Vulneración de derechos: artículo 19 N° 21 de la Constitución

“ARSA GROUP SPA CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO NORTE” RUC 25-9-0001244-6 RIT VD-15-00223-2025 Santiago, a diecisiete de febrero de dos mil veintiséis. Proveyendo derechamente el escrito presentado por don Abel Hidalgo, en representación de la parte reclamante, con fecha 22 de octubre de 2025, a folio 233 del expediente electrónico: Estese a lo que se resolverá. Proveyendo derechamente el escrito presentado por don Abel Hidalgo, en representación de la parte reclamante, con fecha 02 de diciembre de 2025, a folio 235 del expediente electrónico: Estese a lo que se resolverá. Proveyendo derechamente el escrito presentado por don Abel Hidalgo, en representación de la parte reclamante, con fecha 08 de febrero de 2026, a folio 237 del expediente electrónico: Estese a lo que se resolverá. Resolviendo derechamente la petición principal del escrito presentado por don Eugenio Warnier, en representación del Servicio de Impuestos Internos, con fecha 07 de octubre de 2025, rolante a fojas 219 y siguientes del expediente electrónico; VISTOS Y CONSIDERANDO. PRIMERO. Que, con fecha 10 de septiembre de 2025, recurre ante este Tribunal don Abel Hidalgo, C.I. N° 16.865.964-4, en representación de ARSA GROUP SpA, quien interpone reclamo por vulneración de derechos en contra de Oficio ORD. N°117 de fecha 27 de agosto de 2025, emitido por el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Santiago Norte y en contra de las anotaciones N°6601 y N°41, cargadas en los sistemas informáticos del SII, conforme a los fundamentos que expone en el señalado reclamo. SEGUNDO. Que, con fecha 01 de octubre de 2025, a folio 204 del expediente electrónico, este Tribunal tuvo por interpuesto el reclamo tributario. TERCERO. Que, a folio 219 y siguientes del expediente electrónico, con fecha 07 de octubre de 2025, comparece don Eugenio Warnier, en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien interpone recurso de reposición, en contra de la resolución de folio 204 y siguientes, solicitando se modifique dicha resolución por otra que declare inadmisible el Reclamo, por configurarse litispendencia con la incoación del presente juicio, además de una vulneración al principio de inavocabilidad en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Litispendencia: existencia del Procedimiento RIT GS-1600047-2023, RUC 23-9- 0000679-3, “SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO NORTE con Arsa Group Spa” incoado ante el 2° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago (actualmente radicado en la Excelentísima Corte Suprema, RIT 37466- 2025). Señala que, el 21 de julio de 2023 se notificó el Acta de Denuncia N° 02/2023 a Arsa Group SpA, RUT 76.750.737-2. El 27 de julio de 2023 se ingresó el Acta con sus antecedentes en la OJV TTA, quedando radicada la causa en el 2° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, bajo la carátula “SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO NORTE con Arsa Group SpA”, RUC 23-9-0000679-3, RIT GS-16-00047-2023. Indica que, el 2 de agosto de 2023 Arsa Group presentó descargos respecto del Acta de Denuncia. Luego, con fecha 7 de agosto de 2023, el Tribunal tuvo por interpuesta el Acta de Denuncia y el procedimiento continuó su tramitación. Con posterioridad a ello, y con base en una solicitud del contribuyente, el Tribunal ordenó “alzar las causales de exclusión aplicadas al contribuyente hasta la dictación de la sentencia definitiva en la presente causa”. El pronunciamiento del Tribunal se limitó exclusivamente al alzamiento de las causales de exclusión, sin extenderse a las anotaciones u observaciones de carácter interno, como pretendía la contribuyente. Indica que, mediante el Oficio N° 137-2023 de octubre de 2023, el Segundo TTA instruyó a la Directora Regional Metropolitana Santiago Norte del SII “alzar de manera transitoria las causales de exclusión aplicadas al contribuyente Arsa Group SpA, a fin de que pueda acceder a condonaciones y convenios de pago ante la Tesorería General de la República, hasta la dictación de la sentencia definitiva” en la causa RIT GS-16-00047- 2023, RUC 23-9-0000679-3. Expone que, en el caso analizado, la acción por vulneración de derechos