Dictamen N° 42.454, de 3 de julio de 2013

N° 42.454 Fecha: 03-VII-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Maite Carolina Barrientos Hernández, exfuncionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, para requerir un pronunciamiento respecto de la legalidad de su inclusión en la lista anual de retiros del año 2011, no obstante encontrarse, a su juicio, amparada por el fuero maternal. Sobre el particular, cabe recordar que la peticionaria interpuso, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, rol ingreso N° 636-2011, un recurso de protección en contra de dicha entidad policial por haberla incorporado en esa nómina de alejamiento, determinando ese tribunal, en su sentencia de fecha 29 de diciembre de 2011, rechazar esa acción constitucional. Pues bien, atendido, por una parte, que la interesada, a través del señalado recurso pretendía ser excluida de la lista de retiros y, por otra, que el reclamo formulado ante esta Contraloría General busca dejar sin efecto su inclusión en aquélla, es dable advertir que ambas solicitudes dicen relación con una misma materia, razón por la cual este Organismo Fiscalizador, con arreglo a lo previsto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, pues no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, impedimento que según se precisó en el dictamen N° 42.649, de 2012, de este origen, entre otros, se extiende a los casos en que el fallo judicial ha resuelto el fondo del problema jurídico sometido a su conocimiento, como aconteció en la especie. Finalmente, tratándose de los hechos que, en opinión de la señora Barrientos Hernández, habrían sido constitutivos de acoso laboral, cumple con expresar, en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 18.895, de 2010, de este Órgano Contralor, entre otros, que es atribución de la autoridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si tales situaciones ameritan aplicar una medida disciplinaria y, en tal caso, ordenar la instrucción del respectivo proceso sumarial. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República