Reclamo tributario: liquidación

1 EN SANTIAGO, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. VISTOS: El escrito de fecha 13 de mayo de 2021, rolante a fojas 1 y siguientes de autos, presentado por don PATRICIO ALFONSO RODRIGUEZ MUÑOZ, RUT N°15.423.231-1, en representación de INGENIERÍA Y MONTAJES ELECTROSAI LIMITADA, RUT N°76.688.812-7, ambos domiciliados para estos efectos en Cerro Los Cóndores N°9.881 B, comuna de Quilicura, quien interpone reclamo de conformidad al Procedimiento General de Reclamaciones establecido en el Código Tributario, en contra de las Liquidaciones N°01 a 06, de fecha 26 de enero de 2021, emitidas por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), las cuales determinaron diferencias de Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta (en adelante LIR) y por concepto de Reintegro del artículo 97 del mismo cuerpo legal para los Año Tributario (en adelante AT) 2019 y 2020, por un monto total ascendente a $54.892.471.- incluidos intereses, reajustes y multas. El contribuyente solicita, en síntesis, la nulidad total de los actos reclamados por adolecer de vicios sustanciales tanto de forma como de fondo. Expone, en primer término, que el procedimiento de fiscalización que dio origen a las referidas Liquidaciones se encuentra viciado por falta de emplazamiento válido, toda vez que la Citación N°112, de fecha 19 de octubre de 2020, no fue notificada al representante legal de la sociedad, don Freddy Rodrigo Conus León, único legitimado pasivo para recibir requerimientos administrativos, y que las comunicaciones efectuadas por correo electrónico a las casillas [email protected] y [email protected] no cumplen con los requisitos legales de notificación, faltando un aspecto fundamental que es la individualización de las personas que el acto dice que se encargaron de 2 representar a la empresa en la instancia de fiscalización, además del poder para hacerse cargo del procedimiento. En segundo lugar, sostiene que las Liquidaciones impugnadas carecen de fundamentación suficiente, por cuanto no contienen una exposición clara, precisa y congruente de los hechos que justificarían la calificación de las facturas observadas como ideológicamente falsas, ni se explicita el vínculo entre dichas facturas y la determinación de diferencias de impuestos conforme a los artículos 20 y 21 de la LIR, como tampoco respecto del uso del crédito fiscal conforme a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (en adelante Ley de IVA). Cita doctrina y jurisprudencia administrativa y judicial que exige que los actos administrativos contengan los hechos y fundamentos de derecho que los sustentan, conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. Haciendo presente que la jurisprudencia tributaria señala que aun cuando no se hubieren presentado todos los antecedentes por el contribuyente en etapa administrativa, el Servicio debe fundamentar su decisión analizando la prueba presentada y las consideraciones de hecho y derecho que lo llevaron a su conclusión, por lo que en este caso, en que no fue emplazado válidamente, esta obligación se hace más presente, y de ahí la gravedad de la omisión y el defecto en la Liquidación emitida, vulnerando el derecho a defensa consagrado en el artículo 8 bis del Código Tributario. Argumenta sobre la validez de las facturas cuestionadas, que el Servicio no ha acreditado la falsedad ideológica de las facturas emitidas por los proveedores individualizados, ni ha demostrado que los documentos cuestionados carezcan de respaldo contable y documental suficiente, siendo improcedente la imputación de gastos rechazados sin verificación de su exclusión del resultado financiero y agregado al resultado tributario. Finaliza solicitando declarar ilegal e improcedentes los cuestionamientos efectuados por el SII, declarando la nulidad las Liquidaciones y dejándolas sin efecto en todas sus partes, por los vicios de forma y fondo que adolece. A fojas 26 y siguientes comparece don EUGENIO WARNIER READI, RUT N°13.832.159-2, en representación de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, domiciliado en Avenida Recoleta N°672, comuna de Recoleta, quien debidamente facultado 3 para ello, evacuó el traslado conferido mediante resolución rolante a fojas 22 de autos, señalando, en resumen, que la fiscalización se inició con fecha 27 de agosto de 2019 en el cual se notificó mediante correo electrónico la Notificación N°630171, a la casilla [email protected], requiriendo antecedentes sobre el uso del crédito fiscal IVA en facturas de ciertos proveedores, con la alternativa