Dictamen N° 6.249, de 1 de febrero de 2011

N° 6.249 Fecha: 1-II-2011 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Leandro Martín Sepúlveda Díaz, ex funcionario del Fondo Nacional de Salud, para reclamar de la decisión de la autoridad de rechazar su solicitud de rehabilitación administrativa. Requerido su informe, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia expresó, en síntesis, los motivos que se tuvieron en consideración para no acceder a la mencionada petición, los que fueron comunicados al interesado por intermedio del Fondo Nacional de Salud. Sobre el particular, cumple con informar, en primer término, que los funcionarios públicos que han expirado en sus funciones por haber sido objeto de una sanción expulsiva -como sucede con el recurrente-, están inhabilitados para optar a otro empleo público mientras no se cumpla el plazo de cinco años que contempla el artículo 12, letra e) de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, e intervenga decreto supremo de rehabilitación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38, letra f), de la ley N° 10.336, Orgánica de esta Entidad de Control. Precisado lo anterior, corresponde indicar que la rehabilitación constituye un trámite administrativo cuyo único objetivo es restituir el requisito de idoneidad moral a un ex funcionario público desvinculado de la Administración del Estado por una sanción de carácter expulsivo, y que constituye una prerrogativa que corresponde ejercer privativa y discrecionalmente al Presidente de la República, debiendo ella requerirse a través del Ministerio de que depende o con el que se relaciona el Servicio al cual pertenecía el afectado. Ahora bien, atendido que según se desprende de los antecedentes tenidos a la vista, en la especie se cumplió el señalado procedimiento y la máxima autoridad del Estado determinó negar lugar a la solicitud del ocurrente, en ejercicio de las indicadas atribuciones exclusivas, este Organismo de Control debe desestimar la solicitud del señor Sepúlveda Díaz, por cuanto el proceder de la Administración en la situación que se analiza se ajustó a derecho. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República