Contraloría General de la República · Educación
Educación Parvularia y JUNJI
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Educación Parvularia y JUNJI, del más reciente al más antiguo.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre educación, que incluye Educación Parvularia y JUNJI, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre educaciónPronunciamientos
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La falta de reconocimiento oficial no impide aplicar el Título VI del Estatuto Docente ni pagar remuneraciones a educadoras de párvulos. Concluye que la educadora pasa al régimen de profesionales de la educación, por lo que no procede pagarle el bono de responsabilidad.
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La Contraloría concluye que los organismos ejecutores solo pueden imputar al convenio los gastos por obtener la garantía (comisiones, primas), no el monto mismo de la caución, que debe cumplir los requisitos legales.
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La Contraloría concluye que la circular N° 65 de JUNJI no es irregular, pues las tareas asignadas a la Oficina de Prevención de Riesgos se limitan a su rol de asesoría técnica como unidad requirente, sin desplazar las etapas administrativas de compras.
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La Contraloría imparte instrucciones sobre la ley N° 21.803, que otorga titularidad docente, precisando qué períodos y contrataciones computan y cuáles no. Concluye que, excepcionalmente y por única vez, se podrá acceder a la titularidad sin exigir el ingreso por concurso público, beneficio que regirá desde el 1 de marzo de 2026.
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La Contraloría toma razón del decreto que modifica el calendario escolar, con el alcance de que la duración del calendario parvulario fijado rige solo para establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado.
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La Contraloría concluye que la educadora de párvulos se rige por el Título VI del Estatuto Docente y no es asistente de la educación, por lo que no le aplica la causal de cese invocada; el despido fue improcedente y el municipio debe regularizar su situación.
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Los profesionales de educación parvularia en jardines VTF administrados por servicios locales se rigen por el Código del Trabajo en materia de jornada, por lo que les aplica la reducción gradual de la ley N° 21.561; una vez bajo 43 horas semanales, la colación de 30 minutos ya no se imputa a la jornada.
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La asignación del artículo 3° de la ley N° 20.905 tiene carácter remuneratorio, por lo que debe incluirse en el cálculo de la indemnización por años de servicio, la sustitutiva de aviso previo y el feriado proporcional.
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La Contraloría toma razón del documento que establece el Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores de la Primera Infancia en establecimientos de educación parvularia "Vía Transferencia de Fondos", con el alcance de que esa conmemoración no faculta el cierre de dichos establecimientos.
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La Contraloría concluye que la JUNJI tiene atribuciones para elaborar el protocolo de alimentación inclusiva, que excepcionalmente permite a las familias enviar alimentación desde el hogar cuando no sea posible adaptar el Programa de Alimentación de Párvulos, desestimando las observaciones de discriminación arbitraria.
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La Contraloría rechaza la solicitud de la Subsecretaría de Educación Parvularia para rendir de forma simplificada los recursos transferidos a Fundación Integra en 2024, pues las dificultades invocadas no constituyen una condición excepcional que justifique aplicar la excepción a la regla general de rendición.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: la rendición de cuentas no puede exceder seis meses y la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados.
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La Contraloría toma razón del decreto que transfiere recursos a la Subsecretaría de Educación Parvularia para el Programa Convenio INTEGRA, con alcances: el plazo de rendición no puede exceder seis meses, la restitución abarca recursos no rendidos, observados o no ejecutados, y el informe de avance debe cubrir enero a junio de 2025.
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La Contraloría concluye que JUNJI puede aceptar los gastos por dos softwares computacionales rendidos por la Corporación para la Infancia de Santiago, pues la normativa permite financiar equipamiento y bienes necesarios para el funcionamiento administrativo de los jardines infantiles.
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La Contraloría concluye que la bonificación de zona extrema no corresponde a asistentes de la educación de jardines infantiles JUNJI dependientes de SLEP, salvo excepción: quienes fueron traspasados desde municipios conservan ese derecho por la norma protectora, debiendo el SLEP Aysén revisar casos particulares.
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La Contraloría concluye que la campaña solidaria de la JUNJI de Valparaíso, que usó la cuenta personal de una funcionaria para recibir donaciones privadas tras los incendios, se ajustó a derecho, por lo que desestima la denuncia.
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La Contraloría concluye que, aunque la JUNJI es un servicio público creado por ley, el permiso general del MINEDUC no basta: para circular sábado en la tarde, domingo y festivos debe pedir autorización específica al Delegado Presidencial respectivo, acreditando cometidos impostergables.
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El dictamen concluye que las funcionarias de jardines infantiles traspasadas al SLEP Iquique no tienen derecho a la bonificación de zona extrema del artículo 30 de la ley N° 20.313, pues nunca la adquirieron válidamente y el pago erróneo no genera derecho a conservarla.
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El dictamen concluye que el bono del permiso sin goce de remuneración de la ley N° 21.247 debió pagarse con cargo a la transferencia de la JUNJI a los SLEP para jardines infantiles VTF en 2021, por lo que esos gastos deben incluirse en la rendición de cuentas del SLEP Costa Araucanía.
