Vulneración de derechos: artículo 8 bis del Código Tributario

1 EN SANTIAGO, A CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO. La presente resolución contiene las fojas del expediente electrónico del sistema SACTA. VISTOS: El escrito de fecha 20 de febrero de 2019, rolante a fojas 1 de autos, presentado por don MARCELO ANDRÉS CORDERO ROMERO, RUT N°14.446.258-0, en representación de SOCIEDAD COMERCIAL CALL LINE SpA, RUT N°76.474.275-3, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Marathon N°2641, oficina 12, comuna de Macul, mediante el cual interpone Reclamo por Vulneración de Derechos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes del Código Tributario, en contra del actuar de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (en adelante “SII”), consistente en haber rechazado su solicitud de levantar la anotación y exclusión N°4103, así como de entregar información respecto a la situación de la misma, todo lo anterior, mediante el Oficio N°420 de 1 de febrero de 2019. En síntesis, la reclamante indica que, es una sociedad constituida el año 2015, cuyas actividades económicas informadas al SII corresponden a ventas al por menor no realizadas en comercios, actividades de telecomunicaciones y a la asesoría y consultoría en inversión financiera. Relata que durante el año 2018 fue sujeto de fiscalización por parte del Departamento de Delitos Tributarios del SII, motivo por el que le fueron requeridos antecedentes en más de una oportunidad, los cuales afirma haber cumplido, según consta en las actas de recepción de documentos levantadas para tales efectos. 2 Añade sobre este punto que, en forma paralela, ese mismo año se sometió a un proceso voluntario de auditoría externa con objeto de regularizar y ordenar su contabilidad, cuestión que la llevó a rectificar sus balances y declaraciones de renta de los Años Tributarios (en adelante “AT”) 2016, 2017, 2018 y las declaraciones de IVA de algunos periodos del ejercicio comercial 2018. Producto de lo anterior, presentó declaraciones rectificatorias de las declaraciones mensuales F29 y anuales F22 de los periodos antes señalados, las que fueron validadas por el SII. Esto último trajo como consecuencia que el SII emitiera veintisiete giros por las diferencias de impuesto determinadas que, a la fecha del reclamo, alcanzaron la suma de $514.408.843.-, considerando reajustes, intereses y multas hasta ese momento. Al respecto, hace presente que su intención es cumplir con el pago de sus deudas fiscales, haciendo énfasis en que los giros se emitieron con ocasión de su propia iniciativa y no como consecuencia de la fiscalización del SII, así como también que en ningún caso ha demostrado entorpecer dicha fiscalización, sino todo lo contrario. Sin embargo, indica, Tesorería General de la República (en adelante “TGR”) no le autoriza a optar a convenios y condonaciones por encontrarse en una lista de exclusión con ocasión de una anotación que le colocó el SII, lo que asegura le ha impedido cumplir con el pago de los giros en condiciones menos gravosas. Sobre lo anterior, explica que el SII le colocó la Anotación N°4103 “Recopilación de Antecedentes” con ocasión de la fiscalización iniciada por el Departamento de Delitos Tributarios, no obstante, sostiene que consultó al fiscalizador a cargo del caso y éste le habría comunicado el mes anterior a la presentación del reclamo de autos que, el contribuyente no mantenía entregas de documentación pendiente y que ya se habría dado cumplimiento a las notificaciones y requerimientos de documentación efectuados por el SII. Aquello, motivó a que presentara una petición administrativa al jefe del departamento aludido, solicitando el levantamiento de la anotación N°4103 o, en la negativa, que aclarase su situación actual frente al Departamento de Fiscalización y los motivos que fundan su persistencia en mantener la anotación. No obstante, relata, mediante Oficio Ordinario N°420 de fecha 1 de febrero de 2019, la unidad respectiva el SII rechazó su solicitud, argumentando que el 3 contribuyente aún se encontraba sometido a un proceso de recopilación de antecedentes, sin atribuir esto a un motivo específico o determinado. Añade sobre esto último que, tampoco existe alguna gestión pendiente o resolución, que sustente la posición del SII, pues fue la misma autoridad quien le informó que no tenía entregas de antecedentes sin cumplir. Por lo demás, indica que no mantiene ninguna otra anotación pendiente en el SII y tampoco existe antecedente alguno que dé cuenta de comportamientos tributarios irregulares, por lo que estima que mantener la anotación constituye una actitud arbitraria. En consecuencia, considera que levantar la anotación no implica, de manera alguna, perjudicar o poner en riesgo la fiscalización que pretenda el SII. Concluye sobre este punto que sus pretensiones no apuntan de manera alguna a impugnar las facultades fiscalizadoras del SII ni tampoco impugnar los giros de impuestos, sino únicamente a dejar sin efecto una anotación que, estima, no tiene asidero legal. En cuanto al fondo, en primer lugar, alega infringido el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario, particularmente en cuanto a su derecho a conocer en cualquier momento su situación tributaria y el estado de tramitación del proceso, toda vez que el SII no le entregó una respuesta clara y concreta en cuanto al levantamiento de la exclusión. En segundo lugar, alega infringidos los artículos 11 y 41 de la ley N°19.880, puesto que el SII no se pronunció sobre cuál es la situación particular del contribuyente frente al SII que impide levantar la anotación N°4103, cuestión que haría infundada su resolución. En tercer lugar, alega infringido lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República (en adelante “CPR”), toda vez que estima que la anotación y consecuente impedimento a suscribir convenios con