Reclamo tributario: resolución

Noventa y cinco – 95 “WILLIAMSON BALFOUR MOTORS DISTRIBUIDORA S.A. con SII Dirección Regional Santiago Oriente” RUC N° 14-9-0000407-K RIT GR - 18 - 00121-2014 Santiago, seis de agosto de dos mil dieciocho. VISTOS: A fojas 1, comparece don Pablo Sebastián Botta, ingeniero comercial, cédula de identidad para extranjeros N°22.004.367-3, en representación de WILLIAMSON BALFOUR MOTORS DISTRIBUIDORA S.A., sociedad del giro mantenimiento y reparación de vehículos automotores, RUT N°76.738.110-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Francisco Bilbao N°2275, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, quien interpone reclamo en contra de la Resolución Ex. SII N°315200000083, emitida con fecha 19 de noviembre de 2013, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, solicitando dejarla sin efecto y acceder a la devolución solicitada, con costas, en virtud de los siguientes fundamentos: En el capítulo de su libelo de reclamo relativo a los antecedentes de la resolución, explica que ésta tiene su origen en la solicitud de devolución de $45.495.839, requerida por su representada en el Formulario 22, Folio N°239800083, de fecha 08/05/2013, correspondiente al AT 2013. Añade que, según consta en Carta Operación Renta, el Servicio realizó las Observaciones A08 y A55 y, luego, levantó esta última observación, por lo que el hecho controvertido en este caso consiste en acreditar la procedencia de los supuestos “créditos” solicitados y verificar el contenido, veracidad y exactitud de la información consignada en la declaración de impuestos anuales a la renta del año tributario 2013. En el capítulo de su libelo relativo a los vicios formales de la resolución reclamada, en primer lugar, expone que ésta no se encuentra válidamente firmada, toda vez que supuestamente fue firmada por el Director Regional de la Dirección Regional Santiago Oriente mediante un timbre o estampo electrónico de firma, siendo “certificado” por el secretario del 2° Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas mediante el mismo sistema, pero en el cuerpo del acto administrativo no se menciona algún procedimiento que permita la utilización de este mecanismo, como lo establece la Ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, por lo que se debe entender que la resolución carece de firma válida. En segundo término, expresa que la resolución reclamada, al no encontrarse suscrita mediante firma electrónica avanzada, no cumple con los requisitos exigidos por la Ley N°19.799, para tener el carácter de instrumento público, lo que acarrea la sanción de nulidad absoluta. En tercer lugar, indica que la resolución reclamada infringe el Principio de Imparcialidad, al carecer de fundamentos de derecho, por lo que adolece de un vicio insalvable. En el capítulo del libelo de reclamo relativo a los vicios de fondo, en primer lugar, manifiesta que los ingresos obtenidos durante el año tributario objeto de controversia han sido totalmente declarados, según cuadros explicativos insertos a fojas 7 y 8. En segundo término, señala que las sumas retenidas indebidamente por el Servicio consisten en pagos provisionales mensuales y créditos totalmente acreditados, respecto de los cuales no posee ningún título o derecho para retenerlas y denegar su devolución. A fojas 46, se confiere traslado a la parte reclamada. A fojas 57, comparece don Pablo Pérez Zegers, abogado, en representación de la parte reclamada, quien, evacuando el traslado conferido en autos, solicita que se rechace íntegramente el reclamo presentado, se confirme la resolución reclamada y se condene en costas a la reclamante, en virtud de los siguientes fundamentos: Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y cinco vuelta – 95 vta. En el capítulo de su libelo de contestación relativo a los hechos, explica que el contribuyente presentó con fecha 08/05/2013 declaración de impuesto a la renta para el AT 2013, a través de Formulario 22, Folio N°239800083, solicitando una devolución por $45.495.839. Agrega que el 23/05/2013 se le envío carta aviso por Internet, que contiene observaciones. Añade que, con el objeto de verificar la exactitud de la declaración presentada por el contribuyente y subsanar diferencias con la información que posee el Servicio, se remitió Notificación N°130233919, de fecha 11/06/2013, informando que la declaración de renta presentaba las Observaciones A08 y A55, invitándole a concurrir a las oficinas del Servicio, con la documentación que detalla. Afirma que el contribuyente, invitado a presentarse el día 14/08/2013, no concurrió ni presentó documento alguno, por lo que finalmente el Servicio dictó la resolución reclamada, que deniega la devolución solicitada por el contribuyente. En el capítulo de su libelo de contestación relativo a los fundamentos por los cuales el reclamo debe ser rechazado en todas sus partes, en primer lugar, expone que