Dictamen N° OF213039, de 9 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

Por oficio N° 101747, de 2025, del Prosecretario de la Cámara de Diputados, se adjuntó una solicitud del H. Diputado señor Fernando Bórquez Montecinos, quien, en relación con el servicio de transporte subsidiado que se presta entre la Isla Maillen y sus alrededores, comuna de Puerto Montt, requirió un pronunciamiento y orientación que permita ofrecer soluciones más flexibles y ajustadas a las necesidades de la comunidad local.

Requerido su parecer, por oficio N° 17.982, de 2025, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos, adjuntó una Minuta Técnica correspondiente al Servicio de Transporte Marítimo Isla Mailen-Chinquihue, CAM0081, elaborada por su División de Transporte Público Regional, en la cual se consigna que el aludido transporte marítimo tiene su origen en un contrato directo suscrito entre el Ministerio del ramo y la empresa Transmarine Soto Limitada, con vigencia a contar del 20 de abril de 2025, por un plazo de 12 meses, prorrogable por hasta 12 meses adicionales, precisando que es un contrato de enlace, mientras se gestiona el segundo llamado de licitación pública de ese servicio.

Respecto a la solicitud de gratuidad para los peatones, expresa la minuta que “Según la normativa existente, no existe la posibilidad de considerar gratuidad de tarifa para pasajeros peatones, mientras existan servicios de lanchas que presten el servicio en forma privada no subsidiada en paralelo, aun cuando sus track difieren en el punto de destino, en términos generales el desplazamiento es desde Isla Maillen hacia la capital comunal.”.

Luego, y en relación con lo consultado, la SEREMI expresa “que el marco normativo referido a la libre competencia establece la prohibición de ejecutar o celebrar cualquier acto que entorpezca la libre competencia o que tienda a producir ese efecto, por lo que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe ajustarse a este proceder legal dentro de los procesos que conlleva la aplicación de subsidios concedidos por el Estado a rutas de conectividad.”. Añade que “Por lo anterior, no resultaría factible considerar una tarifa menor para pasajeros peatones en la ruta subsidiada identificada como CAM0081, mientras existan servicios de lanchas prestados en forma privada no subsidiada en paralelo, aun cuando sus track de navegación difieran en el punto de recalada. En términos generales, el desplazamiento es entre la Isla Maillen y la ciudad capital comunal, con origen y destino comunes.”.

Finalmente, se expresa que, no obstante, “en consideración a lo solicitado por la comunidad, con respaldo de autoridades locales, respecto a eliminar o rebajar las tarifas para los pasajeros peatones, argumentando que el servicio no representaría una competencia para el servicio de traslado de personas mediante lanchas, puesto que el punto de zarpe y recalada de ambos servicios es distinto, así como el motivo del viaje, es que el Secretario Regional informó a las comunidades que se ha considerado aplicar una tarifa diferenciada para el pasajero peatón residente ($ 2.000), medida que ya fue implementada a contar del 20 de abril de 2025, dado que no es inferior a la tarifa actual de los servicios privados de lancha de pasajeros que operan entre Isla Maillen y Puerto Montt.”.

Al respecto, y acorde con los antecedentes examinados, consta que por decreto N° 84, de 22 de julio de 2025, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones autorizó la contratación directa con la Sociedad Transmarine Soto Limitada, para el otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo de pasajeros y/o carga en zonas aisladas, tramo Isla Maillen–Chinquihue, ID CAM0081, en la Región de Los Lagos.

A continuación, dicho acto administrativo aprobó el contrato para el otorgamiento del mencionado subsidio, suscrito el 15 de abril de 2025, entre la aludida Cartera de Estado y la referida sociedad, el cual consta de veintinueve cláusulas y anexos.

Entre las principales cláusulas, cabe destacar la cuarta, sobre vigencia del servicio, la que será de 12 meses a partir de la prestación de los mismos, prorrogable por hasta 12 meses; quinta, que establece las condiciones de operación del servicio, recorrido, itinerarios y frecuencias; octava, que contempla las tarifas, en lo que interesa, de $ 2.310, para adulto residente, $ 2.760, no residente –todos usuarios peatones–, y reajuste de tarifas anualmente de acuerdo a la variación del IPC; décimo quinta, que regula el monto máximo de subsidio mensual a pagar; y décimo novena, referida a la supervisión del contrato que le corresponde a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos.

Es importante tener presente, que dicho decreto N° 84, de 2025, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fue tomado razón con alcances por esta Contraloría General, por oficio N° E199795, de 24 de noviembre de igual anualidad.

