Reclamo tributario: resolución

1 EN SANTIAGO, A VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. La presente resolución contiene las fojas del expediente electrónico del sistema SACTA. VISTOS: El escrito de fecha 16 de abril del año 2022, presentado por don JUAN FROEMEL ANDRADE, ingeniero, cédula de identidad número 4.815.282-1, domiciliado para estos efectos en Avenida Chamisero N° 15.921, casa 66, comuna de Colina, quien interpone acción de nulidad y de forma subsidiaria reclamo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322 y en los artículos 124 y siguientes del Código Tributario, respectivamente, en contra de la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, Dirección Nacional, la cual estableció un nuevo avalúo para la propiedad Rol N° 1569-66, de la comuna de Colina, aumentando dicho concepto en más de un 30%, pasando así el avalúo fiscal determinado al segundo semestre del año 2021, de la suma de $150.552.559 a $200.228.023, solicitando que esta sea dejada sin efecto. Como cuestión previa, señala que en conformidad a lo establecido en el artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322, este Tribunal es competente para conocer y declarar, a petición de parte, de la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria, debiendo alegarse o hacerse presente el vicio en la respectiva reclamación, cuando recaiga sobre un requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genere un perjuicio al interesado. Sobre este punto, complementa que todos los actos administrativos emanados del Servicio, deben expresar los hechos y fundamentos de derecho y que la decisión que de éste emane debe ser fundada, es decir, contener normativamente la necesidad de que éstos cuenten con la debida motivación, cuestión que tanto la doctrina como la jurisprudencia judicial y administrativa han venido desarrollando latamente. 2 Que, en cuanto a la infracción a los principios que regulan nuestro ordenamiento, la reclamante asegura que el acto recurrido afecta a: 1.- Principio constitucional de publicidad y al principio legal de motivación de los actos administrativos: Es decir, todo acto administrativo debe ser público y fundado, esto es, debe contener argumentos y razones que lo expliquen y que le den coherencia, cuestión que se conecta con el principio de motivación, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República (en adelante CPR), artículo 13 de la Ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880. Sobre este asunto, alega que el acto reclamado se emitió con infracción a estos principios, lo cual da cuenta que se incurrió en un vicio manifiesto de acuerdo a la normativa reglamentaria del Servicio, por lo que dicho acto debe ser declarado nulo puesto que su emisión acarrea que el funcionario que lo dictó no actuó en conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la CPR, es decir, que todo órgano del Estado debe actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de sus competencias y en la forma en que prescriba ley. 2.- Infracción al principio legal de autarquía del acto reclamado: Indica que sobre este principio, éste refiere a que una de las propiedades que tiene todo acto administrativo es su unidad, es decir, aquella en virtud de la cual no puede dividirse sin que en su esencia se destruye o se altere, debiendo bastarse en sí mismo. Sobre este principio, asegura que el acto recurrido, al omitir toda expresión de hechos, de normas de derecho, razonamientos y fundamentos, viola este principio, debiendo ser expulsado del ordenamiento jurídico mediante la declaración de nulidad. 3.- Infracción al deber de respetar la buena fe del contribuyente, por parte del Servicio. Sobre aquello, asegura que el Servicio se encuentra obligado a respetar la buena fe de los contribuyentes, tal como lo indica el inciso 2° del artículo 4 bis y artículo 8° bis N° 19 del Código Tributario, por lo que la reclamada no puede desconocer estos hechos y los efectos jurídicos establecidos en la ley común. 3 Por ello, expone que el acto reclamado viola la normativa legal antes descrita, desconociendo la buena fe de la reclamante, lo cual conlleva a concluir que estamos frente a un acto viciado y debe ser declarado nulo. 4.- No inclusión de informes en el acto administrativo final: Explica que el acto reclamado, al ser un acto administrativo patrimonial de efectos negativos en cuya razón debe dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 y 41 de la Ley N° 19.880, esto es, que los informes que lo fundamenten estén debidamente invocados y contenido en la resolución que se sirve de ellos, cuestión que no se advierte en la resolución recurrida, por lo que corresponde a un vicio o defecto de forma, grave y severo, ya que impide a la ciudadanía conocer e imponerse de los antecedentes, informaciones y demás datos que dice la autoridad haber tenido a la vista para resolver como lo hizo. 5.- Falta de procedimiento administrativo: Detalla que si bien la Ley N° 17.235 sobre impuesto territorial no establece un procedimiento administrativo claro y completo acerca de cómo la administración tributaria debe realizar la labor de tasación de un BBRR, en este caso no se sabe si efectivamente se realizó el necesario proceso administrativo sobre esta materia, cuestión que no se advierte de la revisión del mismo, pues para ello debe existir un expediente administrativo que recoja, entre otros aspectos, la prueba que ha recabado la administración para sustentar la resolución del procedimiento. 6.