Contraloría General de la República · N° 007801N10
Dictamen N° 7.801, de 10 de febrero de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 7.801 Fecha: 10-II-2010 Esta Contraloría General ha tomado razón de la resolución N° 119, de 2009, que aplica, al término del respectivo proceso sumarial, la medida disciplinaria de censura al funcionario que individualiza, por encontrarse ajustado a derecho. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar, para que se tenga presente en lo sucesivo, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 130, inciso tercero, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, las actuaciones o diligencias del sumario deben realizarse, además de las otras exigencias que en esa norma se indican, a medida que aquéllas se vayan sucediendo, presupuesto que en el caso de la especie no se tuvo en cuenta al emitirse la vista fiscal de fojas 45 y siguientes, al carecer dicho informe de la fecha de su dictación. Asimismo, corresponde señalar que el primer nombre del señor Garrido Peña es Michael y no como se indica en los Vistos y la parte resolutiva del documento examinado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 007801N10, de 10 de febrero de 2010.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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