solicitó el alzamiento de anotaciones y se dirigió contra la resolución que rechazó dicho alzamiento, todo ello en el contexto de la medida cautelar decretada en el Procedimiento General de Sanciones previamente individualizado. Sostiene que, el efecto jurídico perseguido —relevante para la litispendencia y el principio de inavocabilidad— es idéntico al obtenido en la causa tramitada ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero: levantar las anotaciones del Contribuyente derivadas de la medida cautelar concedida en el procedimiento sancionatorio relativo al Acta de Denuncia N° 2. Argumenta que, la Reclamante pretende que el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago interprete, modifique, amplíe o deje sin efecto una resolución válidamente dictada por otro tribunal, esto es, el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en la causa RIT GS-16-00047-2023, RUC 23-9-0000679-3, cuya competencia estaba radicada en ese órgano y que, tras la revocación de la sentencia por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y la interposición de recursos de casación en el fondo y en la forma por la Reclamante, se encuentra actualmente radicada en la Excelentísima Corte Suprema, Rol 37466-2025. Refiere que, a raíz de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones que revocó la de primera instancia y acogió el Acta de Denuncia, el Servicio repuso las anotaciones 6601 y 41. La propia Reclamante adhirió a la apelación solicitando condena en costas y fue totalmente vencida, siendo condenada al pago de costas. Concluye que, las anotaciones que la Reclamante busca levantar mediante un segundo procedimiento provienen del primer proceso seguido ante el Segundo Tribunal y de la sentencia de la Corte de Apelaciones, constituyendo una consecuencia de la prosecución de ese juicio y de los actos de la propia Reclamante. Puntualiza que, cualquier restablecimiento de la medida cautelar concedida en el primer juicio —y de sus efectos— debe tramitarse en esa misma causa; y que eventuales discrepancias sobre su cumplimiento deben alegarse en el Procedimiento General de Sanciones actualmente pendiente ante la Excma. Corte Suprema, Rol 37466-2025. Un pronunciamiento en sentido diverso configuraría litispendencia, excepción prevista en el artículo 303 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. Luego, cita al profesor Ried respecto a la litispendencia para agregar que, el análisis no debe limitarse únicamente a la concurrencia de los requisitos formales, sino también considerar los efectos jurídicos que se pretende generar con el segundo juicio, conforme a la tesis del profesor Cristián Maturana. En este caso, dichos efectos coinciden plenamente con los producidos en el primer proceso seguido ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, actualmente radicado ante la Excelentísima Corte Suprema. Continúa citando al autor. Indica que, existe un juicio pendiente ante el 2° TTA seguido entre las mismas partes y actualmente radicado ante la Excelentísima Corte Suprema. Así, concurre la identidad legal de personas, por cuanto en ambos procesos la parte reclamante es Arsa Group SpA y la parte reclamada es la DRMSN del Servicio. Se verifica la identidad de la cosa pedida entendida como el beneficio jurídico perseguido, pues en ambos procedimientos se busca el alzamiento de las anotaciones del contribuyente derivadas de la medida cautelar del primer juicio, así como también coincide la causa de pedir al fundarse en el Acta de Denuncia N° 2 y en las anotaciones registradas por la fiscalización que, según se alega, afectarían su actividad. Sostiene que, configurados los requisitos de la litispendencia —juicio pendiente, identidad de partes, cosa pedida y causa de pedir—, el segundo reclamo debe ser declarado inadmisible por pretender obtener los mismos fines y efectos jurídicos que ya son objeto del proceso en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema. Concluye que, lo procedente en derecho no es accionar por vulneración de derechos para modificar una resolución dictada por otro tribunal, sino solicitar lo que corresponda dentro del Procedimiento General de Sanciones en que se concedió la medida cautelar, atendido su carácter accesorio y su extinción