- Infracción al título IV de la participación ciudadana en la gestión pública. Sobre este punto, menciona que el Servicio, al dictar una resolución con efectos jurídicos erga omnes, como la recurrida en estos autos, vulnera el artículo 70 y 73 de la Ley N° 18.575, por cuanto, a juicio de la reclamante, el Servicio eligió arbitrariamente qué actos administrativos somete a consulta y cuáles no. Que, por otro lado, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 21 del Código Tributario en este procedimiento, expone que aquello es efectivo en razón a lo establecido en la Ley N° 17.235 sobre impuesto territorial y además la Resolución reclamada no contiene, ni expresa ni mucho menos imputa algún defecto, error, equivocación o incumplimiento legal o reglamentario, atribuible a la reclamante, por lo que el ente fiscal debió haber explicado, de forma 4 razonable y pormenorizada, los motivos y circunstancias que justifica, según su entender, el alza totalmente desmedida del avalúo de la propiedad reclamada. Además, el artículo 21 del Código Tributario indica que el contribuyente debe probar con los documentos, libros de contabilidad u otro medio que la ley establezca a fin de acreditar sus declaraciones, es decir, no se subsume dentro de los hechos debatidos en estos autos. 7.- Infracción al principio de juridicidad en los actos del Servicio que importan vicios esenciales y graves: Expone que la resolución recurrida es un acto que no se basta a sí mismo, en el sentido de que no permiten a los afectados, o a cualquier persona, entender el porqué de la actuación, ni mucho menos se puede verificar cómo el Servicio fijó los valores, es decir, más allá de la mera cita de las normas legales y cuestiones simplemente formales, la resolución carece del todo de una relación circunstancia de los fundamentos de la decisión impugnada, que dé cuenta de un proceso de racionalidad intrínseca de las mismas, por lo que éste debe ser declarado nulo, pues esa es la sanción que se aplica en estos casos. Asimismo, alega que la resolución impugnada, además de vulnerar lo que es un “acto administrativo”, transgrede: la prohibición de establecer tributos manifiestamente injusto contenido en el N° 20 del artículo 19 de la CPR; el derecho de propiedad contenido en el N° 24 del artículo 19 de la CPR; y el mandato final de seguridad y certeza que contiene el N° 26 del artículo 19 de la CPR que impide toda autoridad administrativa y/o legislativa, al momento de ejercer sus potestades, especialmente cuando han de regular o complementar las garantías que la norma fundamental establece, o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Que, en cuanto a las conclusiones, la reclamante señala que el acto recurrido adolece de vicios constitucionales y de legalidad, atendida la falta de fundamentación o motivación del acto administrativo, puesto que de la simple lectura del mismo aparece que éstos no explican ni señalan los motivos o hechos en virtud de los cuales se arriba el actual avalúo que supera los $200.000.000, es decir, es un acto que no está debidamente fundamentado o motivado y no se basta a sí mismo. 5 En esta misma línea, menciona que el acto no indica con precisión las razones que motivan la actuación, tomando en cuenta que, al ser emitido por el Servicio, ésta deberá ser fundada, expresando los hechos, derechos y razonamientos lógicos para llegar a una conclusión, así como todos los cálculos aritméticos que le permitan al ente fiscal a determinar esa base imponible del impuesto y no otra como lo exige expresamente el N° 4 del artículo 8° bis del Código Tributario. Así, alega que, careciendo el acto administrativo de la debida fundamentación y motivación, por la falta de procedimiento, conlleva a concluir que es un acto ilegal y por ende nulo y carente de todo valor, por lo que la reclamación debe ser acogida, tomando en cuenta que conculca las garantías constitucionales de la propia reclamante, al establecer la base imponible sobre la cual se aplica la tasa del impuesto territorial, generando un impuesto desproporcionado. Por lo tanto, la reclamante solicita que se tenga por interpuesto el reclamo, se deje sin efecto el acto recurrido y se condene en costas a la reclamada. Cabe hacer presente que, de forma subsidiaria, solicita que se tenga por interpuesto el reclamo a través del procedimiento de marras en contra del acto recurrida, fundado en las razones ya señaladas anteriormente, solicitando que ésta sea dejada sin efecto y con ello se condene en costas al Servicio. Afirma que el nuevo avalúo fiscal, que además aumentó o se aplicó sobre el monto anterior, que estaba debidamente actualizado por la variación del IPC, es decir, tuvo un doble aumento en su valor, tomando en cuenta que en la Comuna de Colina, donde se emplaza la propiedad afectada, no hay ningún adelanto, mejora o construcción fiscal o municipal, sino que por el contrario, todos los sistemas viales están colapsados e impiden el normal funcionamiento, es decir, no ha habido en los últimos 4 años nuevas inversiones fiscales y/o municipales que justifiquen un alza tan elevado. Por tanto, éste debe ser dejado sin efecto y se condene en costas al Servicio. 6 A fojas 53, comparece don ARIEL CUEVAS BUSTOS, abogado, cédula de identidad número 17.403.782-5, domiciliado para estos efectos en calle Teatinos N°120, piso 2°, comuna de Santiago, en representación de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, quien debidamente facultado para ello, evacuó el traslado conferido a fojas 30 de autos, solicitando el rechazo del reclamo incoado y con ello se condene en costas a la reclamante. Señala que de la lectura de los vicios que el reclamo reprocha que adolecería la Resolución Ex. N° 143, aparece que la petición de declaración de nulidad debe ser rechazada por improcedente al no ser de aquellas materias susceptibles de nulidad tributaria toda vez que la competencia para declarar la nulidad alcanza a los actos que puedan ser objeto de una reclamación tributaria, esto es, tratándose del procedimiento de marras, conforme al artículo 124 del Código Tributario, una liquidación, giro, pago o bien resoluciones que inciden en el pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo, o bien que deniegan las peticiones establecidas en el artículo 126 del Código Tributario. Que, en esta misma línea, explica que para la procedencia de la nulidad invocada, el acto administrativo debe ser dictado sin la competencia, investidura y formalidad necesarias para producir sus efectos y, copulativamente, se exige que posea la naturaleza de acto administrativo terminal, es decir, actos en los cuales, usando los términos de la Ley N° 19.880, se exprese en una decisión formal emitida por el Servicio respecto de un contribuyente determinado, el cual, por cierto, tiene la posibilidad de impugnarlos, por vía administrativa o vía judicial. Que, en este caso, según lo que alega el Servicio, respecto del acto recurrido, no concurren dichas condiciones desde que la citada resolución no se establece la base imponible del tributo que, tratándose del impuesto territorial, corresponde al avalúo fiscal, ni determina aquel gravamen, sino que el Servicio se limitó a aplicar las fórmulas que las normas de la Ley sobre Impuesto Territorial ordenan, que persiguen objetar y homologar condiciones fácticas que permitan, a posteriori, proceder individualmente a determinar con precisión el valor de diversos inmuebles y consecuencialmente la determinación de la carga impositiva de cada contribuyente, constituyendo sólo la etapa inicial del proceso de reavalúo y no es un acto decisorio, particular o terminal que atienda a las características individuales de un contribuyente o establezca un hecho gravado. 7 Que, por otro lado, para efectos de la realización del reavalúo o tasación general de los bienes raíces no agrícolas y aplicar la nueva tasación simultánea a todas las comunas del país, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 17.235, con fecha 30 de diciembre del año 2021, el Servicio dictó y publicó, en el Diario Oficial, las instrucciones técnicas y administrativas mediante la Resolución Ex. N° 143 que “Fija valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los Bienes Raíces de la segunda serie no agrícola” y que como complemento de lo anterior, el ente fiscal emitió la Resolución Ex. SII N° 11 del año 2022, que “fija valores de montos de avalúo exento, de avalúo para cambio de tasa del impuesto territorial y exención de pleno derecho, para predios no agrícolas reavaluados con vigencia 1° de enero de 2022”. Indica que la Resolución Ex. N° 143 citada, además de indicar las normas en las cuales se funda este proceso, hace referencia y pone a disposición de los contribuyentes seis anexos que contienen una serie de especificaciones técnicas, relativas a: planos de precios de terreno (anexo 1), tasación de terrenos (anexo 2), tasación de construcciones (anexo 3), glosario técnico de construcciones (anexo 4), tablas de valores unitarios de construcciones (anexo 5) y guías técnicas para definir la calidad de construcciones (anexo 6). De lo expuesto anteriormente, expone que este acto no es susceptible de ser reclamado a través del procedimiento de marras, esto por disposición expresa en el inciso 4° del artículo 126 del Código Tributario el cual establece que no son reclamables los actos administrativos a través de los cuales el Director del Servicio imparta instrucciones técnicas administrativas, con la finalidad de llevar a efecto la tasación de los bienes raíces no agrícolas. En esta misma línea, expone que además corresponde rechazar este reclamo porque la parte reclamante menciona que la resolución recurrida en cuestión es de aquellas resoluciones que inciden en el pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo, sin embargo ello no resulta efectivo toda vez que en ella no se establece la base imponible del tributario, que tratándose del impuesto territorial, corresponde al avalúo fiscal, sino que el Servicio sólo se limitó aplicar las fórmulas que las normas de la Ley sobre Impuesto Territorial ordenan, constituyendo sólo la etapa inicial del proceso de reavalúo, razón por la cual, en sí misma, no tiene mérito para incidir en el pago de impuestos o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, en 8 cuanto no es un acto decisorio, particular o terminal, que atienda a las características individuales de un contribuyente o establezca un hecho gravado. En este sentido, alega que el acto terminal del proceso de reavalúo del año 2022, como cualquier otro reavalúo general, está dado por la nueva tasación fiscal que el Servicio ha determinado en cada caso particular para cada inmueble objeto del reavalúo y que atendida a dicha naturaleza es que los contribuyentes afectados podrán reclamar una vez terminado de exhibirse los nuevos roles. Esta exhibición es un acto terminal que el legislador tributario, en esta materia, ha decidió que sea objeto de reclamación, no otro distinto, previo y preparatorio como lo son las instrucciones técnicas y administrativas impartidas en cumplimiento al artículo 4° de la Ley N° 17.235, por parte del Director. Que, a su turno, menciona que lo pretendido mediante el presente reclamo no es sino que este Tribunal se pronuncie respecto del avalúo asignado al bien raíz de propiedad de la reclamante, en la tasación general, de modo que, la controversia planteada en el fondo resulta ser su falta de conformidad con el nuevo avalúo, lleva a concluir que la petición de nulidad del acto recurrido no es en modo alguno el remedio idóneo procesal para tal efecto, en lo fundamental, porque la resolución impugnada no determina un nuevo avalúo en particular del bien raíz de los actores, ya que ella sólo contiene instrucciones técnicas y administrativas impartidas por el Director y, enseguida, porque los nuevos avalúos determinados respecto de cada inmueble objeto del reavalúo del año 2022, incluido desde luego el bien raíz de la reclamante, podrán ser impugnados a través de