Contraloría General de la República · N° 000999N10
Dictamen N° 999, de 8 de enero de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 999 Fecha: 08-I-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Pedro Váldés Sazo, representante del personal ante la Junta Calificadora de la Municipalidad de Peñalolén, solicitando se anule el proceso calificatorio 2008-2009 de los funcionarios de dicho municipio. En relación con su presentación, cabe señalar que, como se ha concluido en el dictamen N° 27.097, de 2008, por aplicación de los artículos 47 y 156 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a este Organismo de Control sólo le corresponde intervenir en los procesos calificatorios cuando, notificado el fallo de la apelación deducida en contra de la resolución de la junta calificadora al respectivo funcionario, éste hace uso del recurso especial de reclamación dentro del plazo de 10 días hábiles. En este contexto, no corresponde que esta Entidad Fiscalizadora atienda reclamos de calificaciones que no se ajusten a lo previsto en la normativa jurídica indicada, por lo que no cabe sino desestimar la presentación del interesado. Por orden del Contralor General de la República Sonia Doren Lois Subcontralor General
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 000999N10, de 8 de enero de 2010.
Artículos que cita
Más sobre calificaciones
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría concluye que el proceso calificatorio del funcionario se ajustó a la normativa: la subrogancia del jefe directo es válida, no se exige notificar la precalificación ni autoevaluación, y el informe a jefaturas anteriores se solicitó por escrito, sin vicios.
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La Contraloría concluye que el Servicio de Salud Metropolitano Norte puede emitir lineamientos internos para objetivar la evaluación de cada factor calificatorio, siempre que no cree nuevos factores, requisitos ni ponderaciones y respete la ley. Además, la junta calificadora debe integrarse solo con profesionales funcionarios de mayor jerarquía, excluyendo a quienes no tengan esa calidad.
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