Contraloría General de la República · N° 060932N13
Dictamen N° 60.932, de 24 de septiembre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 60.932 Fecha: 24-IX-2013 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución Nº 51, de 2013, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, que, al término de una investigación sumaria incoada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, aplica la medida disciplinaria de censura al funcionario que individualiza, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126, 128 y 140 de la ley N° 18.834, y en armonía con el criterio sostenido por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en el dictamen N° 33.451, de 2013, entre otros, es atribución del Secretario Regional Ministerial respectivo aplicar las sanciones no expulsivas a los servidores de su dependencia -como ocurre en la especie-, y no como se ha procedido en la situación en examen. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el acto administrativo señalado. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 060932N13, de 24 de septiembre de 2013.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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