Contraloría General de la República · N° 058042N15
Dictamen N° 58.042, de 21 de julio de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 58.042 Fecha: 21-VII-2015 Esta Contraloría General ha procedido a cursar la resolución N° 26, de 2015, de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual se aplica al funcionario, señor Matías Ignacio Ortiz Acevedo, la medida de amonestación simple, pero cumple con hacer presente, respecto al punto 4 de su parte resolutiva, en cuanto ordena que el valor de los daños ocasionados al vehículo fiscal que individualiza, se descuente de las remuneraciones de aquel empleado, que salvo la existencia de alguna norma legal en contrario, como la contemplada en el artículo 72, inciso primero, de la ley N° 18.834, sólo corresponde al Contralor General de la República, de conformidad con lo prevenido en el artículo 67, inciso primero, de la ley N° 10.336, disponer disminuciones en los emolumentos de los servidores de los organismos sujetos a su fiscalización, por lo que no deberá efectuarse la anotada deducción por esa institución. Con el alcance que antecede, se procede a cursar la resolución N° 26, de 2015, de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigaciones de Chile. Saluda atentamente a Ud. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 058042N15, de 21 de julio de 2015.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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