Artículo 23 quinquies de la Ley 18.216 (Penas Sustitutivas)
Qué dice el artículo
Artículo 23 quinquies.- La información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, podrá ser utilizada por un fiscal del Ministerio Público que se encontrare conduciendo una investigación en la cual el condenado sometido a monitoreo telemático apareciere como imputado. Para ello, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía, en conformidad con lo previsto en los artículos 9° y 236 del Código Procesal Penal.
Cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático, y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la condena, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema, en la forma que determine el reglamento al que se refiere el artículo 23 octies.
El que conociendo, en razón de su cargo, la información a que alude el inciso anterior, la revelare indebidamente, será sancionado con la pena prevista en el inciso primero del artículo 246 del Código Penal.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 14 de mayo de 1983 · promulgación: 20 de abril de 1983 · Última modificación: 12 de febrero de 2025.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 18.216 (Penas Sustitutivas)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 23 quinquies.
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Revoca la sentencia y acoge el amparo: la orden de ingreso inmediato tras revocar la pena sustitutiva no puede cumplirse mientras no se resuelva la apelación de la defensa, pues exige fallo ejecutoriado.
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Rechaza la casación de la defensa del condenado: el artículo 103 del Código Penal es incompatible con un crimen de lesa humanidad; ordena evaluar un cumplimiento alternativo por sus 92 años.
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Acoge la nulidad de la defensa y anula sentencia y audiencia: el artículo 396 del Código Procesal Penal exige dar a conocer el texto escrito de la sentencia, lo que no se hizo en el plazo legal.
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Acoge la queja de la defensa y concede libertad vigilada intensiva: la prohibición del artículo 1 de la Ley 18.216 no alcanza a quien el Estado facultó para portar el arma que disparó.
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