TGR constituyen una sanción a priori que no se encuentra contemplada en la ley, contraviniendo de este modo los principios de legalidad y reserva legal, supremacía constitucional y debido proceso. En cuarto lugar, alega que la conducta del SII infringió lo dispuesto en el artículo 19 N°22 de la CPR, atendido que el SII pretende mantenerla sancionada indefinidamente, impidiéndole el legítimo ejercicio de sus derechos ante TGR, cuestión que le genera un perjuicio económico al estarse devengando intereses 4 y reajustes durante todo el tiempo en que se le ha impedido cumplir con su obligación tributaria, en comparación con otros contribuyentes que se encuentran en una misma situación jurídica, es decir, que se encuentran sin requerimientos pendientes, resoluciones u otras gestiones sin cumplir. Finalmente, solicita que se acoja el reclamo tributario por vulneración de derechos del contribuyente, ordenando al SII el levantamiento de la anotación y exclusión N°4103, que le impide suscribir convenios con TGR, e inhibirse o abstenerse de colocar nuevas anotaciones o exclusiones que le priven o limiten el ejercicio de su derecho a optar por convenios y condonaciones para el pago de sus tributos adeudados, todo con expresa condena en costas. A fojas 157 de autos, comparece doña PAOLA GONZÁLEZ QUEZADA, RUT N°10.996.212-0, en representación de la Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, domiciliada para estos efectos en General de Canto N°281, piso 5, comuna de Providencia, quien debidamente facultada para ello, evacuó el traslado conferido mediante resolución rolante a fojas 153, solicitando el rechazo del reclamo, con expresa condena en costas para la reclamante, por las razones que se indican a continuación. Señala en resumen que, el contribuyente efectivamente fue sometido a un proceso de recopilación de antecedentes que, al menos al momento de la presentación del reclamo, se encontraba pendiente de resolución. Dicho proceso, indica, inició con ocasión de que el contribuyente registró y utilizó facturas falsas en su contabilidad de varios emisores asociados al caso “GIFF”, cuestión que derivó en un perjuicio fiscal por concepto de IVA $140.936.352.- Respecto del proceso de recopilación de antecedentes, hace presente que las solicitudes de documentos fueron varias, en parte porque el mismo contribuyente no llegaba con la totalidad de los documentos requeridos. Es en este contexto, agrega, que el contribuyente presentó sus rectificaciones de Formularios 29 y Formularios 22 de los AT 2016, 2017, 2018 y las declaraciones de IVA de algunos periodos del ejercicio comercial 2018, presentación que no habría sido paralela en los términos planteados por la reclamante. Así también, hace presente que el contribuyente solicitó en más de una ocasión el levantamiento de la exclusión, oportunidades en que se le informó que ésta se enmarcaba en un proceso de recopilación de antecedentes por facturas falsas. 5 Continúa refiriéndose a la improcedencia del reclamo, respecto de lo cual sostiene que la actora confundiría el derecho contemplado en el N°3 del artículo 8 bis del Código Tributario y N°22 del artículo 19 de la CPR con las facultades de fiscalización y de recopilación de antecedentes propios de las facultades del SII. Agrega sobre la actuación reclamada que ésta se ajusta a derecho, por cuanto la Anotación 4103 tuvo su origen en que la reclamante habría aumentado indebidamente su crédito fiscal IVA, permitiéndole disminuir su carga tributaria; luego, que el mismo contribuyente procedió a rectificar la información contenida en los registros Electrónicos de Compras y Ventas, eliminando del registro un total de 62 facturas falsas, cuestión que a su juicio correspondería a un reconocimiento tácito de que no debió incorporar dichos documentos en sus declaraciones de impuesto primigenias. Así también, sostiene que la anotación en cuestión se efectuó por el SII en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, en los términos del artículo 29 de la Ley N°19.880, es decir, en un procedimiento de información previa que tiene como objeto que el SII ejerza su facultad discrecional de proceder o no la acción penal, según dispone el artículo 162 inc. 3° del Código Tributario. Lo anterior, a su juicio, resulta del todo necesario para poder iniciar una investigación penal, puesto que de conformidad con el artículo 162 del Código Tributario ésta requiere la existencia de una denuncia o querella previa del SII que, a su vez, requiere de una recopilación previa de antecedentes. Sobre esto último, recalca que al momento de la presentación del reclamo el procedimiento sería desformalizado y de información previa. Por otro lado, sostiene que en la fase de recopilación de antecedentes no hay decisión, como tampoco habría un procedimiento administrativo formal en que alguien esté siendo llamado a defender sus intereses, cuestión que solo ocurrirá cuando el SII adopte la decisión discrecional de ejercer o no la acción penal. En cuanto a la actitud de la reclamante, sostiene que sus peticiones de información acerca de deliberaciones previas que fundaron la existencia de observaciones a sus declaraciones de impuesto, solo buscan conocer anticipadamente la posición del SII y el curso de acción a adoptar frente a los hechos que motivaron los requerimientos de información, cuestión que afectaría las funciones del órgano fiscalizador como labores de acopio de información o 6 incluso poner en riesgo la integridad de algunos elementos probatorios, especialmente considerando que en éstos puede haber información de terceros que también podría ponderarse. En definitiva, afirma que en la especie no es posible entregar la información solicitada por el contribuyente sin arriesgar la causa pública, las funciones del SII y sin adelantar la decisión que vaya a adoptar el ente fiscal. Se refiere a continuación a las