con la dictación de la sentencia definitiva. Carácter instrumental y accesorio de las medidas cautelares: subsisten en relación al proceso en el cual se decretaron, y provisoriamente hasta la dictación de la sentencia definitiva. Inicia citando el concepto de medidas cautelares de Calamandrei, para luego agregar doctrina del profesor Maturana respecto de la instrumentalidad de las medidas cautelares. Sostiene que, las supuestas vulneraciones de derechos invocadas en este procedimiento corresponden, en realidad, a alegaciones propias del proceso iniciado con la notificación del Acta de Denuncia N° 2 y persiguen, además, restablecer la medida cautelar innominada concedida en ese mismo expediente. Por su carácter accesorio al procedimiento en que fueron dictadas —seguido ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero y hoy radicado ante la Excelentísima Corte Suprema—, dichas pretensiones no constituyen una acción de vulneración de derechos que deba tramitarse ante este Tribunal, sino cuestiones que deben ventilarse en la causa principal. Emitir un pronunciamiento diverso respecto de una resolución dictada en ese proceso principal — actualmente en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema— implicaría infringir el principio de inavocabilidad, consagrado en el artículo 8 del Código Orgánico de Tribunales y en el artículo 76 de la Constitución Política de la República. Continúa citando lo dispuesto en el artículo 8 del COT y el artículo 76 de la CPR, para agregar que, los efectos jurídicos actualmente vigentes derivan de la propia actuación de la Reclamante al interponer recursos de casación en la forma y en el fondo, puesto que el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil establece que dichos recursos no suspenden la ejecución de la sentencia, por lo que cualquier alegación en sentido contrario debe ser desestimada. Cita al efecto la norma señalada. Expone que, desde el inicio del proceso tramitado ante el 2° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, en el cual se concedió la medida cautelar innominada, la Reclamante ha deducido varias acciones de vulneración de derechos con fines similares y derivadas de ese procedimiento general de sanciones. Detalla que, se interpuso la acción RIT VD-16-00066-2023, RUC 23-9-0001178-7, ante el 2° Tribunal Tributario y Aduanero; se promovió la acción RIT VD-17-00072-2025, RUC 25-9-0001029-K, ante el 3° Tribunal Tributario y Aduanero; se dedujo la acción RIT VD-18-00105-2025, RUC 25-9-0000856-6, ante el 4° Tribunal Tributario y Aduanero; y se tramita la acción RIT VD-15-00223-2025, RUC 25-9-0001244-6, ante el 1° Tribunal Tributario y Aduanero, correspondiente al presente procedimiento. Sostiene que, la Reclamante ha promovido múltiples procedimientos con fines similares a los perseguidos en el Procedimiento General de Sanciones, cuya pluralidad de acciones podría traducirse en una afectación del derecho a la acción, toda vez que la litispendencia busca evitar decisiones contradictorias y conflictos de competencia entre tribunales. A la luz de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en el Recurso de Reposición, el presente Reclamo resulta improcedente por configurarse litispendencia y vulnerarse el principio de inavocabilidad, debiendo el Tribunal acoger la reposición y resolver en ese sentido. CUARTO. Que, a folio 227 este Tribunal tuvo por interpuesto el recurso de reposición interpuesto por el SII, confiriendo traslado a la parte reclamante. Dicho traslado fue evacuado a folio 229 y siguientes del expediente electrónico, Mediante el escrito la parte reclamante solicitó que se rechazare con costas el recurso, en virtud de los siguientes argumentos: Sostiene que, el SII presume la responsabilidad de los contribuyentes antes de que exista una sentencia firme y ejecutoriada que así lo declare, infringiendo de manera sistemática la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes desde el retorno a la democracia, en contravención del artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Afirma que, ninguna persona debería ser separada de su cargo ni tratada como culpable sin una condena definitiva, pues ello provoca situaciones de injusticia de carácter irreparable. Expone que, el SII solicita