Reclamo tributario: liquidación

1 “ALGODONES BETA LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS” RIT: GR-15-00145-2015 RUC N° 15-9-0001438-1 Santiago, veintinueve de septiembre dos mil diecisiete. VISTOS: A fojas 1 y siguientes comparece Evelyn Sepúlveda Soto, abogada, en representación de Algodones Beta Limitada Rut N° 81.502.600-4, sociedad de giro de fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir, quien estando dentro de plazo interpone reclamo tributario en contra de la Liquidación N° 222 de fecha 6 de julio de 2015 y notificada el día 27 del mismo mes y año, y mediante la cual se ordena restituir de conformidad a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la suma de $ 29.583.315 que fue devuelta a la contribuyente con fecha 12 de mayo de 2012, suma que más los intereses, reajustes y multas ascendía a la fecha de la liquidación a un total de $ 71.555974, solicitando se deje sin efecto el acto reclamado, con expresa condena en costas, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que indica. ANTECEDENTES GENERALES. l. Explica que mediante declaración de impuesto a la renta contenida en formulario N°22, folio 216324382, correspondiente al año tributario 2012, la reclamante habría solicitado una devolución ascendente a $ 45.592.927, la cual se encontraba conformada de la siguiente manera: a) Pago Provisional por Utilidad Absorbida ("PPUA"), por $ 32.778.521. b) Pagos Provisionales Mensuales ("PPM"), por $ 12.409.206. c) Crédito por gastos de capacitación ("SENCE"), por $ 405.200. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 2 2. Con fecha 12 de mayo de 2012 se devolvió a la Sociedad parcialmente la suma de $29.203.667, reteniéndose un saldo ascendente a $16.389.260. 3. Mediante aviso simple N° 120202489, la Sociedad fue requerida para que el día 17 de julio de 2012 acompañara la documentación contable y tributaria que le permitiera acreditar la pérdida tributaria del ejercicio y la procedencia del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas solicitada en su declaración Anual de Impuestos a la Renta del Año Tributario 2012. 4. Aproximadamente cuatro meses después de que le fuera notificado dicho requerimiento de antecedentes, la sociedad fue notificada de la Resolución N° 114000000047 de fecha 16 de noviembre de 2012, mediante la cual se denegó la devolución de los $16.389.260 retenidos hasta esa fecha. Señala que según se indica en dicha Resolución, la denegatoria se debería a que "el contribuyente no aportó los antecedentes requeridos mediante notificación N°120202489, para proceder a verificar la exactitud de la información consignada en su declaración, por lo cual ésta se considera como "no fidedigna". Agrega que según se indica en el mismo acto, "no resulta acreditada la pérdida tributaria y/o los créditos por concepto de impuesto de primera categoría que en ella se indica, lo que impide considerar como pago provisional el Impuesto a la Renta de Primera Categoría, con que se vieron afectadas en su oportunidad, las utilidades tributarias generadas en ejercicios anteriores". Resolviendo por tanto que "No ha lugar a la devolución solicitada pendiente de devolución de $16.389.260" 5. El día 29 de abril de 2015, es decir, aproximadamente 2 años 6 meses después de que fuera emitida la resolución que daba por concluida la fiscalización efectuada a la declaración de renta presentada por la Sociedad por el AT 2012, le fue notificada a la Sociedad la Citación N° 79, de fecha 28 de abril de 2015 a fin de que dentro del plazo de un mes presentara todos los antecedentes necesarios para "verificar que los impuestos declarados en la "Declaración de Impuestos Anuales a la Renta", contenida en Formulario 22, folio 216324382 y la devolución parcial otorgada con fecha 12-05-2012 por la suma de $29.203.667, se encuentren determinados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 31 inciso 3° de la Ley la Renta, así como verificar también, la procedencia de los créditos por impuesto de Primera Categoría devueltos". Particularmente, se informó que los códigos del formulario 22 que se debían acreditar eran los siguientes: a) Código 628, "Ingresos del Giro Percibidos o Devengados", por $1.222.406.293. b) Código 651, "Otros Ingresos Percibidos o Devengados", por $49.796.158. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 3 c) Código 630, "Costo Directo de los Bienes y Servicios", por $616.288.278. d) Código 631, "Remuneraciones", por $409.049.194. e) Código 632, "Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente", por $10.336.649. f) Código 633, "Intereses Pagados o Adeudados", por $45.877.113. g) Código 635 "Otros Gastos Deducidos de los ingresos brutos", por $362.146.721. h) Código 636 "Renta Líquida (o pérdida)", por $-171.495.504. i) Código 637 "Corrección Monetaria Saldo deudor, por $38.608.633. j) Código 639 "Gastos Rechazados, por $24.359.187. k) Código 807 "Otras partidas, por $32.778.521. l) Código 643 "Renta Líquida Imponible (o pérdida tributaria), por ($218.523.471). 6. Señala que en resumidas cuentas, la Citación fue emitida con el objetivo de que la Sociedad acreditara ante la Unidad Fiscalizadora la totalidad de las cuentas que incidían en la determinación del resultado del ejercicio comercial 2011. 7. Indica que dada la amplitud de la pretensión fiscal y lo exiguo del plazo concedido, no fue posible dar respuesta completa al requerimiento fiscal. Luego de lo anterior, el SII emitió la Liquidación N°222, de fecha 6 de julio de 2015, notificada con fecha 27 de Julio de 2015, mediante la cual se solicita el reintegro de los $29.203.667 que le fueran devueltos a la Sociedad en mayo del año 2012, cantidad que en la actualidad considerando reajustes, intereses y multas, asciende a un total de $71.555.974, es decir, a más del doble del monto originalmente devuelto. El fundamento concreto de la Liquidación, según se indica en el cuerpo del acto, es que "el contribuyente dio respuesta en forma parcial a la Citación N°79, notificada con fecha 29/04/2012, no pudiendo acreditar con los antecedentes presentados la procedencia de la Pérdida Tributaria ". 8. Dentro del plazo establecido en el artículo 123 bis del Código Tributario, la reclamante interpuso solicitud de Reposición Administrativa Voluntaria en contra de la Liquidación N°222, la que fue resuelta mediante Resolución EX. DEPAT N° 54.961, de fecha 20 de octubre de 2015 en la que, sin perjuicio de reconocerse expresamente la acreditación de algunas cuentas de pérdidas registradas en el Balance del AT 2012 - por un monto Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 4 ascendente a $331.321.849-, con respecto al resto de la documentación acompañada se señala que "no es posible establecer, qué cuentas de pérdidas registradas en el Balance, pretende acreditar la contribuyente con estos documentos", razón por la que se concluye que el contribuyente "no ha acreditado fehacientemente la determinación de la Renta Líquida Imponible registrada en el formulario 22, folio 216324382, Código 643 "Renta Líquida Imponible", por ($218.523.471) y tampoco ha demostrado el derecho a devolución por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas solicitadas por $29.583.315". (Considerando décimo sexto). II. FUNDAMENTOS DEL RECLAMO. Señala que conforme al principio de legalidad contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, los Órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, principio Constitucional a su vez recogido en el artículo 2 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° del DFL N° 7, de 15 de octubre de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y, en el ejercicio de esta función, su máxima autoridad, el Director Nacional, se encuentra facultado para interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos a las cuales deben ajustarse los Directores Regionales y el resto de los funcionarios que actúen bajo su dependencia. Indica que es necesario hacer este alcance pues, la Liquidación reclamada, sin perjuicio de sustentarse en un presupuesto de hecho errado -inexistencia de pérdida tributaria en el ejercicio comercial 2011-, habría sido emitida por funcionarios pertenecientes a la Administración del Estado con infracción a la Ley, pasando por alto instrucciones impartidas por su superior jerárquico y fuera de los plazos de prescripción; vicios que se materializan en un acto dictado con la única y exclusiva finalidad de requerir a la contribuyente que reintegre montos que correctamente le fueran devueltos hace más de tres años e incrementados en más de un 100% de su importe original. l. La Liquidación N° 222. de 6 de julio de 2015. contiene un vicio de ilegalidad al ser dictada fuera del plazo legal. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 5 Afirma que la Liquidación adolece de un evidente vicio formal al contravenir expresamente el texto expreso de la Ley, puntualmente, el artículo 59 del Código Tributario, cuyo texto vigente en el AT 2012, en su parte atingente al caso dispone que: "El Servicio dispondrá de un plazo de doce meses, contados desde la fecha de la solicitud, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas”. Indica que de acuerdo al tenor literal del artículo extractado, se puede concluir que establece plazos fatales para que el SII ejerza su labor fiscalizadora. Agrega que el referido artículo 59 del Código Tributario se encuentra interpretado administrativamente por el Director del SII en Circular N° 49, del año 2010, en la que se establece en lo pertinente que "transcurridos los plazos que tiene el Servicio para ejercer su función fiscalizadora, no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo período y en los mismos hechos" Agrega que los plazos establecidos en el artículo 59 del Código Tributario son fatales, lo que, según se indica en la letra E) de la Circular N° 49, "implica que las actuaciones que se ejecuten fuera de los mismos no obligarán al contribuyente". Explica que La conjunción "y" que se emplea en el artículo 59 permite concluir que ambas atribuciones, esto es, fiscalizar y resolver deben ser ejercidas copulativa y simultáneamente. Dado lo anterior señala que si el SII no ejerce todas las facultades de fiscalización que la Ley le concede dentro de los plazos establecido en el artículo 59 del Código Tributario, cualquier actuación efectuada con posterioridad sobre los mismos hechos carece de eficacia jurídica por lo que no obliga al contribuyente, tal y como lo reconocería