de corregir por internet los F29 o presencialmente. Que, ante la falta de comparecencia, se registró anotación por inconcurrencia el 4 de septiembre de 2019. Relata que el 17 de enero de 2020, el mandatario del reclamante se presentó ante el Servicio sin antecedentes válidos, solicitando rectificatorias voluntarias de los F29 correspondientes a diciembre de 2018, enero a marzo y mayo a julio de 2019, eliminando el crédito fiscal utilizado. Aclara que los Giros de las mencionadas rectificatorias fueron notificados al correo electrónico [email protected]. Que con ello se cierra el proceso de fiscalización por uso indebido del crédito fiscal, iniciándose una nueva fiscalización por Impuesto de Primera Categoría, conforme a los artículos 20 y 21 de la LIR, por uso de facturas ideológicamente falsas en las declaraciones de renta de los AT 2019 y 2020. Señala que el reclamante, mediante correo electrónico de fecha 17 de julio de 2020, reconoció no contar con los registros contables utilizados en la confección de la Declaración de Renta del AT 2019, indicando que un nuevo contador estaba reconstruyendo los registros contables de los AT 2019 y 2020. Añade que la documentación aportada durante la fiscalización consistió en borradores contables sin respaldo documental, sin firma del representante legal y con inconsistencias respecto de lo declarado en los Formularios 22 y las declaraciones juradas, no aportándose libros diario ni mayor, como tampoco se acreditó el orden cronológico de los registros. Expone que el 19 de octubre de 2020 se emitió la Citación N°112, notificada electrónicamente de N°1267537 con igual fecha, al correo electrónico [email protected], respecto de lo cual el contribuyente no respondió ni solicitó prórroga. Prosigue sosteniendo la improcedencia del reclamo, ya que las Liquidaciones reclamadas fueron válidamente emitidas y fundadas en antecedentes contables y legales. 4 Respecto a la alegación de nulidad por falta de emplazamiento, aclara que la notificación fue realizada conforme a la modalidad electrónica solicitada por el contribuyente. Destaca el hecho que el actor se encuentra inscrito ante el Servicio desde el día 25 de febrero de 2020, para que todas las notificaciones que se le practiquen sean efectuadas mediante correo electrónico, al correo [email protected], que es justamente la dirección de correo electrónica donde la Citación fue enviada, conforme a los artículos 11 y 11 bis del Código Tributario, y Circulares N°35, del año 2015, y N° 23, del año 2016. En cuanto a la supuesta falta de fundamentación, señala que las actuaciones impugnadas contienen un desarrollo detallado de los conceptos fiscalizados, fundamentos legales y antecedentes contables que justifican su emisión, cumpliendo con los requisitos de validez establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, el artículo 2 de la Ley N°18.575 y con la Ley N°19.880. En último lugar, respecto a la validez de las facturas cuestionadas, indica que el contribuyente no aportó documentación contable válida ni registros que acreditaran la veracidad de las facturas utilizadas, y que además es el propio representante legal quien reconoce no tener acceso a los registros contables del periodo fiscalizado. Concluye solicitando tener por evacuado el traslado y se rechace el reclamo, con expresa condena en costas. DILIGENCIAS DEL PROCESO: A fojas 49, rola resolución de fecha 14 de abril de 2023, que ordenó recibir la causa a prueba. A fojas 104, rola resolución de fecha 9 de julio de 2025, que ordenó traer los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fojas 1 de autos comparece don PATRICIO ALFONSO RODRIGUEZ MUÑOZ, en representación de INGENIERIA Y 5 MONTAJES ELECTROSAI LIMITADA, ambos ya individualizados, interponiendo reclamo tributario conforme al Procedimiento General de Reclamaciones, en contra de las Liquidaciones N°01 a 06, de fecha 26 de enero de 2021, emitidas por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, solicitando que se dé curso al reclamo, dejándose sin efecto las mencionadas actuaciones. SEGUNDO: Que a fojas 26 y siguientes comparece don EUGENIO WARNIER READI, en representación de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, ya individualizado, quien debidamente facultado para ello, evacuó el traslado conferido mediante resolución rolante a fojas 22, solicitando se confirmen las Liquidaciones reclamadas, con costas. TERCERO: Que atendido a lo señalado en lo expositivo de esta sentencia se concluye que la cuestión controvertida versa respecto a si el Servicio de Impuestos Internos incurrió en