Contraloría General de la República · N° 026467N15
Dictamen N° 26.467, de 6 de abril de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 26.467 Fecha: 06-IV-2015 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Tabita Tapia Torres, manifestando que, no obstante la interposición ante este Organismo Fiscalizador de un reclamo de ilegalidad respecto de la terminación de su vínculo laboral -referencia N° 176.759, de 2015-, cuya resolución se encuentra pendiente, la Municipalidad de Lo Espejo ha procedido a hacer efectivo el despido, razón por la cual pide se ordene la inmediata reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones correspondientes. Sobre el particular, cumple con aclarar que, acorde con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 46.174, de 2007, y 9.869, de 2015, los decretos alcaldicios que imponen medidas disciplinarias rigen desde su notificación al afectado, aun cuando, como acontece en la especie, se haya deducido una reclamación ante esta Entidad de Control dentro del plazo a que alude el artículo 168 del Código del Trabajo, por lo que se desestima la solicitud formulada. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General Patricia Arriagada Villouta Subcontralor General
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 026467N15, de 6 de abril de 2015.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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