el propio SII en Circular N° 49 de 2010. Afirma que según entiende la Doctrina, los plazos establecidos en el artículo 59 del Código Tributario son de caducidad, lo que se traduce en que las facultades de revisión y decisión del Servicio de Impuestos Internos se extinguen por el mero transcurso del tiempo. Agrega que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en fallo de fecha 25 de septiembre de 2014, Rol N° 53 -2013, considerando quinto, haría referencia a la caducidad. En dicho fallo, la Ilustrísima Corte haría presente que el hecho que el plazo establecido en el inciso final del artículo 59 del Código Tributario sea de caducidad: "(...)se halla corroborado por lo instruido en la letra F) N°4 de la Circular 49 del 12 de agosto del 2010 del Director del Servicio de Impuestos Internos, al señalar que en él se "establece un plazo de carácter especial, pues no tiene excepciones, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas. Por consiguiente, la fiscalización Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 6 de las referidas peticiones de devolución debe efectuarse en el término de doces meses que el legislador ha establecido, pues éste rige a todo evento ". Dado lo anterior y en vista que tanto la Citación notificada a la sociedad en el mes de abril de 2015 para efectos de que acreditara la procedencia del PPUA restituido en el mes de mayo del año 2012, como la posterior Liquidación mediante la cual se ordena su reintegro, se relacionan con la revisión de una solicitud de devolución por absorción de pérdidas presentada por la Sociedad en el mes abril del año 2012 a través de su Declaración Anual de Impuesto a la Renta, afirma que es dable concluir que la pretensión contenida en dichos actos implican el ejercicio de actuaciones de fiscalización realizadas una vez cumplido el plazo de caducidad establecido en el inciso final del artículo 59 del Código Tributario, por lo que serían inoponibles a la reclamante. Añade que no solo lo anterior, sino que tales actos se refieren hechos que ya fueron analizados en el marco de la auditoría tributaria que culminó con la Resolución N° 114000000047 de noviembre de 2012; actuación en la que sin perjuicio de denegársele a la reclamante la devolución del saldo retenido por la Administración respecto de la solicitud de devolución efectuada mediante formulario 22 correspondiente al AT 2012 no contiene ningún pronunciamiento respecto de los montos que antes habían sido devueltos a la Sociedad en relación con el mismo año tributario. De esta manera, al no hacerse mención expresa en dicha actuación sobre los montos ya restituidos a la reclamante, asegura que solo cabe concluir que respecto de estos no existía controversia. Así, al intentar ahora revisar aspectos de la Declaración de Renta correspondiente al AT 2012 que ya fueron analizados, la Unidad Fiscalizadora no solo violaría las instrucciones impartidas por el Director de SII, su superior jerárquico, que prohíbe a los funcionarios de su dependencia efectuar requerimientos para revisar períodos y hechos ya fiscalizados, sino que también vulneraría el principio de confianza legítima del contribuyente en la Administración, que se deduce de los principios constitucionales de Estado de Derecho y seguridad jurídica, Por las razones expuestas, en primer lugar, solicita dejar sin efecto la Liquidación N°222, de fecha 6 de julio de 2012, al haber sido emitida y notificada fuera del plazo legal establecido en el inciso final del artículo 59 del Código Tributario. 2. La Liquidación N° 222 de 6 de julio de 2015 fue emitida fuera de los plazos de prescripción. En segundo lugar, solicita que se decrete que la Liquidación ha sido notificada a la reclamante fuera de los plazos de prescripción, en función de los argumentos que expone. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 7 Así señala que, la Liquidación N° 222, de 2015, se funda en lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de la Renta. A continuación cita, el inciso final del artículo 24 del Código Tributario dispone que: "Las sumas que un contribuyente deba legalmente reintegrar, correspondientes a cantidades respecto de las cuales haya obtenido devolución o imputación, serán consideradas como impuestos sujetos a retención para los efectos de su determinación, reajustes, intereses y sanciones que procedan, y para la aplicación de lo dispuesto en la primera parte del inciso anterior" Aclara que, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 24 del Código Tributario, las sumas que los contribuyentes deben reintegrar, jurídicamente no tienen la naturaleza de un impuesto por cuanto no derivan de un hecho gravado. Así cuando el SIl determina que un contribuyente debe reintegrar en arcas fiscales una suma devuelta por el Fisco, no hace sino más que ejercer una acción "in rem verso" o de naturaleza restitutoria, cuya fuente es el pago de lo no debido o el enriquecimiento sin causa del contribuyente. Así entonces, el actual texto del artículo 24, lo que hace es establecer una ficción legal que permite asimilar a tributos o impuestos aquellas sumas que, a juicio del Servicio, deben legalmente reintegrarse por los contribuyentes para los efectos expresamente señalados en la norma, es decir, para efectos de su determinación, reajustes, intereses y multas que procedan. Sin embargo, lo anterior asegura no se traduce en que sean aplicables respecto de los reintegros las normas de prescripción establecidas en el artículo 200 del Código Tributario. Agrega que de acuerdo al texto del artículo 200 del Código Tributario, cualquiera que sea el impuesto fiscalizado, el plazo de prescripción se cuenta a partir del plazo legal en que debió efectuarse el pago del respectivo impuesto. Explica que en el caso de las cantidades que se deben reintegrar al Fisco esto resulta imposible de determinar en vista que, a diferencia de lo que ocurre con los impuestos propiamente tales, la Ley tributaria no ha establecido un término para su pago. Ello se explicaría por la circunstancia que cuando el Servicio pretende que existe una suma a reintegrar por el contribuyente, no estaría fiscalizando el pago de un tributo insoluto, sino que, muy por el contrario, lo que requiere es la restitución de una suma que el Fisco pagó al contribuyente, la cual, únicamente por ficción legal, se asimila a un tributo. Dado lo anterior, a su juicio, debe concluirse que solo cuando se fiscaliza un tributo propiamente tal puede aplicarse la norma de prescripción del inciso primero del artículo 200 del Código Tributario ya que únicamente en ese caso existe un plazo legal para el pago del tributo respectivo, el cual, una vez expirado, permite computar el término de prescripción señalado. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 8 Dado lo anterior y recurriendo a lo norma del artículo 2 del Código Tributario, que establece como supletorio al derecho común, la norma que regiría en la especie sería aquella contenida en el artículo 2521 del Código Civil, que dispone que: "Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos." A continuación y en relación con el plazo a partir del cual se empieza a contar este plazo de prescripción, señala que el artículo 2514 dispone que: "La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones", señalando a continuación que "Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible" Afirma que considerando que el plazo de prescripción que opera respecto de las sumas que los contribuyentes deben restituir al Fisco no es el establecido en el artículo 200 del Código Tributario sino el del artículo 2515 del Código Civil, no cabe sino concluir que en la especie no procede el aumento del plazo de prescripción por la circunstancia de haberse practicado una citación al contribuyente, pues tal ampliación que la Ley contempla en los incisos final del artículo 63 y penúltimo del artículo 200, ambos del Código Tributario, es exclusivamente respecto de los plazos de prescripción establecidos en este último artículo. En tales términos, en vista que la Liquidación N° 222 de 2015 pretende el reintegro de una cantidad enterada en el mes de mayo de 2012, al aplicar el plazo de prescripción de tres años establecido en el 2521 del Código Civil, contado desde la fecha en que la obligación de restituir se hizo exigible, esto es, mayo de 2012, a su juicio resultaría evidente que se habría notificado a la contribuyente fuera del lapso de tres años contemplado en el mencionado artículo 2521 y, por tanto, se encuentra totalmente prescrita. 2.2. Por otra parte y en el evento de que este tribunal entienda que el plazo de prescripción que opera respecto de las cantidades a reintegrar es el del artículo 200 del Código Tributario, y que por ende, la notificación de una citación conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario puede llegar a producir el efecto de aumentar el plazo de prescripción, a su juicio, en el caso de autos ello tampoco ocurriría, toda vez que el inciso 4° del artículo 200 del Código Tributario, señala que el aumento del plazo de prescripción solo tiene lugar "(...) respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en la citación" Luego afirma que para que la notificación de una citación pueda llegar a producir el efecto de aumentar el plazo de prescripción debe referirse a operaciones determinadas, de lo que se colige que debe tratarse de una gestión útil para la contribuyente que le permita subsanar objeciones puntuales relacionadas con sus declaraciones a fin de evitar, por ejemplo, la liquidación de diferencias de impuestos innecesarias. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 9 Indica que la lógica que existe tras el efecto de aumentar el plazo de prescripción que se produce con la notificación de una citación se encuentra claramente explicada en el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero de Coquimbo, de fecha 15 de junio de 2015, RIT GR-14- 2014 10 que cita. Afirma que el razonamiento de dicho Tribunal Tributario y Aduanero, sería de toda lógica entender que la notificación de una citación implica de por sí la ampliación del plazo de prescripción de la acción fiscalizadora, es decir, sin importar sus fundamentos, su utilidad o si tiene relación con diligencias previas efectuadas durante el transcurso de la auditoría, es equivalente a permitirle a la Administración hacerse de un plazo más prolongado para ejercer sus labores de fiscalización por su sola voluntad, burlando así la aplicación de la regla general de prescripción que existe en materia tributaria y prolongando innecesariamente la auditoría a través de trámites innecesarios lo que se encuentra en directa contravención con el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9 de la Ley 19.880 Por lo anterior, señala que a fin de determinar si en este caso la Citación N° 79 de 2015, notificada a la Sociedad el 29 de abril de 2015 produjo el efecto de ampliar el plazo de prescripción en los términos establecidos en los artículos 63 y 200 del Código Tributario, sería necesario esclarecer si en ella se indican operaciones determinadas que si la contribuyente hubiese acreditado habrían evitado la emisión de la Liquidación reclamada en autos. Añade que si se examina con detención el texto de la Citación, se aprecia que el requisito que ha venido señalando no se cumple A su juicio los párrafos de la citación darían cuenta de que el objetivo de la diligencia era que la reclamante acreditara que la devolución de $ 29.203.667 por concepto de PPUA percibida de parte del Fisco en el mes de mayo de 2012 se encontraba correctamente otorgada. En relación a lo anterior indica llamarle profundamente la atención que el objetivo del trámite "Citación" sea, en último término, que el contribuyente acredite la procedencia de una actuación de la Administración, a saber, el otorgamiento de una devolución; máxime cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 19.880, las actuaciones de la Administración del Estado gozan de presunción de legalidad. Así, entiende que el objetivo tendría que haber sido que el contribuyente subsanara observaciones concretas que se pudieren haber tenido respecto del cálculo del resultado tributario declarado, observaciones que, de no subsanarse, podrían haber incidido en la determinación de un nuevo resultado tributario por parte de la Administración y el correlativo Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 10 deber de restitución de las sumas concedidas al contribuyente en base al resultado que, según el SII, podría estar incorrectamente declarado. Asegura que si se examina el requerimiento fiscal, se puede concluir que no es una operación en particular la que debía acreditarse ante la autoridad tributaria, sino más bien todos los montos informados por la reclamante en su Declaración Anual de Impuesto a la Renta correspondiente al AT 2012, puntualmente en el Recuadro N°2 del formulario 22, referente a la "Base Imponible de Primera Categoría". Explica que, no se circunscribe el requerimiento a un tipo de cuenta resultado (ingreso, costo o gasto), ni tampoco a cuentas específicas contenidas en el Balance Tributario de ocho columnas. A modo de ejemplo indica que el monto declarado en Código 628, correspondiente a "Ingresos del Giro Percibido o Devengados", por $1.222.406.293, refleja la sumatoria de tres cuentas de ingreso; los montos declarados en Código 630, correspondiente a "Costo Directo de los Bienes y Servicios", por $ 616.288.278, son la sumatoria de los saldos de diez cuentas de costo; lo declarado en Código 631, bajo el concepto de "Remuneraciones", por, $409.796.158, son la suma de los saldos de diez cuentas de gastos, etc. Concluye que cuesta imaginarse un requerimiento más general que el que le fue notificado mediante Citación N° 79 de 2015, lo cual, sin perjuicio de evidenciar graves defectos del procedimiento mismo de auditoría tributaria, implica que dicho acto no generó el efecto de aumentar el plazo de prescripción pretendido por la Administración. Finalmente, en este punto señala que dado que la Citación N°79 de abril de 2015 no aumentó los plazos de prescripción y que la Liquidación N° 222 de 6 de julio 2015 se refiere a impuestos correspondientes al período tributario de mayo de 2012; es dable concluir que este último acto fue notificado fuera del plazo ordinario de prescripción de tres años contenido en el inciso 1° del artículo 200 del Código Tributario, por lo que solicita que así se declare. 3. La Liquidación N° 222., de 6 de julio de 2015 se funda en un presupuesto de hecho equivocado. En subsidio de lo anterior solicita dejar sin efecto la liquidación en vista que se funda sobre la base de un presupuesto errado: la inexistencia de la pérdida tributaria declarada por la reclamante por el AT 2012. Indica que mediante Declaración Anual de Impuesto a la Renta contenida en formulario 22, folio 216324382, correspondiente al AT 2012, la Sociedad declaró una pérdida tributaria ascendente a -$218.523.471. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 11 Explica que el resultado negativo obtenido en el ejercicio comercial 2011 se debió a que los ingresos de la explotación del negocio fueron inferiores a los proyectados, los que no fueron suficientes para cubrir, en ese período, los altos costos de la mano de obra que caracterizan al rubro en el que se desarrolla la compañía (ventas de productos de algodón hidrófilo), y los gastos propios del giro de la Sociedad. Así, al solicitar el reintegro del PPUA que le fue devuelto en el mes de mayo del año 2012, el SII habría desconocido la existencia misma de la pérdida y sin previamente haber determinado la base imponible de la contribuyente en el ejercicio. Asegura que los documentos que permiten acreditar la efectividad de los montos consignados en las cuentas de resultado del balance, fueron presentados ante el SII junto con el Recurso de Reposición Administrativa (RAV) deducido por la Sociedad con fecha 11 de agosto de 2015, el cual fue rechazado mediante Resolución Ex., DEPAT N° 14.01 N° 54.961. Agrega que sin perjuicio del rechazo, en la referida Resolución se tienen por acreditadas parcial y completamente una serie de cuentas de gastos declaradas en Código 635 de formulario 22 bajo el concepto de "Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos", por un total de $ 331.321.849, de acuerdo al siguiente detalle: N° cuenta cuenta Monto según Balance Monto acreditado 5.2.06.01 Promociones Supermercados $ 164.149.264 $ 164.149.264 5.2.05.25 Otros Gastos Generales $ 8.415.144 $ 4.287.440 5.2.05.01 Luz $ 1 1.737.359 $ 11.737.359 5.2.05.10 Arriendos $ 39.718.144 $ 37.098.070 5.2.05.12 Vigilancia $ 12.080.000 $ 12.080.000 5.3.02.02 Patentes $ 3.996.166 $ 3.996.166 5.3.02.01 Contribuciones $ 5.652.446 $ 5.608.366 5.2.09.12 Ropa de Trabajo $ 1.356.225 $ 840.941 5.2.06.02 Promociones y Publicidad $ 6.813.128 $ 6.813.128 5.2.07.01 Fletes $ 37.179.319 $ 37.179.319 5.2.09.20 Casino $ 13.926.006 $ 12.796.001 5.3.05.01 Indemnizaciones $ 6.552.815 $ 6.552.815 5. 1.03.05 Man. Y Rep. Edificio $ 823.481 $ 823.481 5.2.03.01 Útiles de Oficina $ 197.189 $ 165.646 5.2.05.06 Internet $ 1.000.613 $ 801.115 5.2.05.11 Arriendo de Equipos $ 1.145.765 $ 1.099.765 5.2.05.03 Gas $ 1.206.612 $ 1.206.216 5.2.08.01 Suministros y Computación $ 643.650 $ 464.950 5. 1.03.08 Protección y Seguridad $ 42.108 $ 42.108 Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 12 5.2.03.02 Formularios e Impresos $ 751.000 $ 751.000 5.2.05.07 Fax $ 391.559 $ 391.559 5.2.05.13 Seguros $ 539.443 $ 539.443 5.3.01.05 Gastos Bancarios $ 6.466.993 $ 3.513.289 5.2.06.25 Otros Gastos de Ventas $ 9.360.120 $ 7.269.877 5.3.0 1.11 Gastos de Importación $ 1.046.120 $ 671.349 5.2.06.14 Com. Ventas Consignación $ 810.246 $ 810.246 5.1.03.03 Rep. Y Mant. De Maquinaria $ 4.906.595 $ 4.865.313 Serv. Externos Proc. De 5.2.08.03 Datos $ 1.046.969 $ 1.046.969 5.2.05.02 Agua $ 916.589 $ 911.598 5.2.06.13 Viajes Representación $ 2.809.056 $ 2.809.056 Total S 345.680.124 $ 331.321.849 Así, los montos consignados en las referidas cuentas de gasto, salvo el pequeño saldo que no se habría acreditado de manera suficiente a juicio del SII se encontrarían excluidos de la controversia de autos. Hace presente que sin perjuicio de la abundante documentación acompañada en el marco del Recurso de Reposición, al momento de resolver, el SII extrañamente solo se refirió a cuentas de gastos declaradas a través del Código 635 del formulario 22, haciendo caso omiso a los antecedentes aportados para acreditar la composición de los montos declarados en Código 630 "Costo Directo de los Bienes y Servicios", por $ 616.288.278, en Código 631 "Remuneraciones", por $409.049.194, en Código 632 "Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente", por $10.336.649 y en Código 633 "Intereses Pagados o Adeudados", por $45.877.113. Señala que según se indica en el considerando décimo sexto de la Resolución RAV, la razón de aquello sería que: "(...) si bien la recurrente aporta Facturas de Compra, Comprobantes de Egresos, Antecedentes sobre Importaciones, no es posible establecer qué cuentas de pérdidas registradas en el Balance pretende acreditar la contribuyente con estos documentos, lo mismo sucede con las planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales, debido a que no presenta libro contable que represente lo registrado al 31 de diciembre de 2011 ". Dado lo anterior, estima que la Administración reconoce la existencia de la documentación necesaria para respaldar las cuentas de gastos registradas en la contabilidad, pero aduce que le habría sido imposible revisarla al no lograr dilucidar con qué cuenta del balance específica se vincula cada documento. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 13 Añade que la documentación que el SII no revisó se refiere a cuentas que resultan claves para determinar el resultado del ejercicio comercial 2011, ya que entre estas, se encontrarían las que reflejan los costos directos, las referidas a las remuneraciones pagadas a los trabajadores y a quienes prestan servicios independientes a la empresa, las que darían cuenta de la depreciación del activo fijo y las asociadas a gastos bancarios; todas las cuales registran operaciones características a una empresa en marcha y absolutamente necesarias para obtener los ingresos registrados en el período. PETICIONES CONCRETAS Tener por interpuesto reclamo tributario en contra de la Liquidación N° 222, de 6 de julio de 2015, , admitir el presente reclamo a tramitación, y en definitiva, dejar sin efecto la referida liquidación al haber sido emitida fuera del plazo legal establecido en el inciso final del artículo 59 del Código Tributario, fuera de los plazos de prescripción que establecen los artículos 2521 del Código Civil y 200 del Código Tributario y por fundarse en un presupuesto equivocado, toda vez que el resultado tributario declarado por la reclamante en su Declaración Anual de Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2012 se encontraría correctamente determinado; todo lo anterior con expresa condena en costas. Documentos Acompañados al Reclamo 1- Copia simple de Acta de Notificación N° 154, de fecha 29 de abril de 2015. 