se declare inadmisible el reclamo, pero lo hace mediante una reposición ordinaria en lugar de promover un incidente procesal. El fundamento de dicha solicitud radica en una supuesta litispendencia. Sostiene que, lo anterior resulta carente de lógica tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo, cuestión que pasa a desarrollar a continuación. Plantea que, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) alega litispendencia en el contexto procesal, debió haber presentado la excepción dilatoria correspondiente conforme al Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 28 de agosto de 1902. Explica que, el artículo 157 del Código Tributario remite al Procedimiento General de Reclamaciones (PGC), específicamente al Título II del Libro III del mismo cuerpo legal. Indica que, el artículo 148 del Código Tributario establece la aplicación de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil (CPC) en el ámbito tributario. Detalla que, en el Libro II del CPC, el artículo 303 contempla las excepciones dilatorias, incluyendo expresamente la litispendencia en su numeral tercero. Sostiene que, por lo tanto, una reposición ordinaria que invoque litispendencia no puede ser admitida desde el punto de vista procesal, ya que resulta ilógica, impertinente e improcedente. Enfatiza que, el derecho procesal, al igual que el tributario, pertenece al ámbito del derecho público, lo que implica que solo se puede actuar conforme a lo que la ley adjetiva permite. Subraya que, en consecuencia, el SII no tiene facultad para combinar instituciones jurídicas sin respaldo en la ley adjetiva, dado que el derecho procesal se caracteriza por su rigurosidad formal, su orden establecido y sus vías legalmente determinadas. Indica que, si se considera la litispendencia como parte de una reposición, debe señalarse ante el tribunal que no puede existir litispendencia entre juicios de distinta naturaleza. Esta situación representa una vulneración de derechos, ya que el SII basa su argumento en un acta de denuncia, lo que excluye automáticamente los presupuestos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, especialmente el juicio pendiente, elemento esencial de la litispendencia. Explica que, desde el punto de vista sustantivo y conforme al principio de inavocabilidad, la tesis del SII carece de fundamento técnico, pues equiparar distintos tipos de juicios como si fueran equivalentes resulta jurídicamente insostenible. Bajo el enfoque jurídico propuesto por el SII, juicios como los de cobro de pesos, responsabilidad contractual, arrendamiento, precario o comodato serían tratados como si fueran iguales, lo cual es incorrecto. Argumenta que, siguiendo esa lógica, acciones como la reivindicatoria, las querellas posesorias, la demarcación y el cerramiento también serían consideradas equivalentes, lo que demuestra la inconsistencia de la postura fiscal. Refiere que, en el juicio ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, se solicitó una medida precautoria en un procedimiento general de sanciones, la cual fue concedida por el tribunal, apelada por el SII, y posteriormente desistida por este mismo, generando una resolución interlocutoria de segunda instancia. Aceptar la tesis del SII implicaría considerar que una vulneración de derechos y las medidas de protección como amparos o amparos económicos son lo mismo que una medida cautelar, lo cual es jurídicamente incorrecto. Precisa que, una ONI, común en casos de vulneración de derechos, no constituye una medida cautelar propiamente tal, debido a su naturaleza y finalidad distintas. La vulneración de derechos es una acción principal, mientras que lo cautelar es accesorio, por lo que no puede aceptarse la equivalencia que propone el SII. Manifiesta que, contrariamente a lo sostenido por el SII, la Corte Suprema no tiene competencia para pronunciarse sobre el alzamiento de anotaciones en un juicio de sanciones generales, ya que esta materia nunca ha sido parte de ese tipo de procedimientos. Reitera que, incluso cuando el Director Regional del SII actuaba como juez y parte en el proceso contencioso, la Corte Suprema no abordó las peticiones concretas del reclamo por vulneración. Describe que, para que exista litispendencia, debe haber un juicio