal de mercado” del bien individualizado: “helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, número de serie 4628”, que dio origen al Giro Folio N°12020559, emitido con fecha 07.04.2025 por la Dirección Regional de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, reclamado en este proceso. Hechos, antecedentes y circunstancias que lo acrediten.” Punto de Prueba N°2: “Efectividad de que el helicóptero se encuentre destinado al giro de la Reclamante y que este bien sea indispensable para el desarrollo de dichas actividades, según dispone la exención establecida en el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley N° 21.420, vigente a la época en que se emitió el acto reclamado. Hechos, antecedentes y/o circunstancias que lo acrediten.” Así y de ese modo, se amplió el objeto probatorio a fin de permitir a ambas partes acreditar sus respectivas pretensiones, conforme al artículo 132 del Código Tributario. I. RESPECTO A LA PRUEBA RENDIDA. QUINTO: Que, con el fin de acreditar la efectividad de sus afirmaciones, la parte reclamante rindió la prueba que se detalla a continuación: Instrumental: A. Documentos acompañados en el reclamo tributario. En Etapa de Discusión del Reclamante: 31 Los documentos acompañados en el primer otrosí del escrito de reclamo de fecha 29 de mayo de 2025 que rolan a folio 12 a 23vta. 1. Notificación contenida en la Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del Artículo 9° de la Ley N°21.420 del periodo 2024, emitida por la Unidad de Providencia de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 2. Notificación del acto administrativo antes singularizado, realizada con fecha 17 de abril del 2025. 3. Certificado emitido por el SII respecto de los de bienes muebles de alto valor registrados a nombre de la contribuyente al 31 de diciembre de 2024. 4. Nómina de Deudores Morosos y Requerimiento de Pago emitido por la TGR de fecha 9 de mayo de 2025; resolución que ordena embargo de fecha 19 de mayo de 2025, ambas correspondientes al Expediente de Cobranza 13612-2025-Providencia 5. Mandato judicial otorgado con fecha 19 de julio de 2024 en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola. 6. Cédula de identidad del patrocinante, Michel Alejandro Aguilera. 7. Certificado de título de abogado de Michel Alejandro Aguilera Rebolledo emitido por el Secretario de la Excma. Corte Suprema. 8. Cédula de identidad del apoderado, Francisco Javier Núñez Méndez. 9. Certificado de título de abogado de Francisco Javier Núñez Méndez emitido por el Secretario de la Excma. Corte Suprema. B. Documentos acompañados en el curso del proceso. En etapa probatoria: A folios 83 a 192: 1. Notificación contenida en la Carta N°11595955 y Giro Folio N°12020559 sobre Impuesto del Artículo 9° de la Ley N°21.420 del periodo 2024, emitida por la Unidad de Providencia de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 2. Notificación del acto administrativo antes singularizado, realizada con fecha 17 de abril del 2025. 3. Certificado emitido por el SII respecto de los de bienes muebles de alto valor registrados a nombre de la contribuyente al 31 de diciembre de 2024. 4. Nómina de Deudores Morosos y Requerimiento de Pago emitido por la TGR de fecha 9 de mayo de 2025; resolución que ordena embargo de fecha 19 de mayo de 2025, ambas correspondientes al Expediente de Cobranza 13612-2025-Providencia. 5. Escritura pública de Rectificación y Complementación de Término de Contrato de Arrendamiento de Aeronave, otorgada con fecha 11 de marzo de 2025 ante el Notario Público Titular de la Primera Notaría de Lo Barnechea. 6. Escritura pública de compraventa de helicóptero, otorgada con fecha 14 de febrero de 2025, ante la Notario Público de Santiago doña María Soledad Lascar Merino. 32 7. Carta de instrucciones para asignación de activos a EU de fecha 23 de mayo de 2022, suscrita por María Constanza Bathich Rossak ante el Notario de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola. 8. Contrato de arrendamiento de aeronaves de fecha 1 de junio de 2022 suscrita ante el Notario Suplente de la 51° Notaría de Santiago de don Iván Tamargo Barros. 9. Declaración jurada suscrita con fecha 29 de noviembre de 2023 por Sociedad Comercial Black Helicopters SpA ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot. 10. Certificado de Verificación de Actividades Folio N°4543974, emitido el 30 de septiembre de 2024 por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 11. Informe de registro de horas de vuelo emitido con fecha 24 de junio de 2024 por Sociedad Comercial Black Helicopters SpA. 12. Balance al 31 de diciembre de 2023 de María Constanza Bathich Rossak (EU), en hojas foliadas y timbradas, firmadas por representante legal y contador. 13. Sentencia de fecha 7 de abril de 2025, dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en causa RUC: 23-9-0001001-2, RIT: GR-15-00119-2023. 14. Sentencia de fecha 26 de junio de 2025, dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en causa RUC: 23-9-0000979-2, RIT: GR-15-00115-2023. 15. Sentencia de fecha 24 de octubre de 2025, dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en causa RUC: 25-9-0000796-9, RIT: GR-15-00136-2025. 16. Sentencia de fecha 27 de octubre de 2025, dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en causa RUC: 24-9-0000009-6, RIT: GR-15-00002-2024. 17. Nómina de Helicópteros y aviones, Resolución exenta SII N°124, del 26 de diciembre de 2022. 18. Nómina de Helicópteros y aviones, Resolución exenta SII N°145, del 21 de diciembre de 2023. 19. Nómina de Helicópteros y aviones, Resolución exenta SII N°121, del 16 de septiembre de 2025. Custodia: No hay. B. Testimonial: No hay C. Audiencia de percepción documental: No hay. D. Oficios: Ord N°148/2025 de 04.06.2025; Ord. N° 477/2025 de 12.12.2025 (ambos, solicita suspensión de cobro) y Ord. N°22/2026 de 19.01.2026 (solicita aspectos técnicos considerados para la determinación del valor normal de mercado asignado al helicóptero matrícula CC-PKK, marca Bell, modelo 206B, número de serie 4628) E. Informe Pericial: No hay. SEXTO: Que, por su parte, el Servicio de Impuestos Internos rindió la siguiente prueba en autos: Prueba Instrumental: A. En Etapa de Discusión de la Reclamada: No hay. Los documentos acompañados en el primer