Ordinario N° 2265, de 30 de diciembre de 2022

a Departamento Jurídico y Fiscalía Unidad de Pronunciamientos, Innovación y Estudios Laborales E 146613 (1206) 2021 | ou O ORDINARIO N': 7 6 5 / Ju : ACTUACIÓN: Xx Aplica doctrina. MATERIA: Competencia de la Dirección del Trabajo. Contraloría General de la República. RESUMEN: La Dirección del Trabajo carece de competencia para requerir o disponer modificaciones a la doctrina de la Contraloría General de la República contenida en dictámenes emitidos por dicho organismo, ANTECEDENTES: 1) Instrucciones de Jefa de Ú. de Pronunciamientos, — Innovación y Estudios Laborales de 18.11.2022. 2) Pase N*802 de 06.09.2021 de Jefe de Gabinete de Directora del Trabajo, 3) Solicitud de pronunciamiento de 03.09.2021. santiaco — 40DIf 2022 DE: JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL (S) DIRECCIÓN DEL TRABAJO A: SRES. SINDICATO LUIS EMILIO RECABARREN AVENIDA PRAT N*409 LOTA Mediante presentación de ANT. 2), se ha solicitado un pronunciamiento que se refiera a los efectos de la Ley N*21.342 que "Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al Trabajo en el marco de la Alerta Sanitaria decretada con ocasión de la Enfermedad de Covid-19 en el país y otras materias que indica”, Específicamente se hace el contraste con lo interpretado por la Contraloría General de la República, que en Dictamen N*E127443N21 de

06.08.2021 concluyó que las Municipalidades no están obligadas a dar cumplimiento a tal cuerpo normativo.

Refiere la organización sindical solicitante, que esto afecta a los trabajadores de los Programas de Emergencia administrados por la |. Municipalidad de Lota, Pro- empleo y distintas ONG que funcionan con recursos provenientes del Estado a través de la Subdere. El efecto se traduce en que quedan en la indefensión en forma injusta, lo que les hace sentir en desventaja ante los funcionarios públicos por lo que solicita se revise su situación ante el riesgo a la vida y salud de los trabajadores.

Al respecto cumplo con informar a Ud. que la doctrina de este Servicio contenida en Dictamen N*6195/319 de 14.10.1997, señaló que la Dirección del Trabajo carece de facultades para requerir a la Contraloría General de República que modifique la doctrina contenida en dictámenes emitidos por dicho organismo en la esfera de sus atribuciones,

A mayor abundamiento el pronunciamiento indicado precisa: “Por el contrario, y según las instrucciones contenidas en el oficio circular N* 032357, de 30 de septiembre de 1981, y en dictamen N? 009747, de 16 de abril de 1984, ese Organismo Contralor ha resuelto que los trabajadores que laboran para los servicios traspasados a la Administración municipal y administrados directamente por el respectivo ente edilicio, no obstante regirse por el Código del Trabajo, se encuentran sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, por cuanto mantienen la calidad de servidores públicos o funcionarios del Estado, dado su vínculo con un ente público como lo es la municipalidad.

Acorde con lo expresado en los párrafos que anteceden, esta Dirección ha concluido en dictamen N* 722, de 8 de febrero de 1 984 que La Dirección del Trabajo carece de competencia para interpretar y fiscalizar la correcta aplicación de la legislación laboral respecto de los funcionarios traspasados a las municipalidades, correspondiendo esta facultad a la Contraloría General de la República”.

Luego, la doctrina fijada en el Dictamen N*E127443N21 de 06.08.2021 no puede ser objeto de pronunciamiento de parte de la Dirección del Trabajo, toda vez que carece de competencia para ello.

Sin embargo, la Contraloría General de la República al analizar la aplicación de la Ley N*21.342 a través del pronunciamiento anterior, si bien concluye que . corresponde solamente a los trabajadores del sector privado, reconoce que es posible aplicar el criterio contenido en el artículo 4* de la ley N” 21.342 a los organismos públicos “(...) con el fin de que las medidas internas sanitarias que adopten los jefes de servicio armonicen con los estándares exigidos a las empresas en sus protocolos de seguridad sanitaria, y que dicen relación, en síntesis, con el control diario de temperatura del personal, testeo de contagio, distanciamiento físico, disponibilidad de agua y jabón, sanitizaciones periódicas, medios de

protección personal, aforos, tumos, entre otros”. 2

Asimismo, añade el anterior dictamen: “La aplicación de ese criterio resulta procedente, toda vez que no se advierte fundamento para otorgar un nivel de protección diverso a las personas según el sector público o privado en el que se desenvuelven, y considerando que el Estado -y por ende su Administración- se encuentra en el imperativo de dar protección a la población.

Por ello, cabe concluir que las normas relativas al protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 de la ley N* 21.342 no están dirigidas a la Administración del Estado, sin perjuicio de que los jefes de servicio deben tener en consideración los criterios en ella contenidos cuando definan las medidas internas de gestión relativas a la materia, procurando equilibrar la necesidad de mantener la continuidad del servicio, con la protección de los servidores que hacen posible esa actividad pública”.

En consecuencia, sobre la base de las consideraciones formuladas y disposiciones legales citadas, cumplo con informar a usted que:

La Dirección del Trabajo carece de competencia para requerir o disponer modificaciones a la doctrina de la Contraloría General de la República contenida en dictámenes emitidos por dicho organismo.

Saluda atentamente a Ud., Q

DEL A SS 0D A Vs (E TERE JS NATALÍA.BOZO SANHUEZA * XT ABOGADA 2 SS JEFA DE PARTAMENTO JURÍDICO Y FISCAL (Ss) — DIRECCIÓN DEL TRÁBAJO N AAN - Jurídico - Partes 3