Ordinario N° 1438, de 19 de agosto de 2022

0. il Departamento Jurídico y Fiscalía Unidad de Pronunciamientos, NE da 1438 ORDINARION"_—___ / ! y ACTUACIÓN: Jue ou CO Informa al tenor de lo solicitado. . MATERIA: Competencia. Término de la relación laboral por aplicación del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo. RESUMEN: La Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse en los términos solicitados por tratarse de materias cuyo conocimiento y resolución corresponde de forma exclusiva a los Tribunales de Justicia. ANTECEDENTES: 1)Instrucciones de 15.07.2022 de Jefa de Departamento Jurídico y Fiscal(S). . 2) Pase N*472 de 23.05.2022, de Jefe de Gabinete de Director del Trabajo. 3) Pase N*46 de 23.05.2022, de Jefe Departamento de Inspección(S). 4) Pase N*467 de 18.05.2022, de Jefe de Gabinete de Director del Trabajo. 5) Oficio N*1669 de 20.04.2022, de Prosecretario de la Cámara de Diputados. SANTIAGO, Y 1 9.60 2022 DE: DIRECTOR DEL TRABAJO A: LUIS ROJAS GALLARDO PROSECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS Mediante Oficio del antecedente 5) remitido a requerimiento del H. Diputado Andrés Giordano Salazar, se ha solicitado informar al tenor de la intervención que se adjunta, sobre el cumplimiento de la normativa legal por parte de la empresa Softys en los despidos que ha efectuado invocando para ello la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, Necesidades de la empresa, fundada en 4 .

que las ventas no habrían sido acordes a lo presupuestado, disponiendo a su vez, se practique una fiscalización para determinar las circunstancias en que éstos se produjeron atendido que de acuerdo a la información proporcionada por los trabajadores despedidos, no existirían antecedentes ni en números ni en los anuncios de expansión internacional que hizo la empresa que respalden el término de los contratos de trabajo.

Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

Como una cuestión previa, el Decreto con Fuerza de Ley N*2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que “Dispone la Reestructuración y Fija Funciones de la Dirección del Trabajo”, en su artículo 1”, dispone:

La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;

b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;

c) La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral;

d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen, y

€) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo.”

A su vez, el artículo 5” del mismo cuerpo legal, en sus letras b) y c), establece que al Director del Trabajo le corresponderá especialmente:

"...b) Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros servicios u organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté en su conocimiento:

c) Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República; "

Por su parte, el Código del Trabajo, en su artículo 505, inciso 1”, dispone:

"La fiscalización del cumplimiento de la legislación taboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen".

Del análisis de las disposiciones legales transcritas, se desprende que la competencia de la Dirección del Trabajo, como servicio técnico de la administración del Estado, está vinculada a la fiscalización de la aplicación de la normativa laboral y a la interpretación de ésta, a divulgar los principios técnicos y sociales de la legislación laboral, a supervisar el funcionamiento de las organizaciones sindicales y de conciliación y a la ejecución de toda actividad que permita prevenir y solucionar los conflictos que se suscitan en el trabajo, sin perjuicio de otras funciones que leyes especiales o generales le asignen,

En ese orden de ideas, de verificarse que existen conductas que no se ajustan a la normativa laboral, de higiene y seguridad o bien previsional, los 2

inspectores se encuentran facultados para sancionarlas y aplicar las respectivas multas administrativas.

Ahora bien, en el ejercicio de estas facultades fiscalizadoras, los inspectores se encuentran dotados de una serie de atribuciones que se describen en el Decreto con Fuerza de Ley N*2, de 1967, tales como, visitar los lugares de trabajo a cualquiera hora del día o de la noche, requerir de los empleadores la documentación necesaria para cumplir su labor inspectiva, requerir el auxilio de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones, ordenar la suspensión inmediata de las labores que constituyan un peligro inminente para la vida y salud de los trabajadores y cuando se constate la ejecución de trabajos con infracción a la legislación laboral, entre otras,

En este contexto, valga precisar que conforme se establece en los artículos 6” y 7” de la Constitución Política de la República, cuyos textos se reproducen, que recogen en Principio de Legalidad, los órganos del Estado deben actuar dentro del ámbito de su competencia.

"Los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”

“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale."

En efecto, los Servicios de la Administración del Estado, como es el caso de este Servicio, deben cumplir las funciones y ejecutar los cometidos que el ordenamiento jurídico ha puesto dentro de la órbita de sus atribuciones con sujeción a lo dispuesto en la Constitución y en las normas dictadas conforme a ella.

Precisado lo anterior y con relación a la impugnación de las causales de término de la relación laboral, el artículo 168 del Código del Trabajo, en sus incisos primero y quinto, dispone:

“El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida O improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última de

acuerdo a las siguientes reglas: a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente del artículo 161; o b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de las causales del artículo 159 O no se hubiere invocado ninguna causa legal para dicho término; 3

? o) En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160.

(...) El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador.”

De la disposición legal transcrita se desprende que el trabajador despedido por aplicación de alguna de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, todas del Código del Trabajo, puede recurrir a los Tribunales de Justicia, dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados desde su separación, si considera que la aplicación de estas, es injustificada, improcedente o indebida.

Asimismo, se infiere que la calificación sobre la aplicación de una determinada causal legal de término de contrato de trabajo como también la ponderación de los hechos que le sirven de fundamento y el pago de eventuales indemnizaciones derivadas de la terminación del contrato de trabajo, constituyen materias de exclusiva competencia de los Tribunales de Justicia.

En tal sentido se ha pronunciado este Servicio de forma reiterada en su jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los Dictámenes Nros.2548/126 de 24.04.1995, 7166/354 de 24.11.1997, 4944/342 de 16,10.1998,1538/89 de 17.05.2002.

En consecuencia, sobre la base de las consideraciones formuladas, disposi- ciones legales citadas y jurisprudencia administrativa invocada, cumplo con informar a usted:

La Dirección del Trabajo carece de competencia para pronunciarse en los términos solicitados por tratarse de materias cuyo conocimiento y resolución corresponde de forma exclusiva a los Tribunales de Justicia.

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