vías específicas de reclamación, contenida en el artículo 149 del Código Tributario, las que deben prevalecer antes que el ejercicio de la acción de nulidad de derecho público tributaria. Que, asimismo, hace presente que la Resolución Ex. N° 143 del año 2021, se emitió conforme la ley y que no es reclamable toda vez que constituye un acto administrativo de efectos generales y no de efectos particulares que tiene como fin el de homologar condiciones fácticas que permitan, a posteriori, proceder individualmente mediante un acto administrativo terminal a la determinación de la carga impositiva de cada contribuyente. En este caso, esta resolución tiene como único fin el de establecer criterios objetivos de valoración, que se aplican a todos los terrenos y construcciones y que por tanto no busca 9 fijar un valor particular, sino que establece parámetros (valores) que le sirven al Servicio para fijar los avalúos de los bienes raíces. Desde este punto de vista, expone que el acto recurrido contiene suficiente motivación, teniendo presente que el estándar de exigibilidad motivacional ha de ser necesariamente distinto respecto de aquellos casos de actos individuales que determinan, crean o modifican derechos u obligaciones en concreto, respecto de una o más personas. En efecto, en el presente caso, el Servicio no posee una situación fáctica particular a la cual aplicar una premisa normativa, por lo que no se vislumbra atisbo alguno de ilegalidad. Que, respecto al reclamo subsidiario presentado en el PRIMER OTROSÍ del escrito que rola a fojas uno (1) y siguientes de autos, hace presente que las variaciones que ha sufrido el avalúo del Bien Raíz Rol N° 1569-66, de la comuna de Colina, respecto del avalúo vigente al año 2021 corresponde a lo siguiente: Avalúo anterior: $158.230.684 Avalúo actual: $200.228.023 Variación: 26,54% Contribución anterior: $287.716 Contribución actual: $354.798 Variación: 23,32% Que en relación a los antecedentes del proceso de reavalúo de bienes raíces no agrícolas del año 2022, y la tasación del bien raíz rol N° 1569-66, de la comuna de Colina, señala que se encuentra ubicado en el Área Homogénea (en adelante AH) HAB101, de la comuna de Colina, en donde se ubican el rol y el bien común involucrado; corresponde a una vivienda acogida a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y que presenta en su interior mayormente roles con destino habitacional, de características muy similares al rol objeto del reclamo, en su mayoría viviendas de al menos 150 a 200 m/2. La categoría constructiva de los bienes raíces presentes en esta AH es principalmente media-alta, es decir, con un buen nivel de ejecución de las construcciones, materiales de buena calidad y terminaciones de nivel adecuado, y su nivel de densificación es bajo, puesto que corresponde a un sector que en general no presenta edificaciones en altura mayores a los 3 pisos, tratándose de viviendas aisladas, con terrenos de uso y goce mayoritariamente entre los 300 y los 600 m/2 de superficie. Indica que los bienes raíces ubicados al interior del AH consultada, corresponde a predios de forma y topografía regular, y que se encuentra acogido al Plan Regulador Metropolitano. 10 Además, agrega que se trata de un área que ha experimentado un fuerte desarrollo inmobiliario en los últimos años, pasando a tener la mayor parte de sus roles eriazos, a contener numerosas viviendas y condominios, con muy buena conectividad y equipamiento de buen nivel como colegios, supermercados, entre otros. Asimismo, hace presente que la comuna de Colina ha experimentado un crecimiento de propiedades habitacionales de un 13,7% durante los últimos cuatro años, siendo superior al de la media habitacional de la Región Metropolitana, que registra para este mismo periodo un crecimiento de 9%. Sobre este punto, alega que para el AH HAB101, se tuvieron a la vista la suma 621 transferencias de los roles pertenecientes a este sector, realizadas entre el segundo semestre del año 2017 al 30 de mayo del año 2021, y 83 tasaciones comerciales pertenecientes al periodo de estudio, llegando a definir en base al análisis de dichas muestras, un valor de $158.059 m/2. Al analizar nuevamente las muestras disponibles, menciona que se pudo verificar que el valor del AH HAB101 se encuentra correctamente determinado, siendo así que las transferencias sustentan claramente el valor definido por el Servicio en base a dicha información. Por lo tanto, los valores fiscales unitarios de construcción se obtuvieron a partir de una serie de estudios sobre los antecedentes catastrales que mantiene el Servicio, e incluyó entre otros insumos, un Estudio de Precios de Construcción realizado por la Pontificia Universidad Católica, previa licitación, por lo cual se definió un valor por m2 de $814.405 para construcciones de hormigón en calidad 2 (media alta) y de $469.414 para albañilería en calidad (media), ambos al segundo semestre del año 2021. En consecuencia, el Servicio solicita el rechazo de la nulidad del acto reclamado, así como también el reclamo subsidiario presentado por la reclamante, se confirme la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos y se condene en costas a la accionante. DILIGENCIAS DEL PROCESO: A fojas 84, rola resolución de fecha 10 de julio del año 2023, que recibió la causa a prueba. 11 A fojas 265, rola resolución de fecha 9 de julio del año 2025, que ordenó traer los autos para fallo. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fojas 1 de autos comparece don JUAN FROEMEL ANDRADE, ya individualizado, interponiendo acción de nulidad y reclamo subsidiario, en conformidad al Procedimiento General de Reclamaciones, en contra de la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, Dirección Nacional, la cual procedió a aumentar el avalúo de su propiedad Rol N° 1569-66, de la comuna de Colina, aumentando dicho concepto en más de un 30%, pasando así el avalúo fiscal determinado al segundo semestre del año 2021, de la suma de $150.552.559 a $200.228.023, solicitando que ésta sea dejada sin efecto, con condena en costas al Servicio. SEGUNDO: Que, a fojas 53, comparece doña ARIEL CUEVAS BUSTOS, en representación de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, quien debidamente facultada para ello, evacuó traslado conferido a fojas 30 de autos, solicitando el rechazo del reclamo incoado y con ello se condene en costas a la reclamante. TERCERO: Que atendido a lo señalado en lo expositivo de esta sentencia se concluye que la cuestión controvertida versa en determinar la procedencia o no de la nulidad del acto recurrido y de forma subsidiaria las circunstancias que refieren al aumento del valor del avalúo del BBRR Rol N° 1569-66, de la comuna de Colina. CUARTO: Que a fojas 84, se fijó el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido a probar: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta de los vicios invocados, respecto de la resolución reclamada en autos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322”. Que respecto de estos hechos rindieron prueba ambas partes, y es la que se señalará, analizará y ponderará en los considerandos siguientes. QUINTO: La reclamante rindió prueba documental, la cual será descrita a continuación. I. DOCUMENTAL: i. Documentos acompañados como fundamento de su reclamo: 12 A fojas 22 a 24, la parte reclamante acompañó, con fecha 16 de abril del año 2022, la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, Certificado de Avalúo Fiscal de la Propiedad al primer semestre de 2022 y certificado de avalúo fiscal segundo semestre 2021. ii. Documentos acompañados dentro del término probatorio: La parte reclamante no acompañó documentación dentro de esta etapa procesal. II. INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL: Con fecha 23 de agosto del año 2023, se llevó a efecto la inspección personal del Tribunal en el inmueble ubicado en Avenida Chamisero N° 15.921 casa 66, comuna de Colina, Rol N° 1569-66. Según lo que se pudo constatar en dicha instancia probatoria, el inmueble consiste en una casa de dos pisos, emplazada en un condominio, la cual tiene un patio, con una piscina al fondo, y en los límites de la propiedad se encuentran terrenos sin construcción. La reclamada rindió prueba documental, la cual será descrita a continuación: i. Documentos acompañados dentro del término probatorio: Con fecha 4 de agosto del año 2023, el Servicio acompañó documentación que rola a fojas 96 a 233 vta, consistentes en: la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021 y los anexos 1 a 6; extracto de publicación en el Diario Oficial de dicha resolución de fecha 5 de enero del año 2022; sentencia definitiva de fecha 26 de abril del año 2021 dictada por este Tribunal en causa RUC: 19-9-0000230-3/RIT: AB-16-00049-2019; sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 10 de diciembre del año 2021 en causa RUC: 18-9- 0001298-1/RIT: AB-16-00151-2018; sentencia dictada por Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 7 de marzo del año 2023 en Rol N° 319-2022; Documento denominado: “Plazo para presentar recurso de reposición administrativa ante el Servicio, respecto de reavaluos de BBRR no agrícolas 2022”; Ficha comuna de Reavalúo no agrícola 2022; Cartografía digital del Servicio respecto del AH HAB101; Informe técnico del Departamento de Tasación del SII respecto del Rol N° 1569-66 de la comuna de Colina. 13 SEXTO: Que como se ha venido señalando, la prueba aportada ha estado constituida por documental e inspección personal del Tribunal, las cuales todas han sido debidamente incorporadas al expediente. SÉPTIMO: Que, en un análisis más específico de lo expuesto por las partes, este Tribunal ha podido tener por acreditado lo siguiente: 1.- La parte reclamante es propietaria del inmueble Rol N° 1569-66 de la comuna de Colina. 2.- Con fecha 30 de diciembre del año 2021, el Servicio emitió la Resolución Ex. N° 143, mediante la cual se fijaron los valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los BBRR de la segunda serie no agrícola. OCTAVO: Que, en cuanto a la normativa legal aplicada cabe señalar lo establecido en el artículo 1° N° 8° de la Ley N° 20.322, la cual establece: “Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio, cuyas funciones, en el ámbito de su territorio, son: 8°. Conocer y declarar, a petición de parte, la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera. Para estos efectos, el vicio deberá hacerse presente o alegarse en la reclamación respectiva. Los vicios de procedimiento o de forma sólo afectarán la validez del acto administrativo materia del reclamo tributario o aduanero cuando recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y generen perjuicio al interesado.” NOVENO: Que, en relación al punto de prueba: “Antecedentes y circunstancias de hecho que darían cuenta de los vicios invocados, respecto de la resolución reclamada en autos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322”, la parte reclamante señala que la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, adolece de una serie de infracciones legales que afectan al acto recurrido, como lo es: la falta de fundamentación del mismo ya que debe ser capaz de explicarse por sí mismo, lo cual genera que éste incurrió en una infracción legal en los términos establecidos en la Ley N° 19.880 y el Código Tributario; con ello la vulneración del principio constitucional de publicidad y motivación de los actos administrativos; el principio de autarquía o autosuficiencia del acto administrativo; la inobservancia al respeto de la buena 14 fe del contribuyente; la no inclusión de informes en el acto administrativo final; infracción a los procedimientos administrativos; falta de participación ciudadana en la elaboración de este acto; infracción del principio de juridicidad de los actos del Servicio al no explicar los motivos, razones y hechos que incidieron en los valores establecidos en el avalúo; y finalmente la afectación de los numerales 20, 24 y 26 del artículo 19° de la Constitución Política de la República. Explica que las anteriores alegaciones, darían cuenta de la ilegalidad en la determinación del avalúo del BBRR de la reclamante, pasando el avalúo fiscal, al segundo semestre del año 2021, de la suma de $150.552.559 a $200.228.023. Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, al momento de evacuar el traslado del reclamo, indicó que la determinación del avalúo del Rol N° 1569- 66 de la comuna de Colina se determinó correctamente y además hace presente que la resolución recurrida no es reclamable por este procedimiento de marras. DÉCIMO: Que, como cuestión previa, cabe señalar que el artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322, establece que para que este Tribunal declare la nulidad, debe concurrir la existencia de un vicio que recaiga sobre un acto administrativo que sea objeto de un reclamo tributario o aduanero, el cual debe hacerse presente en la reclamación respectiva. A su turno, dentro de los vicios que se pueden alegar, éstos deben corresponder a vicios de procedimiento o de forma que afectaren la validez del acto administrativo, cuando recaigan en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genere perjuicio al interesado. UNDÉCIMO: Luego, en cuanto al acto reclamado, a fojas 22 y siguientes de autos, la parte reclamante acompañó la Resolución Ex. SII N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, que: “Fija Valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los bienes raíces de la segunda serie no agrícola”, donde se fijaron los valores de terrenos que se aplica a las propiedades; las definiciones técnicas, los valores unitarios de las construcciones y los factores de ajuste que se utilicen en la determinación de los avalúos de la propiedades a reavaluar; y la entrada en vigencia de aquel revalúo, es decir a contar del 1° de enero del año 2022. 15 A su vez, entre fojas 97 a 137 se acompañaron los anexos 1 a 6 de aquella actuación administrativa, consistente en: Los Planos de precios de terrenos; Tasación de Terrenos; la Tasación de construcciones; el glosario técnico de construcciones; la tabla de valores unitarios de construcción; y la guía para la determinación de las calidades de las construcciones. DUODÉCIMO: Sobre el contexto de la emisión de este acto administrativo, según lo establecido en el inciso 1° del artículo 3° de la Ley N° 17.235, el Servicio de Impuestos Internos, cada cuatro años, debe reavaluar los BBRR agrícolas y no agrícolas sujetos a disposición de esta ley, aplicándose la nueva tasación para todas las comunas del país y que para tal efecto deberá impartir instrucciones técnicas y administrativas necesarias para realizar esta tasación, en virtud del artículo 4° de este cuerpo normativo. Es decir, este acto reclamado tiene como objeto el de cumplir con este mandato legal que recae sobre la reclamada en cuanto a establecer los criterios técnicos para establecer los nuevos avalúos de los BBRR, que en este caso corresponde a los de segunda serie no agrícola, como ocurre con el inmueble objeto de este reclamo. DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto al reclamo y sus alegaciones, la parte reclamante únicamente hizo mención en su acción a que este acto administrativo habría conculcado sus derechos al aumentar el avalúo fiscal de su propiedad, pasando ésta, al segundo semestre del año 2021, de $150.552.5593 a la cantidad de $200.228.023. Sin embargo, la parte reclamante no explicó cuál (o cuáles) sería(n) la(s) incidencia(s) de este acto administrativo en la determinación del nuevo avalúo ni mucho menos acompañó medio de prueba alguno que diese cuenta a este Tribunal de los presuntos yerros o vicios que habría incurrido y cuál es el perjuicio que esto le ocasionó. En este sentido, las alegaciones de la parte reclamante dicen relación con que no resultaría aplicable el artículo 21 del Código Tributario por cuanto sería el Servicio quien debe acreditar sus alegaciones, no obstante la accionante desconoce que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° del citado cuerpo legal, resulta aplicable también lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil en lo atingente a que: “incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega la existencia de la obligación o su extinción”, por lo que resulta evidente que por lógica procesal la parte reclamante, quien es la que 16 busca dejar sin efecto el avalúo fiscal de su propiedad, se encontraba en la obligación de desvirtuar lo establecido por la parte reclamada, cuestión que no ocurrió en la especie al incumplir con esta carga procesal según lo consignado en el considerando quinto de la presente sentencia. DÉCIMO CUARTO: Que, por otro lado, a fojas 139 a 167, el Servicio acompañó jurisprudencia de este Tribunal, en específico, la sentencia definitiva dictada con fecha 26 de abril del año 2021 en causa RIT: AB-16-00049- 2019/RUC: 19-9-0000230-3; y sentencia definitiva de fecha 10 de diciembre del año 2021 en causa RIT: AB-16-00151-2018/RUC:18-9-0001298-1, donde en ambas resoluciones judiciales quedó asentado el criterio en cuanto a que, al ser este acto administrativo reclamado, una instrucción técnica y administrativa para llevar a cabo la tasación de BBRR, no es objeto de reclamación, mediante el procedimiento de marras, por aplicación del artículo 126 del Código Tributario: “En ningún caso serán reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o por las Direcciones regionales al personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por