Por su parte, los dictámenes Nos 58.965, de 2007, 72.427, de 2011 y 93.952, de 2014, han expresado que los acuerdos de voluntades deben ejecutarse e interpretarse conforme al principio de buena fe que en materia contractual consagra el artículo 1546 del Código Civil, y en virtud del cual las partes de una convención deben tender a su correcto cumplimiento, ajustándose a un modelo de conducta tal que no cause daño a ninguna de ellas.

En el mismo sentido, los dictámenes Nos 37.397, de 2017, E64061, de 2020 y E267927, de 2022, indican que las decisiones que adopten los órganos públicos en el marco de los acuerdos que suscriben deben respetar los principios de buena fe, en virtud del cual las partes deben tender a su correcto cumplimiento, y de no enriquecimiento sin causa, que obliga a la Administración al pago de sus obligaciones, a fin de conservar el equilibrio económico de las prestaciones.

Por último, cabe expresar que el artículo 21 B de la ley N° 10.336, dispone que esta Entidad, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, criterio reafirmado entre otros, en los dictámenes Nos 7.346, de 2018, 1.900, de 2020 y E406574, de 2023.

Así, de la revisión de los elementos de juicio aportados, se debe indicar, como primera cuestión, que por oficio N° 97966, de 9 de abril de 2025, el Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputadas y Diputados, a petición del H. Diputado señor Bórquez Montecinos, solicitó al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones disponer una fiscalización al servicio subsidiado de transporte marítimo correspondiente al trayecto Isla Maillen Estero-Muelle Paredes (Chinquihue), a raíz de múltiples requerimientos de la comunidad organizada de la Isla Maillen, quienes manifestaron su preocupación por el elevado costo del pasaje actual para pasajeros peatones.

Mediante oficio N° 11.717, de 24 de abril de 2025, el mencionado Ministerio dio respuesta a dicha solicitud, explicando los criterios técnicos y económicos del establecimiento de la tarifa.

Luego, consta que por oficio N° 553, de 10 de abril de 2025, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitó al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, fiscalizar e informar el servicio subsidiado correspondiente al contrato trayecto Maillen Estero-Muelle Paredes (Chinquihue), debido a que se había tomado conocimiento de una fuerte alza del valor del pasaje el que ascendía a $ 2.300. Lo anterior, a requerimiento del H. Diputado señor Bórquez Montecinos.

A través del oficio N° 13.996, de 15 de mayo de 2025, el aludido Ministro de Estado, dio respuesta al apuntado oficio, en similares términos al oficio N° 11717, del mismo año, sin perjuicio de hacer presente las especiales circunstancias que tiene el servicio en la zona.

Con posterioridad a los mencionados oficios y sus correspondientes respuestas, se ingresa a este Órgano Contralor el requerimiento que nos ocupa en esta ocasión.

Al respecto, es del caso indicar, en relación con las pretensiones planteadas en la especie, que esta Entidad Fiscalizadora no tiene atribuciones para ordenar, instruir o impartir instrucciones en orden a que, en el contexto de la ejecución de un contrato suscrito por un organismo público y un particular, se adopten medidas o se disponga la flexibilización o rebaja de una tarifa que se presta por un servicio específico.

Por otra parte, se debe recordar, que tanto la autorización para contratar directamente, mientras se realiza un nuevo proceso licitatorio, así como la aprobación del respectivo contrato, en el cual constan los servicios y el valor de la tarifa que se cuestiona, fueron aprobados por decreto N° 84, de 2025, del Ministerio aludido, el cual fue cursado con alcance por esta Contraloría General, toda vez que se ajustaba al ordenamiento jurídico vigente.

De lo expuesto, se colige que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la SEREMI del ramo en la región, han obrado dentro de sus competencias y en ejercicio de sus facultades, no advirtiéndose reproches que formular en la materia examinada.

En consecuencia, la decisión de revisar los términos de una contratación vigente, modificarla, corregirla o complementarla, considerando tópicos como las demandas sociales, económicos u otros, se encuentra dentro del ámbito de atribuciones de la Administración activa –por cierto, con estricto apego al orden legal–, la cual contiene aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, ajenas a las potestades de esta Entidad Contralora.

En ese orden de ideas, y según informó la SEREMI, a partir de abril de 2025, se estableció una tarifa peatón diferenciada para residentes de la Isla Maillen de $2.000, lo que equipara el valor de los servicios prestados por otros particulares no subsidiados, que era en parte lo reclamado por la comunidad.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General