alegaciones de la reclamante respecto de la supuesta transgresión a lo dispuesto en el N°22 del artículo 19 de la CPR, es decir, al hecho de haber sido discriminada por el SII en materia económica. Sobre el particular hace presente que, la condonación es un modo de extinguir las obligaciones producto de la renuncia del acreedor a un derecho, cuestión por la que resulta de toda lógica que el N°4 de la letra B del artículo 6 del Código Tributario se refiere a la condonación de intereses penales como a una facultad del Director del SII. Por tanto, no es efectivo que el contribuyente tenga un derecho indubitado sobre la condonación, sino que a lo más constituye una mera expectativa. Así también, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, afirma que en la especie tampoco se cumplirían los requisitos para que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Tributario, el Director del SII accediera a condonar. Lo anterior, por cuanto no se ha demostrado que el contribuyente procediera con antecedentes que hicieran excusables las omisiones en que incurrió producto de sus declaraciones sino que, por el contrario, las rectificó a sabiendas de que el SII habría descubierto la utilización de facturas falsas. Por último, en cuanto a la responsabilidad infraccional se refiere, hace presente que en caso de que el SII decidiera perseguirla, de aquello se levantará un acta que el contribuyente siempre tendrá derecho a impugnar de conformidad al Procedimiento para la Aplicación de Sanciones. Por tanto, concluye que la actuación del SII, consistente en mantener la anotación y exclusión recamadas no habrían vulnerado los derechos del contribuyente y, además, que no sería posible entregarle la información requerida, de manera que finaliza solicitando que se rechace íntegramente el reclamo, con expresa condena en costas. DILIGENCIAS DEL PROCESO: 7 A fojas 140, rola resolución de fecha 8 de marzo de 2019, que tuvo por interpuesto el reclamo de autos y confirió traslado al SII. A fojas 151, rola resolución de fecha 19 de marzo de 2019, que resolvió téngase presente. A fojas 153, rola resolución fecha 19 de marzo de 2019, resolvió ha lugar a los recursos de reposición y da traslado del reclamo al SII. A fojas 179, rola resolución de fecha 12 de abril de 2019, que tuvo presente el patrocinio y poder conferidos. A fojas 172, rola resolución de fecha 12 de abril de 2019, que tuvo por evacuado el traslado del reclamo por el SII. A fojas 178, rola resolución de fecha 16 de octubre de 2019, que resolvió no ha lugar. A fojas 181, rola resolución de fecha 21 de enero de 2020, que tuvo por recibido el oficio y citó a audiencia de conciliación. A fojas 191, rola resolución de fecha 18 de marzo de 2020, que tuvo presente la delegación de poder. A fojas 195, rola resolución de fecha 10 de noviembre de 2020, que resolvió como se pide. A fojas 197, rola resolución de fecha 10 de noviembre de 2020, que recibió la causa a prueba. A fojas 205, rola resolución de fecha 28 de abril de 2021, que tuvo por recibido el oficio y lo incorporó al expediente. A fojas 209, rola resolución de fecha 8 de febrero de 2022, que tuvo por recibido el oficio y lo incorporó al expediente. A fojas 218, rola resolución de fecha 24 de enero de 2023, que tuvo por recibido el oficio y lo incorporó al expediente. A fojas 224, rola resolución de fecha 26 de octubre de 2023, que tuvo por recibido el oficio. A fojas 232, rola resolución de fecha 12 de febrero de 2024, que tuvo por recibido el oficio y lo incorporó al expediente. A fojas 236, rola resolución de fecha 3 de mayo de 2024, que ordenó a las partes informar acerca de su disponibilidad para reanudar el término probatorio. 8 A fojas 238, rola resolución de fecha 6 de septiembre de 2024, que ordenó a las partes informar acerca de su disponibilidad para reanudar el término probatorio. A fojas 244, rola resolución de fecha 10 de septiembre de 2024, que ordenó reanudar el término probatorio. A fojas 246, rola resolución de fecha 28 de enero de 2025, que ordenó traer los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, a fojas 1 de autos comparece don MARCELO ANDRÉS CORDERO ROMERO, en representación de SOCIEDAD COMERCIAL CALL LINE SpA, ambos ya individualizados, interponiendo reclamo tributario conforme al Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos, en contra del actuar del SII, consistente en haber rechazado su solicitud de levantar la anotación y exclusión N°4103, así como de entregar información respecto a la situación de la misma, todo lo anterior, mediante el Oficio N°420 de 1 de febrero de 2019. Por tanto, solicitó se levantara la anotación y exclusión antes señalada, con expresa condena en costas para el SII. SEGUNDO: Que, a fojas 157 y siguientes comparece doña PAOLA GONZÁLEZ QUEZADA, de la Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, ya individualizados, quien debidamente facultada para ello evacúo el traslado conferido mediante resolución de fojas 153 de autos, solicitando se rechace el reclamo, con costas. TERCERO: Que, atendido lo señalado en lo expositivo de esta sentencia, se concluye que la cuestión controvertida versa sobre si el SII incurrió en una vulneración a los derechos contenidos en N°3 del artículo 8 bis del Código Tributario, en relación con los artículos 11 y 41 de la ley N°19.880, y de los artículos 6,7 y 19 N°s 3 y 22 de la CPR, con ocasión de haber rechazado la solicitud de levantar la anotación y exclusión N°4103, y haber rechazado la entrega de información respecto a la situación de la misma. CUARTO: Que a fojas 197 se fijó como punto de prueba el siguiente: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta de las vulneraciones a los derechos invocados por la reclamante, respecto del Ordinario N° 420 de fecha 1 de febrero del año 2019.” 