Artículo 221 de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Qué dice el artículo
Artículo 221.- Trámites posteriores. La venta como unidad económica deberá constar en escritura pública en la que se indicarán los hechos y/o requisitos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Dicha escritura será aprobada por el tribunal, el cual ordenará el alzamiento y cancelación de todos los gravámenes y prohibiciones que pesen sobre los bienes que integran la unidad económica. Los bienes que integran la unidad económica se entenderán constituidos en hipoteca o prenda sin desplazamiento, según su naturaleza, por el sólo ministerio de la ley, para caucionar los saldos insolutos de precio y cualquiera otra obligación que el adquirente haya asumido como consecuencia de la adquisición, salvo que la Junta de Acreedores, al pronunciarse sobre las bases respectivas, hubiese excluido expresamente determinados bienes de tales gravámenes.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 9 de enero de 2014 · promulgación: 30 de diciembre de 2013 · Última modificación: 30 de diciembre de 2023.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 221.
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Rechaza la casación de la ejecutante: no denunció el artículo 464 número 13, atacó hechos fijados y la liquidación es posterior al acuerdo del fallo y a la compensación ya operada.
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Rechaza la casación de los acreedores: por su naturaleza sancionatoria, esas remuneraciones no gozan del privilegio del artículo 2472 número 5 del Código Civil.
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Rechaza el recurso de la demandante: no se acreditaron el conocimiento del mal estado de los negocios ni el perjuicio, y omitió denunciar el artículo 292 de la Ley N° 20.720, norma decisoria.
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Rechaza la casación de Jara Construcciones Obras y Montajes: no denunció infringido el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, norma decisoria con que se acogió la incompetencia.
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