funcionarios del Servicio a las consultas generales o particulares que les formulen sobre aplicación o interpretación de las leyes tributarias.” DÉCIMO QUINTO: En este orden de ideas, la pretensión procesal de la reclamante dice relación con que este Tribunal deje sin efecto la determinación del avalúo de su BBRR, a través del Procedimiento General de Reclamaciones desconociendo que para tal efecto se encontraba vigente, a la época de la concurrencia de los hechos debatidos en estos autos, el Procedimiento de reclamo de avalúos de BBRR contenido en los artículos 149 y siguientes del Código Tributario, por lo que dicho procedimiento era el idóneo para recurrir en contra de la determinación efectuada por el Servicio y no a través del presente procedimiento, tomando en consideración que la resolución recurrida no es de aquellas que se señalan en el artículo 124 del Código ya señalado por más que la accionante utilizó el apelativo de “liquidación” para referirse a la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, cuestión que se aleja de la realidad fáctica y jurídica. Por lo demás, este criterio fue considerado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 7 de marzo del año 2023 en causa Rol 17 Tributario y Aduanero N° 319-2022, según el documento acompañado a fojas 168 y siguientes de autos. DÉCIMO SEXTO: Asimismo, cabe hacer presente el único procedimiento que permite a este Tribunal pronunciarse acerca de los presuntos derechos constitucionales que habrían sido afectados por el Servicio, es el Procedimiento Especial de reclamo por Vulneración de derechos pero sólo respecto de los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la CPR y no este procedimiento como lo pretende la accionante, por lo que en este caso no resulta posible acceder a lo alegado por la reclamante, menos aun cuando éste invocó la afectación de los derechos contenidos en los N° 20, 24 y 26 del artículo 19 ya mencionado. DÉCIMO SÉPTIMO: Por lo tanto, para efectos de declarar la nulidad del acto administrativo, en los términos del artículo 1° N° 8 de la Ley N° 20.322, la parte reclamante debía acreditar que el acto recurrido fuese de aquellos susceptibles de ser reclamado tributariamente, cuestión que no concurre en la especie toda vez que la Resolución Ex. SII N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, es un acto administrativo que establece las instrucciones técnicas respecto de la tasación de BBRR no agrícolas a nivel nacional, es decir, corresponde a aquellos que se subsumen dentro el artículo 126 del Código Tributario y que no son objeto de reclamación a través del procedimiento de marras y además no explicó ni acreditó el presunto perjuicio que le habría ocasionado el actuar del Servicio, puesto que no cumplió con la carga procesal de acompañar los respectivos medios de prueba, por lo que el punto de prueba no se encuentra acreditado. DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación al reclamo subsidiario presentado por la parte reclamante, referente al avalúo del BBRR Rol N° 569-66 de la comuna de Colina, la actora expresa las mismas alegaciones con referencia a la nulidad invocada, citando las normas constitucionales y legales que éste citó para considerar que el avalúo del BBRR objeto de este reclamo se determinó incorrectamente. Por su parte, el Servicio, en su evacúa traslado estimó que más allá de que este procedimiento no es el indicado para conocer y resolver la solicitud de modificar el valor del avalúo, éste se determinó de forma correcta en cumplimiento con los requisitos legales aplicables a esta materia. 18 DÉCIMO NOVENO: Que, en primer lugar, a fojas 23 de autos se acompañó el Certificado de Avalúo Fiscal, respecto del Rol N° 1569-66, de la comuna de Colina, corresponde a aquel domiciliado en Av. Chamisero N° 15.921, casa 66, donde se detalla: Avalúo Total $200.228.023 Avalúo Exento de Impuesto $47.360.490 Avalúo Afecto a Impuesto $152.867.533 A su vez, a fojas 24, se acompañó el certificado de avalúo fiscal al segundo semestre del año 2021, del inmueble Rol N° 1569-66 de la comuna de Colina, el cual ascendió a la suma de $150.552.559. Además de lo anterior, a fojas 227 y siguientes de autos, el Servicio acompañó el documento denominado: “Informe Departamento de Tasaciones” de fecha 26 de julio del año 2023, emitido por doña Ángela Núñez Durán, en su calidad de Jefa de Departamento de Tasaciones del Servicio de Impuestos Internos. En este medio de prueba, se menciona que el objeto del informe dice relación con referirse al Rol N° 1569-66 de la comuna de Colina (inmueble reclamado en autos), el cual corresponde a una propiedad que se encuentra acogida a la ley de copropiedad, toda vez que está dentro de un condominio. Además, está ubicada en el AH HAB101 de la comuna de Colina, con una capacidad constructiva media alta, es decir, con un buen nivel de ejecución de las construcciones, materiales de buena calidad y terminaciones de nivel adecuado. Agrega, en la página 4 de este informe, que se trata de un área que ha experimentado un fuerte desarrollo inmobiliario en los últimos años, pasando de tener la mayor parte de sus roles eriazos, a contener numerosas viviendas y condominios, con “muy buena conectividad” y equipamientos de buen nivel como colegios, supermercados, entre otros. Asimismo, menciona que la comuna de Colina ha experimentado un crecimiento de propiedades habitacionales de un 13% durante los últimos cuatro años, siendo superior al de la media habitacional de la Región Metropolitana, que registra para este mismo periodo un crecimiento de 9%. 