2- Copia simple de Citación N° 79, de fecha 28 de abril de 2015. 3- Copia simple de Acta de Notificación N° 261, de fecha 21 de julio de 2015. 4- Copia simple de Liquidación N° 222, de fecha 6 de julio de 2015. 5- Copia simple de Solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, de fecha 11 de agosto de 2015. 6- Copia simple de Resolución Ex. DEPAT 14.01 N° 54.961, de fecha 20 de octubre de 2015. 7- Copia simple de Resolución Ex. SII N° 114000000047, de fecha 19 de noviembre de 2012 8- Copia simple de Balance Tributario de ocho columnas, folio N° 0070702 a 0070717, correspondiente al año tributario 2012. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 14 9- Copia autorizada de escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, en que consta mi personería para representar a Algodones Beta Limitada. 10- Copia de escritura pública de fecha 5 de julio de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, en que consta la personería de los representantes legales de Algodones Beta Limitada. EVACUA TRASLADO SII. FUNDAMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN N° 222, E IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO. 1.- Fundamentos de la liquidación: Indica que el contribuyente en su declaración de impuesto a la Renta contenida en el formulario 22, folio 216324382, correspondiente al año tributario 2012, con fecha de presentación 19 de abril de 2012, solicitó devolución de un saldo a favor ascendente a $ 45.592.927.- (cuarenta y cinco millones quinientos noventa y dos mil novecientos veintisiete pesos), el cual se compone de la siguiente manera: a) Por concepto de Pago Provisional por Impuesto de Primera Categoría por Utilidades Absorbidas, a que se refiere el artículo 31, inciso 3°, N° 3, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por un monto de $ 32.778.521- (treinta y dos millones setecientos setenta y ocho mil quinientos veintiún pesos); b) Por concepto de Pagos Provisionales Mensuales (PPM) según lo prescrito en el artículo 84 letras (a) a la (i) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por un monto de$ 12.409.206.- (doce millones cuatrocientos nueve mil doscientos seis pesos) y; e) Por crédito por gastos de capacitación (Sence) establecido en la ley N° 19.518 sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, por un monto de $ 405.200.- (cuatrocientos cinco mil doscientos pesos). Agrega que de la devolución solicitada, con fecha 12 de mayo de 2012, fue devuelto por sistema un monto ascendente a $ 29.203.667.- (veintinueve millones doscientos tres mil seiscientos sesenta y siete pesos), más el reajuste legal correspondiente. Del saldo pendiente, se practicó la Resolución N° 114000000047, de fecha 19 de noviembre de 2012, denegatoria de devolución de impuestos por la suma de $ 16.389.260.- (dieciséis millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta pesos), debido a que no fue acreditada la pérdida tributaria y/o los créditos por concepto de impuesto de primera categoría que en ella indica. Al respecto, hace presente que en este caso el contribuyente no representó reclamo alguno en lo referente a este concepto, de esta manera, es pertinente indicar que su derecho precluyó para solicitar la devolución del monto contenido en el referido acto administrativo, relacionado con la Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 15 En atención a que el contribuyente, no aportó los antecedentes que permitieran determinar fehacientemente la Renta Líquida Imponible para el año 2012, se adopta la determinación de cobrar reintegro a las sumas devueltas indebidamente, por un total de $ 71.555.974.- (setenta y un millones quinientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos) intereses, multas y reajustes incluidos, emitiéndose la liquidación objeto de la reclamación 2.- Análisis de los argumentos planteados por el reclamante. Señala que la reclamante se refiere a tres argumentos para justificar su omisión en la presentación de los antecedentes solicitados por el Servicio, estos son: 2.1.- En cuanto a la primera alegación planteada por el reclamante, en el sentido que la Liquidación N° 222, de fecha 6 de julio de 2015, contiene un vicio de ilegalidad al ser dictada fuera del plazo legal en relación al artículo 59 del Código Tributario, manifestando que tanto la Citación notificada el día 29 de abril de 2015 y la Liquidación N° 222, se relacionan con una auditoria tributaria que culminó con la Resolución N° 114000000047, de noviembre de 2012 y que, en consecuencia la fiscalización de las referidas peticiones de devolución debió efectuarse en el plazo de doce meses que el legislador ha establecido. Al respecto, cita el artículo 59 del Código Tributario, el cual establece que "Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá el plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros. El plazo señalado en el inciso anterior será de doce meses, en los siguientes casos: a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia. b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales. c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial. d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas ......." En relación al artículo citado, hace presente 2 puntos que a su juicio desacreditarían la postura del reclamante, ellos son: 1.- "Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes" Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 16 Asegura que este artículo en relación al párrafo citado, viene a señalar la regla general en materia de fiscalización, es decir, que el Servicio de Impuestos Internos podrá hacer uso de sus facultades fiscalizadoras mientras no hayan prescrito los impuestos respectivos. 2.- "Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición ...... " Explica que tratándose de la fiscalización y resolución de las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, el Servicio dispondrá de un plazo de doce meses contados, en este caso particular, desde la solicitud, toda vez que no se inicia mediante requerimiento de antecedentes, desde la fecha en que se efectuó la solicitud respectiva, la que debe constar en el documento en que aquella se contenga Explica que en tal sentido, la norma configuraría una excepción, la cual dice relación con una garantía para el contribuyente, que de buena fe, acompaña la totalidad de los antecedentes requeridos. Es por ello, que para que se dé la instancia para contabilizar el plazo dentro del cual el Servicio de Impuestos Internos pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras para la correcta aplicación de los impuestos, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Requerimiento previo de los antecedentes por parte del Servicio al Contribuyente. b) Certificación del funcionario a cargo de la Fiscalización. Este requisito es importantísimo en orden a quien únicamente puede determinar que se aportó la totalidad de los antecedentes que permitan realizar el proceso de fiscalización pertinente. c) Que la certificación exprese que, todos los antecedentes solicitados fueron puestos a su disposición Hace presente además que el contribuyente efectivamente fue requerido mediante carta de aviso simple N° 120202489, emitida con fecha 17 de julio de 2012, Folio 588051228811, a objeto de que acompañara documentación contable y tributaria que le permitiera acreditar la pérdida tributaria del ejercicio y la procedencia del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas que solicitó en su declaración Anual de Impuestos a la renta AT 2012, Formulario 22, Folio 216324382. Por su parte, con fecha 12 de mayo de 2012, el SII habría realizado una liberación parcial por sistema ascendente a $ 29.203.667.- (veintinueve millones doscientos tres mil seiscientos sesenta y siete pesos). Con fecha 20 de agosto de 2012, el contribuyente se habría presentado en la oficina del Servicio de Impuestos Internos con el fin de solicitar información y un plazo para dar Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 17 cumplimiento al requerimiento, a lo cual se accede dando un nuevo plazo de presentación y detalle de la documentación requerida, el cual fue emitido por el contribuyente, con vencimiento el 24 de septiembre de 2012. Sin embargo afirma que pese a que el Servicio entregó un nuevo plazo, y se instruyó de manera expresa la documentación que debía presentar, para dar por acreditada la pérdida tributaria y/o los créditos por concepto de impuesto de primera categoría, el contribuyente no dio cumplimiento a los requerimientos indicados, por lo que se procedió a emitir Resolución N° 114000000047, de fecha 19 de noviembre de 2012, notificada con fecha 23 de noviembre de 2012, por un valor de $ 16.389.260.- (dieciséis millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta pesos), denegatoria de impuestos. Añade que el contribuyente debió acompañarlos en forma íntegra y completa ante la instancia requerida, lo que en el presente caso no ha ocurrido, por cuanto la documentación de respaldo de sus anotaciones contables, no fueron puestos oportunamente a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Señala que el reclamante en sus fundamentos manifiesta que sería aplicable el plazo contemplado en el artículo 59 del Código Tributario, pero omite el hecho de que no aportó en esa oportunidad documentación alguna que pueda dar por acreditado sus pretensiones. En cuanto a la Circular N° 49 del 12 de agosto de 2010, citada por la reclamante señala que indica en lo pertinente que “transcurridos los plazos que tiene el Servicio para ejercer su función fiscalizadora, no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo periodo y en los mismos hechos", en tal sentido, señala que en ningún caso se da dicha hipótesis, ya que que la Circular obliga a fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con la absorción de pérdidas dentro del plazo de doce meses, solo en el caso que en primer lugar el Funcionario Certifique la entrega de la documentación requerida y que por ende, sea recepcionada por el Servicio, situación que no sucedió por la omisión del reclamante. Por último, hace presente que incluso al momento de la citación la documentación acompañada fue parcial. Hace presente que se deben distinguir dos instancias, la primera dice relación con la resolución N° 114000000047, de fecha 19 de noviembre de 2012, en la cual se deniega la devolución de impuestos por la suma de $ 16.389.260, dado que no fue acreditada la pérdida tributaria y/o los créditos por concepto de impuesto de primera categoría, y respecto de la cual el contribuyente no habría solicitado Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), en virtud de las instrucciones dispuestas en la Circular N° 26, de fecha 28 de abril de 2008, así como tampoco habría presentado reclamo en conformidad al artículo 124 del Código Tributario; y la segunda se refiere a la Liquidación N° 222, de fecha 6 de julio de 2015, mediante la cual se adopta la determinación de cobrar reintegro de las sumas Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 18 devueltas indebidamente y ya indicadas, es decir, estamos frente a dos instancias de fiscalización. Afirma que en base a los argumentos expuestos, queda claro que los plazos dentro de los cuales el Servicio de Impuestos Internos puede ejercer sus funciones fiscalizadoras estaban vigentes y que por ende las actuaciones formuladas por dicho Organismo son válidas y ajustadas a derecho. 