9 Que, solo la parte reclamante acompañó antecedentes probatorios, que se analizarán y ponderarán en los considerandos siguientes. QUINTO: La reclamante acompañó antecedentes probatorios, los que se describirán a continuación: I. DOCUMENTAL: i. Documentos acompañados como fundamento de su reclamo: 1. A fojas 19, Oficio Ordinario N°420 emitido por el Jefe de Departamento de Delitos Tributarios. 2. A fojas 20, sobre de carta certificada que contiene oficio ordinario N°420, fechado al 1 de febrero de 2019. 3. A fojas 21, seguimiento de envío obtenida del sitio web de Correos de Chile. 4. A fojas 22, carta de solicitud levantamiento de exclusión, de fecha 22 de enero de 2019. 5. A fojas 25, certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República el 11 de febrero 2019. 6. A fojas 27, Cartola Fiscal de Deuda Tributaria y Cartola fiscal de Cobranza Judicial, emitidas por Tesorería General de la República el 11 de febrero de 2019. 7. A fojas 31, listados de Exclusiones del SII de fecha 11 de febrero de 2019. 8. A fojas 33, Nómina de Deudores Morosos de fecha 7 de diciembre de 2018 de la Tesorería Provincial de Ñuñoa. 9. A fojas 37, Consulta Situación Tributaria de Terceros del Portal del SII de fecha 11 de febrero de 2019, en donde consta que mi representada no mantiene situaciones irregulares ante el Servicio de Impuestos Internos. 10. A fojas 38, Notificación N°370 emitida por el Departamento de Delitos Tributarios con fecha 20 de febrero 2019. 11. A fojas 40, actas de recepción parcial de documentos de fecha 11 de mayo de 2018 y 18 de mayo de 2018, emitidas por el Departamento de Delitos Tributarios 12. A fojas 42, Notificación N°569 emitida por el Departamento de Delitos Tributarios con fecha 1 de junio de 2018. 10 13. A fojas 44, Notificación N°617 emitida por el Departamento de Delitos Tributarios con fecha 14 de junio de 2018. 14. A fojas 46, actas de recepción parcial de documentos de fechas 19 de junio de 2018 y 6 de agosto de 2018, emitidas por el Departamento de Delitos Tributarios. 15. A fojas 49, Notificación N°925 del Departamento de Delitos Tributarios de fecha 12 de octubre de 2018. 16. A fojas 50, acta de recepción de documentos de fecha 16 de noviembre de 2018, emitida por el Departamento de Delitos Tributarios. 17. A fojas 51, Notificación N°329 de fecha 21 de junio de 2018, emitida por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, Unidad Ñuñoa, grupo fiscalizador N°2. 18. A fojas 55, actas de recepción de documentos de fechas 22 de agosto de 2018 y 18 de enero de 2019, folio N°6, emitido por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, Unidad Ñuñoa, grupo fiscalizador N°2. 19. A fojas 59, Notificación N°2693432, F 3300 de fecha 17 de octubre de 2018. 20. A fojas 60, 27 Certificados de Declaración de Formularios 29 rectificatorios. 21. A fojas 87, 26 Giros y Comprobantes de Pago de Impuestos y Multas, Formulario 21, con ocasión de los F 29 rectificados. 22. A fojas 113, Giro y Comprobante de Pago de Impuestos y Multas, Folio N°6646423286. 23. A fojas 114, Giro y Comprobante de Pago de Impuestos y Multas, Folio N°6646425926. 24. A fojas 115, Aviso Recibo Portal emitido por Tesorería General de la República, Formulario 21, Folio N°63190537. 25. A fojas 116, Certificado de Movimiento emitido por Tesorería General de la República, Formulario 21, Folio N°121384364. 26. A fojas 117, Certificado de Movimiento emitido por Tesorería General de la República, Formulario 21, Folio N°2547305. 27. A fojas 118, Formulario 22 correspondiente al AT 2018. 28. A fojas 119, Formulario 22 rectificatorio, correspondiente al AT 2018. 11 29. A fojas 120, Formulario 21, Giro por Diferencia de Impuesto, Folio N°50795148, año tributario 2018. 30. A fojas 121, acta de recepción de documentos, Folio N°4, de fecha 14 de enero de 2019, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, XV Dirección Regional, Unidad de Ñuñoa. 31. A fojas 122, Escritura Pública de fecha 15 de junio del año 2018, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Sergio Fernando Rodríguez Uribe, donde consta la personería de Marcelo Andrés Cordero Romero, para representar a Sociedad Comercial Call Line SpA. SEXTO: Que, como se ha venido señalando, los antecedentes aportados han sido documentales y corresponden únicamente a aquellos acompañados como fundamento del reclamo. Que todas las probanzas han sido debidamente incorporadas al expediente. SÉPTIMO: Que, de lo expuesto por las partes y de la documentación acompañada, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos: 1. Que, la reclamante es una sociedad de giro de ventas al por menor no realizadas en comercios, actividades de telecomunicaciones y consultoría en inversión financiera, y es contribuyente de Impuesto de Primera Categoría e IVA. 2. Que, el año 2018 fue sometida a un proceso de revisión por parte del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del SII, motivo por el que le fueron requeridos una serie de antecedentes con fecha 20 de abril de 2018, 1 de junio de 2018, 14 de junio de 2018 y 12 de octubre de 2018. 3. Que, producto de los requerimientos de antecedentes señalados anteriormente, el contribuyente presentó documentos con fecha 11 de mayo de 2018, 18 de mayo de 2018, 19 de junio de 2018, 6 de agosto de 2018 y 16 de noviembre de 2018. 4. Que, con fecha 17 de octubre de 2018, el contribuyente rectificó sus declaraciones de renta de los AT 2016, 2017, 2018 y las declaraciones de IVA de algunos periodos del ejercicio comercial 2018. 5. Que, con fecha 22 de enero de 2018, el contribuyente efectuó una presentación administrativa, solicitando levantar la Anotación y Exclusión N°4103, así como de entregar información respecto a la situación de la misma. 