pendiente con triple identidad de cosa juzgada, conforme al artículo 177 del CPC, lo cual no se cumple en este caso. No hay identidad de objeto, ya que en el juicio general de sanciones el acto impugnado es una denuncia, mientras que en una vulneración se trata de un acto ilegal o arbitrario, que puede o no estar contenido en un acto administrativo. Tampoco existe identidad de causa de pedir, dado que en una vulneración el fundamento inmediato es la violación de derechos establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario, en relación con la Constitución y los tratados internacionales, mientras que en el juicio de sanciones el SII busca aplicar una pena conforme al artículo 97 numeral 4 del mismo código. Reconoce que, aunque ambos procedimientos se enmarcan en el ámbito tributario y dentro del mismo código, responden a naturalezas jurídicas distintas: uno es civil y el otro penal, lo cual es resultado de la evolución legislativa. Sugiere que, así como una negligencia médica derivada de un cuasidelito de homicidio puede dar lugar a una demanda por daños y mediación previa, no todos los actos jurídicos deben ser tratados como equivalentes por compartir un marco normativo común. Afirma que, la litispendencia requiere un análisis previo de la cosa juzgada, lo cual implica que causa y objeto deben coincidir, lo que no ocurre entre un juicio por vulneración de derechos y otro por sanciones generales. Resalta que, una medida cautelar es accesoria a un juicio, mientras que la acción por vulneración tiene entidad propia y protagonismo suficiente para ser considerada como principal. Asegura que, el SII trata a los contribuyentes como culpables antes de que exista una sentencia firme y ejecutoriada, lo cual está prohibido por la Constitución y las leyes, debido a sus implicancias sociológicas. QUINTO. Que, el artículo 157 del Código Tributario permite la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento general de reclamaciones en lo no regulado para los reclamos por vulneración de derechos. SEXTO. Que, conforme establece el artículo 133 del Código Tributario, por regla general, las resoluciones que se dicten en el curso del proceso son susceptibles únicamente de recurso de reposición. SÉPTIMO. Que, de acuerdo con el artículo 148 del mismo cuerpo legal en todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales, se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el Libro Primero y Segundo del Código de Procedimiento Civil. Entre dichas normas, se encuentra la regulación de las excepciones dilatorias. OCTAVO. Que, conforme a lo anteriormente señalado, este Tribunal estima que en la especie efectivamente se puede interponer una excepción dilatoria de litispendencia conforme a las normas del CPC. No obstante lo anterior, como el objeto de la vía de impugnación utilizada por el SII es que se deje sin efecto la resolución recurrida declarando inadmisible el reclamo interpuesto a folio 01 y siguientes del expediente electrónico, esta magistratura estima que el SII ha procedido correctamente al interponer el recurso de reposición. NOVENO. Que, según dispone el artículo 303 N° 3 del CPC, es una excepción dilatoria, entre otras, la litispendencia. DÉCIMO. Que, la doctrina ha señalado que, cuatro (4) son los requisitos para que opere litispendencia: (i) existencia de un juicio pendiente; (ii) identidad legal de persona; (iii) identidad de la cosa pedida; e (iv) identidad de la causa de pedir. UNDÉCIMO. Que, en cuanto a la existencia de un juicio pendiente como primer requisito para que se configure la litispendencia, de acuerdo con el documento que consta a folio 178 del expediente electrónico, es posible constatar el cumplimiento de dicho requisito ya que la parte reclamante ha interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones y no existe antecedente alguno que dé cuenta de que dicho proceso haya concluido. Por su parte, la identidad de partes queda acreditada del señalado expediente de casación de la Excma. Corte Suprema y el escrito de reclamo de folio 01 y siguientes. Que, en cuanto a la causa de pedir, se refiere a los motivos o fundamentos que lleva a la actora reclamar un derecho. Así, en ambos procedimientos se indican como fundamento último la existencia del Acta