Contraloría General de la República · N° 054674N12
Dictamen N° 54.674, de 4 de septiembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 54.674 Fecha: 04-IX-2012 Se ha dirigido a esta Contraloría General don Luis Figueroa García, funcionario del Juzgado de Letras de Taltal, para reclamar en contra de la calificación obtenida durante el período 2010-2011, por cuanto, a su juicio, durante su desarrollo se verificaron vicios que afectan su validez. Sobre el particular, cabe señalar que según el criterio contenido en el dictamen N o 11.167, de 2011, de este Órgano Fiscalizador, la competencia para revisar la legalidad de los procesos calificatorios del personal del Poder Judicial o de los auxiliares de la Administración de Justicia, compete exclusivamente a la Corte Suprema, la que, conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la Nación, exceptuando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, esta Entidad de Control se debe abstener de emitir el pronunciamiento requerido por el interesado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
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Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 054674N12, de 4 de septiembre de 2012.
Artículos que cita
Más sobre calificaciones
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La Contraloría concluye que la suspensión preventiva en un sumario computa también sábados, domingos y festivos, por lo que si el funcionario desempeñó funciones menos de seis meses, no debió ser calificado; la Municipalidad de San Bernardo debe revisar y, de verificarse, anular esa calificación.
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La Contraloría concluye que el proceso calificatorio del funcionario se ajustó a la normativa: la subrogancia del jefe directo es válida, no se exige notificar la precalificación ni autoevaluación, y el informe a jefaturas anteriores se solicitó por escrito, sin vicios.
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La Contraloría concluye que el Servicio de Salud Metropolitano Norte puede emitir lineamientos internos para objetivar la evaluación de cada factor calificatorio, siempre que no cree nuevos factores, requisitos ni ponderaciones y respete la ley. Además, la junta calificadora debe integrarse solo con profesionales funcionarios de mayor jerarquía, excluyendo a quienes no tengan esa calidad.
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