12 6. Que, mediante Oficio N°420 de 1 de febrero de 2019, el SII rechazó la solicitud en todas sus partes. OCTAVO: Que, a efectos de resolver la controversia autos, cabe analizar la normativa vigente en relación a los artículos 6 letra B) N°4, 8 bis N°3, 56, 161 N°10 y 162 del Código Tributario; artículos 11, 29 y 41 de la Ley N°19.880; y artículos 6, 7 y 19 N°s 3 y 22 de la CPR, vigentes a la época de presentación del reclamo de autos. El artículo 6 letra B) N°4 del Código Tributario dispone que, corresponde a los Directores Regionales del SII, en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley “Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley.”. Por su parte, el artículo 56 del Código Tributario se refiere a la facultad de condonación de los intereses penales, indicando que ésta podrá ser otorgada por el Director Regional estableciendo como requisito que, en los casos en que los intereses se devenguen por causas no imputables al SII, el contribuyente o el responsable del impuesto probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido. En cuanto a los derechos del contribuyente cuya vulneración reclama, el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario se refiere al “Derecho a recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización, sobre la naturaleza y materia a revisar, y conocer en cualquier momento, por un medio expedito, su situación tributaria y el estado de tramitación del procedimiento.” Por su parte el inc. 2° del artículo 11 y el inc. 4° del artículo 41, ambos de la Ley N°19.880, se refieren al deber de la administración de fundamentar las actuaciones que afecten los derechos de los particulares. En cuanto a garantías fundamentales, el N°3 del artículo 19 de la CPR contiene la garantía del Debido Proceso y, por otro lado, el N°22 del artículo 19 de la CPR asegura a todas las personas el derecho a no ser discriminadas arbitrariamente en el trato que debe darles el Estado en materia económica. Continuando con los demás preceptos constitucionales invocados, los artículos 6 y 7 de la CPR consagran los principios de supremacía constitucional y legalidad, respectivamente, en virtud del cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, siendo obligados a ello en todo nivel de funcionamiento. 13 Por último, en lo que se refiere a las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios, el N°10 del artículo 161 del Código Tributario dispone que “(…) corresponderá al Servicio recopilar los antecedentes que habrán de servir de fundamento a la decisión del Director a que se refiere el artículo 162, inciso tercero.”, decisión discrecional que de acuerdo a esta última norma consiste en “(…) interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior.” Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 29 de la Ley N°19.880 también contiene una norma referida a la facultad de investigación previa al inicio de un procedimiento, respecto de lo cual señala en su inc. 2° que “Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.” NOVENO: Que, en tal sentido, cabe a este sentenciador examinar la naturaleza del procedimiento de reclamo por vulneración de derechos. En efecto, la Ley N°20.322 estableció el presente procedimiento, consagrando una acción similar a la del recurso de protección, cuyo objetivo es amparar a los contribuyentes ante acciones y omisiones del SII que les vulneren determinadas garantías consagradas en la ley o en la Constitución Política de la República. Consecuentemente, el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos es un procedimiento cautelar y, por tanto, este sentenciador entiende que la acción pretendida se puede interponer respecto de un acto del Servicio que ya produjo sus efectos, que aún los está produciendo o, por el contrario, con la finalidad de prevenir que se vulneren garantías constitucionales amparadas por el artículo 155 del Código Tributario, en tanto se pretenda reestablecer el imperio del derecho. DÉCIMO: Que, en definitiva, la controversia de autos tiene su origen en determinar si la negativa a levantar la Anotación y Exclusión N°4103 y a entregar información acerca del estado la recopilación de antecedentes vulnera de alguna manera los derechos invocados por la reclamante. En este sentido, la actora sostuvo como primera cuestión previa que, la emisión de los giros se originó como consecuencia de las rectificaciones 14 voluntarias de sus declaraciones de renta e IVA correspondientes a los AT 2016, 2017 y 2018 y no con ocasión del proceso de recopilación de antecedentes, motivo por el que, aun cuando éste se encuentre pendiente, nada obstaría el acceder al levantamiento de la exclusión para acceder a una condonación de intereses y suscribir un convenio de pago con TGR. Por su parte el SII explica que, las rectificaciones de declaraciones de renta e IVA ocurrieron dentro del espacio temporal de los requerimientos de antecedentes y el contribuyente precisamente eliminó de sus registros de compra y venta las facturas sindicadas como falsas, motivo por el que sí existiría una relación entre los giros emitidos y el proceso de recopilación de antecedentes. Al respecto, analizados los antecedentes acompañados en autos, además de la declaración conteste entre las partes acerca de la cronología de requerimientos y entrega de información, pudo observarse que, según consta en el set de certificados de declaración, rolante a fojas 60, las declaraciones rectificatorias fueron presentadas con fecha 17 de octubre de 2018. Luego, que en dicha época, según dan cuenta las actas de recepción de documentos de fechas 16 de noviembre de 2018, 14 de enero de 2019 y 18 de enero de 2019, rolantes a fojas 50, 55 y 121, el SII continuaba efectuando solicitudes específicas de documentación a las que el contribuyente seguía respondiendo. Por tales razones, puede establecerse que la emisión de los giros se enmarca en el contexto del requerimiento de información efectuado por el SII, sin que pueda entenderse el acto del contribuyente como una acción paralela o inconexa a las pretensiones fiscales del momento. Por lo demás, aun cuando se determinase lo contrario, es