Dictamen N° OF210593, de 5 de noviembre de 2026

I. Antecedentes

La señora María Inés Leighton Soto, sostenedora de un jardín infantil, reclama que la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Educación de Tarapacá rechazó su solicitud de receso de actividades para el año 2025, determinación que luego fue ratificada por la Subsecretaría de Educación Parvularia.

También alega por la demora en la que, a su juicio, esas reparticiones públicas incurrieron para atender una primera solicitud de receso que efectuó para el año 2024, ya que, si bien esta fue resuelta a su favor, dicha decisión se materializó habiendo transcurrido un año y más de cuatro meses desde su presentación.

Requerido su informe, la Subsecretaría de Educación Parvularia expresó que la petición de receso presentada por la interesada el 25 de marzo de 2024, le fue remitida el 29 de noviembre de 2024 por la respectiva SEREMI, y solo para que se pronunciara sobre la solicitud de prórroga del plazo para pedir el receso. Expone que, si bien denegó esa petición en primer término, en definitiva acogió la reposición deducida al efecto, posibilitando así que la SEREMI atendiera la reclamación de receso temporal principal.

Respecto del rechazo de la solicitud de receso de actividades, para el año 2025, señala que, acorde con el artículo 25 del decreto N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, la circular N° 2, de 2014, de la Superintendencia de Educación, y la práctica habitual de ese ministerio, no procede autorizar dos recesos sucesivos, correspondiendo que, luego del receso por un año lectivo, se reanuden las actividades, o bien, se renuncie al reconocimiento oficial. Agrega, que no existió algún impedimento para que la sostenedora reiniciara sus actividades en 2025, quedando por tanto sujeta al procedimiento sancionatorio contenido en el Título III de la ley N° 20.529.

II. Fundamento jurídico

Sobre la materia, se debe anotar que el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales se encuentra regulado en el párrafo tercero del Título II del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, Ley General de Educación, mientras que el receso de dicho reconocimiento está tratado en el párrafo segundo del Título II, del decreto N° 315, de 2010, del mismo origen, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media.

El artículo 25 de ese decreto N° 315 previene que cualquier establecimiento educacional reconocido oficialmente podrá solicitar al SEREMI de Educación correspondiente su receso por un año lectivo, el que puede ser total, respecto del servicio educacional en su conjunto, o parcial, en torno a un nivel, modalidad o especialidad del establecimiento, precisando que tanto dicha solicitud como la comunicación de reinicio de actividades debe efectuarse hasta el 30 de junio del año escolar anterior al receso o reanudación de actividades, según corresponda.

Añade ese precepto que, si al término del receso total o parcial, no se diera reinicio a las actividades por parte del sostenedor, dicho incumplimiento estará afecto al procedimiento dispuesto en el párrafo 5° del Título III de la ley N° 20.529, esto es, al proceso sancionador por contravención a la normativa educacional.

En ese orden, es pertinente indicar que la ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, Media y su Fiscalización, establece, en su Título III, párrafo 5°, el procedimiento a seguir en el caso de detectarse infracciones que pudieren significar una contravención a la normativa educacional, las que compete determinar a la Superintendencia de Educación.

Por último, es del caso consignar que el artículo 27 del aludido reglamento prescribía, en su inciso tercero y final -y según su texto vigente entre el 13 de enero de 2023 y el 2 de enero de 2025-, que, en casos excepcionales, el Subsecretario de Educación podía, por resolución fundada, prorrogar el plazo para solicitar el receso, siempre que el sostenedor acreditara la circunstancia allí indicada, puntualizando que “En ningún caso, dicha prórroga podrá exceder al último día hábil del mes de marzo del año en el que se solicita hacer efectivo dicho receso”.

III. Análisis y conclusión

Expuesto el anterior marco normativo, cabe anotar que, del examen de los antecedentes tenidos a la vista, consta que, con fecha 25 de marzo de 2024, la recurrente presentó una solicitud ante la SEREMI de Educación de Tarapacá, acorde con el citado artículo 27 del decreto N° 315, de 2010, para que se le autorizara la prórroga del plazo para recabar el receso del reconocimiento oficial por ese año lectivo. Además, requirió que, conforme al reseñado artículo 25, también se le autorizara el receso por idéntico período. Luego, el 26 de junio de 2024 la interesada, además de reiterar su petición anterior, solicitó el receso total por el año lectivo siguiente.

Respecto de la primera petición, esta fue derivada recién el 29 de noviembre de 2024 a la Subsecretaría de Educación Parvularia, esto es, casi finalizado el año lectivo correspondiente, circunstancia que, cabe entender, incidió en que pudiera resolverse oportunamente tanto la extensión del plazo para solicitar el receso como la autorización de este para esa anualidad.

Dicha subsecretaría, luego de rechazar preliminarmente la petición de prórroga de plazo, mediante su resolución exenta N° 1, de 2 de enero de 2025, en definitiva la autorizó a través de su similar N° 71, de 5 de marzo de ese año.

Sobre las solicitudes de receso, la SEREMI mencionada, por su resolución exenta N° 461, de 5 de agosto de 2025, autorizó el receso total temporal para el año escolar 2024, pero rechazó la formulada para el siguiente año, fundada en el citado artículo 25 del reglamento, que no prevé la posibilidad de pedir dos o más años de receso en forma consecutiva.

Dicha decisión fue confirmada por su símil N° 524, de 2 de septiembre de 2025, que desestimó la reposición deducida al efecto, y luego por la resolución exenta N° 324, de 23 de octubre de la misma anualidad, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio, en base a lo prevenido en la circular N° 2, de 2014, de la Superintendencia de Educación, que indicaba -según su texto vigente a la sazón-, que “Si al término del receso no se comunicare el reinicio de las actividades, se entenderá que se renuncia tácitamente al reconocimiento oficial”, de lo que concluyó que, autorizado el receso por un año lectivo, solo correspondía comunicar el reinicio de actividades o la renuncia al reconocimiento oficial.

Finalmente, es útil apuntar que, con fecha 30 de junio de 2025, la sostenedora comunicó a dicha SEREMI el reinicio de las actividades educativas para el año lectivo 2026, acorde con el referido artículo 25 del decreto N° 315, de 2010.

En el contexto reseñado, y frente a las determinaciones adoptadas sobre el fondo de las materias planteadas, por parte de las mencionadas dependencias del Ministerio de Educación, esta Contraloría General no advierte reproche que formular, comoquiera que se enmarcan y aparecen motivadas en la normativa expuesta.

Ahora bien, en relación con la dilación observada por la SEREMI de Educación de Tarapacá, al remitir más de ocho meses después la solicitud inicial de la recurrente a la nombrada subsecretaría, lo que incidió en que la resolución de la petición de receso del año 2024 se emitiera después de un año y cuatro meses, corresponde que la Subsecretaría de Educación Parvularia ordene la instrucción de un proceso disciplinario, a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas, debiendo dar cuenta de ello a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de esta Contraloría General, disponible en la ventanilla única del portal web www.contraloria.cl

, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del presente documento.

Finalmente, en lo que concierne a la concurrencia de una posible infracción de la normativa educacional, por cuanto la sostenedora no habría reiniciado las actividades del establecimiento de que se trata en 2025, procede que la Superintendencia de Educación se pronuncie al respecto, teniendo en consideración las circunstancias del caso, especialmente las relativas a la demora de la Administración en resolver la solicitudes formuladas por la sostenedora, de lo que deberá dar cuenta documentada a esta Contraloría General en el mismo término anotado.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General