Contraloría General de la República · N° 073147N10
Dictamen N° 73.147, de 6 de diciembre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 73.147 Fecha: 06-XII-2010 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 77, de 2010, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante el cual se aplica la medida disciplinaria de censura al funcionario don Marcos Urzúa Urrea, pero cumple con hacer presente que, tal como se señala en el informe del investigador que rola de fojas 133 a 141, del análisis de los antecedentes sumariales adjuntos se advierten, además, hechos que configurarían infracciones a las disposiciones del decreto ley N° 799, de 1974, que regula el uso y la circulación de los vehículos estatales, y que, de acuerdo con su artículo 11, compete a este Organismo Fiscalizador hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de quienes contravengan dicha preceptiva. En consecuencia, corresponde que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, remita a esta Entidad de Control los antecedentes del caso, con el objeto de indagar el eventual uso indebido del vehículo fiscal de que se trata. Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 073147N10, de 6 de diciembre de 2010.
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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