Dictamen N° 28.281, de 5 de mayo de 2011

N° 28.281 Fecha: 5-V-2011 La Superintendencia de Pensiones ha remitido a esta Contraloría General, por corresponderle su conocimiento, una presentación de don Agustín Gastón Bórquez Vicencio, ex funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, exonerado político, quien solicita la revisión de su pensión no contributiva, por gracia. Requerido al efecto, el Instituto de Previsión Social, junto con remitir el expediente jubilatorio del interesado, por medio del oficio ordinario N° 24.250/329-11, de 2011, cuya copia se remite, para su conocimiento, manifiesta, en síntesis, que el aludido beneficio se encuentra correctamente determinado. Al respecto, cabe advertir, en primer término, que por medio de la resolución N° 1.548, de 2001, modificada por las resoluciones N° s. 2.225, de 2004 y 10.172, de 2007, las tres del Ministerio del Interior, se declaró la calidad de exonerado político del recurrente y se le concedió una pensión no contributiva, por gracia, por la suma inicial mensual de $ 247.026.-, a contar del 1 de septiembre de 1998. Enseguida, es dable precisar que la prestación de que se trata se calculó correctamente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 19.234, procedimiento que permitió asimilar a marzo de 1990, el respectivo cargo de exoneración, oficial administrativo, grado 19 de la E.U.S., al grado 14 del indicado ordenamiento remuneratorio. De este modo, el referido beneficio se determinó de acuerdo a la última remuneración imponible del grado 14 de la E.U.S., al tenor de lo previsto en el artículo 132 del D.F.L N° 338, de 1960, en relación con la letra b) del artículo 2° de la ley N° 18.263, considerando para estos efectos 25 años de servicios computables, más un 24% por concepto de asignación de antigüedad, debiendo ascender su monto, a diciembre de 2010, a $ 397.382.-, al mes. En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que la jubilación no contributiva de que es titular el señor Bórquez Vicencio, se encuentra ajustada a la normativa que la regula. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República