Artículo 17 i de la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Qué dice el artículo
Artículo 17 I.- Cuando el consumidor haya otorgado un mandato, una autorización o cualquier otro acto jurídico para que se pague automáticamente el todo o parte del saldo de su cuenta, su crédito o su tarjeta de crédito, podrá dejar sin efecto dicho mandato, autorización o acto jurídico en cualquier tiempo, sin más formalidades que aquellas que haya debido cumplir para otorgar el acto jurídico que está revocando.
En todo caso, la revocación sólo surtirá efecto a contar del período subsiguiente de pago o abono que corresponda en la obligación concernida.
La inejecución de la revocación informada al proveedor del producto o servicio dará lugar a la indemnización de todos los perjuicios y hará presumir la infracción a este artículo.
En ningún caso será eximente de la responsabilidad del proveedor la circunstancia de que la revocación deba ser ejecutada por un tercero.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 7 de marzo de 1997 · promulgación: 7 de febrero de 1997 · Texto refundido: Decreto con Fuerza de Ley 3, publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 2021 · Última modificación: 11 de julio de 2025.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 17 i.
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Rechaza la casación de la ejecutada porque su petitorio pide rechazar un aumento de alimentos, ajeno a las excepciones, y porque contradice hechos fijados sobre las menciones del pagaré.
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Rechaza la queja de Banco BICE contra el fallo que confirmó la multa de 1.000 unidades tributarias mensuales, porque los jueces apreciaron la prueba según la sana crítica y solo interpretaron y aplicaron la ley al caso.
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Rechaza la casación de la demandante porque se apoya en hechos distintos de los fijados, como que Metro ocultó la caducidad, sin denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
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Rechaza la casación de la asociación de consumidores, que omitió normas decisorias, y mantiene la incompetencia del juzgado civil: la autoridad sanitaria debe constatar antes la infracción.
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