decir, que la emisión de los giros se originase en una rectificación espontanea por parte del contribuyente, la alegación en comento resulta ser irrelevante para efectos de terminar si hubo o no vulneración de derechos. UNDÉCIMO: Que, como segunda cuestión previa, cabe referirse a la naturaleza de la condonación en tanto derecho del contribuyente o facultad discrecional del SII. En efecto, la reclamante alega que la anotación y exclusión N°4103 le impedirían ejercer su derecho contenido en el artículo 56 del Código Tributario, 15 esto es, acceder a una condonación parcial o total de intereses penales que adeuda con ocasión de los giros. Por su parte el SII sostiene que, la condonación de intereses penales no constituye un derecho para el contribuyente, sino a lo más una mera expectativa. Al respecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 letra B) N°4 del Código Tributario, condonar los intereses penales por mora en el pago de impuestos corresponde a una atribución de los Directores Regionales del SII. En dicho contexto, el artículo 56 del Código Tributario señala que éste podrá condonar bajo ciertos requisitos. De lo anterior, considerando que el verbo rector de la norma es “podrá”, se desprende que la atribución de los Directores Regionales resulta ser esencialmente facultativa, sin perjuicio de los demás requisitos de procedencia de ésta atribución. Por tanto, no es efectivo que el Director Regional del SII deba acceder a cada solicitud de condonación de intereses, cuestión de la que deriva que, las condonaciones no corresponden a un derecho indubitado para los contribuyentes sino que, como plantea el SII, se trataría de una mera expectativa. En definitiva, la sola negativa a acceder a una condonación de intereses penales no constituye un acto que, por si solo, implique una vulneración a los derechos del contribuyente y, por lo demás, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Tributario, para acceder a dicha condonación debe cumplirse un requisito legal de procedencia, esto es, que el contribuyente probase que procedió con antecedentes que hicieran excusables las omisiones en que incurrió producto de sus declaraciones, hecho que no se ha acreditado en la especie. Por tanto, la presente alegación de la reclamante debe ser rechazada. DUODÉCIMO: Que, en lo que dice relación con la supuesta vulneración al derecho contenido en el N°3 del artículo 8 bis del Código Tributario, la reclamante afirma que la respuesta del SII, contenida en el Oficio N°420, constituye una negativa de su derecho a conocer su situación tributaria, específicamente a las razones para mantener en estado de “pendiente” el requerimiento de antecedentes, cuestión que además implica una transgresión a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, toda vez que la respuesta no contiene una fundamentación clara. 16 Por su parte el SII sostiene que, la solicitud de información de la reclamante solo tiene por objeto adelantarse a la deliberación del SII respecto de la facultad discrecional a que se refiere el artículo 162 del Código Tributario, cuestión que podría afectar el acopio de información respecto del mismo contribuyente o de terceros, motivo que habría hecho imposible dar respuesta al requerimiento de la actora. Al respecto, de los antecedentes acompañados en autos, especialmente del acta de entrega de documentos, rolante a foja 121, y de la solicitud de levantamiento de exclusión, rolante a fojas 22, pudo observarse que transcurrieron solo cuatro días entre la última entrega de información, de fecha 18 de enero de 2019, y la solicitud de levantamiento de la exclusión, de fecha 22 de enero de 2019. Luego, que la respuesta del SII mediante Oficio N°420, rolante a fojas 19, se efectuó con fecha 1 de febrero de 2019, es decir, casi solo dos semanas después de haberse efectuado la última entrega de información requerida por la autoridad fiscal. Lo anterior, que este sentenciador considera, en principio, un tiempo razonable para que el SII todavía estuviese considerando el curso de acción respecto de la información recabada. No obstante, según se aprecia de la solicitud antes referida, en ésta se solicita expresamente que, frente a la negativa de levantar la exclusión, el SII le aclare el estado de su actual situación tributaria con respecto a la recopilación de antecedentes efectuada por el Departamento de Delitos Tributarios y los motivos que fundan la persistencia de la anotación N°4103. No obstante, la respuesta del SII se limita a mencionar que no es posible acceder a lo solicitado por cuanto el contribuyente “(…) aún se encuentra sometida a un proceso de recopilación (…)”. Expuesto lo anterior, es un hecho que en el Oficio N°420 el SII omitió entregar razones acerca de la negativa a levantar la exclusión, pese a que parece haberlas tenido, esto último que se confirma cuando, al evacuar el traslado del reclamo de autos, sí expuso motivos fundados para no haber levantado la exclusión y no haber entregado mayores detalles del proceso de recopilación. Sobre este punto, esta magistratura considera legítima la opción del SII de efectuar anotaciones, recopilar antecedentes y no levantar una exclusión, a pretexto de resguardar la efectividad del uso de su facultad contenida en el artículo 162 del Código Tributario. Así también, estima que, atendido el tiempo 17 transcurrido entre la última entrega de antecedentes y la solicitud información de la reclamante, resulta evidente que el contribuyente buscaba adelantarse a la actitud del SII frente a la decisión a que se refiere el mismo artículo 162. No obstante lo anterior, se ha de considerar que las investigaciones desformalizadas son de carácter excepcional y tienen por objeto brindar una herramienta al SII para que éste obtenga información y pueda decidir el curso de acción conforme a la normativa señalada. Al respecto, siendo el ejercicio