Contraloría General de la República · N° 000004N15
Dictamen N° 4, de 2 de enero de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 4 Fecha: 02-I-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento individualizado en el epígrafe, mediante el cual se absuelve e imponen las sanciones que indica, a los funcionarios que se señalan, al término de una investigación sumaria administrativa ordenada instruir por este Organismo Fiscalizador, por cuanto la señora Sandra Ivonne Estobar Pinochet y el señor Francisco Javier Carmona Olivares, según los registros de esta Entidad Fiscalizadora, cesaron con fecha 31 de mayo de 2010, y 31 de diciembre de 2008, respectivamente, de modo que a la data en que se dispuso incoar la aludida investigación -23 de febrero de 2012-, no formaban parte de la dotación del Ejército, por lo que a su favor concurrió la causal de extinción de la responsabilidad disciplinaria, contemplada en el artículo 156, inciso primero, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual corresponde que aquéllos sean absueltos y no sancionados, como ha ocurrido en la especie. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el acto administrativo indicado. Saluda atentamente a Ud. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 000004N15, de 2 de enero de 2015.
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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