Contraloría General de la República · Organización y Procedimiento Administrativo
Extranjería y Convenios Internacionales
Los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre Extranjería y Convenios Internacionales, del más reciente al más antiguo. Página 2.
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Organización y Procedimiento Administrativo, que incluye Extranjería y Convenios Internacionales, y con tu cuenta buscas entre todos describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Organización y Procedimiento AdministrativoPronunciamientos
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga enmiendas al anexo del Protocolo de 1997 sobre contaminación por buques, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la información sobre la entrada en vigor del tratado debe incluirse en la parte dispositiva del decreto y no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga las Enmiendas al Protocolo de 1988 sobre Líneas de Carga, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entrada en vigor del tratado debe figurar en la parte dispositiva del decreto y no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga enmiendas al Código IMSBC del Convenio SOLAS, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la entrada en vigor del tratado debe figurar en la parte dispositiva del decreto y no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga el Acuerdo Marco sobre la Alianza Solar Internacional y su Enmienda, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la información sobre su entrada en vigor debe figurar en la parte dispositiva del decreto, no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga las enmiendas al Código IDS del Convenio SOLAS, con el alcance de que la información sobre la entrada en vigor del tratado debe incluirse en la parte dispositiva del decreto, no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría concluye que las normas sobre transferencias de la Ley de Presupuestos 2024 no se aplican a los traspasos del MINEDUC al PNUD, por ser este un organismo internacional con privilegios e inmunidades, sin perjuicio de que el MINEDUC debe cautelar el correcto uso de esos recursos.
-
La Contraloría concluye que no procede exigir reserva hotelera ni carta de invitación notarial para la visa de permanencia transitoria, pues la ley solo exige indicar la dirección de estadía o un correo electrónico.
-
La modificación que permite a extranjeros con permiso de residencia ingresar a la Administración del Estado no se aplica a las municipalidades, pues solo cambió el estatuto general y no el municipal. Concluye que se mantiene vigente la exigencia de nacionalidad chilena para ingresar a una municipalidad.
-
La Contraloría no dio curso al documento que autorizaba al extranjero indicado conforme al artículo 7° del decreto ley N° 1.939, porque no se explicitan las razones de interés nacional que exige esa norma para la decisión excepcional.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga la Decisión N° 22 de la Comisión de Libre Comercio Chile-Colombia, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la información sobre la entrada en vigor del tratado debe incluirse en la parte dispositiva del decreto promulgatorio y no solo en sus considerandos.
-
La Contraloría toma razón del decreto que promulga el Acuerdo con el Consejo Federal Suizo de Implementación del Acuerdo de París, por ajustarse a derecho, con alcances por errores de correlación alfabética en su artículo 5 y un numeral repetido en el artículo 6.
-
La Contraloría concluye que, aunque el manual del SERMIG era ilegal al condicionar la solicitud de refugio al cumplimiento de requisitos formales, la ley N° 21.655 posteriormente validó esa etapa de admisibilidad formal, por lo que el Servicio debe ajustar sus protocolos a la nueva normativa.
-
La Contraloría concluye que el convenio de colaboración policial con Venezuela es un convenio interinstitucional, no un tratado internacional, por lo que el Ministerio del Interior estaba facultado para suscribirlo sin aprobación del Congreso, generando obligaciones solo para los organismos chilenos que lo suscriben.
-
La Contraloría toma razón del documento que prorroga el estado de latencia en Isla de Pascua, por ajustarse a derecho, con el alcance de que la prórroga durará hasta el término de la vigencia del decreto supremo N° 1.120, de 2018.
-
La Contraloría autoriza a la AGCID a recibir y administrar bajo el sistema de "Administración de Fondos" los 810.000 euros aportados por la AECID para el proyecto de hidrógeno verde, al tratarse de mayores ingresos no previstos en su presupuesto.
-
La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, la Subsecretaría debe contratar un seguro de salud en EE.UU. o proveer los fondos para los funcionarios chilenos allí destinados, pues ni el sistema público ni el privado cubren prestaciones en el extranjero y ya se les descuenta el 7% de salud.
