Dictamen N° 32.046, de 15 de junio de 2010

N° 32.046 Fecha: 15-VI-2010 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 2482, de 2010, del Instituto Nacional de Geriatría, que aplica la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 70% de sus remuneraciones, al técnico paramédico de esa dependencia, don César Molina Espinoza, al término del sumario administrativo ordenado instruir por resolución exenta N° 62, de 2009, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, según se desprende del examen del expediente sumaria¡ remitido, si bien en la etapa de oponer recursos a la resolución exenta N° 404, de 2009, que aplicaba la indicada sanción al servidor, se rechazó la nulidad alegada y se acogió la reposición interpuesta, disponiéndose que el proceso se retrotrajera a la etapa de formulación de cargos, tras cumplirse tal actuación, la que fue notificada, y ante la presentación de un nuevo recurso invalidatorio, contestándose tales reproches en forma subsidiaria, la jefatura superior de ese Instituto se limitó a rechazar tal oposición por extemporánea, para, en el mismo acto, ratificar la citada resolución exenta N° 404, de 2009, dictando a continuación, el documento que se ha remitido a toma de razón. En este punto, es menester señalar que el referido acto administrativo exento forma parte de piezas procesales que quedaron sin efecto al reformularse las acusaciones administrativas contra el afectado, por lo que resultó improcedente su ratificación. Sin perjuicio de lo anterior, además se debe observar que, con tal proceder se omitió cumplir con trámites posteriores a la presentación del escrito de descargos por parte del imputado, los que, conforme a la normativa pertinente, tienen el carácter de esenciales y cuya omisión afecta el derecho a una adecuada defensa de los inculpados. Por otra parte, cabe advertir que, según lo informado por la jurisprudencia administrativa de este órgano de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 44.908, de 2009, los cargos deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se atribuye al funcionario y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, exigencias incumplidas en la actuación de fojas 91 del sumario. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el acto administrativo estudiado y se devuelve con sus antecedentes, con el objeto de que se disponga la reapertura del proceso disciplinario y se subsanen sus deficiencias en los términos indicados. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República