Contraloría General de la República · N° 019528N12
Dictamen N° 19.528, de 4 de abril de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 19.528 Fecha : 04-IV-2012 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 107, de 2012, de Gendarmería de Chile, que aplica las medidas disciplinarias que ahí se indican a don Hever Aravena Ortíz, Felipe Gutiérrez Torres, Jaime Bastías Muñoz y Patricia Poblete Aros, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, en el proceso sumarial sustanciado, no consta el hecho de haberse realizado las búsquedas ordenadas por el artículo 131 de la ley N° 18.834, con el objeto de notificar al señor Gutiérrez Torres, la resolución exenta N° 5.431, de 2011, sino sólo el envío de la carta certificada a que se refiere dicha disposición legal, sin que aparezca, por lo demás, que aquel servidor haya efectuado posteriormente alguna gestión que permita tenerlo por notificado tácitamente de tal actuación, de conformidad a lo señalado en el artículo 47 de la ley N° 19.880, lo que importa, en último término, tal como se informó en el dictamen N° 42.695, de 2010, afectar el derecho a defensa que le asiste. En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el acto administrativo. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019528N12, de 4 de abril de 2012.
Artículos que cita
Más sobre Medidas Disciplinarias
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La Contraloría concluye que, en los sumarios del artículo 72 letra b) de la ley N° 19.070, a los profesionales de la educación de un SLEP puede aplicárseles el término de la relación laboral o las medidas disciplinarias de su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (ley N° 16.744), y reconsidera dictámenes previos.
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría aclara que las corporaciones municipales son entidades privadas cuyos empleados no son funcionarios públicos, por lo que no les aplican los artículos 156 y 157 de la ley N° 10.336. Concluye rechazando la reconsideración solicitada por CORMUMEL.
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