-
La Contraloría autoriza a la AGCID a recibir y administrar una donación de la AECID (300.000 euros) para un proyecto ejecutado por el Ministerio de la Mujer, aplicando una excepción a la regla general presupuestaria, pues son ingresos no previstos, con conformidad de Dipres.
-
La Contraloría se abstiene de investigar las supuestas irregularidades en convenios con ACNUR y de pronunciarse sobre el convenio del INDH con ese organismo, porque el solicitante no aporta antecedentes que las fundamenten; debe pedir esa información directamente a los organismos vía Ley de Transparencia.
-
La Contraloría aclara que, aunque la Subsecretaría debe tramitar solicitudes de protección diplomática conforme a la ley N° 19.880, en este caso excepcional la decisión corresponde exclusivamente al Presidente de la República por incidir en política exterior. Reconsidera parcialmente el dictamen anterior.
-
La Contraloría concluye que la Municipalidad de Valdivia puede celebrar un convenio con el PNUD para asistencia técnica en la elaboración de su plan comunal de desarrollo, pues se enmarca en el artículo 35 de la ley N° 21.080, a diferencia del dictamen N° E267186 de 2022, siempre que informe previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.
-
La Contraloría concluye que, como excepción a la regla general, los académicos extranjeros de universidades estatales pueden acreditar la estabilidad laboral con la "carta de aceptación" de la plaza, dado su vínculo estatutario y no laboral, para obtener residencia temporal.
-
El tema principal es si los convenios de cooperación con ACNUR implicaron gasto de recursos públicos. Contraloría concluye que no se advirtieron desembolsos ni acuerdos complementarios que los dispusieran, manteniendo lo resuelto en el dictamen N° E267186 de 2022.
-
El Presidente decide libremente cuándo ratificar el TPP-11, pues ni la Constitución ni la ley fijan plazo tras la aprobación del Congreso; la ratificación queda a su discreción.
-
El SAG puede exigir a productores y exportadores cumplir las medidas fitosanitarias para exportar cerezas a China, pues son obligatorias y de su cargo, sin que ello le traspase la fiscalización que a él le compete.
-
La Contraloría concluye que, antes de dictar una resolución de calificación ambiental que se relacione con los límites territoriales o zonas fronterizas o los afecte, el SEA debe obtener siempre el pronunciamiento favorable de la DIFROL, y no solo en los casos que el SEA defina; en cambio, no se requiere ese pronunciamiento en las consultas de pertinencia.
-
La Contraloría toma razón del decreto que autoriza el pago del aporte anual 2022 a la Corte Penal Internacional, por ajustarse a derecho, con el alcance de que el certificado presupuestario es del 14 de julio de 2022 y no como indica el decreto.
-
Los extranjeros pueden renovar su licencia presentando la cédula de identidad, aunque no esté vigente, junto al certificado de residencia en trámite; y su licencia tiene vigencia indefinida, con controles cada 6 o 4 años según la clase, igual que los chilenos.
-
La regla general es que la residencia temporal se solicita desde el extranjero; excepcionalmente puede pedirse en Chile por reunificación familiar, razones humanitarias, estadía concordante con la Política Migratoria u otros casos calificados por la Subsecretaría del Interior.
-
La Contraloría no emite pronunciamiento sobre la consulta por referirse a una situación hipotética, pero aclara que la Visa de Responsabilidad Democrática fue derogada desde el 12 de febrero de 2022, rigiendo ahora la nueva Ley de Migración.
-
La Contraloría concluye que el Gobierno Regional de Magallanes y diez municipalidades se excedieron de sus atribuciones al firmar convenios de cooperación con ACNUR, invadiendo la potestad del Presidente de conducir las relaciones internacionales, por lo que deben corregir esa irregularidad en 60 días hábiles.
-
La Contraloría concluye que, aunque otorgar amparo diplomático es una facultad discrecional del Estado regulada por el derecho internacional, ante la solicitud de un nacional la Subsecretaría debe iniciar un procedimiento administrativo conforme a la ley N° 19.880 para decidir formalmente si lo concede o no.