algún vicio en relación con las Liquidaciones reclamadas, para que este sentenciador deba dictar la nulidad de los actos. CUARTO: Que a fojas 49 se dictó la interlocutoria de prueba, la cual fijó el hecho sustancial, pertinente y controvertido, a saber: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta de los vicios invocados, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° N°8 de la Ley N°20.322, respecto del acto administrativo reclamado en autos”. Que respecto de estos hechos aportaron medios de prueba ambas partes, y es la que se señalará, analizará y ponderará en los considerandos siguientes. QUINTO: La reclamante rindió prueba documental como fundamento de su reclamo, la que se describirá a continuación: - A fojas 11, Liquidaciones N°1 a 6, de fecha 26 de enero de 2021, emitidas por el SII. La reclamada rindió prueba documental dentro del término probatorio, la que se describirá a continuación: 1.- De fojas 58 a 74, en escrito de fecha 28 de abril de 2023 se aportaron los siguientes documentos: Liquidaciones N°1 a 6, de fecha 26 de enero de 2021, emitidas por el SII; Certificado Notificación Liquidaciones N°1 a 6 6 de fecha 26 de enero de 2021; solicitud de antecedentes; Notificación N°713080, de fecha 17 de enero de 2020; Citación N°112, de fecha 19 de octubre de 2020; certificado de notificación de fecha 19 de octubre de 2020; Circular N°23 de fecha 3 de mayo de 2016; Circular N°34 de fecha 15 de mayo de 2015. 2.- De fojas 85 a 89, en escrito de fecha 28 de junio de 2023 se aportaron los siguientes documentos: Certificado de Notificación, de fecha 27 de agosto de 2019.; Notificación de fecha 27 de agosto de 2019; Notificación de fecha 17 de enero de 2020; Notificación de fecha 19 de octubre de 2020.; Notificación de fecha 27 de enero de 2021. SEXTO: Que como se ha venido señalando, la prueba ha estado constituida únicamente por la presentación de documentos, los que han sido debidamente incorporados al proceso. SÉPTIMO: Que de lo expuesto por las partes y de los antecedentes tenidos a la vista, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos: 1.- Que, la sociedad INGENIERÍA Y MONTAJES ELECTROSAI LIMITADA es contribuyente de Impuesto de Primera Categoría, por lo cual tributa en base a su renta efectiva con contabilidad completa. 2.- Que, la reclamante tiene como giro el de Ejecución Proyectos de Instalaciones Eléctricas, Fabricación, Montajes. 3.- Que, con fecha 19 de octubre de 2019 el SII emitió la Citación N°112 con la finalidad que el contribuyente acreditara las diferencias determinadas en las Declaraciones de Renta de los AT 2019 y 2020. 5.- Que, con fecha 26 de enero de 2021 el SII emitió la Liquidaciones N°01 a 06, reclamadas en autos. OCTAVO: Que, a efectos de verificar la procedencia de lo solicitado, cabe resolver la nulidad interpuesta por el reclamante, para lo cual se dictó el siguiente punto de prueba, a saber: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta de los vicios invocados, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° N°8 de la Ley N°20.322, respecto del acto administrativo reclamado en autos”. Al respecto, el actor alega la nulidad total de los actos reclamados por adolecer de los siguientes vicios: 7 1.- Falta de emplazamiento válido de la Citación N°112, de fecha 19 de octubre de 2020: Alega que la mencionada actuación no fue notificada al representante legal de la sociedad, don Freddy Rodrigo Conus León, único facultado para recibir requerimientos administrativos. 2.- Falta de fundamentación de las Liquidaciones impugnadas: Alega que los actos reclamados carecen de fundamentación suficiente, en tanto no contienen una exposición clara, precisa y congruente de los hechos que justificarían la calificación de las facturas observadas como ideológicamente falsas, ni se explicita el vínculo entre dichas facturas y la determinación de diferencias de impuestos conforme a los artículos 20 y 21 de la LIR, como tampoco respecto del uso del crédito fiscal conforme a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Todo conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. NOVENO: Cabe tener presente el artículo 1° numeral octavo de la Ley N°20.322, que fortalece y perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera, que dispone que es parte de las atribuciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, conocer y declarar, a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera, expresando que, el vicio invocado, deberá hacerse presente y alegarse en la reclamación respectiva. Asimismo, su inciso segundo, establece que los vicios