Artículo 299 de la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Qué dice el artículo
Artículo 299.- Finalidad. La finalidad del presente Capítulo es establecer mecanismos eficaces para la resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a promover el logro de los objetivos siguientes: a) La cooperación entre los tribunales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concursales de Chile y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de insolvencia transfronteriza; b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones; c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas que proteja los intereses de todos los acreedores, nacionales o extranjeros, y de las demás partes interesadas, incluido el Deudor; d) La protección de los bienes del Deudor y la optimización de su valor, y e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin de proteger el capital invertido y de preservar el empleo.
Texto oficial vigente al , según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 9 de enero de 2014 · promulgación: 30 de diciembre de 2013 · Última modificación: 30 de diciembre de 2023.
Jurisprudencia
Todavía no hay fallos de la Corte Suprema que apliquen este artículo.
La Corte Suprema sobre la Ley 20.720 (Ley de Insolvencia)
Fallos recientes que aplican otros artículos de esta ley; no citan el artículo 299.
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Rechaza la casación de la ejecutante: no denunció el artículo 464 número 13, atacó hechos fijados y la liquidación es posterior al acuerdo del fallo y a la compensación ya operada.
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Rechaza la casación de los acreedores: por su naturaleza sancionatoria, esas remuneraciones no gozan del privilegio del artículo 2472 número 5 del Código Civil.
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Rechaza el recurso de la demandante: no se acreditaron el conocimiento del mal estado de los negocios ni el perjuicio, y omitió denunciar el artículo 292 de la Ley N° 20.720, norma decisoria.
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Rechaza la casación de Jara Construcciones Obras y Montajes: no denunció infringido el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, norma decisoria con que se acogió la incompetencia.
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