de Denuncia y las consecuentes anotaciones cursadas por el SII. En consecuencia, existe identidad de la causa de pedir. Que, respecto a la cosa pedida, debe ser entendida como el beneficio que se persigue mediante la acción interpuesta. En el reclamo por vulneración de derechos de autos, la cosa pedida es que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el Ordinario N° 117 de fecha 27 de agosto de 2025 y eliminar las anotaciones 6601 y 41. Respecto del procedimiento general de aplicación de sanciones, y de según consta en el documento de folio 48 y siguientes del expediente electrónico, si bien la cosa pedida de forma directa fue que se dejara sin efecto el Acta de Denuncia levantada por el SII, indirectamente -a través de la solicitud de medida cautelar innominada- se buscó levantar las anotaciones vigentes como medida temporal hasta la dictación de sentencia. Lo anterior, debido a que las anotaciones que cursó el SII son consecuencia directa del Acta de Denuncia. De esta forma, se cumple con el requisito de existir identidad de la cosa pedida. DUODÉCIMO. Que, adicionalmente, la litispendencia exige un análisis de los efectos que pueden producirse de darse curso al nuevo procedimiento, es por ello, tiene como principal objeto evitar que se dicten sentencias contradictorias. Así, dar curso a la tramitación del proceso por vulneración de derechos, podría implicar que se dicte una sentencia contradictoria respecto de aquella que deba pronunciar la Excma. Corte Suprema en conocimiento del recurso de casación interpuesto por la parte reclamante. En consecuencia, este Tribunal concuerda con lo sostenido por el Servicio en cuanto a que cualquier petición que se encuentre relacionada con el procedimiento RIT GS-1600047-2023, RUC 23-9-0000679-3, “SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL STGO NORTE con Arsa Group Spa” incoado ante el 2° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, debe ser formulada directamente en el curso de dicha tramitación, pues la competencia se encuentra radicada en la actualidad ante la Excma. Corte Suprema. DECIMOTERCERO. Que, lo señalado en los considerandos anteriores, en ningún caso constituye una infracción a la presunción de inocencia a la que tiene derecho el contribuyente, por cuanto, no se le está negando la posibilidad de solicitar el alzamiento de las anotaciones impugnadas, sino únicamente que debe hacerlo ante el Tribunal competente. DECIMOCUARTO. Que, por las consideraciones antes señaladas este Tribunal acogerá el recurso de reposición interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos a folio 219 y siguientes del expediente electrónico y, en consecuencia, declarará inadmisible el reclamo tributario interpuesto a folio 01 y siguientes por configurarse litispendencia y encontrarse radicada la competencia para conocer del asunto debatido ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. DECIMOQUINTO. Por tanto, en virtud de las consideraciones que anteceden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 155, 157, 148 del Código Tributario, artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1 de la Ley N° 20.322 y demás normas que resulten aplicables; SE RESUELVE: I. HA LUGAR al recurso de reposición interpuesto por don Eugenio Warnier Readi, en representación del Servicio de Impuestos Internos, con fecha 07 de octubre de 2025, a folio 219 del expediente electrónico. En consecuencia: II. DECLÁRESE INADMISIBLE el reclamo tributario interpuesto a fojas 01, con fecha 10 de septiembre de 2025, por don Abel Hidalgo, en representación de ARSA GROUP SpA, RUT N°76.750.737-2. NOTIFÍQUESE la presente resolución al reclamante por carta certificada, de conformidad a lo establecido en el artículo 131 bis del Código Tributario. Dese aviso a las direcciones de correo electrónico registrados por las partes. Déjese testimonio en el expediente. Proveyó don MATÍAS PARRA MUÑOZ, Juez No Inhabilitado del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza doña FERNANDA SARRATEA ACUÑA, Secretaria (S) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Matias Parra Muñoz Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez no Inhabilitado Tribunal R. Metropolitana. Primero 2026-02-17T15:58:46-0300 Chile Firma Avanzada TTA