Contraloría General de la República · N° 009002N13
Dictamen N° 9.002, de 8 de febrero de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 9.002 Fecha: 08-II-2013 Esta Contraloría General restituye la resolución 5695, de 2012, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, mediante la cual se determina la medida disciplinaria de censura al funcionario que indica, por cuanto dicho documento no se encuentra sometido a registro ni a controles de reemplazo en este Organismo Fiscalizador. Sin perjuicio de lo expresado, de conformidad con el dictamen N° 57.479, de 2012, de este origen, se debe hacer presente que la notificación de la resolución de la suma, practicada por esa casa de estudios al afectado, tenía como objeto que éste pudiera ejercer el recurso de reposición, de modo que vencido el término fijado para tal efecto sin que este haya sido interpuesto, o una vez resuelto en el evento de haberse presentado, procede que emita el acto administrativo terminal, remitiéndolo a este Organismo Fiscalizador para su control preventivo de legalidad, conjuntamente con el expediente del proceso sumarial respectivo. En mérito de lo expuesto, se restituye la resolución indicada. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 009002N13, de 8 de febrero de 2013.
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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