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La Contraloría concluye que es conforme a derecho que JUNJI e INTEGRA entreguen alimentación a su personal con cargo al programa de alimentación escolar, pues así lo prevén las bases de licitación, sin advertirse modificaciones ni incumplimientos.
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El dictamen determina que el tiempo trabajado en PRODEMU no puede considerarse para acceder a los beneficios por retiro de las leyes N°s. 21.003, 19.882 y 20.948, porque esa entidad es una persona jurídica de derecho privado que no forma parte de la Administración del Estado.
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La Contraloría concluye que no procede financiar con fondos de la transferencia la indemnización por años de servicio si se recontrata inmediatamente al mismo personal, pues ello desnaturaliza el gasto público. Instruye a JUNJI prohibir expresamente esa práctica y recuperar los fondos.
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La Contraloría concluye que el inmueble del Jardín Infantil Semillitas de Plata, al compartirse con una sede vecinal y no destinarse exclusivamente a educación, queda excluido del traspaso al SLEPA, aplicando la excepción del artículo decimoctavo transitorio de la ley N° 21.040, y ordena rectificar la resolución que lo traspasó.
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Las multas que INTEGRA cobre a terceros son ingresos propios que debe destinar solo a los fines públicos convenidos, no reintegrarlos; y no procede restituir multas no cobradas o mal calculadas, aunque el Ministerio debe regularlo en futuros convenios.
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La Contraloría concluye que no es irregular instalar videocámaras en la sala cuna y jardín infantil de la Universidad de La Frontera, pues buscan resguardar la seguridad e integridad de los niños, aplicando el interés superior del niño, con deber de confidencialidad de los datos.
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La Contraloría toma razón del decreto que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación y la Fundación INTEGRA, con el alcance de que los intereses bancarios y operacionales solo pueden financiarse excepcionalmente, por lo que se deben reducir los tiempos de tramitación.
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La Contraloría toma razón del documento que fija el monto a transferir en 2023 al Ministerio de Educación para el programa de jardines infantiles, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la resolución citada en sus vistos debe ser la N° 14, de 2022, y no la N° 16, de 2020.
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El Tema principal es si los educadores de párvulos de jardines VTF de la JUNJI administrados por SLEP tienen derecho al bono de desempeño laboral como asistentes de la educación. Concluye que depende de si se rigen por el Título VI del Estatuto Docente: si no, les corresponde; si sí, no.
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La Contraloría concluye que, por excepción, la ex-asistente de educación tiene derecho al pago del feriado proporcional tras el término de su contrato, y ordena al municipio pagarlo e informar en 15 días hábiles.
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La Contraloría concluye que la labor de docente mentor es compatible con el cargo de funcionario de la JUNJI y debe remunerarse, aplicando una excepción a la regla general de incompatibilidad, debiendo el funcionario prolongar su jornada para compensar las horas no trabajadas.
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La Contraloría concluye que el beneficio de jardín infantil puede otorgarse, como ajuste razonable y mediante reembolso, para niños con discapacidad o enfermedad que asisten a centros especializados no parvularios, siempre que acrediten condición, gasto e institución.
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La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general de pago en las fechas fijadas por ley, a los exfuncionarios de la JUNJI los estipendios proporcionales deben pagárseles a más tardar en marzo, agosto o noviembre, el más próximo a su cese.
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La Contraloría rechaza reconsiderar el oficio que se abstuvo de pronunciarse sobre el pago de transporte escolar 2020 de INTEGRA, pues determinar el cumplimiento de un convenio entre privados excede su competencia fiscalizadora, sin que se aporten antecedentes nuevos.
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La asignación del artículo 88 C del Estatuto Docente debe incluirse en el cálculo de la remuneración bruta mensualizada del artículo 3º de la ley Nº 20.905, incluso si el trabajador no percibe remuneración o la recibe parcialmente. Contraloría comparte el criterio de la JUNJI.
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La glosa 05 de la ley de presupuestos 2019 prohíbe a municipios financiar licencias médicas del personal VTF con recursos transferidos por la JUNJI, pero no se extiende a los SLEP, que deben recibir la transferencia íntegra y restituir a Rentas Generales los reembolsos de salud.
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La asignación del artículo 3° de la ley N° 20.905 es remuneración y debe pagarse durante licencias médicas; sin embargo, en 2018 una glosa presupuestaria prohibió financiarla con fondos JUNJI, por lo que el municipio debe restituir esos montos. Se rechaza la reconsideración.
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La asignación del artículo 3° de la ley N° 20.905 no debe incluirse en la renta bruta mensual para calcular el bono del artículo 46 de la ley N° 21.196, pues una regla especial prohíbe usarla como base de cálculo de otra remuneración.
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El saldo de feriado por días adicionales se rige por las reglas generales del Estatuto Administrativo y las leyes 21.306 y 21.405, por lo que las servidoras pueden solicitar su acumulación. La instrucción que obligaba a gozarlo en 2021 no se ajustó a derecho y debe corregirse.