Dictamen N° 45, de 3 de enero de 2011

N°45 Fecha: 03-I-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 166, de 2010, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba convenio celebrado por trato directo para la ejecución de la obra "Conservación Mayor Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, V Región", en el entendido que existe una situación de emergencia que habilita para acudir al trato directo, conforme al artículo 6° de la ley N° 20.407, de 2009, de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. Lo anterior, atendido lo manifestado, por una parte, en el oficio N° 774, de 2010 de la Dirección General de Obras Públicas -que se adjunta a los antecedentes-, en orden a que la pista 10-28, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves del aeropuerto presentan un elevado deterioro en la carpeta asfáltica, limitando en forma crítica la accesibilidad hacia y desde la isla, y, por la otra, en la orden de ejecución de obra que también se adjunta, según la cual la reasignación de fondos para reconstrucción por los daños causados por el terremoto -motivo de la declaración de catástrofe efectuada mediante el decreto N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior-, significó postergar la realización de un proyecto de mejoramiento integral del aludido aeropuerto, haciendo necesario anticipar la conservación que se contrata para garantizar la operatividad de la mencionada pista. Por otra parte, este Órgano de Control entiende que en el resuelvo N° 11 del acto en examen se ha imputado para el año 2010 la suma total de $1.541.333.000 con cargo a la asignación presupuestaria a que allí se hace mención, de acuerdo a los decretos N°s 848, 1.237 y 1.355, todos de 2010, del Ministerio de Hacienda, y a los compromisos de fondos acompañados, y que el saldo se pagará con cargo a la misma asignación durante el año 2011. Finalmente, cabe anotar que, en lo sucesivo, se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que contrataciones como la que se autoriza en la especie se dispongan de forma oportuna y, de este modo, que las mismas se ajusten a un proceso de licitación pública ( aplica dictamen N° 28.708, de 2010). Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República