de procedimiento o de forma sólo afectarán la validez del acto administrativo materia del reclamo tributario o aduanero, cuando se cumplan las siguientes exigencias: a) Que recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico; y b) Que generen perjuicio al interesado. DÉCIMO: Que, en cuanto a la falta de emplazamiento válido de la Citación N°112, de fecha 19 de octubre de 2020. En primer lugar, conviene precisar que el artículo 63 del Código Tributario vigente a la época otorga una facultad discrecional al SII de emitir la citación, por cuanto el mismo texto expresamente utiliza el vocablo condicional de “podrá” al referirse a la procedencia de este trámite, a saber: […] El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la 8 establezca como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario ampliará este plazo, por una sola vez, hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas […]. Así las cosas, cabe señalar que excepcionalmente el ente fiscal deberá citar de manera obligatoria en ciertos y determinados casos, tales como los establecidos en los artículos 21, 22 y 27 del mismo cuerpo legal, siendo en estos casos su omisión causal de la nulidad del acto administrativo, lo que no ocurre en autos, pues las Liquidaciones reclamadas no contienen aquellas materias que deben ser antecedidas necesariamente por una Citación para su validez. De ahí que no puede ser acogida la nulidad solicitada por el actor en los términos expuestos. UNDÉCIMO: Dicho lo anterior, y sin perjuicio de lo desarrollado en el considerando previo, en el sentido que los actos administrativos reclamados no se encuentran dentro de los casos en que el trámite de citación es obligatorio, de todas formas, esta magistratura desarrollará la validez de la notificación del acto administrativo y ponderará los documentos presentados. Así, una notificación es un acto que tiene por finalidad poner en conocimiento del interesado, sobre una determinada actuación o resolución que afecte sus intereses. Pese a que la notificación es un elemento accesorio al acto administrativo, es una de las formalidades que debe cumplirse para que este sea eficaz. Así, el profesor de la Universidad Católica del Norte y ex Juez Tributario del Servicio de Impuestos Internos, don Milenko Zurita Rojas, en su libro “El Acto Administrativo Tributario” señala que “La notificación no es en sí el acto administrativo, sino un elemento de él que le da eficacia, la falta de notificación no afecta la validez del acto, el acto existe y es válido, pero no es oponible, no tiene eficacia. La notificación es un acto distinto al acto administrativo, es en sí un acto administrativo que tiene sus propios requisitos y como tal puede adolecer de vicios de nulidad”. En particular, en el Código Tributario la notificación del acto administrativo se encuentra regulada en sus artículos 11 a 14 y en algunas otras normas especiales. 9 DUODÉCIMO: Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 11 del Código Tributario a la época de la emisión de la Citación, norma que establece como regla general que toda notificación que realice el SII deberá practicarse de forma personal, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, y de manera excepcional, cuando una disposición expresa ordene otra forma de notificación o que el interesado solicite para sí ser notificado al correo electrónico. De la lectura de la citada norma, se deprende que a solicitud del contribuyente se reemplazarán las notificaciones realizadas de manera personal, por cédula o por carta certificada, por las enviadas a la dirección de correo electrónico que éste señale. DÉCIMO TERCERO: En este sentido, cabe realizar un breve resumen de las modificaciones importantes que ha tenido el artículo 11 del Código Tributario. Para empezar, con fecha 22 de enero de 2010 se promulgó la Ley N°20.420, que modifica el Código Tributario con la finalidad de explicitar derechos de los contribuyentes, y que, en lo pertinente, reconoció la validez de las notificaciones por correo electrónico respecto de actuaciones practicadas por el Servicio, cuando el contribuyente las solicite para sí de manera previa a su utilización. Que, analizada la historia de la citada Ley, se puede concluir que su origen se encuentra en proteger los derechos del contribuyente, en particular, en lo concerniente a la relación Administración-contribuyente y en lo relativo a su modernización. Así, el ex senador don Baldo Prokurica Prokurica, impulsor de esta Ley, en la Discusión en Sala del Senado efectuada con de fecha 5 de junio de 2007 explica que “Por