2.2.- Respecto de la segunda alegación, esto es, la prescripción, señala que el contribuyente realiza una inédita interpretación del artículo 24 del Código tributario, en su inciso final, al establecer que se trataría de una "ficción legal" que permite asimilar a tributos o impuestos aquellas sumas que, a juicio del Servicio, deben legalmente reintegrarse por los contribuyentes para los efectos expresamente señalados en la norma. Asegura que la propia Corte de Apelaciones de Santiago se hace cargo del inciso final del artículo 24 del Código Tributario, señalando en fallo de fecha Rol N° 132-2014, de fecha 29 de diciembre de 2014, "Quinto: Que, cabe decir que el artículo 24 del Código Tributario, asimila sin distinción la obligación de reintegro de devoluciones indebidamente obtenidas a impuestos sujetos a retención, al prescribir en el inciso final" "Las sumas que un contribuyente deba legalmente reintegrar, correspondientes a cantidades respecto de las cuales haya obtenido devolución o imputación, serán consideradas como impuestos sujetos a retención para los efectos de su determinación, reajustes, intereses y sanciones que procedan y para la aplicación de lo dispuesto en la primera parte del inciso anterior". "De modo que en el caso, devolución improcedente, estamos frente a un impuesto de retención o recargo, contemplando sanción infraccional.". En tal sentido, advierte que estamos frente a una norma clara, precisa y que son perfectamente aplicables las disposiciones del artículo 200 del Código Tributario, siendo aplicables en la especie el aumento de plazo de prescripción contemplado en el artículo 63 del Código Tributario. Expresa que el contribuyente se pone en la hipótesis de que el plazo de prescripción opera respecto de las cantidades a reintegrar, y en consecuencia, la notificación de una citación conforme al artículo 63 del Código Tributario puede llegar a producir el efecto de aumentar el plazo de prescripción. Sin embargo, el contribuyente señala que no sería aplicable el aumento contemplado en el artículo 63 en razón a que dicho aumento debe referirse a operaciones determinadas, de lo que se deduce que debe tratarse de una gestión útil para el contribuyente, enmarcada dentro de un proceso de auditoría que le permita subsanar objeciones puntuales relacionadas con sus declaraciones. En relación a lo anterior, señala que la parte reclamante cae en una evidente contradicción, ya que con fecha 29 de abril de 2015, fue notificado por cédula de Citación N° 79 de fecha 28 de abril de 2015, solicitándose lo siguiente: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 19 a) Acreditar con la documentación pertinente la procedencia de la devolución parcial, otorgada con fecha 12 de mayo de 2012, por la suma de $ 29.203.667.- b) Acreditar con la documentación pertinente, procedencia y monto del Pago Provisional correspondiente al Impuesto de Primera Categoría de utilidades absorbidas declarado en Línea 52, Código 167, del formulario 22 que contiene su declaración anual de impuesto a la renta, correspondiente al año tributario 2012, por un valor de $ 32.778.521 y por consiguiente debe respaldar la Pérdida Tributaria declarada en el código 643 por un valor de $(218.523.471) c) El punto anterior, en concordancia con los montos declarados en los códigos 628, 651, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 639, 807 y 643, del formulario 22 vigente del año tributario 2012. d) Acreditar con la documentación pertinente el Remanente y saldos del Fondo de Utilidades Tributables {FUT) según lo declarado el año anterior y cuadratura del recuadro N° 6 Datos del FUT. Agrega que el requerimiento de antecedentes, se efectuó dentro de un marco de fiscalización, a través del correcto cumplimiento tributario de los requisitos exigidos para la solicitud de devolución del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA), por el Año Tributario 2012, cuyo alcance está referido a la determinación de los créditos de primera categoría recuperados en calidad de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas. Indica que informó al contribuyente, mediante la referida citación, que no había presentado la documentación pertinente para respaldar dicha pérdida, es más, el propio contribuyente, reconociendo su situación tributaria, habría solicitado prórroga, la que se concede por el plazo de un mes aportando documentación en forma parcial a lo solicitado en la citación N° 79 y en base a ello, no pudo acreditar con los antecedentes presentados y por lo tanto, se procedió a liquidar las diferencias de impuestos. Aduce que si la postura del contribuyente, es que la citación no contemplaba una gestión útil para él y que por ende no correspondía el aumento del plazo de prescripción, entonces surge la pregunta del porqué solicitó prórroga de la misma, aportando antecedentes parciales y tratando de demostrar la procedencia de la Pérdida Tributaria. Lo anterior dejaría en evidencia, la inconsistencia en sus argumentos tratando nuevamente de evitar el cumplimiento de su obligación tributaria. A mayor abundamiento indica que el propio contribuyente con fecha 11 de agosto de 2015, presentó una Reposición Administrativa, renunciando tácitamente a los plazos de prescripción reclamados por este. Añade que el contribuyente estaba en conocimiento de su situación tributaria desde el 2012, si se considera la denegatoria de devolución según Resolución N° 114000000047, de fecha Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 20 19 de noviembre de 2012 y que por tanto su inactividad e inconcurrencia fue una opción ejercida libremente por el contribuyente. A continuación hace referencia y explica lo que la doctrina ha denominado estoppel, señalando en lo pertinente que en el estoppel se veda a una persona la posibilidad de desconocer cuestiones de hecho, si previamente ha aceptado o reconocido tales hechos como ejecutados por él. Una de las formas que puede revestir el estoppel es el "estoppel por inactividad o por silencio", es decir, el sujeto calla o no hace nada, debiendo haber hablado o actuado. Su inercia ha significado que los terceros prosigan en su equívoco. Asegura que en el caso de marras, pese a que el contribuyente reconoce su situación tributaria desde el AT 2012, no actuó, debiendo haberlo hecho para hacer valer sus pretensiones, y luego muta su conducta, reclamando y pretendiendo que el Tribunal Tributario y Aduanero realice las actividades que él no realizó, y que practique una serie de modificaciones a su situación tributaria, tras el fin único de obtener un beneficio, esto es, que se reconozca la existencia del resultado de pérdida tributaria declarado en el AT 2012. Arguye que una regla de derecho, derivada del principio de la buena fe, la constituye la teoría de los actos propios, la cual sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. De este modo, debe exigirse a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conductas perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que se ha suscitado en otro. El fundamento de la sanción aplicada a la conducta contradictoria se encuentra en la necesidad de guardar una conducta coherente. A continuación, distingue entre buena fe subjetiva y objetiva, señalando que el contribuyente, atentó contra esta última cuando presentó la solicitud contemplada en el artículo 123 bis del Código Tributario, de Reposición Administrativa Voluntaria, ya que su intención no era ésta, sino presentar un reclamo tributario y sólo interpuso la impugnación para ampliar artificialmente los plazos para reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Agrega que el artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, faculta al tribunal para ponderar la prueba según la buena o mala fe con la que hayan litigado. Señala además que de acuerdo a lo sostenido por la jurisprudencia y doctrina nacional, dicha norma acoge el principio de la buena fe procesal como un Principio General del Derecho, el que constituye un principio formativo del procedimiento que se traduce en el respeto a las partes y la lealtad en el debate. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 21 Indica que con la finalidad de determinar si el contribuyente está impedido de contrariar sus propios actos, se hace imprescindible determinar si se cumplen los presupuestos de aplicación, reconocidos por la doctrina nacional, cuales son: a) Conducta jurídicamente relevante y eficaz, desplegada por un sujeto, frente a una situación determinada Este requisito se refiere a una determinada forma de proceder de un individuo, frente a una situación jurídica. Esta conducta debe tener un valor y una relevancia jurídica. Afirma que en el caso en estudio, el contribuyente en apariencia habría cumplido con sus obligaciones tributarias, pero luego no realiza acto alguno para esclarecer las observaciones formuladas que deniegan la devolución parcial de impuestos, además de acompañar en forma parcial la documentación solicitada en la citación N° 79, de fecha 28 de abril de 2015. Dicha actitud del contribuyente, se manifiesta a lo largo de la etapa de fiscalización, para luego salir de su inactividad e interponer una Reposición Administrativa Voluntaria y posteriormente presentar un Reclamo Tributario. b) Intento de ejercicio por parte de dicho sujeto de un derecho subjetivo o de una facultad formulando una pretensión litigiosa. El sujeto intenta ejercitar un derecho subjetivo o una facultad que cree le corresponde, dentro de una situación litigiosa. Según la doctrina, su actuación contradice la conducta suya extraprocesal o pre procesal anterior que constituye su acto propio, contra el cual no puede venirse. Su pretensión en estas circunstancias, siendo incompatible, debe ser desestimada. Así el contribuyente intentaría entablar un reclamo tributario, ejercitando un pretendido derecho subjetivo. Esta actuación, contradice a su conducta anterior -extra procesal o pre procesal, pues hasta antes de este reclamo, el contribuyente no habría participado de la fiscalización, pese a tener conocimiento de dicho proceso y a las observaciones que presentaba su declaración de renta. c) Contradicción entre la anterior conducta y la pretensión litigiosa Explica que este requisito exige que estemos en presencia de una contradicción entre el sentido objetivo de la conducta vinculante previa del sujeto y el resultado que se pretende con su posterior pretensión litigiosa. Así, el contribuyente, quien se mantuvo inactivo durante el periodo de fiscalización y que no ejerció sus derechos en la oportunidad correspondiente, pese a estar plenamente informado de su situación tributaria, sale de su inercia e interpone una Reposición Administrativa Voluntaria, sin aportar, nuevamente ningún antecedente contable ni tributario para el esclarecimiento de las observaciones formuladas por el Servicio. Luego, presenta Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 22 un reclamo tributario, exponiendo que la liquidación reclamada, sin perjuicio de sustentarse en un presupuesto de hecho errado, fue emitida por funcionarios pertenecientes a la Administración del Estado con infracción a la ley, pasando por alto instrucciones impartidas por su superior jerárquico y fuera de los plazos de prescripción. Sin embargo, el contribuyente no haría referencia alguna a los motivos o razones de la presentación de documentación parcial en instancia de fiscalización que en definitiva motivaron la dictación de la liquidación, resultando su escrito vago e impreciso respecto de los antecedentes de la causa. d) Sujetos intervinientes. señala que doctrina nacional, indica que, en lo que dice relación con las personas intervinientes en la figura jurídica, concurren dos sujetos. Por un lado, está el sujeto denominado autor o activo, que es el que observa una conducta vinculante y que no obstante su proceder, posteriormente despliega otra actitud en la pretensión procesal. Es sujeto pasivo la parte destinataria de la pretensión, es el beneficiario del principio protector. Así el sujeto activo, quien es el contribuyente, es quien mantiene una actitud pre procesal de inactividad, no presentándose a los requerimientos, presentando documentación parcial a la Citación N" 79, posteriormente presenta Reposición Administrativa Voluntaria, para luego presentar reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero, pretendiendo que este tribunal declare la prescripción o bien anular la liquidación. Finalmente en este punto al considerar que concurren los presupuestos antes descritos, solicita que declare la inadmisibilidad de la pretensión contradictoria por venir el contribuyente contra actos propios. 2.3.- El tercer argumento manifestado por el contribuyente, se debe a que supuestamente la Liquidación N° 222, de 6 de julio de 2015, se funda en un "presupuesto de hecho equivocado". Tales argumentos, no justifican en lo absoluto la improcedencia de la liquidación N° 222, atendido que los documentos acompañados por el reclamante en el proceso de fiscalización, fueron insuficientes para acreditar la procedencia de la Perdida Tributaria. El contribuyente debió acompañar en forma íntegra y completa ante la instancia requerida, lo que en el presente caso no ocurrió. A continuación se refiere al artículo 17 y el artículo 21 del Código Tributario, señalando que uno de los requisitos que se exige para la deducción de los gastos incurridos o generados por las empresas, es que éstos se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 23 Servicio, no siendo posible deducir de la Renta Bruta de la primera categoría ninguna cantidad, en aquellos casos en los cuales no se cumpla esta condición. Agrega que el artículo 31 de la Ley de Renta, establece en su inciso 1°, los requisitos de carácter común y general que debe cumplir cualquier gasto para ser aceptado y que el numeral 3, del inciso 3°, dispone que los contribuyentes podrán deducir como gasto, las pérdidas tributarias sufridas por el negocio o empresa. Añade que los requisitos, para que un gasto sea calificado como aceptado para producir la renta y, por lo tanto, susceptible de ser rebajado de la renta bruta de un periodo al determinar la Renta Líquida imponible del impuesto de Primera Categoría son copulativos, y de esa forma lo ha exigido tanto la jurisprudencia administrativa como judicial. A continuación enumera tales requisitos. Señala que cuando los gastos que cumplan estos requisitos superen la renta bruta o, si ésta es negativa la acrecienten, estaremos en presencia de un contribuyente que tiene pérdida tributaria o renta líquida negativa. Dicho resultado negativo, podrá ser imputado a las utilidades acumuladas, es decir al Fondo de Utilidades Tributables, para producir absorción. Si éstas no existen o son insuficientes, se podrá arrastrar el saldo hacia los ejercicios siguientes. Si en ese periodo futuro aún no hay utilidades suficientes para absorber este resultado negativo, se procederá en igual forma hacia delante hasta lograr su total extinción sin considerar su límite temporal, pudiendo el contribuyente encontrarse en esta situación por un largo tiempo. Agrega que el artículo 31, número 3, inciso 2°, de la Ley de Renta, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, establece la posibilidad de recuperar el impuesto de Primera categoría pagado por una empresa. Aclara que para los fines de la recuperación del impuesto, las pérdidas tributarias deberán imputarse a las utilidades tributables registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, de la misma manera en que se imputan los retiros o distribuciones de rentas a las utilidades acumuladas en las empresas, conforme a la letra d), del N° 3, del párrafo A) del artículo 14 de la ley del ramo, esto es, imputándolas, en primer lugar, a las utilidades más antiguas, y con derecho, cuando corresponda a la recuperación como pago provisional del Impuesto de Primera Categoría con la tasa que haya afectado a las utilidades absorbidas, rebajando previamente de las utilidades tributables los gastos rechazados a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Renta. Indica además que el artículo 97 de la ley Sobre Impuesto a la Renta, dispone en su inciso final que: "El contribuyente que perciba una cantidad mayor a la que corresponda deberá restituir la parte indebidamente percibida, reajustada ésta, previamente, según el porcentaje Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 24 de variación del Índice de Precios al Consumidor experimentado entre el último día del mes anterior al de devolución y el último día del mes anterior al reintegro efectivo; más un interés del 1.5% mensual por cada mes o fracción del mes, sin perjuicio de aplicar las sanciones que establece el Código Tributario en su artículo 97, N° 4, cuando la devolución tenga su origen en una declaración o solicitud maliciosamente falsa o incompleta" Peticiones Concretas. Se confirme la actuación reclamada, desechando en todas sus partes el reclamo de autos, con expresa condena en costas. Documentos Acompañados Copia de Resolución TRA. N° 246/1757/2015 de fecha 30 de octubre de 2015. CONTENIDO Y DILIGENCIAS DEL PROCESO: A fojas 1 y siguientes rola escrito de reclamo de fecha 9 de noviembre de 2015. A fojas 70 y con fecha 16 de noviembre de 2015 rola resolución que tuvo por interpuesto en tiempo y forma el reclamo, y confirió traslado al Servicio de Impuestos Internos para contestar. A fojas 75 y con fecha 10 de diciembre de 2015 rola escrito del Servicio de Impuestos Internos mediante el cual evacúa el traslado del reclamo, y acompaña los documentos ya indicados en la parte expositiva. A Fojas 89 y con fecha 19 de febrero de 2016 rola resolución que recibe la causa a prueba, complementada por resolución de fecha 14 de junio del mismo año que rola a fojas 106 y siguientes. A Fojas 126 rola acta de audiencia testimonial de fecha 6 de julio de 2016. A Fojas 129 y con fecha 8 de julio de 2016 rola escrito mediante el cual la reclamante acompaña determinados documentos en parte de prueba que se mantienen en custodia debido a su volumen. A Fojas 167 y con fecha 8 de julio rola escrito de la reclamante en virtud del cual acompaña documento electrónico y solicita audiencia de percepción documental A Fojas 317 y con fecha 7 de septiembre se dicta Autos para Fallo. VISTOS Y CONSIDERANDO: Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 25 PRIMERO: Que, como primera alegación señala la reclamante, en lo sustancial, que la Liquidación N° 222 adolece de un vicio de ilegalidad al ser emitida y notificada fuera del plazo establecido en el inciso final del artículo 59 del Código tributario, en su texto vigente en el AT 2012. Dicho texto establecería un plazo fatal de 12 meses para fiscalizar y resolver peticiones de devolución relacionadas con absorción de pérdidas, contado desde la fecha de la solicitud. Agrega que de acuerdo a la Circular N° 49 del año 2010 transcurridos los plazos que tiene el SII para ejercer su función fiscalizadora, no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo periodo y los mismos hechos, de lo contrario dichas actuaciones efectuadas con posterioridad no obligarían al contribuyente. Por otra parte señala que la doctrina en general ha entendido que los plazos establecidos por el artículo 59 son de caducidad, por lo que las facultades de revisión y decisión del Servicio de Impuestos Internos se extinguen por el mero transcurso del tiempo. Así, dado que tanto la Citación de abril de 2015 notificada para que la reclamante acreditara la procedencia del PPUA restituido en el mes de mayo de 2012, como la posterior liquidación que ordena su reintegro, se relacionan con la revisión de una solicitud de devolución por absorción de pérdidas presentada en el Año