Dictamen N° 60.517, de 23 de septiembre de 2013

N° 60.517 Fecha: 23-IX-2013 Carabineros de Chile ha remitido los antecedentes de las primeras diligencias realizadas con motivo de los daños ocasionados a los vehículos fiscales AP-911; B-373 y J-463, conducidos por sus funcionarios, señores Erwin Hormazábal Aedo, Mario Navarro Díaz y Esteban Sandoval Vidal, respectivamente, a objeto que, conforme con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 10.336, sean exonerados de responsabilidad civil. Al respecto, cabe anotar que del examen de la documentación adjunta, aparece que el día 29 de noviembre de 2011, esos servidores, acompañados de otros empleados, concurrieron en los citados móviles hasta el km. 97 de la Ruta J-60, en la comuna de Licantén, lugar en el cual, un grupo indeterminado de personas que efectuaba desórdenes en la vía pública, comenzó a lanzar piedras y otros objetos contundentes en contra del personal policial, resultando los referidos móviles con diversos daños. Los perjuicios producidos al patrimonio fiscal, según los certificados N os 269, 270 y 271, todos de 2013, de la Sección de Reparaciones y Mantenimiento de Vehículos, ascendieron a las sumas de $106.690, de $235.159 y de $114.585, respectivamente, siendo dichas especies reparadas y dadas de alta para el servicio. Ahora bien, el artículo 62 de la indicada ley N° 10.336, permite que el Contralor General exonere a un funcionario de responsabilidad civil derivada de la pérdida, merma, hurto o deterioro de un bien que administre o custodie, en la medida que el detrimento o extravío no se deba a su culpa o negligencia, tal como se ha señalado en los dictámenes N os 17.354, de 1985 y 28.164, de 1993, de este origen, entre otros. De esta manera, atendido que de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que se dan los presupuestos anotados previamente, se ha estimado procedente exonerar de responsabilidad civil a los señores Erwin Hormazábal Aedo, Mario Navarro Díaz y Esteban Sandoval Vidal, por los daños ocasionados en los vehículos fiscales AP-911; B-373 y J-463. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República