Contraloría General de la República · N° 024853N17
Dictamen N° 24.853, de 7 de julio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 24.853 Fecha: 07-VII-2017 Esta Contraloría General ha dado curso a las resoluciones N os 2, 3 y 4, todas de 2017, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aplican la medida disciplinaria de destitución a las personas que en esos instrumentos se indican. No obstante lo anterior, cumple con hacer presente, atendido el principio de economía procedimental contenido en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley 19.880, que se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, de modo que en futuro los procedimientos disciplinarios que sean tramitados en ese ministerio y que obedezcan a un mismo hecho, como acontece en la especie, deberán ser afinados a través de un solo acto administrativo de término, en el que se materializarán todas las sanciones, en la medida, por cierto, que corresponda a la misma autoridad la resolución de los procedimientos que se hallen en la situación antes descrita. Con el alcance que antecede, se han tomado razón los actos administrativos señalados. Saluda atentamente a Ud. Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República Subrogante
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 024853N17, de 7 de julio de 2017.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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