Dictamen N° 19.971, de 9 de abril de 2012

N° 19.971 Fecha: 09-IV-2012 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Fabiola Andrea Riquelme Arriola, ex funcionaria a contrata del Instituto Traumatológico, para reclamar en contra del cese de su contratación, puesto que, en su opinión, ello sería arbitrario, por cuanto a esa data se encontraba haciendo uso de licencia médica. Requerido su informe, la autoridad expresó, en síntesis, que el término de las funciones de la interesada se produjo por expiración del plazo establecido en su designación, y que por encontrarse con licencia médica se le informó previamente que su contrata no le sería prorrogada. Al respecto, es menester precisar en, forma previa, que de acuerdo con los registros de este Órgano Contralor, el último desempeño de la peticionaria en la mencionada entidad se extendió desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre, de 2011, según consta en la resolución N° 162, del mismo año y origen. Luego, se debe recordar que de acuerdo con el artículo 153, de la ley N° 18.834, el cumplimiento del plazo por el cual es contratado un funcionario, produce la inmediata cesación en sus labores. Enseguida, cabe puntualizar que esta Entidad Fiscalizadora ha señalado, entre otros, en los dictámenes N os 61.117, de 2008 y 39.164, de 2009, que compete a la autoridad administrativa determinar la procedencia de la prórroga de un contrato y su duración, sin que corresponda que este Organismo de Control pondere las razones que tenga en cuenta dicha superioridad para decidir, en uso de sus facultades, la no renovación de la misma. Como puede apreciarse, el término de las labores de la afectada tuvo lugar por expreso mandato de la ley, una vez vencido el plazo establecido en la citada resolución exenta N° 162, de 2011, esto es, el 15 de noviembre de esa anualidad, el que se ajustó a la normativa y jurisprudencia vigentes en la materia. Por su parte, en cuanto a que la conclusión de sus funciones se hizo efectiva mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, es útil hacer presente que mediante los dictámenes N os 55.981, de 2006 y 80.446, de 2010, entre otros, este Órgano Fiscalizador ha señalado que tales órdenes de reposo no confieren inamovilidad en el empleo, por lo que no obstan al cese de labores de los empleados, cuando respecto de ellos se produce una causal legal de extinción de su desempeño, como aconteció en el caso que se analiza. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República