Contraloría General de la República · N° 100039N15
Dictamen N° 100.039, de 18 de diciembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 100.039 Fecha : 18-XII-2015 Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aplica la medida disciplinaria de destitución al exfuncionario Mario Vargas Carvajal, pero cumple con hacer presente que esa superioridad deberá comunicar a este Órgano Fiscalizador la data de notificación del aludido acto administrativo al afectado, adjuntando la constancia pertinente, a fin de computar el plazo de impedimento de ingreso a la Administración del Estado que establezcan las disposiciones legales vigentes en relación con esa misma circunstancia, como el previsto en el artículo 12, letra e), de la ley N° 18.834. Asimismo, se debe reiterar que de conformidad con lo prescrito en el artículo 130 de la ley N° 18.834, en los sumarios administrativos el fiscal debe designar "un actuario", que tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del proceso, de modo que ha sido improcedente la nominación de otros funcionarios para cumplir dicho cometido, como consta a fojas 4 y 88 del expediente adjunto, en armonía con lo informado en el dictamen N° 55.171, de 2015, de esta procedencia. Con los alcances que anteceden se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud. Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 100039N15, de 18 de diciembre de 2015.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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