de dicha facultad una situación excepcional, al margen de la caducidad de los procesos de fiscalización formales, la indecisión del SII no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, más aún cuando ya recabó la información solicitada y el pago de los impuestos adeudados en nada obstaría la persecución penal o las multas asociadas a los hechos que pudiese estar investigando. En consecuencia, atendido que la anotación corresponde a una medida para asegurar la entrega de información, dicha medida también posee una naturaleza efímera, que en el presente caso se encontraba condicionada a una situación que ya dejó de existir, esto es, al hecho de haber mantenido pendiente la entrega de antecedentes. Por tales motivos, la omisión en la entrega de fundamentos para mantener la Anotación y Exclusión N°4103, cuando el contribuyente ya aportó todos los antecedentes solicitados por el SII, transgreden lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y demás normas relativas a la fundamentación de los actos administrativos. Lo anterior, más aún cuando en la especie han transcurrido más de cinco años desde la interposición del presente reclamo, sin que conste en autos cuál fue la decisión del SII o si éste aún no decide la vía para prosperar conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 162 del Código Tributario. DÉCIMO TERCERO: Que, en lo que dice relación con la supuesta contravención a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 19 N°3 y 22 de la CPR, la reclamante sostiene que la anotación e impedimento a suscribir convenios con TGR suponen una sanción a priori no contemplada en la ley, de manera que infringe los principios de legalidad y reserva legal, supremacía constitucional y debido proceso, además de resultar discriminatoria para la reclamante respecto de otros contribuyentes que se encuentran en su misma situación. 18 Dicho lo anterior, como ha sostenido previamente esta magistratura, las anotaciones que efectúa el SII no tienen naturaleza de sanción propiamente tal, sino que corresponden a un aviso de utilidad interna para los procesos de fiscalización que se llevan a cabo. En efecto, las anotaciones se colocan a todos los contribuyentes en la misma situación y, luego, la política del SII es la de solicitar a TGR que no autorice la suscripción de convenios o no condonar intereses a contribuyentes que mantengan anotaciones, esto último con el único el objeto de asegurar el cumplimiento íntegro de las obligaciones tributarias de los particulares. Por tanto, estas actuaciones del SII no deben interpretarse como un castigo particular y, en tanto, discriminatorio para el contribuyente, sino como una medida de prevención de la que puede valerse la autoridad fiscal frente al comportamiento de todos los contribuyentes. No obstante, cabe hacer presente que las anotaciones y exclusiones, en tanto buscan la consecución de otro fin y, como ya se hizo presente en un considerando anterior, son de carácter esencialmente temporal, por lo que mantenerlas indefinidamente en el tiempo sí podría suponer la aplicación de un castigo, dependiendo del contexto que se trate. En el caso de marras, si bien la solicitud de levantamiento de exclusión se efectuó poco tiempo después de entregar los últimos antecedentes solicitados por el SII, lo cierto es que dichos requerimientos comenzaron con fecha 20 de abril de 2018, es decir, el motivo formal por cual el SII decidió mantener la exclusión, esto es, la existencia de un proceso de recopilación de antecedentes, se mantuvo, hasta la fecha de presentación del reclamo, por un periodo de casi diez meses, sin que pudiese vislumbrarse atisbos de su conclusión, cuestión que hacía suponer, ya en ese momento, la intensión del SII del mantener pendiente la anotación. DÉCIMO CUARTO: Que, respecto de la circunstancia descrita en el considerando anterior, el SII justifica su actuar en que el requerimiento de antecedentes se trataría de un proceso desformalizado, amparado en el artículo 29 de la Ley N°19.880, esto último con objeto de poder ejercer la facultad a que se refiere el inc. 3° del artículo 162 del Código Tributario. Al respecto, cabe hacer presente que es efectivo que el artículo 29 de la Ley 19.880 contiene una norma que faculta a los órganos de la administración para requerir información de manera previa al inicio de un procedimiento de 19 investigación, no obstante, en materia tributaria existe una norma especial, contenida en el N°10 del artículo 161 del Código Tributario. Luego, que si bien para el ejercicio de la facultad a que se refiere el inc. 3° del artículo 162 del mismo código, en virtud del N°10 del artículo 161 el SII se encontraría habilitado para realizar una recopilación de antecedentes desformalizada, mantener indefinidamente una investigación bajo estas condiciones puede suponer la aplicación de una sanción y, por tanto, una transgresión a los derechos del contribuyente. Lo anterior, por cuanto al mutar el carácter precautorio de la medida administrativa a una condición permanente solo con objeto de resguardar, si acaso, una acción punitiva, efectivamente se aplica una sanción no contemplada en la ley, transgrediendo así las garantías del debido proceso a que se refiere el N°3 del artículo 19 de la CPR. De igual modo, no haber allegado a este Tribunal antecedentes respecto a haberse o no iniciado acciones penales o sancionatorias contra el contribuyente o haber levantado las anotaciones, impiden entender justificado el actuar del SII, más aun considerando que se habría tratado de un contribuyente vinculado a un caso de suma importancia y exposición pública como resulta ser el denominado “Caso GIFF”. Por este motivo, además de lo expuesto en los considerandos duodécimo y décimo tercero anteriores, es posible afirmar que el SII incurrió en una vulneración al derecho del contribuyente contenido en