Artículo 3 quater de la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Qué dice el artículo
Artículo 3 quáter.- Los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios, de notas, de estado de deuda u otros análogos, a solicitud del alumno, exalumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional. Dichos certificados podrán ser solicitados hasta por dos veces en un año y deberán ser emitidos dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la presentación de la respectiva solicitud. La emisión de los mencionados certificados podrá ser realizada a través de medios electrónicos y deberá serlo en papel en los casos en que el establecimiento no cuente con medios electrónicos o así sea solicitado expresamente.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 7 de marzo de 1997 · promulgación: 7 de febrero de 1997 · Texto refundido: Decreto con Fuerza de Ley 3, publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 2021 · Última modificación: 11 de julio de 2025.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 19.496 (Ley del Consumidor)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 3 quater.
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Rechaza la casación de la ejecutada porque su petitorio pide rechazar un aumento de alimentos, ajeno a las excepciones, y porque contradice hechos fijados sobre las menciones del pagaré.
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Rechaza la queja de Banco BICE contra el fallo que confirmó la multa de 1.000 unidades tributarias mensuales, porque los jueces apreciaron la prueba según la sana crítica y solo interpretaron y aplicaron la ley al caso.
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Rechaza la casación de la demandante porque se apoya en hechos distintos de los fijados, como que Metro ocultó la caducidad, sin denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
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Rechaza la casación de la asociación de consumidores, que omitió normas decisorias, y mantiene la incompetencia del juzgado civil: la autoridad sanitaria debe constatar antes la infracción.
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