la resolución no tiene vicios que hagan procedente su nulidad, cumpliendo con todos los requisitos de validez de un acto administrativo, siendo firmada por funcionario competente. Hace presente que los actos administrativos se encuentran revestidos del principio de legalidad y que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado dentro del ámbito de funciones que le son propias. Agrega que, en el evento que se considere que existe un vicio en el acto reclamado, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N°19.880. Añade que cualquier petición de nulidad, hace necesario la existencia de un perjuicio y que éste sea acreditado, situación que no se observa. En segundo término, expresa que la resolución reclamada no reviste el carácter de instrumento público, por lo que no aplican las disposiciones de la Ley N°19.799. Afirma que el reclamante se equivoca al interpretar el artículo 1699 del Código Civil, ya que de la lectura de dicho artículo es posible señalar que el instrumento público debe cumplir con los requisitos de haber sido autorizado por funcionario competente y que en su otorgamiento se cumplan las formalidades establecidas en la ley, pero no señala que debe otorgarse por un funcionario público y que el funcionario público debe ser competente. Agrega que no cualquier documento emanado de un funcionario que actúa dentro de su competencia deben calificarse como instrumento público, ya que se exige además que su intervención tenga por objeto autorizarlo. Añade que, de no darse este elemento, se está en presencia de un documento oficial. Asevera que, atendido que la resolución reclamada es un documento oficial emanado de la administración del Estado y no un instrumento público, no es procedente la exigencia del artículo 7° de la Ley N°19.799. En tercer lugar, indica que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad exclusiva de examinar las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes, especialmente cuando en ellas se encuentra incorporada una solicitud de devolución de impuestos. Agrega que, en virtud de dichas facultades de fiscalización, se remitió la Notificación N°130233919, en la que se requirió al solicitante que acreditara con documentación de respaldo la procedencia de la devolución invocada, lo que el contribuyente no hizo en sede administrativa cuando correspondía. En cuarto término, manifiesta que la reclamante no tiene un derecho indubitado en relación con la devolución de impuestos que solicita en su declaración de impuestos, lo que significa que no existe derecho de propiedad sobre el monto solicitado, sino sólo existe una mera expectativa del contribuyente, ya que el monto de la devolución es revisable por el Servicio de Impuestos Internos, por existir expresas disposiciones legales que así lo contemplan. En quinto lugar, señala que no corresponde devolver impuestos por el solo hecho de anular una resolución, ya que el debido resguardo del patrimonio fiscal exige que toda devolución de impuestos esté debidamente sustentada en antecedentes que acrediten el derecho invocado. Agrega que, aun en el hipotético caso que un tribunal anule una resolución administrativa que deniega una devolución de impuesto, este solo hecho no conlleva necesariamente la devolución pretendida. En sexto lugar, reitera la falta de antecedentes para acceder a la solicitud de devolución, pues es el contribuyente quien debió acreditar, cosa que no hizo en sede administrativa, los supuestos en que funda su solicitud de devolución de impuestos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y seis – 96 En séptimo lugar, sostiene que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado dentro del marco legal que regula las actuaciones de todo órgano de la administración del Estado en la dictación de la resolución reclamada, respetando plenamente el principio de legalidad en las actuaciones de los órganos del Estado, habida cuenta que previamente se le notificó al contribuyente que se habían encontrado diferencias entre la declaración de impuestos presentada y los datos con los que cuenta el Servicio y, atendido que el contribuyente no acompañó antecedentes en sede administrativa, no fue posible comprobar la efectividad de lo solicitado por el contribuyente. A fojas 76, consta haberse recibido la causa a prueba por el término legal. A fojas 93, consta haber quedado los autos para fallo. CONSIDERANDO: I.- CUESTIONES PRELIMINARES 1°) Que, conforme al mérito de la inobjetada instrumental, acompañada y singularizada en el numeral 1 del tercer otrosí de fojas 1, la Resolución Ex. SII N°315200000083, emitida con fecha 19 de noviembre del 2013, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, agregada de fojas 13 a 14 vuelta, negó lugar a la devolución de $45.495.839, solicitada por la sociedad reclamante en su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2013, invocando como fundamento fáctico que el contribuyente no aportó los antecedentes que permitirían acreditar la procedencia de los créditos que está imputando ni verificar el contenido, veracidad y exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2013, lo que impide determinar la procedencia de la devolución. A su vez, los argumentos jurídicos de la resolución son lo dispuesto en los artículos 21, 35 y 59 del Código Tributario. 