Contraloría General de la República · N° 000995N14
Dictamen N° 995, de 7 de enero de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 995 Fecha: 07-I-2014 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 908, de 2013, de la Dirección de Vialidad, a través de la cual se aplican las medidas disciplinarias de destitución a los señores Patricio Fernando González Salgado, Gino Alexis Campusano Villarroel y a la señora Karla Andrea Cofré Cofré y de multa de un 5% de su remuneración mensual a la señora Carmen Gloria González Salgado, por ajustarse al mérito de los antecedentes del proceso sumarial respectivo, pero cumple con señalar que, conforme al artículo 156 de la ley N° 10.336, y a las instrucciones impartidas sobre el particular en los oficios N os 49.936, de 1999 y 57.200, de 2013, de este origen, los efectos de la mencionada resolución, respecto de los funcionarios destituidos, no podrán producirse hasta después de transcurridos sesenta días del acto eleccionario del 15 de diciembre de 2013, no pudiendo, en virtud de ello, notificársele su total tramitación durante el referido lapso. Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo individualizado. Saluda atentamente a Ud. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 000995N14, de 7 de enero de 2014.
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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