último, además de las notificaciones que el Servicio efectúa en la actualidad, se dispuso la obligación de notificar a través de internet. Junto con lo anterior, facilita el contacto con contribuyentes que residen en zonas apartadas, donde el SII puede carecer de oficinas de atención de público”. Con posterioridad, la Ley N°20.780, que en lo pertinente rige desde el 30 de septiembre de 2015, dispuso que la solicitud del contribuyente para ser notificado por correo electrónico afectará a todas las notificaciones que en lo sucesivo practicare el SII. Además, respecto a los contribuyentes obligados a 10 emitir documentos tributarios en formato distinto a papel, establece que cuando aquellos soliciten ser notificados por correo electrónico, el SII utilizará para dichos efectos, las mismas direcciones para la emisión de tales documentos o las señaladas en sus declaraciones de impuestos. Que, la Ley N°20.899, en lo que nos interesa con vigencia a contar del 8 de febrero de 2016, modifica el artículo 11 en análisis, eliminado la facultad entregada al Servicio de utilizar la dirección de correo electrónico establecida por los contribuyentes obligados a emitir documentos tributarios en formato distinto a papel, todo, con la finalidad de proteger los derechos de los contribuyentes y, en particular, lo relativo a la reserva de información. Finalmente, la Ley N°21.210 publicada con fecha 24 de febrero de 2020, modificó el inciso primero de la mencionada norma en el siguiente sentido: “Toda notificación que el Servicio deba practicar se hará personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación o el contribuyente solicite expresamente o acepte ser notificado por correo electrónico u otro medio electrónico establecido por la ley, en cuyo caso el Servicio deberá informarle al contribuyente claramente los efectos de su aceptación, indicando expresamente que es voluntario informar el correo electrónico al Servicio y aceptar notificaciones por esa vía. Independientemente de la forma en que deba efectuarse la notificación, y salvo que corresponda practicarla por correo electrónico, el Servicio deberá además remitir copia de la misma al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. El envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida […]". DÉCIMO CUARTO: Ahora bien, de lo que se ha venido analizando, en particular, de la finalidad del legislador tributario al permitir la notificación de las actuaciones del SII por correo electrónico, se puede concluir que esta forma de emplazamiento se utilizará únicamente en los casos que el 11 contribuyente lo solicite expresamente y de manera voluntaria, determinando una dirección única al efecto. Además, de conformidad al artículo 11 el interesado debe efectuar un trámite formal, el cual solo podrá ser realizado en el sitio web del SII, solicitando para sí ser notificado por correo electrónico, indicando, en su oportunidad, una única dirección a la cual deben llegarle las notificaciones respectivas, sin perjuicio de la facultad de poder reemplazarla cuando lo estime necesario. Que adicionalmente, el contribuyente debe tener en consideración que recae en él la carga de mantener actualizada la dirección de mensajería electrónica. De ello es que la norma establece que cualquier circunstancia ajena al Servicio que no le permita recibir el correo, no anula la notificación. DÉCIMO QUINTO: Por otra parte, confirman el sentido restrictivo en que se debe apreciar esta norma, las mismas instrucciones emitidas por el Servicio. Así, la Circular N°34 del 15 de mayo de 2015, modificada en lo pertinente por la Circular N°23 de fecha 3 de mayo de 2016, que instruyen sobre la materia, en su acápite número 10 sobre “Conservación de documentos” indica que con el objeto que el Servicio pueda acreditar ante cualquier autoridad que así lo requiera, el haber efectuado correctamente la notificación por correo electrónico de que se trate, se deberán resguardar indefinidamente en el sistema informático de la Institución, los siguientes antecedentes: i) La solicitud del contribuyente en que requiere ser notificado por correo electrónico y fija la dirección correspondiente. ii) La solicitud de modificación de la dirección de correo electrónico o la revocación de la voluntad del contribuyente de ser notificado por este medio, y; iii) El ejemplar electrónico de cada una de las notificaciones que se le hayan practicado y la certificación de las mismas. Agrega que, en adición a lo anterior, debe conservar el expediente administrativo al cual se haya incorporado la impresión en papel de la actuación respectiva, misma instrucción, para los casos en que su tramitación se efectúe por medio de expediente electrónico. 