2°) Que, de acuerdo al tenor de lo expuesto por las partes en sus escritos de discusión, la cuestión debatida se centra en determinar lo siguiente: 1) Si corresponde dejar sin efecto la resolución reclamada, porque no se encuentra válidamente firmada por el Director Regional y tampoco fue firmada mediante firma electrónica avanzada y porque adolece de falta de argumentación; y, 2) Si resulta procedente acceder a la devolución de $45.495.839, solicitada por la sociedad reclamante en su declaración de impuesto a la renta año tributario 2013, en base a que los ingresos obtenidos durante dicho período han sido totalmente declarados y las sumas retenidas consisten en pagos provisionales mensuales y créditos totalmente probados. 3°) Que los hechos no controvertidos de autos son los siguientes: - Con fecha 08/05/2013, la parte reclamante presentó su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2013, solicitando una devolución de $45.495.839. - Con fecha 11/06/2013, mediante Carta N°130233919, el Servicio de Impuestos Internos comunicó a la parte reclamante que su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2013 presentaba diferencias respecto de la información en poder del Servicio, lo que causó las Observaciones A08 y A55, requiriéndole antecedentes para comprobar la exactitud de su declaración y verificar la procedencia de la devolución solicitada. - Con fecha 19/11/2013, el Servicio de Impuestos Internos emitió la resolución reclamada, que deniega la devolución solicitada por la parte reclamante. 4°) Que, según lo establecido en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 76, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de la causa son los siguientes: 1) Antecedentes aportados por la reclamante, durante la etapa de fiscalización, para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración anual de impuestos a la renta del año tributario 2013, para subsanar las observaciones formuladas a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada. 2) Antecedentes que acrediten que la resolución reclamada no se encuentra válidamente firmada. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y seis vuelta – 96 vta. 3) Antecedentes que acrediten los presupuestos de hecho que hacen procedente la devolución solicitada por la reclamante en su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2013. 5°) Que la parte reclamante, con el objeto de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su reclamo, se hizo valer de los siguientes elementos de convicción: - INSTRUMENTAL, acompañada e individualizada en el tercer otrosí de fojas 1, en parte agregada de fojas 13 a 44 y en parte custodiada en Secretaría del Tribunal bajo el N°66-2014, según consta en certificado de fojas 48. 6°) Que la parte reclamada, con el objeto de acreditar los hechos que sirven de fundamento a su contestación, se hizo valer de los siguientes elementos de convicción: - INSTRUMENTAL, acompañada e individualizada a fojas 88, agregada a fojas 89 y 90. 7°) Que el artículo 21, inciso primero del Código Tributario –ubicado en el Libro Primero del citado cuerpo legal, que trata De la administración, fiscalización y pago– dispone que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Su inciso segundo establece que el Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. Más adelante, el mismo inciso segundo agrega que, en tal caso, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 del Código Tributario, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Y, en su parte final, el inciso segundo añade que para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero. Por su parte, el artículo 1698 del Código Civil –que regula la carga de la prueba– preceptúa que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquéllas o ésta. 8°) Que, antes de examinar la prueba aportada al proceso, cabe señalar que el artículo 132 del Código Tributario prescribe que en los juicios tributarios la prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad a las reglas de la sana crítica; que, al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima; que, en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convenza al sentenciador; que, no obstante lo anterior, los actos y contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley; y, que, en aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad. 9°) Que, con el objeto de establecer los hechos controvertidos por las partes, en primer lugar, corresponde analizar la inobjetada INSTRUMENTAL aportada por la parte