Tributario 2012, no cabría sino concluir que dichos actos implican el ejercicio de actuaciones de fiscalización realizadas una vez cumplido el plazo de caducidad establecido en el artículo 59 del Código Tributario, por lo que serían inoponibles a su respecto. Señala además que tales actos se refieren a hechos que ya fueron analizados en el marco de la auditoría tributaria que culminó con la Resolución N°114000000047 de noviembre de 2012, resolución que no contiene pronunciamiento alguno respecto del monto que sí fue devuelto a la sociedad, por lo que se podría concluir que no existía controversia respecto de tales montos. Finalmente señala que al intentar ahora el SII revisar aspectos de la Declaración de Renta AT 2012 que ya fueron analizados, no solo se violarían las instrucciones impartidas por el Director del Servicio, sino que también el principio de confianza legítima en la administración. SEGUNDO: Que, por su parte el Servicio de Impuestos Internos, en síntesis, respecto de esta alegación, cita en primer término el inciso 1° del artículo 59 del Código tributario señalando que dicha norma establece la regla general en materia de fiscalización, declarando que el SII puede hacer uso de sus facultades fiscalizadoras mientras no hayan prescritos los impuestos respectivos. Agrega que la norma del inciso final del citado artículo 59 constituye una excepción, y que dice relación con el contribuyente que de buena fe acompaña la totalidad de los antecedentes requeridos y en consecuencia para contabilizar el plazo dentro del cual el SII pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras se tienen que cumplir los siguientes requisitos: a) Requerimiento previo de los antecedentes por parte del Servicio al Contribuyente b) Certificación del funcionario a cargo de la fiscalización. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 26 c) Que la certificación exprese que todos los antecedentes solicitados fueron puestos a su disposición. En relación con lo anterior afirma que dado que la reclamante no aportó cuando fue requerido los antecedentes necesarios para acreditar sus pretensiones, el SII no pudo efectuar la fiscalización y tampoco certificar la recepción de antecedentes exigida por la ley para reducir el plazo de fiscalización, y en consecuencia en el caso en estudio sería aplicable la regla general establecida en el inciso primero del artículo 59 del Código Tributario, y por lo tanto el Servicio podía fiscalizar dentro de los plazos de prescripción que establece el artículo 200 del citado código. Por otra parte afirma que la Circular N° 49 del año 2010 del Servicio de Impuestos Internos si bien obliga a fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con la absorción de pérdidas dentro del plazo de 12 meses, esto se da únicamente en el caso que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique la entrega de la documentación requerida y que por lo tanto dicha documentación sea recibida por el SII, situación que no ocurre en el presente caso. TERCERO: Que, consta en autos que la solicitud de devolución de PPUA fue solicitada por el contribuyente en Formulario N° 22 correspondiente al Año Tributario 2012, y en consecuencia la norma aplicable corresponde al artículo 59 del Código Tributario vigente en esa fecha, cuestión que por lo demás no fue discutida por el Servicio de Impuestos Internos, constituyendo, por ende, un hecho no controvertido. CUARTO: Que, para un mejor entendimiento analizaremos la norma del artículo 59 del Código Tributario vigente durante el Año Tributario 2012, que disponía lo siguiente: “Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros. El plazo señalado en el inciso anterior será de doce meses, en los siguientes casos: a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia. b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales. c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 27 d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas. No se aplicarán los plazos referidos en los incisos precedentes en los casos en que se requiera información a alguna autoridad extranjera ni en aquéllos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161. El Servicio dispondrá de un plazo de doce meses, contado desde la fecha de la solicitud, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas.” QUINTO: Que, de la norma transcrita se pueden advertir distintas situaciones. Así en primer término dicho artículo establece la regla general al señalar en la primera parte de su inciso primero que “Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes”, Es decir, el Servicio podrá en conformidad con el artículo 200 del Código Tributario, examinar y revisar las declaraciones dentro del término de 3 o 6 años, dependiendo si se trata o no de impuestos sujetos a declaración, contados desde la fecha en que debió efectuarse el pago de los respectivos impuestos. A continuación, señala también en el inciso primero, que “Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo fatal de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros.” Como se puede apreciar en esta hipótesis el legislador establece una limitación al Servicio de Impuestos Internos, quien deberá, ya no en los plazos del artículo 200 del Código Tributario, sino que en el plazo de nueve meses, citar en conformidad al artículo 63 del código del ramo, liquidar o formular giros. No obstante lo anterior, esta limitación, como también se aprecia de su simple lectura, no es a todo evento, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, cuales son: a) Que se trate de una fiscalización que se inicie mediante requerimiento de antecedentes. b) Que el contribuyente fiscalizado ponga a disposición del SII todos los antecedentes solicitados y, c) Que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición. Cumplidos entonces estos requisitos, se reduce el plazo que tiene el Servicio y dispondrá tan solo de 9 meses contados desde que se cumple el requisito mencionado en la letra c, esto es la certificación, para citar, liquidar o girar. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 28 Por su parte, y sin perjuicio de que no interese para el caso en estudio, el inciso segundo del artículo 59 del Código Tributario establece que en los casos que indica, el plazo mencionado anteriormente no será de 9 meses sino de 12. Y por su parte el inciso 3°menciona casos en que no rigen las limitaciones anteriores, es decir, la reducción del plazo a 9 o 12 meses según los casos. Finalmente el artículo 59 del Código tantas veces mencionado, vigente durante el Año Tributario 2012, en su inciso final regula especialmente la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos para los casos de peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, estableciendo un límite de 12 meses para el ente fiscalizador, al disponer “El Servicio dispondrá de un plazo de doce meses, contado desde la fecha de la solicitud, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas.”. SEXTO: Que, de la lectura del mencionado inciso final del artículo 59 en estudio se desprenden las siguientes conclusiones: a) Que dicho inciso impone al Servicio un límite de plazo, esto es, 12 meses. b) Que dicho límite ya no es solo para revisar y examinar, es decir, fiscalizar, como en el caso del inciso primero, sino que para fiscalizar y resolver. c) Que dicho inciso no impone como requisito certificación alguna, ni tampoco entrega de antecedentes, sino tan solo que se trate de peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, como es el caso de la solicitud de devolución por concepto de PPUA, es decir, pagos provisionales por utilidades absorbidas. d) Que dicho límite de 12 meses para fiscalizar y resolver se cuenta desde la fecha de solicitud de devolución, lo que resulta lógico, toda vez que, a diferencia de la segunda hipótesis, en este caso la norma no exige otro requisito que no sea que se trate de peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas. SÉPTIMO: Que así las cosas, el Servicio de Impuestos Internos yerra en su planteamiento al exigir entrega de los antecedentes requeridos y la correspondiente certificación del funcionario a cargo de la fiscalización para respetar el límite de 12 meses establecido en el inciso final del artículo en cuestión, toda vez que, tales requisitos solo son exigidos por el legislador para la limitación de 9 meses establecida en el inciso primero. OCTAVO: Que, corrobora lo anterior lo dispuesto en la Circular N° 49 de fecha 12 de agosto del año 2010 ( derogada por la Circular N° 33 de 13 de mayo de 2015) que en el número 3 de la letra E, dispone en lo pertinente que “3) Tratándose de la fiscalización y resolución de las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, el Servicio dispondrá de un plazo de doce meses contados, en este caso particular, toda vez que Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 29 no se inicia mediante requerimiento de antecedentes, desde la fecha en que se efectuó la solicitud respectiva, la que debe constar en el documento en que aquella se contenga.”, Es decir, como no hay requerimiento de antecedentes, a diferencia del inciso primero, el plazo de 12 meses se cuenta desde la solicitud respectiva, esto es la solicitud de devolución, la que se realiza en el mismo Formulario 22. NOVENO: Que, la misma Circular 49, en el número 4 de la letra F, dispone que “4) Sobre la materia es conveniente recordar, que el inciso final del nuevo artículo 59 que se comenta, establece un plazo de carácter especial, pues no tiene excepciones, para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas. Por consiguiente, la fiscalización de las referidas peticiones de devolución debe efectuarse en el término de doce meses que el legislador ha establecido, pues éste rige a todo evento.” Luego, es especial ya que como en este caso no se inicia la fiscalización por requerimiento de antecedentes, la norma no exige como requisito para limitar el plazo a 12 meses la certificación, por lo tanto dicho plazo de 12 meses no admite excepciones, rige a todo evento, a diferencia del inciso primero. DECIMO: Que, en cuanto al hecho de tratarse los citados plazos, de plazos fatales y de caducidad, la misma Circular lo ratifica al disponer en el número 2 de la letra A) que “2) Al igual que ocurre con las limitaciones establecidas por la Ley 18.320, las expuestas en el nuevo texto del artículo 59 del Código Tributario son de carácter absoluto, esto es, el Servicio debe someter su acción a las referidas limitaciones temporales, absteniéndose de proceder al margen de ellas.” Más aún, también en el número 3 de la letra E) se señala “Dichos plazos son de carácter fatal, lo que implica que las actuaciones que se ejecuten fuera de los mismos no obligarán al contribuyente.” DÉCIMO PRIMERO: Que, en el mismo sentido el destacado profesor Rodrigo Ugalde Prieto en conjunto con el también destacado Jaime García Escobar, en su libro la “LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA”, “TERCERA EDICIÓN ACTUALIZADA” refiriéndose a los plazos del artículo 59, señala en su página 224 que “Como se trata de plazos fatales, el efecto del incumplimiento de los plazos lo encontramos en la primera parte del artículo 49 del Código Civil, que dispone: “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo…”” Es decir, tal como señala la Circular 49 del año 2010 “Dichos plazos son de carácter fatal, lo que implica que las actuaciones que se ejecuten fuera de los mismos no obligarán al contribuyente.” Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 30 DÉCIMO SEGUNDO: Que, en armonía con lo anterior, la misma Circular 49 del 2010 señala que “Ahora bien, transcurridos los plazos que tiene el Servicio para ejercer su función fiscalizadora, no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo periodo y los mismos hechos.” DÉCIMO TERCERO: Que constituye un hecho no controvertido en autos que la contribuyente efectuó su solicitud de devolución en su Formulario N° 22 Año Tributario 2012 por un monto de $ 45.592.927, de los cuales $ 32.778.521 correspondían a PPUA. DÉCIMO CUARTO: Que, con fecha 12 de mayo de 2012 se devolvió a la contribuyente parcialmente la suma de $ 29.203.667, reteniéndose un saldo ascendente $ 16.389.260. DÉCIMO QUINTO: Que, así las cosas, el Servicio debió en conformidad con el inciso 4° del artículo 59 fiscalizar y resolver dentro del término de 12 meses la petición de devolución de PPUA efectuada por el contribuyente en su Formulario N° 22 Año Tributario 2012, contado dicho plazo de 12 meses desde la fecha de la solicitud de devolución, cuestión que en los hechos ocurrió con fecha 19 de noviembre de 2012 mediante Resolución N° 114000000047, a través de la cual se denegó definitivamente la suma que había sido retenida ascendente a $ 16.389.260. DÉCIMO QUINTO: Que no obsta a lo anterior el hecho de que en la mencionada resolución el Servicio no se pronunciara respecto de la devolución parcial efectuada por la suma de $ 29.203.667, por el contrario, no existiendo pronunciamiento así como tampoco una actuación posterior por parte del ente fiscalizador dentro de los 12 meses a que se encontraba limitado en virtud del artículo 59 inciso 4°, se entiende que dicha devolución quedó a firme toda vez que como lo señala la propia Circular 49 de 2010 ”las actuaciones que se ejecuten fuera de los mismos no obligarán al contribuyente.” DÉCIMO SEXTO: Que, consecuencia de lo anterior es que la Citación N° 79 de fecha 28 de abril de 2015 y la posterior Liquidación N° 222 de fecha 6 de julio del mismo año, y mediante la cual se solicita el reintegro de la suma parcialmente devuelta en virtud del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pretenden modificar una relación que quedó consolidada cumplidos los 12 meses establecidos en el inciso 4° del artículo 59, toda vez que, como lo señala el SII en la Circular 49 de 2010 “transcurridos los plazos que tiene el Servicio para ejercer su función fiscalizadora, no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo periodo y los mismos hechos.”, por lo que el ente fiscalizador debió pronunciarse en la misma resolución en que denegó definitivamente la suma retenida, o en una actuación posterior pero dentro de los 12 meses contados desde la fecha de la solicitud de devolución por concepto de PPUA, aún cuando el contribuyente no hubiese aportado antecedentes, toda vez que dicha omisión no impedía pronunciarse como queda demostrado en la Liquidación impugnada cuyo fundamento es precisamente la falta de antecedentes. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 31 DÉCIMO SÉPTIMO: Que, una interpretación distinta del inciso final del artículo 59 del Código Tributario, significaría en los hechos concebir la norma como fútil, insignificante, es decir, “letra muerta”. DÉCIMO OCTAVO: Que a mayor abundamiento la Circular N° 33 de fecha 13 de mayo de 2015, que deroga la Circular 49 de 2010, señala respecto de la sustitución del inciso final del artículo 59 que “Cabe señalar que la letra c) del N° 13 del artículo 10 de la Ley 20.780, sustituyó el inciso cuarto del artículo 59 del Código Tributario que se refería al plazo que tiene el Servicio para fiscalizar y resolver las peticiones de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas. Al respecto, a partir de la fecha de vigencia de la norma, el Servicio no tendrá una restricción especial para llevar a efecto dicha fiscalización en el Código Tributario, la cual, de acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tiene que efectuarse dentro de los plazos de prescripción de la acción del Servicio para revisar las declaraciones que presenten los contribuyentes. Luego, si a partir de la entrada en vigencia de la norma interpretada por esta circular el Servicio no tendrá una restricción especial y se regirá por los plazos de prescripción, a contrario sensu, antes de la modificación de la norma, el Servicio tenía la limitación de los 12 meses. Entiende este sentenciador que esa es la forma correcta de interpretar la disposición legal motivo de la controversia. Utilizando principios y reglas de interpretación de las leyes, Arts. 13, 19 y siguientes del Código Civil, aplicables por disponerlo los artículos 2 y 148 del Código Tributario. Elemento gramatical, lógico y sistemático. DÉCIMO NOVENO: Que, la misma Circular N° 33 de 2015 señala respecto de la vigencia de la norma que “Respecto de las solicitudes de devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, presentadas antes del 30 de septiembre de 2015, se debe tener presente que si los doce meses que establecía el inciso final del artículo 59 del Código, vencen antes del 30 de septiembre, la norma es plenamente aplicable y, en consecuencia, en la fecha que corresponda, habrá precluido la facultad del Servicio para fiscalizar y resolver la petición de que se trate. Es decir, la misma circular reconoce de manera expresa que antes de la modificación de la norma, luego de los 12 meses contados desde la fecha de la solicitud, precluye la facultad del Servicio, no solo para fiscalizar sino para resolver la petición de que se trate. A continuación señala que “Por el contrario, si dicho plazo de doce meses se encuentra aún pendiente al 30 de septiembre de 2015, desde esa fecha queda sin efecto la limitación temporal y la fiscalización respectiva deberá ajustarse a lo señalado en el N° 8, precedente” Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 32 Es decir, se regirá por los plazos de prescripción. Lo anterior debido a que según señala la misma Circular bajo el subtítulo “1- Alcance y ámbito de aplicación de la norma”, en el último párrafo “si bien, en el nuevo texto los plazos referidos han perdido el carácter de fatales…”, por ende el Servicio, luego de la modificación del artículo 59, no queda sujeto a las limitaciones temporales. VIGÉSIMO: Que, por todas las consideraciones antes hechas este Sentenciador acogerá el reclamo, y en consecuencia dejará sin efecto la Liquidación N° 222 reclamada en autos. Considerando que el actuar del SII excedió los plazos que la ley establece para su ejercicio legítimo. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, dado lo anterior y en conformidad con el artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, así como con el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la Forma de las Sentencias de fecha 30 de septiembre de 1920, se hace innecesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones por resultar estas incompatibles con lo resuelto. Por tanto, en mérito de las consideraciones de hecho precedentes, las razones legales ya expuestas, ponderada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tomando en especial consideración su multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión con las pruebas o antecedentes del proceso, y visto además lo dispuesto en los artículos, artículos 2, 16, 17, 21, 24, 59, 123 y siguientes, 131 bis, ,132, 148 y 200 del Código Tributario, arts. 13, 19 y siguientes del Código Civil, principios y regalas de interpretación de las leyes, artículo 25 del Código de Comercio, artículos 2, 14, 20, 29, 31, 32, 33, 97 del D.L. N° 824 sobre Impuesto a la Renta, artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, auto acordado sobre la forma de las sentencias, principios, doctrinas y jurisprudencia invocadas y demás normas pertinentes, Circulares ( Circular N° 33 de fecha 13 de mayo de 2015, y Circular 49 de 2010 del SII ), e instrucciones del Servicio de Impuestos Internos señaladas, ponderando preferentemente la contabilidad, Ley 20.322 y demás normas legales pertinentes. SE RESUELVE: I.- HA LUGAR al reclamo interpuesto. EN CONSECUENCIA; II.- DÉJESE SIN EFECTO LA LIQUIDACIÓN Nro. 222 de fecha 06.07.2015, emitida por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos. Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 33 III.- NO SE CONDENA EN COSTAS, por haber tenido motivo plausible para litigar. ANÓTESE, REGÍSTRESE y en su oportunidad ARCHÍVESE. Notifíquese la presente resolución al reclamante por carta certificada y por la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal. Dese aviso a las direcciones de correo electrónico registradas válidamente en este tribunal. Déjese testimonio en el expediente. Pronunciada por don LUIS ALFONSO PÉREZ MANRÍQUEZ, Juez Titular del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. Autoriza don JAVIER ALARCON ROJAS, Secretario ( s) del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. “ALGODONES BETA LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS” RIT: GR-15-00145-2015 RUC N° 15-9-0001438-1 Luis Alfonso Pérez Manríquez Incorpora Firma Electrónica Avanzada Juez Tribunal R. Metropolitana. Primero Documento firmado electrónicamente por don/ña Luis Alfonso Pérez Manríquez, el 29-09-2017. Verifique este documento en www.tta.cl, con el siguiente código de verificación 86885900-3a3b-47e0-a919-7a63517e3110 Timbre Electrónico 2017-09-29T13:35:49-0300 FEA