12 DÉCIMO SEXTO: Dicho lo anterior, este sentenciador efectuó una completa revisión de la documentación aportada, a fin de verificar que se haya dado cumplimiento a las exigencias establecidas por el legislador en el artículo 11 del Código Tributario, para que la Citación produzca sus efectos jurídicos, y de esa forma corroborar la existencia o no de un vicio en el procedimiento. Que, el ente fiscal para desvirtuar la presente acusación aportó varios certificados de notificación, correspondientes, por una parte, a solicitudes de antecedentes, previas a la emisión de la Citación signada, de lo que se pudo corroborar que fueron emitidas a la casilla electrónica [email protected]. No obstante ello, se tuvo a la vista a fojas 71 certificado de notificación de fecha 19 de octubre de 2020 que comunica la Notificación folio N°1267537 al correo electrónico [email protected], misma fecha de que data la Citación, por lo que se infiere que el acto fue notificado al último correo señalado, mismo utilizado para comunicar las Liquidaciones reclamadas. Cabe recordar en este punto que el actor reclama que la Citación en cuestión no le fue notificada, no enterándose en ningún momento de su existencia. Advirtiendo además que don Freddy Rodrigo Conus León es el único accionista y representante de la sociedad, por lo que la Liquidación hablaría de una serie de emplazamientos a dos correos: [email protected] , y [email protected], sin dar más detalles, no individualizando a dichas personas, ni existiendo poder alguno que los faculte. Así las cosas, de los antecedentes tenidos a la vista, esta magistratura ha podido constatar que la Citación fue emitida al correo electrónico [email protected], el cual se puede presumir, en aplicación de los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, que corresponde al representante legal de la sociedad don Freddy Rodrigo Conus León, no observándose que se haya notificado a los correos electrónicos de [email protected] o [email protected]. Que, además, el SII indica en su libelo de traslado que el contribuyente se encuentra inscrito en la entidad fiscal desde el día 25 de febrero de 2020 para que todas las notificaciones que se le practiquen sean efectuadas al correo electrónico [email protected]. Para lo anterior, la reclamada inserta en la página 7 del mencionado escrito un recuadro extraído de su mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected] mailto:[email protected] 13 página web, donde se aprecia que a partir del día 25 de febrero de 2020, el correo electrónico señalado para efectuar las notificaciones es: [email protected], dirección que justamente es donde la Citación fue notificada, lo que este Tribunal pudo corroborar de los antecedentes tenidos a la vista. En último lugar, es importante tener en consideración que en autos la recurrente debió producir probanzas suficientes de sus asertos, no obstante presentó nula prueba al efecto. Que legalmente tenía la posibilidad de respaldar sus dichos a través de presentaciones efectuadas el Servicio solicitando aclarar la situación, u otros medios de prueba que puedan acreditar que efectivamente la notificación del acto de Citación fue notificado a un correo electrónico equivocado y no al del representante legal de la empresa; explicar con testigos sus dichos; y en fin, desplegar un esfuerzo probatorio que permitiera a este Tribunal adquirir la convicción que efectivamente existió una falta de emplazamiento en la Citación que compromete la validez de los actos reclamados en autos, lo cual no aconteció. DÉCIMO SÉPTIMO: De lo que se ha venido exponiendo, ha quedado acreditado en autos que el Servicio de Impuestos Internos notificó al contribuyente al correo electrónico [email protected] la Citación N°112, de fecha 19 de octubre de 2020. Además, que en los sistemas informativos del Servicio la reclamante se encuentra registrada para ser notificada bajo esa modalidad a partir del 25 de febrero de 2020 y en la misma dirección electrónica. De ahí que esta magistratura constató que la notificación de la Citación controvertida se efectuó de la forma establecida en la ley, en virtud del artículo 11 del Código Tributario, por lo que se ha llegado al convencimiento que debe rechazarse el vicio de falta de emplazamiento alegado por el reclamante. DÉCIMO OCTAVO: Ahora bien, en relación a la falta de fundamentación de las Liquidaciones reclamadas, cabe hacer presente que la Ley N°19.880 define el acto administrativo en