reclamante, consistente en: A) Los siguientes documentos agregados al expediente: (A.1) Impresión de Carta Operación Renta, de fecha 11/06/2013, Información actualizada al 27/02/2014, agregada de fojas 15 a 15 vuelta, mediante la cual se informa a la parte reclamante que su declaración de impuesto a la renta AT 2013 presenta diferencias respecto de la información que posee el Servicio en sus sistemas, lo que ha causado las Observaciones A08 y A55, relativas a subdeclaración de ingresos y que los gastos de capacitación no son consistentes con lo informado por el Sence, invitándola a regularizar su situación el día 14/08/2013, con la información que se detalla; (A.1 bis) Impresión de Carta de fecha 05/07/2013, agregada a fojas 16, donde se informa que la declaración de renta de la reclamante fue sometida a un nuevo proceso de control, manteniéndose la Observación A08 y desapareciendo la Observación A55; (A.2) Impresión de Formulario 22, año tributario 2013, agregado de fojas 17 a 24, donde consta que la Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y siete – 97 parte reclamante declaró, entre otros datos, una Base Imponible de Primera Categoría sobre rentas efectivas (cód.18) por $264.154.757, Rebajas al impuesto (cód.19) por $1.622.555, un Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas (cód.20) por $51.208.396 y un Impuesto Único Inc. 3° Art.21 Ley de Renta (cód.114) por $892.752; y también declaró deducciones a los impuestos por concepto de Pagos Provisionales (cód.36) por $96.237.295 y Crédito por Gastos de Capacitación (cód.82) por $1.359.692, resultando un saldo a favor (cód.85) solicitado en devolución (cód.87) por $45.495.839; (A.3) Balance de 8 Columnas (consolidado), al 31 de diciembre 2012, impreso en los folios Nos. 6554 al 6560, sin las firmas del representante legal y el contador de la sociedad, agregado de fojas 25 a 31, que refleja cuentas de resultado pérdida o gastos por $10.924.083.486, cuentas de resultado ganancia o ingresos por $10.994.047.842 y una utilidad contable del ejercicio por $69.964.356; (A.4) Determinación del Resultado Tributario al 31 de diciembre de 2012, impresa en los folios Nos. 6549 al 6550, sin las firmas del representante legal y el contador de la sociedad, agregada de fojas 32 a 33, que registra un resultado según balance de $69.964.356, agregados por $407.099.062 y deducciones por $212.908.661, dando como resultado una renta Líquida Imponible al 31 de diciembre de 2012 de $264.154.757; (A.5) Capital Propio Tributario al 01/01/2012, impreso en folio No. 6553., agregado a fojas 36, que registra un Capital efectivo de $9.232.073.339 y un Capital Propio Tributario al 01/01/2013 de $1.724.635.306; y, B) Los siguientes documentos custodiados en la Secretaría del Tribunal bajo el N°66-2014: (B.1) Libro de Compra, impreso en hojas foliadas, desde enero a diciembre del año comercial 2012; (B.2) Libro de Venta, impreso en hojas foliadas, desde enero a diciembre del año comercial 2012; y, (B.3) Análisis de los ajustes efectuados en la Determinación del Resultado Tributario al 31 de diciembre de 2012 examinada en el literal (A.4) precedente, acompañado de copia simple de algunos respaldos de dichos ajustes. 10°) Que, en segundo término, corresponde analizar la inobjetada INSTRUMENTAL aportada por la parte reclamada, consistente en copia simple de Carta folio N°130233919, de fecha 21/06/2013, Información actualizada al 11/06/2013, agregada a fojas 89 y 90, mediante la cual se comunica a la parte reclamante que su declaración de impuesto a la renta 2013 presenta diferencias respecto de la información que posee el SII en sus sistemas, lo que ha causado las Observaciones A08 y A55, relativas a subdeclaración de ingresos y gastos de capacitación inconsistentes con la información proporcionada por el SENCE, invitándolo a regularizar su situación en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos el día 14/08/2013, con la información que detalla. II.- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA 11°) Que, para un mejor análisis y resolución del asunto sub judice, en los siguientes considerandos se examinará separadamente cada uno de los vicios en que la parte reclamante funda su petición de dejar sin efecto la resolución reclamada. a) En cuanto a la alegación de la actora que la resolución reclamada no se encuentra válidamente firmada por el Director Regional y tampoco fue firmada mediante firma electrónica avanzada.- 12°) Que el examen ad visus de la fotocopia de la Resolución Ex. SII N°315200000083, agregada de fojas 13 a 14 vuelta, hace posible constatar que dicha resolución contiene una firma o rúbrica del funcionario que aparece suscribiendo ese acto administrativo, sin que el simple examen ocular de tal fotocopia permita a esta magistratura establecer si se trata de la firma autógrafa del funcionario o, bien, una reproducción de su firma que ha sido estampada en el referido documento por medios digitales, mecánicos u otros. Además, el mismo examen ocular permite constatar que el acto reclamado no contiene ninguna leyenda que señale que ha sido firmado mediante firma electrónica avanzada. 