Contraloría General de la República · N° 073167N12
Dictamen N° 73.167, de 22 de noviembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 73.167 Fecha: 22-XI-2012 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución Nº 1.071, de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, que aplica la medida disciplinaria de destitución a don Eduardo Antonio Pascua López, exfuncionario del Ministerio de Educación, toda vez que ninguno de los textos normativos que se citan como fundamento en la resolución en trámite, contempla una norma que otorgue al Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana la atribución de nombrar al personal a contrata que cumpla funciones en ese órgano, de manera que, en tal circunstancia, el acto administrativo en estudio contraviene el artículo 125 de la ley N° 18.834, que dispone que la destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento, de poner término a los servicios de un funcionario. En relación con lo anterior, cabe señalar que, según consta de los registros de esta Entidad Fiscalizadora, el mencionado exservidor fue designado en un empleo a contrata mediante la resolución N° 1, de 1999, disponiéndose su última prórroga a través de la resolución exenta N° 5.697, de 2010, ambas suscritas por el Subsecretario de Educación. En mérito de lo expuesto, se representa la resolución señalada. Osvaldo Vargas Zincke Contralor General de la República Subrogante
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 073167N12, de 22 de noviembre de 2012.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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