su artículo tercero como: “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. mailto:[email protected] mailto:[email protected] 14 En este contexto, el acto administrativo tributario es una decisión formal, que debe ser por escrito y que emana de un órgano de la Administración del Estado el cual expresa una declaración de voluntad con el propósito de producir un efecto o consecuencia jurídica consistente en la creación, modificación o extinción de un derecho o un deber para el contribuyente; o en la negación de la misma. Dicho lo anterior, es necesario tener en cuenta que los órganos del Estado deben actuar de acuerdo a la ley, y sus actos deben cumplir con todos los requisitos que nuestro derecho le impone, debiendo contener todos los fundamentos de hecho y derecho que permiten justificar la decisión de la Administración. Por lo señalado es que el legislador ordena en virtud de los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880 que un determinado acto deba ser fundado y bastarse en sí mismo. En primer lugar, quien lo dicta debe formular los motivos por lo que ha sido emitido, aportando los antecedentes de hecho y de derecho que respaldan su decisión. En segundo término, exige que el acto aparezca revestido de razones sensatas que generan su dictación, es decir, que no sean manifestaciones de la mera voluntad del funcionario de la administración. DÉCIMO NOVENO: Que a su vez, la importancia de la fundamentación consiste en la circunstancia que el contribuyente conozca los motivos por los cuales el ente fiscal determinó la decisión reflejada en el acto administrativo que finalmente genera efectos en su patrimonio, de tal forma que si así lo estima y acorde al artículo 21 del Código Tributario, pueda desvirtuar con pruebas suficientes las razones en las que no concuerda o desea aclarar, ejerciendo de esta manera su derecho a defensa, basamento fundamental del debido proceso. A mayor abundamiento la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en autos Rol 7071-2012, ha entendido por “fundamentación” lo siguiente: “Constituye uno de los elementos del acto administrativo la motivación del mismo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico, expresamente en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880, exige a la Administración que las 15 decisiones que afecten los derechos de los particulares contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. A su turno, el artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal establece que las resoluciones que contengan una decisión deben ser fundadas”. VIGÉSIMO: Que, de la lectura de las Liquidaciones reclamadas, se puede observar que el Servicio de Impuestos Internos individualiza al contribuyente, indica los periodos tributarios cuestionados, cita las normas relacionadas y explica las razones por la cuáles procedió a tasar en virtud del artículo 35 de la Ley de la Renta. Que en su apartado III denominado “Fundamentos de la Liquidación” señala: “Atendido que el contribuyente no dio respuesta a la Citación N°112 de fecha 19.10.2020, y de acuerdo a lo señalado precedentemente y en base a los antecedentes que obran en poder de este Servicio, se establece que por el hecho de no contar con la totalidad de la información o documentos que justifican o sirven de base a los asientos contables, que dan cuenta de las operaciones realizadas por el contribuyente y que conforman su contabilidad, la que se sustenta en contratos, comprobantes de pago, comprobantes de transferencias, facturas, voucher contables, entre otros, que permiten respaldar o comprobar sus operaciones que configuran el resultado tributario. Al no tener dicha documentación que justifique sus costos y gastos, no puede determinarse clara y fehacientemente la Renta Líquida Imponible, razón por lo que se procede a efectuar la Tasación de ésta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta DL 824 de 1974, considerando para ello un promedio de los porcentajes de rentabilidad obtenidos por otros contribuyentes que giran en el mismo ramo o el 10% del capital efectivo invertido en la empresa, según detalle adjunto y pronunciamiento previo emitido según Ordinario Interno N°01 de 13.01.2021, en virtud de las facultades que le confiere la Resolución Ex. N°1374 del 01/07/2014, que delega la facultad de determinar la Renta Líquida Imponible en conformidad al art. 