13°) Que, en consecuencia, no habiendo aportado al proceso la parte reclamante otras pruebas idóneas y suficientes que demuestren sus alegaciones relativas a la falta de firma del acto reclamado, resulta forzoso desestimar tales alegaciones. Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y siete vuelta – 97 vta. b) En cuanto a la alegación de la actora que la resolución reclamada adolece de falta de “argumentación”.- 14°) Que, según se desprende del tenor de lo expuesto por la propia parte reclamante a fojas 2 y del mérito de la Carta Operación Renta analizada en el considerando 9°) literal (A.1) y en el considerando 10°), se debe tener por acreditado que, con fecha 11/06/2013, el Servicio de Impuestos Internos requirió antecedentes a la parte reclamante, para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos a la renta del año tributario 2013, para subsanar las Observaciones A08 y A55 formuladas a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada, invitándola a regularizar su situación tributaria el día 14/08/2013, con los antecedentes detallados en la referida misiva, sin que la actora haya concurrido al Servicio, haya presentado los documentos requeridos o haya alegado algún impedimento para ello. Por otro lado, según se desprende del mérito de la resolución reclamada, examinada en el considerando 1°) de esta sentencia, dicha resolución contiene la expresión formal y explícita de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que la justifican, lo que ha permitido a la parte reclamante tomar debido y oportuno conocimiento de esos antecedentes y fundamentos, interponer en tiempo y forma su reclamo tributario en contra de la misma y hacer valer diversas alegaciones y aportar numerosas pruebas destinadas a desvirtuarla. 15°) Que, atendido que la parte reclamante ha solicitado que se deje sin efecto la resolución reclamada debido a su falta de “argumentación”, cabe señalar que según se desprende del análisis coordinado de diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la Ley N°19.880, así como de la jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, los vicios, defectos o errores que pueden eventualmente provocar la nulidad de un acto administrativo se resumen en los siguientes: la ausencia de investidura regular del órgano respectivo; la incompetencia de éste; la inexistencia de motivo legal o motivo invocado; el vicio de procedimiento en la generación del acto; el vicio de forma externa del acto; la desviación de poder; y, el vicio de ilegalidad o violación de ley de fondo. 16°) Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 6°, 7° y 19 N°3 de la Constitución Política y los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880, los actos administrativos deben contener una fundamentación o motivación, vale decir, la expresión formal y explícita de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que los justifican. 17°) Que, dado que la fundamentación tiene la triple finalidad de dar cumplimiento al principio de transparencia y publicidad del procedimiento administrativo, permitir la adecuada defensa de los derechos de los administrados y hacer posible la revisión jurisdiccional del acto reclamado, ella debe ser suficiente para dar cuenta y explicar las razones de hecho y de derecho que justifiquen la decisión, por lo que su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias y exhaustivas consideraciones, cuando no son necesarias ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y resuelve. 18°) Que la validez de todo acto jurídico debe examinarse al momento de su perfeccionamiento, según el antiguo principio tempus regit actum, el cual resulta del todo aplicable en materia tributaria, con la importante excepción contemplada en el artículo 21, inciso 2°, parte final del Código Tributario para el caso de la liquidaciones y reliquidaciones de impuestos, en todo aquello que no resulte incompatible con lo dispuesto por el artículo 132, inciso 11° del mismo código. 19°) Que, considerando que ha quedado establecido en autos que la parte reclamante no aportó a la parte reclamada, durante la etapa de fiscalización, los antecedentes requeridos por ésta para comprobar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos a la renta del AT 2013, para subsanar las observaciones formuladas a dicha declaración y para verificar la procedencia de la devolución solicitada, a pesar de habérsele solicitado, a juicio de esta magistratura la resolución Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y ocho – 98 reclamada resulta ser la consecuencia jurídica lógica de la inactividad probatoria de la parte reclamante, habida consideración que tal resolución se funda precisamente en el hecho que la contribuyente no aportó los antecedentes requeridos, y no adolece de falta de motivación. III.- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN SOLICITADA POR LA SUMA DE $45.495.839 20°) Que, para un mejor análisis y resolución del asunto sub judice, en los siguientes considerandos se examinará separadamente cada uno de los argumentos en que la parte reclamante funda su petición de acceder a la devolución. a) En cuanto a la alegación de la actora que los ingresos del año tributario 2013 han sido totalmente declarados.- 21°) Que, a fojas 7 y 8, la parte reclamante ha alegado que de la cuadratura del Formulario N°22, con los respectivos Formularios N°29 y demás antecedentes, es posible apreciar que los ingresos obtenidos durante el año tributario 2013 han sido totalmente declarados, según el detalle de dos cuadros ilustrativos que inserta en su libelo. Según se desprende del mérito del Balance de 8 Columnas al 31 de diciembre de 2012 y el Formulario 22 del año tributario 2013, analizados en el motivo 9°) literales (A.2) y (A.3), dicho Balance refleja cuentas de resultado ganancia o ingresos por $10.994.047.842; en tanto que el Formulario 22 consigna ingresos (códs. 628, 629 y 651) por $10.964.297.514, generándose entre ambos una diferencia de $29.750.328, la cual corresponde a la corrección monetaria contabilizada en cuentas de resultado ganancia o ingreso. Sin embargo, la parte reclamante no ha aportado al proceso los Formularios 29 junto con las facturas, notas de débito, notas de crédito y demás documentos de respaldo que justifiquen las anotaciones efectuadas en el Libro de Ventas del año comercial 2012, analizado en el motivo 9°) literal (B.2), ni tampoco ha acompañado las facturas, boletas, contratos y otros documentos que acrediten las cuentas de ingreso registradas en su Balance General, analizado en el motivo 9°) literal (A.3), razón por la cual no es posible tener por acreditado el monto al que asciende la suma de los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio comercial 2012, correspondiente al año tributario 2013, ni la cuadratura o comparación efectuada por la parte reclamante a fojas 7 y 8. 22°) Que el artículo 29, inciso primero de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone que “Constituyen ‘ingresos brutos’ todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, exceptuando (...).” (énfasis añadido). A su vez, el artículo 15 de la citada Ley prescribe que “Para determinar los impuestos establecidos por la presente ley, los ingresos se imputarán al ejercicio en que hayan sido devengados o percibidos, de acuerdo con las normas pertinentes de esta ley y del Código Tributario.”. 23°) Que, a partir de la prueba rendida, los hechos establecidos y las disposiciones legales citadas, cabe concluir que la parte reclamante no ha logrado acreditar con pruebas suficientes que los ingresos obtenidos durante el ejercicio comercial 2012, correspondiente al año tributario 2013, se encuentran totalmente declarados. b) En cuanto a la alegación de la actora que las sumas retenidas consisten en pagos provisionales mensuales y créditos totalmente probados.- 24°) Que, sin perjuicio que la parte reclamante debió acreditar ante el Servicio de Impuestos Internos, durante la etapa de fiscalización respectiva, la correcta determinación de su resultado tributario y los presupuestos que hacen procedente la devolución solicitada, cabe señalar que según se desprende del tenor de lo expuesto por la parte reclamante en su libelo de lo principal de fojas 1 y del mérito de los documentos acompañados al proceso por dicha parte, resulta manifiesto que esos antecedentes son insuficientes para explicar y acreditar en esta instancia jurisdiccional tales hechos. En efecto, la parte reclamante ha solicitado en su libelo de lo principal de fojas 1 dejar sin efecto la resolución reclamada y acceder a la devolución de $45.495.839, por concepto de pagos provisionales Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y ocho vuelta – 98 vta. mensuales y crédito por gastos de capacitación, señalando que los pagos provisionales mensuales fueron enterados en exceso y que los créditos se encuentran totalmente acreditados, aportando al proceso, entre otros antecedentes, el Libro de Compras y el Libro de Ventas, el Balance de 8 Columnas, la Determinación de la Renta Líquida Imponible y el Formulario 22 del AT 2013, examinados en el motivo 9°) literales (A.2) al (A.4), (B.1) y (B.2). Sin embargo, tales antecedentes son insuficientes para acreditar la utilidad contable según balance de $69.964.356 –que constituye el punto de partida para determinar Renta Líquida Imponible declarada en el AT 2013–, pues la parte reclamante no ha aportado la documentación de respaldo que acredite fehacientemente las cuentas de ganancia o utilidad por $10.994.047.842 y las diversas cuentas de gasto o pérdida por $10.924.083.486. Con respecto a la Renta