Artículo 331 de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Qué dice el artículo
Artículo 331.- Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Naturaleza Jurídica. Créase una persona jurídica denominada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en adelante la Superintendencia. La Superintendencia será una institución autónoma, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y se regirá por esta ley. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las direcciones regionales que pueda establecer el Superintendente en distintas ciudades del país. La Superintendencia tendrá, para todos los efectos legales, el carácter de institución fiscalizadora de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 3.551, de 1981, y su legislación complementaria, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 9 de enero de 2014 · promulgación: 30 de diciembre de 2013 · Última modificación: 30 de diciembre de 2023.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 331.
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Rechaza la casación de la ejecutante: no denunció el artículo 464 número 13, atacó hechos fijados y la liquidación es posterior al acuerdo del fallo y a la compensación ya operada.
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Rechaza la casación de los acreedores: por su naturaleza sancionatoria, esas remuneraciones no gozan del privilegio del artículo 2472 número 5 del Código Civil.
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Rechaza el recurso de la demandante: no se acreditaron el conocimiento del mal estado de los negocios ni el perjuicio, y omitió denunciar el artículo 292 de la Ley N° 20.720, norma decisoria.
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Rechaza la casación de Jara Construcciones Obras y Montajes: no denunció infringido el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, norma decisoria con que se acogió la incompetencia.
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