19 Indica que para el AH HAB101, se tuvieron a la vista la suma de 621 transferencias de los roles pertenecientes a este sector, realizadas entre el segundo semestre del año 2017 al 30 de mayo del año 2021 y 83 tasaciones comerciales pertenecientes al periodo de estudio, llegando a definir, en base al análisis de dicha muestra, un valor de $158.059 el m/2. Que, en cuanto al valor de los inmuebles que se ubican dentro del condominio, para efectos del proceso de reavalúo del año 2018, detalla que se tuvieron a la vista 124 muestras de compraventa y que el valor promedio de aquellas oscilaba entre las UF 7.088 y UF 12.013, con una mediana de UF 9.827. En el caso del proceso de avalúo del año 2022, respecto de este mismo condominio, explica que el Servicio tuvo a la vista 18 muestras de compraventa y que sus valores se encuentran entre las UF 8.748 a las UF 14.000, con una mediana de UF 11.550. Finalmente, en la página 7 de este informe se concluye: “Como es posible apreciar de la revisión de las muestras de ambos procesos de reavalúo, las transferencias de los bienes raíces al interior de esta copropiedad no han permanecido estáticos, pasando de una mediana de ventas de UF 9.827 en el reavalúo de 2018 ($261.068.013 UF $26.566,40 al segundo semestre de 2017), a una de UF 11.550 en el reavalúo de 2022 ($343.800.534 UF $29.766,28 al segundo semestre de 2021). Finalmente, es preciso señalar que el avalúo fiscal del bien raíz en estudio quedó definido, al primero de enero de 2022, en $232.746.79 ($267.995.368 actualizado al segundo semestre del presente año).“ Cabe hacer presente que en la página 5 de este informe se menciona que, respecto del Rol N° 1569-66, el avalúo anterior al 1 enero de 2022 ascendía a $158.230.684 y el pago de contribuciones correspondía a $287.716 y que posterior a esa fecha el avalúo ascendió a $200.228.023 y la contribución por $354.798, con una variación de un 23,22% en el valor del mismo en estos periodos. Es decir, entre ambos periodos, la diferencia en el pago de las contribuciones ascendió a $67.082. VIGÉSIMO: Que, a fojas 243 y siguientes consta la Inspección Personal de este Tribunal de fecha 23 de agosto del año 2023, la cual se llevó a efecto en el inmueble ubicado en Avenida Chamisero N° 15.921 casa 66, Jardín del Canto, 20 comuna de Colina, donde se advirtió que éste corresponde a una casa de dos pisos, emplazada dentro de un condominio, con una piscina al fondo. VIGÉSIMO PRIMERO: Es decir, de ambos medios de prueba descritos, se concluye que el Servicio tuvo a la vista, para aumentar el valor del avalúo del inmueble objeto del reclamo, las transacciones comerciales de los inmuebles que se ubican dentro del condominio a la cual pertenece, así como también el aumento del desarrollo inmobiliario que ha ocurrido en los últimos años respecto de la comuna de Colina. VIGÉSIMO SEGUNDO: Por lo tanto, y teniendo presente que la parte reclamante no observó este informe ni mucho menos aportó algún medio de prueba que desvirtuara lo señalado en el mismo, este Tribunal concluye que se encuentra acreditado los motivos que tuvo a la vista el ente fiscal para efectos de aumentar el valor del avalúo respecto del inmueble Rol N° 1569-66 de la comuna de Colina, las cuales fueron descritas en los considerandos décimo noveno a vigésimo primero, por lo que las alegaciones referentes a la este punto deben ser desestimadas. VIGÉSIMO TERCERO: Finalmente, y tal como se indicó en los considerandos precedentes, cabe hacer presente que el procedimiento de marras no es el indicado para pronunciarse acerca de la procedencia o no de la determinación de un avalúo de un BBRR, toda vez que a la fecha en que ocurrieron los hechos, se encontraban vigentes los artículos 149 y siguientes del Código Tributario y es a través de dicho procedimiento que este sentenciador se encontraba habilitado para pronunciarse acerca del mismo, por lo que tampoco resulta procedente acoger lo planteado por la accionante. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en mérito de las alegaciones hechas por las partes y los documentos acompañados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, basado en la multiplicidad, gravedad y precisión de los medios probatorios tenidos a la vista por este sentenciador en el proceso, y conforme a las razones jurídicas, lógicas y técnicas, que le dan razonabilidad a la decisión adoptada en el presente dictamen, se ha llegado a la conclusión que la parte reclamante no acreditó la procedencia de la acción de nulidad invocada en contra de la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, ni mucho menos el reclamo incoado en contra de esta, por no cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 1° N° 8 de la Ley N° 20.322, en relación con los 21 artículos 124 y 126 del Código Tributario motivo por el que éstas deben ser rechazadas. VIGÉSIMO QUINTO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente. VISTOS, ADEMÁS lo establecido en el artículo 1° numeral octavo de la Ley N°20.322; artículos 17, 18, 21, 24, 25, 59, 115, 124, 125, 127, 130, 131, 131 bis, 132 y 148 del Código Tributario; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes, SE RESUELVE: NO HA LUGAR al reclamo presentado por don JUAN FROEMEL ANDRADE. Confírmese la Resolución Ex. N° 143 de fecha 30 de diciembre del año 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Que por haber existido motivo plausible para litigar no se condena en costas a la parte reclamante. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la reclamante por carta certificada, y a la reclamada por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal. Déjese testimonio en el expediente. RUC: 22-9-0000244-0 RIT: GR-16-00073-2022 CUANTÍA BRUTA (UTM):1,2. RESOLVIÓ DON JOSÉ ANTONIO GUERRERO URIARTE, JUEZ (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 22 AUTORIZA DOÑA KARLA RAMOS NARVÁEZ, SECRETARIA (S) DEL SEGUNDO TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Jose Antonio Guerrero Uriarte Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez(S) Tribunal R. Metropolitana. Segundo 2025-08-22T14:06:54-0400 FEA