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el Jefe del Departamento de Fiscalización. Finalmente dado que Ud., no dio respuesta a la Citación N°112, y al no haber acreditado la efectividad de las operaciones que en ese acto se describen, se procede a emitir las siguiente liquidación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 inciso segundo y 24 del Código Tributario, por 16 las partidas descritas en la letra A), y dado que Ud., no acreditó la determinación de su resultado tributario, se procede a tasar la base imponible, conforme al artículo 35 de la Ley de la Renta, contenida en el DL 824/1974, para el Año Tributario 2019 y Año Tributario 2020[…]. Además, se apreció que la reclamada realiza el cálculo respectivo tomando como base los ingresos del giro actualizados aplicando los porcentajes de 14,29% y 10,94%, determinados según el promedio porcentual de otros contribuyentes para los AT 2019 y 2020, aplicándole un Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta con una tasa del 40%, más el correspondiente reajuste legal. Y, luego, determina los reintegros del artículo 97 del DL 824 correspondientes a los periodos de mayo y junio de 2019 y mayo y octubre de 2020. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, conforme a las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, se deduce que las Liquidaciones reclamadas cuentan con los fundamentos suficientes que permiten tener la claridad respecto del año tributario cuestionado y las razones de hecho y derecho que llevaron al órgano fiscalizador a tasar el contribuyente y aplicarle el Impuesto Único del artículo 21 de la LIR, además de los Reintegros del artículo 97, lo que a juicio de este Tribunal consta de la lectura del acto. Que, en este sentido, esta magistratura ha podido concluir que las razones expuestas por la reclamada constituyen fundamentación suficiente para la emisión de las actuaciones impugnadas, invocando el razonamiento utilizado y la normativa legal aplicable, cumpliendo, en efecto, con las exigencias reconocidas en los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880. Por consiguiente, la alegación efectuada por la reclamante solicitando la nulidad por falta de fundamentación de los actos impugnados, no tiene ningún respaldo legal ni constitucional, y mucho menos recae en algún requisito esencial del acto reclamado, como tampoco genera un perjuicio al interesado. Por todo lo anterior, es que debe tenerse por no acreditado el punto de prueba. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en mérito de las alegaciones hechas por las partes y los documentos acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana critica, basado en la multiplicidad, gravedad y precisión de los medios probatorios tenidos a la vista por este sentenciador en el proceso, y conforme 17 a las razones jurídicas, lógicas y técnicas, que le dan razonabilidad a la decisión adoptada en el presente dictamen, este Tribunal arriba a la conclusión que las Liquidaciones N°01 a 06, de fecha 26 de enero de 2021, se encuentran conforme a derecho y, por tanto, este sentenciador estima procedente confirmarlas en su totalidad. VIGÉSIMO TERCERO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. VISTOS, ADEMAS, lo establecido en el artículo 1° N°8 de la Ley N°20.322; artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880; artículos 21, 29 al 33 y 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; artículos 16, 17, 18, 21, 35, 59, 64, 115, 124, 125,127, 130, 131, 131 bis, 132, 148 y 200 del Código Tributario; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: NO HA LUGAR a la reclamación interpuesta a fojas 1 y siguientes por la sociedad INGENIERIA Y MONTAJES ELECTROSAI LIMITADA, representada por don PATRICIO ALFONSO RODRIGUEZ MUÑOZ, ambos ya individualizados, conforme a lo razonado y concluido en los considerandos séptimo a vigésimo tercero. En consecuencia, confírmense las Liquidaciones N°01 a 06, de fecha 26 de enero de 2021, emitidas por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos. Que, atendido el mérito del proceso, no se condena en costas a la parte reclamante, por existir motivos plausibles para litigar. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. NOTIFÍQUESE, la presente resolución conforme lo dispone el artículo 131 bis del Código Tributario. Déjese testimonio en el expediente. 18 RUC: 21-9-0000369-8 RIT: GR-16-00062-2021 CUANTÍA BRUTA (UTM): 1.136,96 RESOLVIÓ DON JOSÉ ANTONIO GUERRERO URIARTE, JUEZ (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. AUTORIZA DOÑA KARLA RAMOS NARVÁEZ, SECRETARIA (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Jose Antonio Guerrero Uriarte Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez(S) Tribunal R. Metropolitana. Segundo 2025-08-14T09:30:46-0400 FEA