Contraloría General de la República · N° 044317N16
Dictamen N° 44.317, de 15 de junio de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 44.317 Fecha: 15-VI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución del epígrafe, que aplica la medida disciplinaria de multa del diez por ciento de su remuneración mensual a la funcionaria Miriam Duarte Espinoza, por cuanto, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 126 de la ley N° 18.834, es la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Ríos, la jefatura competente para resolver acerca de la responsabilidad estatutaria de la imputada, en atención a que los hechos que motivaron la investigación sumaria de la especie acontecieron en esa entidad regional -lugar de desempeño de la afectada-, sin perjuicio de las potestades del Subsecretario respectivo, en su calidad de superior jerárquico, para pronunciarse acerca del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley N° 18.575, tal como se precisó, entre otros, en el dictamen N° 1.003, de 2014, de esta procedencia. En mérito de lo expuesto se representa el acto administrativo de la suma, y se devuelve con sus antecedentes. Saluda atentamente a Ud. Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 044317N16, de 15 de junio de 2016.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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