Artículo 286 f de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Qué dice el artículo
Artículo 286 F.- Acreedores comprendidos en los Acuerdos de Reorganización Judicial. Los Acuerdos sólo afectarán a los acreedores cuyos créditos se originen con anterioridad a la Resolución de Reorganización regulada en el artículo 286 B. Los créditos que se originen con posterioridad no serán incluidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial. Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de la Resolución de Reorganización, pero que no hubieren verificado oportunamente y aquellos que no estuvieren contenidos en la declaración jurada a que se refiere el artículo 286 A podrán demandar que se cumpla el Acuerdo a su favor mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten, mediante un procedimiento incidental, ante el mismo tribunal que se pronunció sobre el Acuerdo. En este procedimiento podrá actuar como parte cualquiera de los acreedores a los que les afecte el Acuerdo.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 9 de enero de 2014 · promulgación: 30 de diciembre de 2013 · Última modificación: 30 de diciembre de 2023.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 286 f.
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Rechaza la casación de la ejecutante: no denunció el artículo 464 número 13, atacó hechos fijados y la liquidación es posterior al acuerdo del fallo y a la compensación ya operada.
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Rechaza la casación de los acreedores: por su naturaleza sancionatoria, esas remuneraciones no gozan del privilegio del artículo 2472 número 5 del Código Civil.
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Rechaza el recurso de la demandante: no se acreditaron el conocimiento del mal estado de los negocios ni el perjuicio, y omitió denunciar el artículo 292 de la Ley N° 20.720, norma decisoria.
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Rechaza la casación de Jara Construcciones Obras y Montajes: no denunció infringido el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, norma decisoria con que se acogió la incompetencia.
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