Artículo 54 k de la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Qué dice el artículo
Artículo 54 K.- Notificada la resolución que dé inicio al procedimiento, el proveedor tendrá un plazo de cinco días para manifestar por escrito al Servicio su voluntad de participar en éste. Este plazo podrá prorrogarse por igual término, por una sola vez, si el proveedor lo solicita fundadamente antes de su vencimiento. Si al término del plazo original o prorrogado el proveedor no expresa su voluntad, el procedimiento se entenderá fallido y el Servicio certificará dicha circunstancia mediante la dictación de una resolución de término.
El proveedor en cualquier momento podrá expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento. Por su parte, el Servicio podrá no perseverar en el procedimiento en cualquier momento, fundando su decisión. Estas circunstancias serán certificadas por el Servicio en la resolución de término respectiva.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 7 de marzo de 1997 · promulgación: 7 de febrero de 1997 · Texto refundido: Decreto con Fuerza de Ley 3, publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 2021 · Última modificación: 11 de julio de 2025.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 54 k.
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Rechaza la casación de la ejecutada porque su petitorio pide rechazar un aumento de alimentos, ajeno a las excepciones, y porque contradice hechos fijados sobre las menciones del pagaré.
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Rechaza la queja de Banco BICE contra el fallo que confirmó la multa de 1.000 unidades tributarias mensuales, porque los jueces apreciaron la prueba según la sana crítica y solo interpretaron y aplicaron la ley al caso.
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Rechaza la casación de la demandante porque se apoya en hechos distintos de los fijados, como que Metro ocultó la caducidad, sin denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
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Rechaza la casación de la asociación de consumidores, que omitió normas decisorias, y mantiene la incompetencia del juzgado civil: la autoridad sanitaria debe constatar antes la infracción.
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