el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario, así como a las garantías constitucionales a que se refiere el N°3 del artículo 19 de la CPR, motivo por el que se tendrá por acreditado el punto de prueba fijado en autos y, en consecuencia, con objeto de reestablecer el imperio del derecho deberá dejarse sin efecto la anotación y exclusión N°4103. DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente, cabe referirse a la solicitud de la reclamante, contenida en el sexto otrosí del reclamo de autos, relativa a ordenar la suspensión del aumento de intereses y multas de cada giro emitido con ocasión de la presentación de las declaraciones rectificatorias a que se ha hecho alusión en la presente sentencia, mientras dure la sustanciación del reclamo de autos. Esta última petición que, de conformidad a lo dispuesto en la resolución de fecha 19 de marzo de 2019, rolante a fojas 153, quedó para resolverse en sentencia definitiva. 20 Al respecto, cabe hacer presente que, mediante la misma resolución antes señalada, se decretó la orden de no innovar sobre la cobranza administrativa y/o judicial de los giros antes referidos, medida que no se extendió al devengo de intereses y multas por el retardo en el pago de los impuestos. Lo anterior, sin perjuicio de que, no habiendo sido reclamadas las diferencias de impuesto, en nada obstaba a que el contribuyente cumpliera íntegramente con su obligación tributaria y procediera con el pago de las cantidades adeudadas. En dicho sentido, si bien con ocasión del presente fallo se ha establecido la improcedencia de mantener la exclusión para suscribir convenios de pago y acceder a la condonación de intereses y multas, aquello no implica que necesariamente el contribuyente tenga derecho a dicho beneficio, sin perjuicio de que pueda acceder aspirar a éste una vez que se levante la Anotación y Exclusión N°4103. En efecto, aún cuando esta magistratura pudiese ordenar la condonación de los intereses penales, ya sea de aquellos devengados con anterioridad a la interposición del reclamo como de aquellos devengados durante la substanciación del mismo, aquello solo debe decretarse en la medida de que se verifiquen en la especie los requisitos legales mínimos para su procedencia. En concreto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Tributario, para acceder a la petición de la reclamante, debe probarse que el contribuyente procedió con antecedentes que hicieran excusables las omisiones en que incurrió producto de sus declaraciones, cuestión respecto de la cual no acompañó prueba que permitiese arribar a dicha conclusión. Por lo demás, si bien es un hecho que el retardo en el pago de los impuestos genera una situación adversa para el contribuyente, atendido el devengo de nuevos intereses penales en lo que dura la tramitación del juicio, cabe señalar que la extensión del mismo se debió, por sobre todo, al nulo interés de las partes, en especial de la reclamante, de reanudar el término probatorio, etapa procesal que mientras se encontraba pendiente detuvo la consecución del procedimiento de autos durante casi cuatro años y, una vez reanudada, la reclamante tampoco se pronunció de manera alguna ni acompañó nuevos antecedentes. Establecido lo anterior, siendo el procedimiento de autos una acción cautelar, que tiene por objeto proteger los derechos y garantías de los 21 contribuyentes y no un instrumento para sortear las decisiones discrecionales de la autoridad administrativa, ni los requisitos legales que hacen procedente una condonación de intereses penales o tampoco para dilatar a perpetuidad el cumplimiento de la obligación tributaria principal consistente en el pago de los impuestos, no ha lugar a lo solicitado. DÉCIMO SEXTO: Que, en definitiva, en lo atingente al procedimiento de autos sólo se ha acreditado una vulneración de derechos con ocasión de haberse omitido una respuesta fundada al contribuyente, así como a extender indefinidamente la circunstancia que habría motivado la anotación y exclusión N°4103. Por tal motivo, se puede establecer que el SII vulneró los derechos del contribuyente reconocidos en el N°3 del artículo 8 bis del Código Tributario y N°3 del artículo 19 de la CPR y, en consecuencia, se tiene por acreditado el punto de prueba fijado en autos. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. VISTOS, ADEMÁS lo establecido en el artículo 6 letra B) N°4, 8 bis N°3, 56, 161 N°10 y 162 del Código Tributario; artículos 11, 29 y 41 de la Ley N°19.880; y artículos 6, 7 y 19 N°s 3 y 22 de la CPR; y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: I. HA LUGAR al reclamo por vulneración de derechos interpuesto a fojas 1 y siguientes por don MARCELO ANDRÉS CORDERO ROMERO, en representación de don SOCIEDAD COMERCIAL CALL LINE SpA, ya individualizados, conforme lo razonado y concluido en los considerandos noveno a décimo cuarto. En consecuencia, proceda el SII a levantar la anotación y exclusión N°4103. II. NO HA LUGAR a la solicitud de suspensión del devengo de intereses penales mientras duró la substanciación del proceso de autos, conforma a lo razonado y concluido en el considerando décimo quinto. 22 III. Que, atendido que ninguna de las partes fue totalmente vencida, no se condena en costas a ninguna de ellas. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la reclamante por carta certificada, y a la reclamada por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal. Déjese testimonio en el expediente. RUC: 19-9-0000194-3 RIT: VD-16-00031-2019 CUANTÍA BRUTA (UTM): 0 RESOLVIÓ DON JOSÉ ANTONIO GUERRERO URIARTE, JUEZ (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. AUTORIZA DON CAMILO ARAVENA GAMBOA, SECRETARIO ABOGADO (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Jose Antonio Guerrero Uriarte Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez(S) Tribunal R. Metropolitana. Segundo 2025-02-04T13:20:06-0300 FEA