Líquida Imponible determinada para el AT 2013, la parte reclamante ha aportado al proceso la Determinación del Resultado Tributario, analizada en el motivo 9°) literal (A.4), que registra una Renta Líquida Imponible de $264.154.757, junto con un análisis de los ajustes efectuados para dicha determinación, acompañado de copia simple de algunos respaldos, antecedentes que no resultan suficientes para tener por acreditado el resultado tributario, considerando que no se encuentra debidamente acreditado el resultado según balance. En cuanto al crédito por pagos provisionales mensuales, la parte reclamante no ha acompañado al proceso los Formularios 29 del año comercial 2012, que permitan tener por establecido el monto al que ascienden los pagos provisionales mensuales enterados que solicita en devolución. Por el contrario, en relación al crédito por gastos de capacitación, según se desprende del mérito de la Impresión de la Carta de fecha 05/07/2013, analizada en el motivo 9°) literal (A.1 bis), se debe tener por acreditado que el Servicio de Impuestos Internos levantó la Observación A55, relativa a los gastos de capacitación declarados por la parte reclamante para el AT 2013. Con todo y tal como ya se ha dicho, la parte reclamante no ha logrado acreditar fehacientemente la correcta determinación del resultado tributario por $264.154.757 y del Impuesto de Primera Categoría por $51.208.396, declarados en el Formulario 22 del AT 2013, motivo por el cual no es posible establecer si efectivamente existe un monto a devolver por concepto de pagos provisionales mensuales enterados en exceso y a cuánto ascendería el monto de la devolución. 25°) Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando el monto de los pagos provisionales mensuales resulte superior a la suma de los impuestos anuales a que se refieren los artículos anteriores, el saldo a favor del contribuyente será devuelto por el Servicio de Tesorerías. 26°) Que, a partir de la prueba rendida, los hechos establecidos y las disposiciones legales citadas, cabe concluir que la parte reclamante no ha logrado acreditar con pruebas suficientes los presupuestos de hecho que hacen procedente la devolución solicitada por pagos provisionales mensuales. IV.- CUESTIONES FINALES 27°) Que la demás prueba rendida y no mencionada expresamente en los motivos precedentes, en nada altera la decisión del asunto sub-lite. 28°) Que, según lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se liberará a la parte reclamante del pago de costas, por haber tenido motivo plausible para litigar. En consecuencia, por las consideraciones precedentes, normas legales citadas y visto además lo dispuesto en los artículos 29 al 33, 68 y 93 al 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; los artículos 21, 115 y 123 al 148 del Código Tributario; los artículos 3°, 144, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil; y, el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Forma de las Sentencias, SE RESUELVE: I. Que se rechaza el reclamo interpuesto en lo principal de fojas 1, por don Pablo Sebastián Botta, cédula de identidad para extranjeros N°22.004.367-3, en representación de WILLIAMSON BALFOUR Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico Noventa y nueve – 99 MOTORS DISTRIBUIDORA S.A., RUT N°76.738.110-7, en contra de la Resolución Ex. SII N°315200000083, emitida con fecha 19 de noviembre de 2013, por la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, confirmándose ésta. II.- Que, según lo dispuesto por el artículo 6°, letra B, N°6 del Código Tributario, el Señor Director Regional de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos dispondrá el cumplimiento administrativo de lo resuelto precedentemente. III.- Que cada parte pagará sus propias costas. ANÓTESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD, dejándose los testimonios que resulten procedentes. NOTIFÍQUESE la presente sentencia a la parte reclamada, mediante su publicación en el sitio de Internet del Tribunal, y a la parte reclamante, mediante carta certificada remitida al domicilio registrado en autos, y dese aviso a las direcciones de correos electrónicos registradas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 131 bis del Código Tributario. Proveyó, don Miguel Massone Pardo, Juez Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autorizó, don Cristhián Navarrete Cottet, Secretario Titular del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. “WILLIAMSON BALFOUR MOTORS DISTRIBUIDORA S.A. con SII Dirección Regional Santiago Oriente” RUC N° 14-9-0000407-K RIT GR - 18 - 00121-2014 Miguel Andrés Massone Pardo Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Cuarto Documento firmado electrónicamente por don/ña Miguel Andrés Massone Pardo, el 06-08-2018. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación b146e5dd-5de7-4ffa-8ea9-6b1a5d505360 Timbre Electrónico 2018-08-06T12:17:22-0400 FEA