Ordinario N° 1922, de 2 de agosto de 2021

EA Trabajo Departamento Jurídico y Fiscalía E: 82753/2021 1050 ESLE

ORDINARIO NC: ) MATERIA: Dirección del Trabajo. Competencia. Superintendencia de Seguridad Social. RESUMEN: La Dirección del Trabajo carece de competencia para emitir un pronunciamiento relacionado con el Seguro

: Individual Obligatorio de Salud asociado al COVID-19, establecido en el artículo 10 de la Ley N* 21.342, por ser una materia de competencia de la Superintendencia de Seguridad Social. ANTECEDENTE: Presentación de Sra. Gabriela Novoa Muñoz, en representación de las sociedades UC Christus Servicios Clínicos SpA; UC Christus Servicios Ambulatorios SpA y UC Christus Salud SpA, de 11.06.2021. SANTIAGO,

02 AGO 2071 DE: DIRECTORA DEL TRABAJO A: SRA. PATRICIA SOTO ALTAMIRANO

SUPERINTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL (S)

Mediante presentación del antecedente se ha solicitado a esta Dirección que se fije el sentido y alcance del artículo 10 de la Ley N*21.342, que establece el Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado al COVID-19, específicamente en lo relativo a que no resulta necesaria la contratación de un nuevo seguro cuando los trabajadores ya cuentan con un seguro contratado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N*21.342 y que otorga las mismas o mejores prestaciones que las señaladas en la mencionada ley o bien cuando la contingencia asociada a la enfermedad COVID-19 es calificada como enfermedad profesional y se deban entregar las prestaciones médicas establecidas en la Ley N*16.744.

Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

El artículo 10 de la Ley N*21.342 dispone lo siguiente:

“Establécese un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el "seguro", en favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total O parcial, conforme lo señalado en el artículo siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19, en la forma y condiciones que se señalan en los siguientes artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan

pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva.

Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19”.

De la norma recién transcrita se deprende que el Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado al COVID-19, se trata de una obligación que tiene por objeto recibir prestaciones de seguridad social, dado que su finalidad es financiar o reembolsar gastos asociados a la enfermedad COVID-19, lo que excede de las facultades de interpretación de la ley que han sido otorgadas por el legislador a este Servicio.

En efecto, el artículo 1” del D.F.L. N*2 de 1967, que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, establece en sus literales a) y b), que a este Servicio le *...corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral; b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo”.

A lo anterior cabe agregar que el artículo 505 del Código del Trabajo, en su inciso 1? establece, que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley N” 16.395, establece que, dentro de las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, se encuentran las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley.

Asimismo, deberá impartir instrucciones a las instituciones sometidas a su fiscalización sobre los procedimientos para el adecuado otorgamiento de las prestaciones que en cada caso correspondan, dentro del ámbito de su competencia (...)

c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia (...)”.

En relación con la norma citada, además se debe indicar que el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en la Ley N*16.744, según lo dispuesto en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, corresponde ser administrado por el Instituto de Seguridad Laboral o por las mutualidades de empleadores, según corresponda, las que se encuentran sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, según así lo dispone el artículo 12, inciso 5”, de la Ley N*”16.744.

Por lo tanto, el pronunciamiento solicitado al tratarse, por un parte, de la interpretación de una norma que establece un seguro que tiene por objeto recibir

prestaciones de seguridad social y, por otra, al estar directamente relacionado con el

Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en la Ley N*16.744, son materias que corresponden ser conocidas y resueltas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Por consiguiente, la consulta formulada en la presentación del antecedente, está fuera del ámbito de las competencias que el legislador otorga a la Dirección del Trabajo, por lo que en este acto se procede a remitir presentación ya singularizada al órgano competente. Ello, en directa relación con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual los órganos del Estado pueden actuar válidamente dentro de su competencia y en la forma que establece la ley y, que todo acto en contravención a esta norma es nulo y origina las responsabilidades y sanciones prescritas por la ley.

En consecuencia, sobre la base de lo expuesto y normas legales citadas, cumplo con informar a Ud. que la Dirección del Trabajo carece de competencia para emitir un pronunciamiento relacionado con el Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado al COVID-19, establecido en el artículo 10 de la Ley N” 21.342, por ser una materia de competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que se remite presentación al órgano competente para su conocimiento y fines pertinentes.

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