Contraloría General de la República · N° 020598N16
Dictamen N° 20.598, de 16 de marzo de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 20.598 Fecha: 16-III-2016 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que aplica la medida disciplinaria de censura a las funcionarias Liliana Zúñiga Fuentes, Carolina Cecilia Rojas Elgueta, Elizabeth Yévenes Jérez y Laura Echeverría Cordero, por cuanto, atendida la naturaleza de establecimiento de salud autogestionado en red que posee el Hospital San José de Melipilla -a cuya dotación pertenecen esas servidoras-, la potestad disciplinaria para imponer la referida sanción, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, inciso quinto, 35 y 36, letra f), incisos primero y segundo, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y artículo 140 de la ley N° 18.834, se encuentra radicada en el director de dicho centro asistencial, tal como lo ha precisado la jurisprudencia contenida en los dictámenes N° s 10.137, de 2012, 79.194, de 2014, en relación con el dictamen N° 21.046, de 2005, todos de este origen. En mérito de lo expuesto, se representa el acto administrativo de la suma, correspondiendo que los antecedentes acompañados se remitan a la autoridad competente para que se pronuncie respecto de la responsabilidad administrativa establecida en el proceso de que se trata. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General Patricia Arriagada Villouta Subcontralor General
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 020598N16, de 16 de marzo de 2016.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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